El aborto es legal al otro lado de la frontera

27.09.2023

En la frontera con Colombia, el puente internacional de Rumichaca es testigo de las historias de decenas de mujeres que cruzan desde Ecuador, buscando la interrupción voluntaria de su embarazo de forma segura. 

Este puente conecta Tulcán, en la provincia de Carchi, con la ciudad de Ipiales, en el departamento colombiano de Nariño. Cruzarlo toma apenas 15 minutos.

Allí, otra frontera se hace palpable: una entre lo legal y lo clandestino, pues en Ecuador el aborto es permitido únicamente en dos causales: cuando se trate de un caso de violación, o cuando la vida o salud de la mujer está en riesgo. 

María* es quiteña, tiene 26 años y el cabello negro. Hace aproximadamente un año cruzó en auto la frontera desde Tulcán, junto a su pareja, para realizarse un aborto legal y seguro. 

“Yo vivía en Tulcán en ese momento, entonces viajé a Ipiales directamente como normalmente se viaja. Ingresé en la oficina con mi pareja y fue súper tranquilo. La persona que me trató en Ipiales, un amor de persona. La verdad estoy agradecida», dice. 

En 2023, más de 30 mujeres ecuatorianas de entre 18 y 35 años de edad han cruzado la frontera hacia Colombia para tener un aborto seguro y legal en una de las ONGs que se dedican a ello. 

Las mujeres que buscan realizarse este procedimiento llegan desde el lado ecuatoriano hacia Colombia en taxi, bus o vehículo particular, como María.

Ella cuenta que en la primera consulta se realizó la prueba de embarazo y la ecografía. Sin embargo, tuvo complicaciones porque el producto era muy pequeño y tuvo que regresar dos semanas después. 

“Cuando volví pudimos visualizar todo, empezamos el procedimiento ese mismo día y terminó al siguiente. No tuve ninguna complicación gracias al acompañamiento que tuve. Incluso después de realizado todo el proceso fue súper bien porque, igual con la ecografía, nosotros pudimos constatar que todo ya había vuelto a su sitio y no tenía ninguna preocupación porque el proceso se había realizado todo con éxito y sin riesgo”, relata.

Legislaciones que difieren: los casos de Ecuador y Colombia

En Ecuador, la discusión sobre el aborto ha sido un tema de profundos contrastes y opiniones encontradas. 

Penalizado en casi todas las circunstancias, excepto por violación o motivos de salud, el país ha impulsado a mujeres de diferentes edades y estratos económicos a cruzar al país vecino en busca de algo que, por ley, no pueden encontrar en su propia tierra.

Desde 1837, cuando se expidió el primer Código Penal en el pais, hasta 2021 —año en el que se despenalizó el aborto por violación en plazos determinados— han pasado varias constituciones, presidentes, revoluciones y manifestaciones. Pero el debate sobre el aborto muestra una brecha entre la ley y la realidad, como ocurre en los casos de violación. 

Esto, en un contexto en el que Ecuador fue uno de los países de América Latina con la tasa más alta de embarazo en adolescentes, en 2021, según el Análisis Rápido de Género, un estudio realizado por las organizaciones Care, World Vision, Plan International y el Programa Mundial de Alimentos. 

Así también, el 11% de las muertes maternas son adolescentes o miles de niñas de menos de 14 años fueron madres producto de violencia sexual, según Human Rights Watch, en un estudio que lo destaca la ONG Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), en Ecuador.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado en 2014, hace referencia al aborto en los artículos 147, 148, 149 y 150. Allí se establece tanto la sanción como también en los casos en los cuales se puede abortar o el aborto no es punible.

La normativa establece distintas categorías y sanciones relacionadas con el aborto. En el Artículo 147, se indica que si los medios utilizados para provocar un aborto causan la muerte de la mujer, la persona responsable enfrenta una pena de siete a diez años de prisión si la mujer ha consentido en el aborto, y de trece a dieciséis años si la mujer no ha dado su consentimiento. 

El Artículo 148 establece que forzar o inducir un aborto en una mujer que no ha consentido en ello conlleva una pena de cinco a siete años de prisión, considerándose tentativa si los medios utilizados no tienen éxito. 

Por otro lado, el Artículo 149 señala que realizar un aborto con el consentimiento de la mujer resulta en una pena de uno a tres años, mientras que la mujer que cause su propio aborto o permita que otro lo haga puede enfrentar una pena de seis meses a dos años. 

Finalmente, en el artículo 150 se expresa que el aborto no será castigado si el consentimiento de la mujer, de su pareja, familiares íntimos o su representante legal, se dan cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, si se realiza para salvar su vida o salud, si este peligro no puede ser evitado por otros medios o si el embarazo es consecuencia de una violación. 

“Nuestra legislación, dentro de los delitos, ha previsto la tipificación correspondiente para el aborto. Anteriormente, la legislación establecía que también no es punible en los casos de violación para las personas con discapacidad. Se declaró inconstitucional la frase «para las personas que tengan discapacidad» por lo tanto en los casos de violación, el aborto no es punible”, dice Miriam Lucero, jueza de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Tulcán.

Tatiana Martínez, de la Fundación Oriéntame de Colombia, indica que han atendido al menos una treintena de ecuatorianas que buscan terminar su embarazo de forma legal y en condiciones clínicas seguras. 

Han atendido a mujeres no solo de Tulcán, sino también de otras ciudades más lejanas a la frontera, como Quito y Cuenca.

Una de ellas fue Ángela*, una joven de 20 años, tez canela, cabello largo y liso, de baja estatura y contextura delgada, quien llegó al consultorio con su madre, pues desde siempre han tenido la confianza de hablar sobre estos temas. Ella la acompañó durante todo el proceso. 

“Cuando me enteré que estaba embarazada estaba usando un método anticonceptivo regular y esto me sorprendió demasiado porque no era algo que estaba buscando. Con mi pareja decidimos que no era tiempo ni estábamos económicamente bien para tener al bebé. Me contacté con la red feminista (del Carchi) y me ayudó en todo el proceso contactándome con el lugar donde me practicaron el aborto”, cuenta ahora. 

Angela abortó mediante pastillas. Inició el proceso en el consultorio y lo continuó en su casa.

Organizaciones no gubernamentales como Oriéntame y Profamilia, y el sistema de salud público y privado, atienden casos de aborto de este lado de la frontera desde que la Corte Constitucional de Colombia aprobó, en 2022, la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, con la sentencia C-055, convirtiéndose en una fecha histórica en América Latina.

Para Ximena Caicedo, activista de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, se trata de un reconocimiento al derecho y a la libertad de decidir de las mujeres respecto a su maternidad. 

“En la situación de frontera es interesante cómo el movimiento feminista ha empezado a tejer esas redes familiares de diálogos de amistades y sororidad para compartir un derecho que es avalado en nuestro país hacia más mujeres y, en este caso, las hermanas carchenses y las hermanas ecuatorianas”, dice.

Claves del aborto legal en Colombia

La legislación colombiana permite diferentes métodos de aborto de acuerdo al estado de gestación. 

Dentro de las primeras 12 semanas el aborto se puede hacer con medicamentos,  lo que se conoce como aborto farmacológico. Este se realiza con los medicamentos mifepristona y misoprostol. 

Si excede las 12 semanas existen otros métodos, como por ejemplo, la aspiración manual endouterina, que es un procedimiento quirúrgico ambulatorio mínimamente invasivo donde se hace una evacuación del contenido uterino. 

Según la página web de Oriéntame, abortar con medicamentos en un centro médico con mifepristona y misoprostol cuesta 450 mil pesos colombianos, es decir, unos USD 112. El aborto con medicamentos en casa y control de telemedicina con los mismos medicamentos tiene un valor aproximado de 360 mil pesos (unos USD 90). 

El procedimiento de aborto breve, mediante la aspiración uterina, 650 mil pesos (USD 162). Y el aborto sin dolor, mediante sedantes, aspiración uterina dilatación y evacuación, va desde el millón 30 mil pesos, es decir, aproximadamente unos USD 257. 

El costo varía dependiendo del tiempo de gestación. Sin embargo, hay casos en los que el tratamiento es gratuito, cuando los casos lo ameritan y logran financiarse gracias a fondos de aportantes de la fundación. 

Tatiana Martínez, de la fundación Oriéntame, señala que se enfocan en dar atención integral y acompañamiento no solo a mujeres, sino a personas trans y de género no binario que están considerando interrumpir su embarazo.

“Lo hacemos en dos modalidades: presencial o mediante telemedicina. Eso significa que cualquier persona bajo cualquier circunstancia edad, nacionalidad, estatus migratorio, situación social o económica con o sin afiliación de salud puede acceder a un aborto legal y seguro de acuerdo a su voluntad hasta las 24 semanas de gestación”, explica. 

La Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros en el mundo, la mayoría, en países en vías de desarrollo.

Según este organismo internacional, el aborto inseguro es la tercera causa más habitual de fallecimiento de mujeres a nivel global y de cinco millones de discapacidades. 

El acceso a un aborto en condiciones dignas que no ponga en riesgo la vida, responde muchas veces a la capacidad económica. Hay mujeres que pueden hacerlo en una casa de salud privada, con un especialista y otras que no pueden acceder a intervenciones clínicas con profesionales médicos y en condiciones sanitarias óptimas, de acuerdo a Ana Vera, miembro de Surkuna, un Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos. 

Esto también tiene que ver con el contexto sociopolítico de los lugares donde se realizan estos procedimientos y cómo las percepciones sociales y religiosas impiden el avance de leyes que permitan que las mujeres accedan a este derecho. Esto es, justamente, lo que pasa en Ecuador. 

Tulcán, al igual que la mayoría de los territorios del país, es una ciudad conservadora. 

Actualmente en instituciones públicas como el municipio y el hospital de la capital del Carchi se realizan actividades religiosas como misas y campañas contra el derecho al aborto por parte de grupos autodenomidados provida, pese a que el Ecuador es un estado laico. Esto es lo que ocurrió el pasado junio del 2022, en la denominada “Campanada por la vida”, en el Hospital Luis G. Dávila de Tulcán.

Protocolos médicos y judiciales en el caso de aborto en Ecuador

Pese a que en Ecuador se han registrado casos en los que personal médico ha llamado a la la Policía para detener y, posteriormente, judicializar a mujeres que se han realizado abortos, como lo han destacado medios nacionales como Wambra o internacionales como France 24, en el hospital Luis G. Dávila de Tulcán afirman que desconocen si hay notificaciones al sistema judicial del Ecuador en casos de aborto. 

Indican que, en esos casos, ellos solamente se enfocan en el procedimiento clínico. Pero en las mujeres persiste el miedo a acudir a las casas de salud por este motivo.

Diana Martínez, líder del servicio de emergencia del mismo hospital, dice desconocer si han existido notificaciones de esta casa de salud al sistema de justicia por presunción de un aborto provocado. 

“Nosotros nos manejamos dentro de la atención que necesita la paciente que es basada en la confidencialidad y al no tener nosotros lineamientos del Ministerio de Salud Pública para poner en conocimiento de la justicia, no podemos asegurar que sea un aborto provocado o que sea un aborto espontáneo. Es un tema que requeriría una pericia y nosotros no somos peritos”, señala la funcionaria médica. 

Según datos de la Dirección provincial de la Judicatura del Carchi, entre 2017 y 2021, se reportaron apenas dos casos de aborto consentido dentro de lo que establece el artículo 49 inciso 1 del 2017 al 2022, y se reportaron 10 casos de aborto consentido dentro de lo que establece el inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

A nivel nacional, desde agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2022, la Fiscalía General del Estado ha registrado 488 personas procesadas por el delito de aborto consentido (artículo 149 del COIP). 

Son cifras compartidas por la ONG Surkuna a partir de datos del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales de la Fiscalía General del Estado, con corte al 10 de marzo de 2023. 

En estos datos estadísticos se encuentran adolescentes, mujeres con dificultades económicas, grupos poblacionales tradicionalmente excluidos como indígenas y afrodescendientes que han enfrentado complejos procesos judiciales. La mayoría de estos casos se encuentran en las provincias de Pichincha y Guayas.

“Por medio de una amiga me enteré de que habían unas pastillas que se utilizaban para abortar ya que aquí en Tulcán no se puede encontrar información en ningún subcentro de salud o en el hospital, ya que es penalizado. Prácticamente hice yo misma todo. La verdad no sabía las consecuencias que esto iba a traer, no sabía el dolor, no sabía nada. Sí tuve bastantes complicaciones”, dice Jhoana*, relatando su experiencia. 

Esta madre de familia de 30 años, que utilizaba métodos anticonceptivos pues ya no quería tener más hijos, pese a todos los cuidados, se embarazó. Vivió una dura experiencia al realizarse un aborto.

“Me desangré. Tuve que acudir al hospital porque económicamente no estaba bien. Entonces no podía hacerme atender en alguna clínica o con algún doctor particular porque me informaron que también había doctores particulares que se encargaban de realizar abortos clandestinos pero costaba mucho dinero. Salí de mi casa y llegué al hospital y no me atendieron. Me tuvieron como dos horas sentada, desangrándome. La sangre se caía al piso. La verdad no sabía si me iban a tal vez a procesar judicialmente”, añade.

Luego de que la atendieran, los médicos evidenciaron lo que Jhoana no quería que se sepa: que se había practicado un aborto. Se lo dijeron y le indicaron que le realizarían un análisis. Sin embargo, tuvo miedo y salió del hospital porque pensó que la iban a denunciar.

“Un familiar me prestó dinero y pude acudir a una clínica. Entonces ahí me practicaron un legrado y pude estar bien, pero igual me costó como 1.200 dólares”, narra.

Los especialistas consideran que la despenalización del aborto podría salvar las vidas de miles de mujeres en países como Ecuador, que se enfrentan a situaciones como las de Jhoana. 

Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, dice que con el tiempo está cada vez más claro que la penalización del aborto no evita que los abortos ocurran sino que los vuelve inseguros.

“Bajo esa idea, para evitar que las mujeres acudan a procedimientos inseguros, pues sale mucho mejor despenalizar y proveer este este procedimiento, con una amplia gama de servicios de salud reproductiva como métodos anticonceptivos y planificación familiar”, explica. 

Por ello, la regulación del aborto a nivel global, la prohibición total o la criminalización está disminuyendo en países como Corea del Sur o Tailandia. En otros como Malta, Andorra, República Dominicana y Polonia es totalmente penalizado. 

Canadá y ciertas áreas de Australia y Estados Unidos han eliminado por completo la penalización del aborto. Sin embargo, el año pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la sentencia del caso Roe v. Wade, eliminando el derecho federal al aborto. Ahora, la legalidad del aborto depende de las leyes estatales, a menos que el Congreso intervenga. Esto marca un cambio significativo en la forma en que se aborda el aborto en ese país. 

Mientras tanto en Latinoamérica todavía hay países que penalizan totalmente el aborto como El Salvador, Nicaragua, Honduras; y otro grupo de países, como Guatemala, que solamente lo permite cuando haya un riesgo de muerte de la mujer embarazada.

Otros, tienen políticas que permiten el aborto bajo circunstancias particulares como Bolivia, que autoriza el aborto en casos de violación, incesto, problemas de salud mental y dificultades económicas. En Perú, el aborto se permite en situaciones de violación y cuando existe un riesgo grave para la vida de la mujer.

Rosero explica también que el Comité contra la Tortura de la ONU se ha pronunciado diciendo que forzar a una mujer a llevar a término un embarazo contra su voluntad, cuando ha sido el resultado de una violación o cuando se sabe que el embarazo es totalmente inviable, puede resultar en tratos inhumanos y degradantes y, en algunos casos, también puede constituir tortura.

Sofía Vela, fundadora de la Fundación Las Guaguas, de Ipiales, menciona la importancia de los colectivos feministas en los territorios, pues han sido estos quienes sostienen estos procesos de visibilidad y reflexión a lo largo de la historia. 

“Creo que generar esta conciencia de que porque esté prohibido o porque esté penalizado van a haber menos abortos en realidad lo que esto lleva es a la clandestinidad, a exponer las vidas de las mujeres, a que terminen muertas por prácticas indebidas y por falta de información”, dice. 

Es en este entorno, donde el aborto aún figura en el catálogo de ilegalidades del país, las mujeres ecuatorianas continúan en busca de caminos más seguros para ejercer este derecho.

Mientras algunas se aventuran en procedimientos en la penumbra de sus hogares, administrando medicamentos con discreción, otras más jóvenes entre los 18 y 35 años, son las que cruzan la frontera hacia la ciudad de Ipiales, en Colombia, en un viaje en busca de alternativas legales para interrumpir sus embarazos.

Ecuador, un país en donde el 69% de las personas encuestadas por Cedatos indicaron estar a favor de la despenalización del aborto por violación, debe encontrar un equilibrio entre las convicciones arraigadas y el reconocimiento de los derechos fundamentales de sus ciudadanas y asi avanzar hacia un enfoque más humano, que responda a la seguridad y bienestar de las mujeres ecuatorianas. 

*Todas las identidades, los casos y mujeres entrevistadas son de carácter reservado.

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Este reportaje se realizó gracias al programa de becas de la Red de Periodismo de Investigación, un proyecto de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.

También puede leerse en El Vínculo y en Indómita Media.

Autores: Anggie Medina y Gary Guerrón.

Publicado el Red de periodismo