En Los Ríos, seis candidatos a asambleístas han enfrentado juicios penales
Dos postulantes tienen un patrimonio mayor a 10 millones de dólares y 39 han sido funcionarios públicos.
03.02.2025
Los Ríos, una provincia del litoral ecuatoriano que constituye un polo agrícola y financiero y a la vez concentra la amenaza del crimen organizado, tiene entre sus candidatos para representarla en la Asamblea a políticos que han sido procesados penalmente y que aumentaron su patrimonio siendo funcionarios públicos.
Para las elecciones generales de 2025, Los Ríos escogerá a seis asambleístas de entre 90 candidatos, de los cuales 40 han ejercido cargos públicos en años anteriores.
Cuatro candidatos fueron electos asambleístas en noviembre de 2023 y buscan seguir en el Legislativo: Ronal González Valero, por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5); Johnny Terán Barragán por el Partido Social Cristiano (PSC, lista 6); Erwin Mendoza Palma, por Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), y Camilo Salinas Ochoa (alianza Construye para Crecer, lista 25-100). Junto con ellos está Mónica Salazar Hidalgo (RC, lista 5) cuyo periodo terminó en mayo de 2023 con la declaratoria de la muerte cruzada.
Esta es una investigación realizada por 38 periodistas del Proyecto VER (Veracidad, Ética y Rigor periodísticos), liderado por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) y otros 30 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
La alianza política Construye para Crecer es la que mayor cantidad de postulantes que han sido funcionarios tiene, especialmente en la Asamblea Nacional. Salinas Ochoa ha sido asambleísta, así como gobernador de Los Ríos y ministro de Salud; Diana Castillo Tumbaco fue legisladora alterna y Daniel Tello Ríos trabajó como asesor legislativo.
Los tres comparten tienda política en estas elecciones con María Elizabeth Farías Vélez, exfuncionaria de la alcaldía de Quevedo, y Marlon Francisco Canepa Álava, quien laboró en el Municipio de Puebloviejo.
En tanto que el Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), lista 23, tiene cuatro candidatos a asambleístas por Los Ríos con experiencia en cargos públicos. La Miss Ecuador 2016, Connie Maily Jiménez Romero, fue coordinadora de participación ciudadana en la Asamblea y gobernadora de su provincia. Wellington Viteri Cabezas trabajó en el Ministerio de Agricultura; Alexandra Molina Manzo fue empleada de la empresa pública Terminal Terrestre de Babahoyo; y José Enrique Jaen Chong fue teniente político en la Gobernación de Los Ríos.
Otros dos exfuncionarios del Movimiento Creando Oportunidades (CREO, lista 21), que buscan ser legisladores por esta provincia, también han trabajado en la Gobernación de Los Ríos. Se trata de Adriana Saltos Solórzano y Marlon Espinoza Campbell.
En estas elecciones también competirán dos políticos conocidos nacionalmente: el exasambleísta Galo Lara Yépez, por el Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3), quien fue perseguido por el correísmo, y Humberto Alvarado Espinel (RC), empresario de medios, exasambleísta y hermano de Vinicio y Fernando Alvarado, muy cercanos al expresidente Rafael Correa.
Algunos morosos, otros millonarios
27 de los 90 candidatos a la Asamblea Nacional representando a Los Ríos no han presentado su declaración de impuesto a la renta en al menos una ocasión entre 2017 y 2023.
El partido político que tiene la mayor cantidad de postulantes que no han cumplido con este requerimiento tributario es el Movimiento Amigo, con cinco aspirantes: Héctor Chávez Nuques, Shirley Arboleda Dieguez, Joffre Lescano Pulecio, Shirley Zamora Romero, José Batalla Lucas y Érika Nuques Sánchez
De ellos, Lescano Pulecio es el que más ha incumplido con el requerimiento. No presentó declaraciones de 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023. Otros candidatos, como Gulnara Dilia Toala Macías, no han registrado cuatro declaraciones.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Cinco candidatos de las filas del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), de la RC, de la Izquierda Democrática (ID), de Amigo y de Construye para Crecer, mantienen deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), todas por debajo de los 300 dólares.
Por otra parte, tres postulantes han declarado ante la Contraloría General del Estado tener un patrimonio que supera el millón de dólares.
El empresario bananero y exalcalde de Buena Fe, Erwin Mendoza Palma (ADN), registró un patrimonio de 49,3 millones de dólares en 2022 y de 28,9 millones en 2023. En la base del SRI no aparece registrado, es decir que nunca ha pagado impuestos. Esta alianza le pidió su versión para este reportaje, pero no respondió.
Aldric Nello Vidale Clavijo (PID) declaró tener un patrimonio de 251.556 en 2019, cuando dejó la gerencia de la Terminal Terrestre de Quevedo para convertirse en su director. Al abandonar este último cargo en diciembre de 2022 registró 14’970.125 dólares, principalmente en bienes inmuebles, es decir casas, departamentos o terrenos. Entre 2017 y 2022 su pago de impuesto a la renta fue de 628 dólares, en tanto que en 2023 no presentó declaración de IR.
Mónica Salazar Hidalgo (RC), exasambleísta y exalcaldesa de Baba, declaró un patrimonio de 1’231.427 dólares.
Camilo Salinas Ochoa (Construye) también tiene un patrimonio importante. Al terminar su cargo como gobernador de Los Ríos, entre 2017 y 2020, declaró 345.798 dólares de patrimonio; y en su declaración periódica como asambleísta en 2024 declaró 895.700 dólares. Casi a la par, pagó 757 dólares de impuesto a la renta, entre 2017 y 2023.
Con procesos por robo y peculado
Cinco candidatos de Los Ríos han enfrentado juicios penales en los últimos diez años, con el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Galo Lara Yépez, de Sociedad Patriótica, aparece en tres procesos por ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. En dos recibió sentencia y un caso fue archivado en etapa de investigación.
Lara fue sentenciado por el ingreso de un celular a la prisión de Cotopaxi, donde cumplía una condena de 10 años como cómplice por un triple asesinato en Quinsaloma que, para el candidato a legislador, “fue un montaje”. “En el Gobierno de (Rafael) Correa se gastó 7 millones 300 mil dólares para desprestigiar, según documentos secretos desclasificados de la Senain. Los jueces de la Corte Nacional declararon mi inocencia en todos los casos. El propio policía que realizó el parte manifestó que fue enviado a ponerme el teléfono, y se comprobó que el teléfono no tenía fotos ni llamadas personales”.
Lara fue traído desde Panamá para cumplir la condena por el crimen de Quinsaloma y fue liberado en 2018 bajo la figura de prelibertad. En 2021, la Corte Nacional de Justicia declaró que ni Lara ni su pareja Carolina Llanos, quien también fue procesada, eran culpables del triple asesinato de Quinsaloma.
Otra postulante a legisladora que registra procesos penales es Gulnara Toala Macías (PID), por abuso de confianza y violencia de género, en los cuales llegó a un acuerdo reparatorio con los denunciantes.
En tanto que Leandro Rufino Ullón Rodríguez (Centro Democrático) tiene un proceso penal por presunto peculado. Al exalcalde de Mocache se le formularon cargos debido a pagos a cuentas no autorizadas para el mejoramiento del camal municipal, un contrato por 214.302 dólares, entre 2014 y 2019. Un informe estableció la posible responsabilidad de Ullón y se le establecieron medidas cautelares, hasta que fue sobreseído en enero de 2024. En marzo de ese mismo año, la Fiscalía apeló esta decisión.
La defensa de Ullón esgrimió que “de las múltiples responsabilidades que tenía en sus dos administraciones, no podía fijarse en relación de la cuentas y grabarse para quiénes iban a ser asignados dichos valores… pero todo esto pasó por todos los funcionarios que eran empleados del Municipio, quienes debieron de haber objetado”.
Humberto Alvarado Espinel (RC) registra un proceso por presunto robo que data del 2015, que ya fue archivado. Además, Erwin Mendoza Palma (ADN) tiene un proceso por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, cuya investigación también fue archivada.
Mientras que Joselin Yánez Cadena, de Democracia Sí, aparece en el sistema de la función judicial con un proceso por concusión. En ese caso, fue declarada inocente en una sentencia de primera instancia.
Este equipo periodístico pidió su versión a los candidatos Toala Macías, Alvarado Espinel y Yánez Cadena, pero no respondieron.
Publicado el Red de periodismo