Juicios archivados por delitos como tentativa de robo, receptación o paralización de servicios públicos, en candidatos de Tungurahua
Casi la mitad de los aspirantes a la Asamblea ha ocupado cargos públicos, especialmente en entidades del gobierno central y de los GADs. Una candidata reportó un patrimonio cercano a los 3 millones de dólares y 26 tienen declaraciones pendientes del impuesto a la renta.
03.02.2025
Entre los 95 candidatos a asambleístas en la provincia de Tungurahua hay ocho que han enfrentado causas judiciales en la última década, y, en todos los casos, los procesos fueron archivados.
En los registros de la función judicial figuran dos aspirantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC, lista 5), Segundo Tuala Muntza y José Naranjo Jerez; así como otros dos por SUMA (lista 23) Christian Meléndez Gavilánez y Álex Molina Alcívar.
Los otros partidos tienen solo un aspirante con casos judiciales registrados: Olimpo Velasteguí Ramos del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17); Édison Cobo Lascano (CREO, lista 21); Johanna Garnica Mantilla (Movimiento Tiempo de Cambio, lista 61) y María Belén Vega Brito (Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua, lista 62).
Esta es una investigación realizada por 38 periodistas del Proyecto VER (Veracidad, Ética y Rigor periodísticos), liderado por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) y otros 30 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
El caso más llamativo tiene que ver con Segundo Tuala Muntza (RC), quien formó parte del grupo de manifestantes que irrumpió en la Asamblea Nacional el 8 de octubre de 2019, en medio de las protestas nacionales por la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Tuala, junto a 71 manifestantes, protestaban en las inmediaciones del palacio legislativo, incursionaron en el edificio y fueron detenidos. Según el parte policial: “Había varios individuos haciendo desmanes en un aproximado de mil personas armados con palos, piedras, botellas. En esos instantes la turba logra ingresar de manera violenta y rompiendo el cordón de seguridad de la Asamblea Nacional”.
Este proceso fue archivado porque los abogados de los detenidos alegaron que la audiencia se realizó después de las 24 horas de la flagrancia, porque no se informó en su idioma natal a dos indígenas y porque todos fueron trasladados a un cuartel policial en lugar de a un juzgado.
“Hemos trabajado unidos con la gente y mi caso se abrió cuando se hizo un abuso del Gobierno. Pero soy un hombre formado en valor. No soy de quebrar valores y siempre hemos peleado por esos derechos. Fue por un reclamo social colectivo”, dijo Tuala al ser consultado por esta alianza periodística.
El ahora candidato Olimpo Velasteguí (PSE) fue detenido el 16 de febrero del 2017 en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Ambato por una presunta tentativa de robo. El juez decidió no calificar el hecho como flagrante porque “no existió persecución”, por “incongruencias existentes” en el caso y porque no se había formulado la acusación contra el procesado.
“Fue una causa judicial con un mal entendido. He sido funcionario público muchos años y recorrí las calles como trabajador de la empresa eléctrica. Es un tema legal que fue archivado oportunamente, pero que me sirvió para entender cómo funciona la justicia de nuestro país”, señaló el equipo de comunicación de Velasteguí.
A José Naranjo Jerez (RC) le archivaron una causa por el supuesto delito de daños materiales, proceso presentado por cinco personas en 2022 y que no avanzó porque los querellantes no impulsaron el juicio.
El proceso judicial de Édison Cobo Lascano (CRE) fue por el supuesto delito de insolvencia fraudulenta, Se archivó porque la víctima no se pronunció en el juicio y la Fiscalía pidió que se cierre la causa.
“Yo tenía un contrato con el Municipio para sacar desperdicios. Yo envié una carta, porque ya no podía sacar, pero ellos arbitrariamente no se dan de baja el contrato y me seguían cobrando. Al final me pusieron un juicio de insolvencia. Me defendí y después decidí pagarles y se limpió mi nombre. Eso fue lo que pasó”, explicó Cobo.
En cambio, Christian Meléndez Gavilánes (SUMA) fue procesado por el presunto delito de receptación (guardar o transportar artículos de origen dudoso), luego de que al mediodía del 16 de julio del 2016 fuera detenido cuando la Policía encontró en un local de su propiedad “varios equipos celulares y otros dispositivos de dudosa procedencia”.
“No ha podido justificar su propiedad, mientras que la evidencia ha sido ingresada en cadena de custodia”, se lee en el proceso en el que la Fiscalía desistió de continuar con la investigación y, en aplicación del principio de oportunidad, el juez aceptó la extinción de la pena y el caso se archivó.
En cambio, María Belén Vega Brito (Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua) fue procesada por el presunto delito de abuso de confianza, causa que fue archivada sin que la presunta víctima presentara alguna objeción.
En los casos de Álex Molina Alcívar (SUMA) y Johanna Garnica Mantilla (Movimiento Tiempo de Cambio) solamente constan las dos resoluciones del archivo, en junio del 2018 y junio del 2024, respectivamente, según la página web de la Función Judicial.
Paso por la función pública
Casi la mitad (43) de los candidatos de Tungurahua ha sido parte de la función pública. Catorce de ellos han laborado en entidades del gobierno central, 16 trabajaron en los GAD’s y cinco ocuparon cargos en la Asamblea Nacional, dos de ellos como asambleístas que hoy buscan reelegirse.
Se trata de Edwin Frías Borja (PSC) y Cristian Yucailla Yucailla (Movimiento Amigo) quienes, además, son parte del grupo de doce candidatos que registraron ante la Contraloría General del Estado un patrimonio superior a los 100.000 dólares. Frías reportó 105.00 dólares y Yucailla 108.300 dólares.
Óscar Maya Morales presentó una declaración de bienes por 519.149 dólares, Luis Poaquiza Cuji (PID) por 374.436 dólares, Diana Tamayo Torres (UP) reportó un patrimonio de 223.077 dólares y Glend Llerena Barreno (Democracia Sí) declaró bienes por 344.778 dólares.
La candidata Margarita Pico Meléndez (Centro Democrático) registró ante la Contraloría un patrimonio de 2’980.909 dólares en la última declaración presentada como directora médica del Hospital de Píllaro en marzo del 2019. Tres años antes, como vocal de la Junta Parroquial de Picaihua, había señalado bienes por 15’676.252 dólares.
No obstante, en su declaración de Impuesto a la Renta, Pico Meléndez reportó 227 dólares en el año 2023, 51 dólares en 2022 y cero dólares entre 2021 y 2020.
En los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) figuran 70 candidatos que alguna vez declararon cero dólares de impuesto a la renta en el periodo analizado, entre 2017 y 2023. Entre estos hay seis que durante los siete años declararon cero dólares.
Asimismo, 26 aspirantes no presentaron declaración de renta en alguno de los últimos siete años.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
De los 95 aspirantes, quienes han reportado los valores más altos de IR en 2023 fueron Christian Meléndez Gavilánez (5.051 dólares), Antonio Garzón Urrutia (2.637 dólares) Rosa Baltazar Yucailla (2.422 dólares), Édison Cobo Lascano (2.329 dólares), Segundo Caiza Caiza (2.316 dólares), Luis Poaquiza Cuji (1.700 dólares), Segundo Tuala Muntza (1.379 dólares), Luis AndradeVillacís (991 dólares) y Edwin Frías Borja (571 dólares).
En Tungurahua no hay grandes deudores del SRI. Siete aspirantes deben valores menores a 500 dólares, de los cuales dos ya están con convenio de pago. Ellos son Segundo Caiza Caiza (RETO), con 492 dólares, y Christian Meléndez (SUMA), con 244 dólares. El otro candidato con valores altos es José Félix Ortiz Velasteguí (RC) con 360 dólares, quien no tiene convenio de pago.
Publicado el Red de periodismo