Nos Faltan 3: informe sobre los documentos desclasificados y mutilados por el gobierno ecuatoriano
El 4 de abril de 2024, la Corte Constitucional del Ecuador ordenó al Gobierno la entrega de tres actas del Cosepe con información sobre el secuestro y asesinato del equipo de El Comercio. Sin embargo, la información entregada fue incompleta: hojas faltantes, textos incompletos, diálogos con interlocutores no identificados, y la falta de firmas de responsabilidad ponen en duda la veracidad de los documentos.
06.01.2025
Los documentos entregados por el Gobierno ecuatoriano fueron mutilados. Las actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) de las reuniones del 28 de marzo, 13 de abril y 17 de abril de 2018 debían revelar las decisiones clave sobre el secuestro y asesinato en la frontera entre Ecuador y Colombia de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico del Diario El Comercio. Pero la información está incompleta: hojas faltantes, textos incompletos, diálogos con interlocutores no identificados, y la falta de firmas de responsabilidad ponen en duda la veracidad de los documentos y comprometen la integridad de su archivo y custodia.
El 4 de abril de 2024, la Corte Constitucional del Ecuador ordenó al Gobierno la entrega de las actas 18, 19 y 20 del Cosepe. Estas actas corresponden a las reuniones en las que se discutieron las acciones de Estado para atender la situación crítica del equipo secuestrado por el Frente Óliver Sinisterra, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno.
Tras seis años de opacidad estatal y el paso de dos administraciones presidenciales, la Corte otorgó un plazo de 30 días para que un tercer gobierno, el de Daniel Noboa, entregara los documentos a los familiares. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue insuficiente. El 9 de mayo de 2024, el Ejecutivo entregó una carpeta y un CD con las actas. Los familiares esperaban encontrar la información completa, pero lo que recibieron fue un conjunto de documentos incompletos, con partes omitidas, páginas faltantes y la omisión de elementos clave de las discusiones.
Al revisar los documentos, los familiares detectaron que las actas no estaban completas. Según Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, en el acta 18, que corresponde a la reunión del 28 de marzo de 2018, se mencionan cuatro temas que se tratarían, pero la presentación de esos temas no aparece en la documentación entregada. Los familiares también encontraron saltos significativos en la numeración de las páginas. En el caso de esta acta, la numeración pasa de la página 2 a la 19, dejando un vacío de 17
páginas.
Esta omisión no sólo priva de información relevante, sino que impide comprender el contexto completo de las discusiones. Los familiares denunciaron la ausencia de firmas en las actas y la falta de identificación de los interlocutores, lo que dificulta reconocer a los funcionarios que participaron en la toma de decisiones. También se detectaron inconsistencias en la información, lo que pone en duda la autenticidad de los documentos.
La entrega incompleta de las actas fue calificada por la Fundación Periodistas Sin Cadenas como una estrategia para perpetuar la impunidad en el caso, cuestionando además la actuación de los tres gobiernos involucrados: el de Lenín Moreno, que clasificó las actas; el de Guillermo Lasso, que prorrogó la restricción de acceso a la información; y, finalmente, el de Daniel Noboa, que entregó documentos incompletos. La crítica se extendió al exministro del Interior, César Navas, y al expresidente Moreno, a quienes se les cuestionó la priorización de la imagen del gobierno sobre el acceso a la verdad de los familiares.
Este acceso incompleto a la información obstaculiza los procesos judiciales en Ecuador, donde la investigación sobre la actuación de las autoridades durante el secuestro se encuentra paralizada. La Fiscalía ecuatoriana no ha procesado ni identificado a ninguno de los responsables directos del secuestro y asesinato, y tampoco se ha determinado la corresponsabilidad del Estado ecuatoriano en el marco de la crisis. Mientras que en Colombia, las únicas condenas hasta la fecha se dictaron en 2021, dos años después del secuestro, contra Jesús Vargas Cuajiboy, alias «Reinel», y Gustavo Angulo Arboleda, alias «Cherry», quienes fueron sentenciados a 28 años de prisión.
La potencial manipulación de las actas no solo afecta la confianza pública en las instituciones, sino que también obstaculiza el control democrático sobre el poder. La desclasificación de la información en este caso era clave para entender las fallas del Estado ecuatoriano en la protección de sus ciudadanos. La transparencia permite corregir errores y evitar que se repitan. Los informes de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las demandas de las familias de las víctimas dejan claro que el Estado debe garantizar el acceso a la información completa para permitir investigaciones exhaustivas y sancionar a los responsables.
El papel de la sociedad civil ha sido crucial en la exigencia de justicia. Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Human Rights Watch y la Fundación Periodistas Sin Cadenas han exigido la entrega completa de las actas del Cosepe. Las tres organizaciones han advertido que la negativa a entrega la información en su totalidad constituye una forma de encubrimiento que afecta tanto a las familias de las víctimas como a la democracia ecuatoriana. La CIDH y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) también han denunciado el acceso limitado a la información, subrayando que la transparencia es fundamental para la libertad de prensa.
Desde una perspectiva legal, la entrega incompleta de las actas plantea serios cuestionamientos sobre la debida diligencia del Estado en la administración de justicia. La Corte Constitucional estableció la obligación de entregar la información íntegra, pero esta disposición no se cumplió. Esta situación podría constituir una vulneración del derecho de acceso a la información pública, consagrado en la Constitución ecuatoriana y en tratados internacionales de Derechos Humanos. Las normas que garantizan este derecho exigen la entrega oportuna, completa y sin alteraciones de los documentos solicitados.
El incumplimiento de esta obligación no solo afecta la transparencia estatal, sino que también abre la posibilidad de que los familiares de las víctimas presenten acciones legales contra el Estado ecuatoriano, tanto a nivel nacional como internacional. El caso podría derivar en procedimientos ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) , bajo la figura de denegación de justicia. A nivel interno, esta situación podría motivar la intervención de la Defensoría del Pueblo, que tiene la facultad de velar por la protección de los derechos fundamentales. La negativa a entregar la información de forma íntegra compromete la responsabilidad del Estado, no sólo en términos de acceso a la justicia, sino también en su obligación de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad y las familias afectadas.
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