El periodismo en Santo Domingo se debate entre la criminalidad y la falta de garantías

Provincias

En esta provincia, los periodistas no cuentan con protocolos de seguridad ni equipos adecuados para enfrentarse a coberturas que ponen en riesgo su vida.

21.08.2024

Santo Domingo de los Tsáchilas es una provincia con una gran particularidad geográfica. Conecta de forma estratégica la Sierra con cuatro provincias de la Costa (Manabí, Los Ríos, Guayas y Esmeraldas), ahora mismo catalogadas como zonas peligrosas y violentas. Esta proximidad convierte a Santo Domingo de los Tsáchilas en un territorio ‘de paso’ y la hace más vulnerable a la delincuencia y al crimen organizado.

Si bien en 2023 no constaba entre las provincias con tasas extraordinarias de homicidios por cada 100 mil habitantes, Santo Domingo de los Tsáchilas sí estuvo por encima del promedio latinoamericano (20), con una tasa de 30,83 homicidios, según el boletín anual del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO)

Otro factor preocupante es que tres de las provincias con las que colinda Santo Domingo de los Tsáchilas se ubicaron en los primeros lugares de mayor violencia en Ecuador, en 2023. Los Ríos fue la provincia con la mayor tasa de homicidios a escala nacional (110,83); le siguió Guayas con 85,66 casos y Esmeraldas con 82,87, pese a que los homicidios en esta última provincia se redujeron en comparación con el 2022. 

La inseguridad, la violencia y la presencia de bandas criminales (principalmente Los R, antes conocidos como Los R7) complica la seguridad en este territorio y es el principal problema que afecta al trabajo periodístico, impide el acceso a la información pública, coarta la investigación sobre temas de seguridad y empuja a los periodistas a autocensurarse por temor a recibir amenazas. 

La criminalidad y el narcotráfico también salpican a la justicia en la provincia. El 23 de julio de 2024, Emerson Curipallo, exjuez de Santo Domingo (capital de la provincia) y Ángel Lindao, exjuez de La Concordia (segundo cantón de la provincia) fueron sentenciados a 40 meses de prisión por formar parte de una estructura judicial de corrupción. Curipallo fue acusado de liberar a dos sicarios de confianza del narcotraficante Leandro Norero, mientras que Lindao recibió su condena por recibir sobornos de parte de Norero.

El reclutamiento de menores de edad para el mercado de drogas ha terminado con la apropiación de barrios enteros por parte de bandas. Años atrás, en estos territorios los colegas realizaban notas comunitarias, pero hoy en día, son zonas inaccesibles para trabajar. Esta forma de ‘seducir’ a los menores de edad para los mercados ilícitos tiene íntima relación con la precariedad laboral. 

La tasa de empleo adecuado en Santo Domingo de los Tsáchilas se ubicó en 32% en 2023, cayendo cuatro puntos porcentuales en comparación con 2022. Así lo consigna la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) – Anual.  La Cámara de Comercio de Santo Domingo aseguró a un medio local que la incidencia de la inseguridad es uno de los factores que ha deteriorado el empleo. 

La precariedad laboral también golpea al oficio periodístico, pues varios colegas –pese a que muchas veces informan poniendo en riesgo su vida– reciben bajos salarios, trabajan en varios medios al mismo tiempo para redondear el sueldo y entregan sus servicios a costos irrisorios. Además, no cuentan con el respaldo de sus empleadores, que no les proveen de equipos de protección para coberturas riesgosas.

Pese a este panorama, los colegas en Santo Domingo de los Tsáchilas han activado mecanismos de autoprotección para ejercer el oficio. Aún así demandan mayor capacitación en seguridad física y digital, en el tratamiento de normativa judicial, ética periodística, manejo de redes sociales e investigación.

Todos los factores que actualmente afectan al periodismo en la provincia fueron recopilados por el equipo de investigación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas que, en septiembre de 2023, organizó un grupo focal en Santo Domingo de los Tsáchilas, para conocer los riesgos a los que se enfrentan los colegas en la cobertura periodística en sus territorios. 

En esta actividad participaron 26 periodistas, el 38,5% fueron hombres y el 61,5% mujeres. Además, para el presente análisis se realizaron cinco entrevistas a periodistas; así como a funcionarios públicos y gremiales vinculados al ámbito de la libertad de expresión. 

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María Fernanda Almeida