El retorno de la censura gubernamental

11.09.2024

En los primeros seis meses de 2024, dos actos de censura perpetrados por el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa despertaron serias preocupaciones sobre la dirección que podría tomar la administración pública en cuanto a la libertad de prensa y el derecho a la información. Estas acciones gubernamentales dieron señales de un probable juego estratégico alineado con una reducida tolerancia a la crítica, al escrutinio público y a los cuestionamientos de una prensa independiente del discurso oficial.

El 10 de junio de 2024, el programa de entrevistas y análisis político Los Irreverentes, transmitido por el canal de televisión RTU y conducido por los periodistas Sol Borja, José Luis Cañizares y Fabricio Vela, fue sacado del aire. Los conductores denunciaron que el cierre se debió a presiones del gobierno del presidente Daniel Noboa y destacaron la escasa tolerancia del mandatario y de su equipo a las críticas. Este acto de censura se dio luego de un cruce de opiniones público entre la periodista Borja y la asesora presidencial Diana Jácome, en la red social X (antes Twitter).

Apenas diez días más tarde, el 25 de junio de 2024, la Cancillería revocó la visa de residencia de la periodista cubana Alondra Santiago en Ecuador, alegando que había cometido actos que, presuntamente, atentaban contra la seguridad pública y la estructura del Estado. Sin embargo, los detalles de estos actos nunca se dieron a conocer; de hecho, el Gobierno declaró reservados los informes que justificaban sus acusaciones, bloqueando así la posibilidad de conocer cuál fue realmente el supuesto delito cometido por Santiago o las verdaderas razones por las que se revocó su visa.

Ambas acciones fueron percibidas como un nuevo intento político de limitar la discusión abierta sobre asuntos de interés público, y como una advertencia para otros medios y periodistas. Tras las acciones mencionadas, el régimen inició una campaña de difusión en redes sociales sobre las actividades oficiales del Primer Mandatario y algunas realizadas junto a su esposa, en el entorno familiar, pero evitó dar las explicaciones del caso. También fueron ignoradas las solicitudes de información realizadas por otros periodistas en el canal de comunicaciones que la Presidencia mantiene en la red de mensajería WhatsApp.

La respuesta, en estos casos, revela una estrategia comunicacional política enfocada en desviar la atención de la opinión pública para evadir responsabilidades y minimizar la importancia del papel fiscalizador de los medios en una democracia. En lugar de abordar las críticas y proporcionar respuestas claras, el Gobierno optó por centrarse en la promoción de su imagen y evadió las preguntas planteadas por la prensa, una práctica recurrente desde hace más de un quindenio en la política ecuatoriana.

Acciones como estas sembraron incertidumbre sobre el ambiente que el periodismo ecuatoriano enfrenta, especialmente de cara a un proceso electoral en el que la reelección del presidente Noboa constituyó una posibilidad real.

La censura de programas periodísticos críticos y la revocación de visas de periodistas no solo afectan a la libertad de prensa en el corto plazo, sino que también establecen precedentes preocupantes para el futuro del periodismo en el país. Los periodistas podrían enfrentar mayores presiones y riesgos al informar sobre cuestiones que podrían incomodar a los distintos gobiernos, lo que debilita la función esencial de la prensa como contrapoder y garante de la transparencia democrática.

El problema es que este tipo de prácticas no son recientes, sino una reproducción de otros ejemplos registrados en los quince años precedentes a la publicación de este documento. La manipulación del discurso y de la información, la aplicación de leyes restrictivas, la intimidación de periodistas críticos y el control de los medios han sido rasgos que caracterizaron el ejercicio del poder político en Ecuador y que se profundizan con el paso de los años sin importar las ideologías con las que se identifican los líderes de turno.

Este entorno adverso limita la capacidad de los periodistas para informar de manera veraz y objetiva y también restringe el derecho de los ciudadanos a recibir información completa y precisa. Además, genera un ambiente de polarización que fomenta la desinformación, lo que, a su vez, perjudica la credibilidad de los medios de comunicación y debilita la cohesión social al crear divisiones entre diferentes sectores de la población, basadas en narrativas parciales.

En un contexto en el que la repetición de información sesgada se convierte en norma, la calidad del debate público se deteriora y los ciudadanos se ven privados de la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre asuntos cruciales para la sociedad. Las tácticas de desinformación y propaganda desde el poder político desvían la atención de los problemas reales, manipulan la percepción pública y crean una narrativa oficial que distorsiona la realidad. Este enfoque comunicacional del gobierno de Noboa, centrado en la imagen y la evasión de responsabilidades, podría tener consecuencias a largo plazo para la salud democrática del país, tal como lo hicieron sus antecesores Rafael Correa, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, lo cual dificulta la rendición de cuentas y la participación ciudadana informada.

Cuando la prensa ecuatoriana muerde el anzuelo de la estrategia de comunicación política de los gobiernos y se concentra en el discurso político, dejando de lado el análisis y la investigación minuciosa de los hechos, las consecuencias son significativas: la calidad del periodismo disminuye, la polarización se prolifera y la atención a los problemas estructurales más importantes pasa a un plano secundario. En los procesos electorales, abunda la cobertura mediática centrada en las promesas y discursos de los candidatos, mientras que la verificación de sus antecedentes, la factibilidad de sus propuestas o el análisis de sus planes de gobierno son elementos que terminan relegados. Esta práctica favorece a los políticos que manejan mejor su imagen pública y privan a la ciudadanía de información esencial para la toma de decisiones.

Cuando el trabajo periodístico se limita a la reproducción de la narrativa política, en lugar de investigar y cuestionarla, los medios caen en la trampa del poder. Este enfoque contribuye a la desinformación y a la manipulación de la opinión pública, los ciudadanos reciben una visión sesgada y superficial de la realidad y se pasa por alto los temas que realmente afectan a la vida cotidiana de las personas, como la economía, la educación, la salud y la seguridad.

La Fundación Periodistas Sin Cadenas presenta un análisis de la situación del periodismo en Ecuador ante las prácticas de censura instauradas por el gobierno del presidente Daniel Noboa, que se inscriben en el contexto histórico de sucesivos regímenes precedentes que se han constituido como agentes de amenaza, persecución, estigmatización y silenciamiento de la prensa.

Descarga el análisis completo aquí

Publicado el Investigaciones