Guayas: periodismo en el epicentro del crimen organizado en Ecuador

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Guayas es el mayor centro económico e industrial del Ecuador, pero también se ha convertido en el epicentro del crimen organizado. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer periodismo en la provincia que lidera el mayor número de muertes violentas en Ecuador?

07.11.2024

Guayas es el mayor centro económico e industrial del Ecuador. Su capital, Guayaquil, es la ciudad más poblada del país con 2,9 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), actualizados a septiembre de 2024. 

La provincia costera tiene varios puertos internacionales dedicados a las exportaciones e importaciones de productos hacia diversas partes del mundo. Lamentablemente, estos puertos también se han convertido en sitios donde opera el narcotráfico debido a la contaminación con droga de contenedores que transportan productos hacia Europa y Estados Unidos. Su conexión con el río Guayas la ha convertido en un sitio atractivo para las operaciones de las redes globales del narcotráfico.

Guayas, como otras provincias del Ecuador, aún tiene rezagos de la debacle económica que causó la crisis sanitaria de la COVID- 19, hace menos de cinco años. Estudios del INEC muestran que la pobreza en el país aumentó de 21,9% en 2019 a 25,5% en 2022. 

Para Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), la crisis sanitaria que golpeó principalmente a esta provincia causó un incremento de los índices de desigualdad, crecimiento de la pobreza y el desempleo y “tiene una causalidad con los índices de delincuencia”. 

Así lo detallan los estudios de OECO que, en 2023 y en el primer semestre de 2024, ubican a Guayas como la provincia con la tasa más alta de homicidios por cada 100 mil habitantes en Ecuador. El cantón Durán y la zona no delimitada de El Piedrero también 4 constan entre los territorios más violentos del país.

 Rivera explica que la ola de inseguridad en Guayas también responde a una fragilidad institucional que viene causando efectos negativos desde 2018, cuando se cerró el Ministerio de Justicia que controlaba el sistema penitenciario del país. Cabe recalcar que Guayas es la provincia que concentra la mayor cantidad de población carcelaria en el Ecuador con más de 6 mil reclusos. A escala nacional, la cifra asciende a 31.321, de acuerdo al Censo Penitenciario del 2022. 

A criterio del experto, esta desinstitucionalización sumada a la crisis económica de la provincia derivó en una fragmentación de varias bandas criminales como Los Choneros, que operaban desde las cárceles y que buscaban un control territorial y mayor presencia en los mercados criminales. Por ello, Rivera no duda en afirmar que “Guayas es el epicentro del crimen organizado en Ecuador”. 

De hecho, el pasado 13 de septiembre de 2024, María Daniela Icaza, directora de la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande de Ecuador, que está ubicada en esta provincia, fue asesinada por sicarios cuando se dirigía al hospital del Guasmo Sur, por la vía a Daule. La funcionaria no contaba con resguardo policial y luego de su muerte, la Policía Nacional emitió un comunicado en el sentido de que la razón de esa falta de custodia era que ella no la había solicitado. La ministra de Interior, Mónica Palencia, insistió en que la Policía brinda seguridad “a todos aquellos funcionarios que lo han solicitado y en la medida de las posibilidades que tenemos de vehículos”. 

De acuerdo con el estudio Caracterización del Crimen Organizado, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), en Guayas existen al menos seis bandas criminales con gran presencia territorial: Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lobos, Los Lagartos, Los Chone Killers y Los Lating Kings. Esta atomización criminal ha involucrado a otras organizaciones transnacionales como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y las redes balcánicas que establecen negocios vinculados al narcotráfico en el país. 

Según la Policía Nacional, la mafia balcánica opera hace 12 años en Ecuador con miembros ecuatorianos, albaneses y kosovares, que se radican en las provincias del Guayas y El Oro. Están dedicados a la contaminación de contenedores con cocaína que llegan hasta Europa.

En 2014 fue detenido Rexhepi Dritan, líder de esta agrupación y trasladado a la cárcel regional del Guayas, acusado de tráfico ilícito de drogas, pero un juez le concedió la prelibertad en 2021 y no se supo más de su paradero. 

Entre 2021 y 2024, según el portal gubernamental Mirka, se decretaron seis estados de excepción en las cárceles ecuatorianas. 6 En ese mismo periodo, la provincia del Guayas ha estado incluida en 12 decretos de estados de excepción a causa de la inseguridad. Los más recientes fueron el Decreto 275 del 22 de mayo de 2024 y el 377 del 30 de agosto de 2024, en el que se renovó la declaratoria por 30 días más. El 17 de septiembre de 2024, el Gobierno emitió el último decreto en el que restringe la libertad de tránsito en Guayas y otras provincias, consideradas de alta peligrosidad, desde las 22h00 del 18 de septiembre, hasta las 06h00 del 19 de septiembre, debido a la suspensión del servicio eléctrico por el mantenimiento preventivo de las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y redes de distribución de energía eléctrica. 

Con este panorama de violencia e inseguridad, la prensa guayasense intenta realizar su trabajo enfrentándose a nuevas agresiones que se distinguen de las reportadas hace varios años. Ahora se denuncian robos, amenazas de muerte, atentados y exilios. 

La prensa también batalla contra la censura gubernamental y la corrupción enquistada en la política, que impiden informar por temor a represalias. En este sentido, la autocensura es la principal medida de protección que muchos periodistas en Guayas están usando, lo que deriva en silencios informativos y deteriora progresivamente el periodismo de investigación. 

El 24 de febrero de 2024, la Fundación Periodistas Sin Cadenas organizó un grupo focal con la presencia de 17 periodistas guayasenses. Además, realizó una docena de entrevistas a periodistas, funcionarios públicos y gremiales vinculados al ámbito de la libertad de expresión. Este informe, que busca obtener un diagnóstico presenta un análisis sobre los principales riesgos que enfrentan los periodistas en la provincia y recabar sugerencias de medidas de mitigación a estos riesgos.

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María Fernanda Almeida