La precariedad laboral silencia al periodismo en la Sierra ecuatoriana
La falta de oportunidades y los bajos salarios que reciben los trabajadores de la prensa en Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar son factores que impiden que se desarrolle el periodismo de calidad. Además, se enfrentan a la inseguridad, la falta de acceso a la información y la autocensura.
26.12.2024
La Sierra central del Ecuador está conformada por cuatro provincias: Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar. En esta zona se concentra gran parte de la población indígena del país, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de 2022.
Por ejemplo, en Chimborazo, el 37,9% de la población es indígena; en Bolívar, el 29,5%; en Cotopaxi, el 23,7%, y en Tungurahua, el 13,5%. Estos territorios, dedicados principalmente a la agricultura, la ganadería y el comercio, son epicentros importantes de los levantamientos indígenas que promueven las protestas sociales en contra de los gobiernos de turno.
Las dos últimas manifestaciones ocurrieron en 2019 y en 2022. La primera se extendió del 2 al 13 de octubre, en rechazo al decreto 883 emitido por el entonces presidente Lenín Moreno, que contemplaba la eliminación del subsidio a los combustibles. Dos años más tarde, del 13 al 30 de junio de 2022, se desarrollaron las manifestaciones en contra del expresidente Guillermo Lasso, en rechazo a las políticas económicas y extractivistas. En esta última revuelta, la Fundación Periodistas Sin Cadenas contabilizó 210 agresiones a la prensa.
El movimiento indígena no solo ha marcado presencia en estos contextos. Según notas de prensa de medios locales y entrevistas realizadas a colegas, también enfrenta a la inseguridad y a la delincuencia con mano propia. El año pasado, en la ciudad de Guano, provincia de Chimborazo, los comuneros detuvieron a un extorsionador en flagrancia, lo colgaron, le propinaron latigazos y lo bañaron en agua fría. Esto impidió que el sujeto continuara atemorizando a los comerciantes.
En 2024, un intento de robo de ganado en Salasaca, provincia de Tungurahua, terminó con el ajusticiamiento indígena de tres personas con ortiga y látigos. Según fuentes consultadas para la realización de este informe, la base organizativa de las comunidades ha frenado la inseguridad y el aumento del crimen organizado.
Cabe indicar que la Constitución del Ecuador, en su artículo 171 establece que “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio (…)”. Por la falta de presencia estatal, las comunidades indígenas han optado por hacer justicia a mano propia.
De las 24 provincias del Ecuador, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar ocupan los puestos 20, 19, 15 y 12, respectivamente, entre las zonas con índices de mayor peligrosidad. Pese a que ninguna de ellas ocupa los primeros lugares, los grupos al margen de la ley han comenzado a operar en sus territorios.
De acuerdo con el informe de Caracterización del Crimen Organizado del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), las bandas de Los Choneros y Los Lobos estarían actuando en las provincias de Chimborazo y Cotopaxi. Bolívar aparece como la provincia más conflictiva porque en uno de sus cantones, Las Naves, predomina la presencia de empresas dedicadas a la minería que realizan actividades sin consulta previa a las nacionalidades indígenas.
Cabe indicar que en Cotopaxi se encuentra la cárcel de Latacunga, que tiene en sus celdas a 4.324 personas privadas de la libertad, en la que permanecen varios cabecillas de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). En 2021 fue uno de los centros de privación de la libertad del país en el que se produjo un amotinamiento que desencadenó en una masacre carcelaria, como respuesta al asesinato, en diciembre de 2020, de Jorge Luis Zambrano, líder de Los Choneros. Hasta 2023 fueron asesinados más de 500 presos por pugnas entre las bandas de varias cárceles del país, incluida la de Latacunga. De este centro de privación de libertad también se han fugado presos. El hecho más reciente ocurrió en febrero de 2024 cuando tres personas privadas de la libertad escaparon tan solo un día después de que la prensa fuera invitada por el Gobierno para constatar que el control de la cárcel estaba controlado y militarizado.
Otro hecho similar ocurrió en la cárcel de Riobamba, ubicada a 111 kilómetros de la de Latacunga. El 9 de enero de 2024, 38 reos se fugaron, entre ellos, Fabricio Colón Pico, acusado por la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, de querer asesinarla.
La Sierra central del Ecuador también concentra gran parte de la pobreza del país. En 2022, de acuerdo con las estadísticas del INEC, el 38,9% de la población chimboracense era pobre; el 26,3% lo era en Cotopaxi; el 20,8% en Tungurahua, y el 34,1% en Bolívar.
En medio de este contexto, las y los periodistas concuerdan en que la situación económica se ha agravado progresivamente desde la época de pandemia. A finales de 2024, la precariedad laboral es la principal limitante para ejercer el oficio.
La inseguridad es un fenómeno que los atemoriza, pero en este momento identifican otros problemas de mayor gravedad como la falta de acceso a la información y la censura que, a su criterio, los han dejado sin posibilidad de hacer periodismo de investigación.
Esta información fue recogida en un grupo focal realizado en Riobamba el pasado 27 de abril de 2024, en el que participaron 18 periodistas. Además, se realizaron siete entrevistas a profundidad.
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