Nos Faltan Tres: Lenín Moreno hereda al país un mensaje de impunidad
Mentiras, omisiones y silencios es lo que le deja el gobierno de Lenín Moreno al presidente entrante, Guillermo Lasso, en el caso del secuestro y asesinato de los tres trabajadores de diario El Comercio, entre marzo y abril del 2018.
27.04.2021
No una sino siete veces el presidente Lenín Moreno ofreció desclasificar la información que el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) manejó antes, durante y después del secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido el 26 de marzo del 2018. Tres años después, ese secuestro y el posterior asesinato de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas no tienen responsables. El caso continúa impune y el Primer Mandatario pretende entregar el poder faltando a su palabra.
Aunque diga lo contrario, Moreno hereda al presidente electo de la República, Guillermo Lasso, un mensaje de alta peligrosidad para la seguridad nacional y para el ejercicio de la libertad de expresión: impunidad. La libertad de expresión y el ejercicio de la prensa están heridos de muerte.
26 de marzo, día de la impunidad
“Es indignante que después de tres años ni siquiera podamos tener las pertenencias de nuestros familiares -le dijo Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, a los medios de comunicación el pasado 26 de marzo, en la Plaza Grande, en Quito-, hay que evidenciar cómo la Fiscalía, a través de la fiscal Diana Salazar, ha caminado de la mano con un presidente que solo ha sacado a la luz casos políticos”. Minutos después, Galo Ortega, padre de Javier, gritó con una furia inusitada hacia la fachada del Palacio de Gobierno: “¡Moreno, asesino! ¡Moreno, asesino!”.
Esa mañana, amigos y familiares de los tres miembros del equipo de prensa de El Comercio se reunieron en el mismo lugar donde han reclamado respuestas desde que se supo del secuestro. “¡Por Paúl, nadie se cansa! ¡Por Javier, nadie se cansa! ¡Por Efraín, nadie se cansa!”, gritaron una vez más.
Es que durante estos tres años, el Estado ecuatoriano parecería haberse cruzado de brazos a propósito. Los asistentes al plantón de ese viernes declararon simbólicamente a cada 26 de marzo como el #DíaDeLaImpunidad.
La Fiscalía General del Estado no ha esbozado siquiera una teoría, espera actuar solo en función de la desclasificación de documentos que hasta ahora no se ha dado, ha puesto el caso en manos de cuatro fiscales hasta el momento y la investigación continúa entrampada en la etapa inicial. Tampoco se han realizado procedimientos que resultaban obligados, como la obtención de resultados del análisis de las huellas dactilares que se extrajeron de la camioneta en la que se transportaban los periodistas, según han dicho, por falta de reactivos.
Pero eso no es todo: los siete ofrecimientos de Moreno de desclasificar la información para que las investigaciones avancen se incumplieron oficialmente cuando en febrero de este año, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado negó a la Fiscalía la entrega de la información sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico, bloqueando la posibilidad de que el proceso avance y atentando contra la verdad que merece todo un país.
A falta de indagaciones por parte de sus instituciones, han sido las investigaciones periodísticas las que han reconstruido los hechos, han trazado la ruta que siguieron los periodistas hasta el lugar de su muerte, han señalado responsabilidades en las autoridades y han demostrado que el asesinato ocurrió días antes de que funcionarios del gobierno de Moreno dijeran ante los medios que las investigaciones continuaban. Además, esos trabajos periodísticos revelaron que el asesinato de Javier, Paúl y Efraín habría ocurrido luego de que se realizaran operativos binacionales de patrullaje con fuerzas de seguridad de Colombia y Ecuador, aún a sabiendas de que eso ponía en riesgo la vida de los tres rehenes. Pero de eso, nadie habla.
Guillermo Lasso recibe sobre sus hombros el peso de tres vidas humanas, pero aún más que esas vidas perdidas por la negligencia de la gestión estatal, el nuevo Presidente recibe el peso de un país incrédulo e inseguro, cuyas autoridades han permitido que el silencio se convierta en política pública.
Además del compromiso roto desde las más altas instancias del Estado, en Ecuador no se ha procesado a nadie todavía y la cooperación con la Fiscalía colombiana es una quimera. El Estado ha violado el derecho que tiene la sociedad ecuatoriana a estar bien informada y no devuelve, como tanto alardea Moreno, el clima de respeto a la libertad de expresión del que tanto habla en sus alocuciones de apurada despedida.
“La justicia sigue siendo débil”, dijo Ricardo esa mañana del 26 de marzo del 2021. Yadira Aguagallo, pareja de Paúl, exigió que el Estado ecuatoriano “tenga un compromiso con la verdad”, pues nada se sabe de los miembros de la Policía Nacional que chateaban con los captores; nada se sabe sobre las acciones de Fuerzas Armadas ni de las responsabilidades directas de los que entonces fungían de ministros de Defensa, Patricio Zambrano y del Interior, César Navas, quienes se encargaron de tomar decisiones por esos días. O de evitar hacerlo.
Un gobierno que se vanagloria de haber acabado con las agresiones a la prensa que caracterizaron al régimen que lo precedió, pero que institucionaliza vacíos informativos y promueve la impunidad en este grave caso, solo deja como herencia un mensaje muy peligroso: la libertad de expresión y la prensa libre le importan poco o nada.
Un mensaje peligroso
Esta Fundación es parte -desde septiembre del 2020- de la Veeduría Ciudadana Nos Faltan 3. Junto a organizaciones como Fundamedios, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y al mismo colectivo Nos Faltan 3, conformado por familiares y amigos de Javier Paúl y Efraín, enviamos nueve cartas a organismos estatales para demandar de sus representantes el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitido en diciembre del 2019.
Un año después de que el ESE entregara el pliego de recomendaciones al gobierno de Moreno, nada se había puesto en práctica. Una de esas recomendaciones fue mejorar la cooperación entre las entidades de investigación de Ecuador y Colombia, pero eso no ha ocurrido hasta hoy. Al cierre de esta publicación, apenas una persona ha sido condenada por este caso en Colombia. El jueves 25 de marzo, un tribunal penal del departamento de Tumaco dictó sentencia contra Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reinel’, condenándolo a 28 años y ocho meses de cárcel. Pero en Ecuador, nadie ha sido detenido. ‘Reinel’ -quien era cuarto en la línea de mando del Frente Oliver Sinisterra y quien se encargaba de la custodia de los rehenes- fue obligado a ofrecer disculpas a los familiares en un acto mal organizado antes de recibir su condena.
Las misivas de la Veeduría llegaron a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Comunicación, a la Cancillería, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al Consejo de la Judicatura y a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Presidencia y el Ministerio de Defensa nunca respondieron.
El CPCCS emitió, en diciembre del 2020, un exhorto a las autoridades correspondientes para que las investigaciones se realicen, pero no obtuvo respuestas. Anunció que convocaría a declarar a César Navas, Patricio Zambrano, César Merizalde, Ramiro Mantilla y Ramiro Rivadeneira, quienes se encargaron de la emergencia en relación con el secuestro de los periodistas, pero hasta el momento eso no ha ocurrido.
En un foro virtual organizado por esta Fundación y transmitido el jueves 25 de marzo del 2021, la víspera de que se cumplieran los tres años del secuestro, el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, fue tajante al asegurar que la falta de justicia y la inminente impunidad envía “un mensaje muy poderoso a los victimarios: se estaría alentando a la repetición”. Y añadió que insistir en la justicia es “el único freno de los ciclos de violencia”, con sanciones ejemplares para todos los responsables.
Pero Ecuador y Colombia no han hallado a los responsables directos. Se ha violado el derecho a la verdad. Esa es la conclusión de estos tres años.
Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, de Colombia (FLIP), aseguró que el escenario es bastante desalentador y que es el resultado de “una desinteligencia entre los Estados e internamente”. Resaltó que la prensa haya sido la que ha aportado los elementos que desmontan la narrativa oficial que se quiso implantar durante los días del secuestro y habló de los avances parciales que se han registrado en Colombia, donde uno de los implicados, alias ‘Barbas’, fue liberado por errores de la Fiscalía de ese país.
Informe del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH
Aunque las investigaciones continúan en Colombia, el único sentenciado hasta el momento, alias Reinel, es quien está pagando la culpa de una cadena de errores tanto del Estado colombiano como de Ecuador. “Hay muchísima información que nos falta en este rompecabezas y desafortunadamente no hay herramientas ni voluntad suficientes por parte de la Fiscalía a pesar del esfuerzo de la Relatoría (de Libertad de Expresión de la CIDH), a pesar del informe, a pesar de la presión internacional, hay pocos pasos en la dirección correcta”, lamentó Bock.
Segundo Informe de incumplimiento de las recomendaciones del ESE
Las numerosas víctimas de un legado imperdonable
A pesar de que una de las principales alertas que despertó el asesinato de Javier, Paúl y Efraín tuvo que ver con el dramático abandono que viven las poblaciones de frontera, y de que el gobierno de Moreno prometió repararlo, las cosas en la provincia de Esmeraldas siguen igual.
Ricardo Rivas, quien lideró una comitiva para donar artículos de bioseguridad, vestimenta y otros enseres para niñas, niños y jóvenes de Mataje, el último punto en el que fueron vistos los tres miembros del equipo periodístico, cree que los habitantes de la provincia de Esmeraldas también son víctimas de la impunidad que el gobierno de Moreno deja como su legado al Mandatario entrante. “Este es un secuestro político, no es extorsivo”, aclaró, diciendo que “no se ha querido investigar” porque hay “autoridades involucradas”. Pedro Vaca resaltó que, “si bien hay una impunidad judicial que no está en manos de los familiares, hay algo que ya no se ha concedido, y esa es la impunidad social”.
El periodismo en provincias
Cuando asesinaron a Javier, Paúl y Efraín, la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, dispuso la conformación de un comité para la protección de periodistas que cumpliría con la misión de diseñar protocolos de seguridad y brindar las condiciones adecuados para el trabajo periodístico en Ecuador, en situaciones de riesgo. Pero ese comité no ha servido para nada.
“No hay medidas de no repetición y no hay garantías para la libertad de prensa porque siguen existiendo zonas silenciadas, como lo demuestra nuestra investigación”, dijo Susana Morán, presidenta de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, refiriéndose a la serie de investigaciones que presentamos en nuestro portal, sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo en provincias.
Tres años después, el peor caso de violación a la libertad de prensa en el Ecuador corre el riesgo de hundirse en la impunidad en medio de un fango de preguntas sin respuesta. Esa es la herencia que recibe el presidente Guillermo Lasso. Mientras tanto, el grito que exige verdad, justicia y reparación es cada vez más fuerte.
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Publicado el Nos Faltan Tres |
