Cotopaxi: procesados logran frenar la causa en su contra por ser candidatos a asambleístas

03.02.2025

La elección en la provincia de Cotopaxi tiene particularidades. Por ejemplo, todos los asambleístas en funciones actualmente están corriendo por la reelección: César Arturo Ugsha (Unidad Popular), Ana Cecilia Herrera (Revolución Ciudadana-RETO), Gissella Molina (Alianza de Valientes) y César Umajinga (SUMA).

Otra particularidad: están participando en la contienda dos de los procesados en el caso judicial conocido como Depuración I, en el que se investiga una presunta red de delincuencia organizada, liderada por el exprefecto Jorge Guamán Coronel (PK).

Además, cinco de los 56 candidatos mantienen deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), 16 han incumplido con sus declaraciones de impuestos y 26 ya han pasado previamente por la función pública.

Todo matizado por lo que la analista Silvia Osorio califica como una “desidia política” de los electores. “Aquí juega el voto emocional —dice la experta—. De pronto le conocí al candidato, alguna vez le saludé, o incluso la gente se deja llevar por refranes populares como ‘preferible malo conocido que bueno por conocer’”.

Esta es una investigación realizada por 38 periodistas del Proyecto VER (Veracidad, Ética y Rigor periodísticos), liderado por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC). Otros 30 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Depuración I

La madrugada del 28 de junio de 2022, la Policía y la Fiscalía realizaron 30 allanamientos en diferentes puntos de Cotopaxi, dentro de la investigación contra una red de delincuencia organizada que, según el expediente, operaba bajo el mando de Guamán, e incluía a funcionarios de la Prefectura y personas particulares.

Por Depuración I están procesadas 21 personas, incluidos José Pablo Naranjo Cruz, candidato a asambleísta por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4) —quien en ese entonces se desempeñaba como jefe de la Unidad de Producción, Comercialización y Turismo del gobierno provincial—; y Pablo Fernando Albán Roura, quien se postula para asambleísta suplente por el mismo PID.

Según la Fiscalía, esta red actuaba en cuatro cantones: Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, para cometer delitos como peculado y enriquecimiento ilícito. La fiscal Ruth Amoroso detalló durante la formulación de cargos que los imputados se aprovecharon de sus funciones para otorgar contratos a empresas previamente definidas y, a cambio, recibían “beneficios económicos que se emplearían en la compra de bienes muebles e inmuebles a nombre de terceras personas”.

El trámite judicial ha tenido varias dilaciones por trabas y disputas administrativas, y actualmente se encuentra a la espera de la audiencia preparatoria de juicio. El 14 de enero de 2025, el aspirante a la Asamblea, Pablo Naranjo, solicitó —a través de su abogado, Ramiro Román— la suspensión del proceso en su contra, debido a su condición de candidato.

Román confirmó que el 23 de enero le fue notificada la suspensión para su cliente y también para el candidato Albán. “Ha llegado una providencia de la Presidencia de la Corte Provincial de Cotopaxi, manifestando que se suspende el proceso hasta que se proclamen los resultados definitivos. Si gana en las elecciones, tendría fuero de Corte”, explicó Albán. “La Fiscalía nunca ha terminado de presentar la acusación respectiva”, añadió.

Esta alianza periodística solicitó una versión de Naranjo, pero no hubo respuesta. 

Incumplidos con el Fisco

Dieciséis de los 56 candidatos han incumplido al menos una vez con presentar su declaración de impuesto a la renta en los últimos siete años.

En este grupo se encuentra toda la lista de Centro Democrático: Mario Andino Escudero, Betty Molina Gallardo, Rómmel Tamayo Hinojosa y Nelly Bravo Herrera. Le siguen los tres candidatos del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7): Marco Olmedo Arias, Camila Cueva Toro y Selene Proaño Reyes.

Unidad Popular (UP, lista 2) tiene a Tania Ocaña Sinchiguano y Joel Chicaiza Chiluiza, el PID a Naranjo Cruz, mencionado en los casos penales, y a Jenny Semblantes Villamarín, y la Izquierda Democrática (ID, lista 12) a Israel Flores Guayaquil y Dayanna Madrid Herrera. En tanto que RC-RETO (lista 5-33) a César Freire Ortiz, Alianza de Valientes a Diego Tapia Jática y Pachakutik a Évelyn Tonato Tapia.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Además, cinco aspirantes mantienen deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas, por montos que van desde los 20 centavos hasta los 1.398 dólares, valor adeudado por José Amador Chiguano Chasiquiza, también del PID. 

En la función pública

Casi la mitad de los candidatos, 27 de 56 en total, ya han ocupado cargos públicos. El partido más representado es Pachakutik (PK, lista 18), con cuatro; seguido de la alianza RC-RETO, del movimiento Amigo (lista 16) y de Cambiemos la Historia Juntos, con tres cada uno. Esta última es la alianza entre CREO y el Movimiento Opción, lista 21-61

En la orilla contraria, los partidos con el menor número de candidatos con experiencia en el sector público son Unidad Popular (UP) e Izquierda Democrática (ID), con apenas uno por cada uno.

Tras una revisión de sus declaraciones patrimoniales en la Contraloría, no se encontraron novedades, salvo el caso de Gavino Vargas Salazar, del movimiento Amigo. En 2016 declaró un patrimonio de 19.378 dólares; en febrero de 2018, al inicio de su gestión como asesor de la Alcaldía de Penipe, declaró 26.918 dólares, pero al final de esa gestión, en julio de ese mismo año, declaró más de 3,5 millones de dólares. Posteriormente, en 2024, su declaración de asesor en la Asamblea vuelve a registrar otra caída drástica, situándose en 23.604 dólares. 

Consultado sobre este particular, el candidato se mostró sorprendido y molesto, dijo que ese “nunca ha sido su patrimonio” y lo atribuyó a un error en su declaración.

El siguiente patrimonio más alto es el del candidato Marco Olmedo Arias (ADN), quien como exgobernador de la provincia declaró 3,1 millones de dólares en septiembre pasado. 

Pero también hay candidatos con cifras en negativo, como Betty Molina Gallardo (Centro Democrático), quien ha ocupado varios cargos en la Empresa Eléctrica de Cotopaxi y en la Delegación Electoral, y reporta un patrimonio de hasta -18.000 dólares en 2021.

Selección e importancia

Pese a la “desidia política”, la consultora Silvia Osorio dice que es importante conocer y analizar el pasado de los candidatos; lo califica como un ejercicio de “corresponsabilidad ciudadana”. “¿Para qué? Para saber distinguir la política de la politiquería”. 

“Lo que se puede hacer —agrega— es empoderarse desde los medios para generar contenidos que permitan a los votantes conocer mejor a los candidatos: pasados judiciales, formación política, experiencia en materia legislativa”.

Publicado el Red de periodismo