Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH recoge experiencias de la sociedad civil en su visita a Ecuador
Vaca visitó Quito entre el 13 y 15 de enero de 2024 como parte de un proceso de acompañamiento técnico que está llevando a cabo la RELE con el Estado ecuatoriano para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección de periodistas.
17.01.2025
En el marco de una visita oficial al país, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, mantuvo diversas reuniones con organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la defensa de la libertad de expresión, como la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC)
Vaca visitó Quito entre el 13 y 15 de enero de 2024 como parte de un proceso de acompañamiento técnico que está llevando a cabo la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión (RELE) con el Estado ecuatoriano para el fortalecimiento del Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico.
La visita estuvo direccionada a recoger recomendaciones desde diferentes sectores para el funcionamiento de este mecanismo, que se creó el 14 de noviembre de 2022, después de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de Comunicación de ese año.
Aunque se trata de una instancia técnica estatal que tiene el propósito de prevenir, proteger y garantizar el trabajo periodístico, no cuenta con un presupuesto ni para su funcionamiento ni para ayudar a periodistas en caso de situaciones graves de peligro o exilios. Es decir, actualmente este mecanismo sólo existe en papeles.
En la reunión mantenida el pasado lunes 13 de enero, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, expuso sobre la situación de los colegas en diferentes provincias del Ecuador, en un escenario de polarización política, de violencia, sin garantías ni seguridad, altamente cambiante, que pone en riesgo el ejercicio profesional en nuestro país.
De acuerdo a Susana Moran, directora ejecutiva de la FPSC, la violencia proveniente de los grupos de delincuencia organizada ha transformado la manera de hacer periodismo en Ecuador y ha abierto paso a la autocensura, sobre todo en zonas donde el Estado no tiene control de ningún tipo, que se convierten en territorios silenciados informativamente.
Los trabajadores de la prensa consultados y entrevistados por la Fundación para diferentes informes realizados en el 2024 evitan cubrir temas relacionados con el narcotráfico, el sicariato, el contrabando, delitos ambientales y minería ilegal en zonas de gran violencia como la frontera norte.
Aunque existen algunas nociones de autocuidado al momento de ejercer el oficio, la aplicación de análisis de riesgo son incipientes. “Los periodistas han optado por realizar coberturas grupales, disminuir su exposición en redes sociales y hasta rechazar cargos como comunicadores públicos por temor a ser asesinados”, expresó Morán, quien aseguró que Esmeraldas es una de las provincias que mayor preocupación genera en ese sentido.
Otro tema que se abordó durante el encuentro con Vaca fue la precarización del trabajo de los periodistas en nuestro país, ante la falta de empresas mediáticas y los bajos honorarios que se les reconocen a los comunicadores por cada pieza o nota producida, un fenómeno que se ha identificado en la mayoría de las provincias del país.
En la Sierra Central del país, muchos de los periodistas consultados por la Fundación reciben sueldos que ni siquiera llegan a $460, que es salario básico actual. Aquellos que emprenden con nuevos medios o trabajan de forma freelance, reciben pagos desde $2,50 por nota periodística en algunos casos mientras que otros, venden pauta publicitaria para completar su sueldo.
“Estas necesidades económicas que les vuelven vulnerables a la extorsión, el chantaje, la censura o la persecución”, afirmó Morán.
Como organización, la Fundación registró un total de 229 agresiones contra la prensa en 2024 y entre 2023 y 2024, hemos contabilizado 18 periodistas exiliados o reubicados, cifras que representan la situación que la prensa ecuatoriana atraviesa en la actualidad y que requiere atención prioritaria del Estado, así como de organismos internacionales que puedan ejercer presión sobre este tema.
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