Un segundo caso de exilio debido a amenazas de muerte contra periodista y a la falta de protección estatal
La víctima, cuyo nombre mantendremos en reserva, ha recibido reiteradas amenazas que fueron puestas en conocimiento de diferentes autoridades desde hace ocho meses.
24.04.2023
La Fundación Periodistas Sin Cadenas informa a la opinión pública que otra persona periodista de nacionalidad ecuatoriana salió del país ante sucesivas amenazas contra su vida y frente a la falta de acciones por parte de las autoridades para garantizar su seguridad.
La víctima, cuyo nombre mantendremos en reserva, ha recibido reiteradas amenazas que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Comunicación, del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, desde hace ocho meses.
Sin embargo, ninguna de esas instituciones ni sus distintas autoridades han atendido su caso en todo este tiempo con la relevancia que merece. Como consecuencia, debemos lamentar su salida permanente del país.
Antes de marcharse para resguardar su vida, esta persona interpuso una nueva denuncia en la Fiscalía en circunstancias que resultaron revictimizantes y que le sometieron a mayor vulnerabilidad y riesgo, las mismas que denunciamos a continuación:
- El 13 de abril del 2023, a las 09:37, la víctima llamó a una abogada del Consejo de Comunicación para informarle sobre la reciente amenaza de muerte que había recibido. La víctima le consultó si existía la posibilidad de hacer una denuncia por vía telemática, porque temía salir de su vivienda, pero la abogada le dijo que eso no sería posible y le explicó que todas las denuncias, sin importar de qué tipo fueran, se deben realizar de manera presencial.
- En la misma llamada, la abogada del Consejo de Comunicación le recomendó a la víctima que ingresara al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal de la Fiscalía (SPAVT). La víctima quiso conocer cómo funcionaba este mecanismo, pero solo le enviaron un documento con información resumida de en qué consiste el SPAVT. Ese texto, obviamente, no podía absolver todas las inquietudes que derivan del ejercicio periodístico, el mismo que podría entrar en conflicto con el SPAVT. Enviar un archivo pdf con información inútil en un contexto de amenaza contra la vida es un maltrato contra cualquier periodista en condición de riesgo y contra el periodismo en general. Este episodio también evidencia la falta absoluta de protocolos estatales y la falta de interés de las autoridades por garantizar la seguridad de los periodistas en Ecuador, aunque esta es su responsabilidad ineludible.
- La víctima hizo una segunda llamada, esta vez a un funcionario de la Fiscalía, quien le recomendó poner la denuncia de manera presencial, pese a su historial de amenazas.
- De forma incomprensible, la denuncia quedó asentada como intimidación y no como amenaza de muerte, pese a la insistencia de la víctima. De nuevo, esto revela la ausencia de protocolos para atender a una persona con reiteradas amenazas en contra de su vida.
- Aunque había un riesgo inminente, una funcionaria de la Fiscalía envió a la víctima a sacar una copia de su cédula y a comprar un sobre manila en un local ubicado fuera de esa dependencia porque, según ella, no tenía material. Si la amenaza tenía como origen una peligrosa banda delincuencial, como lo relató la víctima, enviarle a comprar fuera de la Fiscalía es, por decir lo menos, una gran irresponsabilidad. La víctima era vigilada de manera permanente y temía por su vida en cualquier lugar.
- A todo esto se suma que la funcionaria le informó que esa denuncia iba a ser enviada a su localidad de origen debido a que esa ciudad había sido el escenario de los hechos. Consideramos que este es el punto más preocupante y que merece una revisión inmediata por parte de la Fiscalía General. Los casos de periodistas amenazados no deben ser tratados en las dependencias más cercanas de la Fiscalía o de la Policía pues las amenazas surgen, precisamente, en esos contextos. Derivar el caso al lugar de origen de la amenaza solo traería como consecuencia mayor exposición para una víctima, para su equipo de trabajo y para su familia. Exigimos que estos casos de alta vulnerabilidad sean tratados desde Quito, así como ocurre con casos de crimen organizado de alta peligrosidad.
Todo lo antes mencionado demuestra que la simple acción de poner una denuncia puede convertirse en un situación de vulnerabilidad y de revictimización. Su consecuencia es el exilio de otra persona periodista que se suma al lamentable caso de Karol Noroña, periodista del medio digital GK, sobre el cual ninguna autoridad del Estado se ha pronunciado siquiera hasta la publicación de este comunicado.
Como Fundación Periodistas Sin Cadenas, exigimos a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de Comunicación que revisen de manera urgente sus mecanismos de atención a periodistas amenazados y que diseñen e implementen un protocolo adecuado, específico y ajustado a normas e instrumentos internacionales para este tipo de casos, con la mayor celeridad.
Exigimos, además, la implementación de verdaderos programas de capacitación para su personal, de carácter permanente y acorde con los niveles de riesgo que la prensa enfrenta en Ecuador para garantizar su libre ejercicio.
El Estado en su conjunto tiene la obligación —de acuerdo a la Constitución de la República y a una serie de instrumentos internacionales y recomendaciones directas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— de proteger y ofrecer garantías para el ejercicio del periodismo en Ecuador.
No queremos más periodistas exiliados, obligados a decidir entre continuar haciendo periodismo o seguir con vida.
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