El periodismo de calidad es una medida de protección, dijo el relator Pedro Vaca en su visita a Quito

05.10.2023

El pasado viernes 29 de septiembre, la Fundación Periodistas Sin Cadenas llevó a cabo las II Jornadas por un Periodismo Seguro, con el propósito de discutir la grave crisis de seguridad que enfrenta Ecuador y su prensa, ante la ola de violencia y de inseguridad.

El encuentro —que tuvo lugar en las instalaciones de la facultad de Comunicación y Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Quito— fue resultado de las crecientes preocupaciones por los índices de violencia que registra Ecuador y por las estadísticas sin precedentes relativas a agresiones en contra de periodistas y medios de prensa en este país.

Los datos de la FPSC revelan que 2023 es el año más violento en contra de la prensa del que se haya tenido registro, debido a las amenazas de muerte además de los casos de exilio registrados desde marzo pasado. Sólo entre enero y agosto, se contabilizaron 216 agresiones en contra de personas periodistas en el país. De ellas, 15 corresponden a amenazas de muerte.

Durante la mañana, se realizó el foro público llamado No al entierro, al destierro ni al encierro, con la participación de Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Ángela Caro, coordinadora del Área Legal de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP); la periodista y experta en administración de crisis y miembro de Fundamedios, Yadira Aguagallo y la presidenta de la FPSC, Susana Morán.

“Una democracia no puede ser tolerante a la violencia, no puede normalizar la violencia”, dijo Vaca, quien, además, mantuvo reuniones con funcionarios del gobierno del presidente Guillermo Lasso, durante su visita a Quito. Vaca mostró su preocupación por la debilidad institucional en los países de la región. “En aquellos estados en los que las fronteras de separación de poderes se borran, tenemos periodistas que son asesinados o van al exilio o están encarcelados, de ahí que sea tan importante la institucionalidad democrática”.

Hasta octubre de este año, al menos cinco personas dedicadas al ejercicio del oficio se han visto obligadas a salir del Ecuador para velar por su vida, luego de recibir graves amenazas.

“El autoexilio o el exilio de un periodista no debe ser un tema que sólo nos importe a los periodistas, porque representa una pérdida para la sociedad en su conjunto”, advirtió Yadira Aguagallo. 

Susana Morán lamentó que Ecuador se haya sumido en esta lógica de violencia en contra de la libertad de expresión y de la prensa. Destacó en su intervención que la impunidad en el caso del secuestro y asesinato del equipo de diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018, es un detonante para que se haya configurado este escenario.

En ese sentido, Ángela Caro llamó la atención del auditorio con un dato: según la Unesco, el 74% de los casos de homicidios en contra de periodistas se mantiene en impunidad. “Esta impunidad marca un ciclo de violencia en ciertas regiones y territorios que siguen siendo de disputa para el ejercicio de la actividad periodística”, añadió.

Caro resaltó el valor de las alianzas internacionales en el afán de contrarrestar esta realidad y recordó que los estados cuentan con instrumentos claros de parte de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Organización de las Naciones Unidas, para implementar marcos normativos tendientes “a derrotar estos altos índices de impunidad”.

Vaca, de su parte, se refirió al ejercicio del poder en la región como una responsabilidad directamente vinculada al respeto por los derechos y las libertades, y llamó a los estados a atender su obligación de asignar responsabilidades judiciales a los agresores para evitar que la impunidad se convierta en el mensaje oficial más fuerte. 

“El poder es democrático en la medida en la que es tolerante a la crítica”, apuntó el Relator. Asimismo, se refirió a los poderes ilegales que proliferan en el continente, en muchos casos con complicidad de los gobiernos o gracias a la permisividad de sus normas legales, y resaltó la necesidad de promover más y mejor periodismo, justamente a propósito de ese panorama. “El periodismo de calidad también es una medida de protección”, sentenció Vaca.

En horas de la tarde, Vaca conversó también con periodistas que desarrollan su ejercicio en zonas de alto riesgo y que también fueron parte de esta actividad. El relator conoció de primera mano sus casos, la naturaleza de su trabajo y las situaciones de riesgo que ellos y otros colegas de sus territorios atraviesan. 

Uno de ellos, proveniente de uno de los cantones más peligrosos de la costa de Ecuador, compartió sus experiencias realizando periodismo hiperlocal y los riesgos que esto ha representado para su seguridad personal y la de su familia, pues hasta el momento ha recibido una decena de amenazas de muerte que provienen de ciertos sectores políticos y del crimen organizado. 

Otro de los periodistas que conversó con Pedro Vaca habló sobre la afectación que significado en el gremio de su provincia el asesinato del periodista Gerardo Delgado, el pasado 10 de agosto del 2022, y cómo esto ha reconfigurado la manera en la que se hacen las coberturas de crónica roja en su ciudad, pues ese episodio ha obligado a los periodistas a diseñar estrategias de seguridad para precautelar su vida y continuar haciendo su trabajo. 

La jornada concluyó con una reunión entre el relator Pedro Vaca y los miembros de la recientemente creada Mesa de Articulación para la Protección a Periodistas (MAPP). En el encuentro, que se realizó en un espacio seguro, se discutieron asuntos relacionados con acciones concretas por parte de las representaciones internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los gremios de periodistas. 

Vaca y los demás asistentes a la sesión lamentaron que, a pocos días de que se realicen las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Ecuador, los dos candidatos, Luisa González y Daniel Noboa, no hayan asistido a la invitación hecha por la Mesa para  suscribir una carta de compromiso que les fue enviada, con la que asumirían sus responsabilidades y obligaciones para implementar el Mecanismo de Protección para el ejercicio periodístico, contemplado en la Ley Orgánica de Comunicación y en su reglamento, de ser elegidos para ocupar la más alta dignidad del Estado. 

A pesar de que los dos candidatos fueron invitados a participar de este compromiso, sus equipos de trabajo respondieron con excusas y evasivas a la propuesta que los miembros de la MAPP les presentaron, aun en medio de las condiciones adversas que enfrentan las instituciones democráticas y la sociedad civil ecuatoriana.

Condenamos con absoluta firmeza la expresión de desidia que han mostrado las dos candidaturas a la Presidencia de la República ante la urgente necesidad que tiene Ecuador de recuperar el respeto por los principios democráticos fundamentales, que incluyen la protección a la libertad de expresión, al derecho de las y los ciudadanos a contar con una prensa libre, que ejerza el contrapeso necesario al ejercicio del poder político, y a recibir información permanente sobre los acontecimientos de interés público. 

La Fundación Periodistas Sin Cadenas advierte, una vez más, sobre el peligroso mensaje que la clase política ecuatoriana envía a la sociedad en su conjunto al despreciar compromisos y obligaciones que cualquier dignatario que se precie de ser demócrata debe garantizar y cumplir en el ejercicio de sus funciones.  

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