Nos faltan tres: juicios en Colombia, ningún procesado en Ecuador y una veeduría

Libertad de expresión

El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra llevan dos años y medios de impunidad. Solo uno de los disidentes aceptó los cargos y posiblemente se enfrente a más de 28 años de cárcel.

21.08.2020

Han pasado dos años y medio desde que Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron ejecutados por un grupo de disidentes al mando de alias Guacho, sin que ninguno de los implicados hasta el momento tenga una condena. El 21 de diciembre del 2018, Guacho fue abatido durante un operativo, llevándose muchas respuestas de este caso. 

En Colombia avanzan juicios, mientras en Ecuador el panorama es más sombrío y lento. Tanto han fallado las autoridades de ambos países que hace un mes tuvo que conformarse una veeduría ciudadana en Ecuador para seguir sus pasos. Sobre todo, estos observadores -de los que es parte la Fundación Periodistas Sin Cadenas- buscan vigilar el cumplimiento de las recomendaciones que dio el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH a los dos Estados. ¿Cómo va el caso hasta el momento? Este es un recuento: 

En Colombia 

En el país vecino, tres disidentes del Frente Óliver Sinisterra (uno prófugo) enfrentan procesos penales por el secuestro y asesinato de los periodistas de diario El Comercio: 

  1. Alias Barbas. Su nombre real es Gustavo Ospina Hernández. Enfrenta cargos por el delito de concierto para delinquir y secuestro extorsivo agravado. Desde el 12 de octubre de 2018 está en manos de la justicia colombiana. El 16 de agosto de 2019, la Fiscalía colombiana le imputó los cargos. Se lo acusa de haber grabado los videos de supervivencia de los periodistas y de vigilarlos durante el secuestro. Pero el 16 de junio del 2020, Barbas quedó libre por orden de un magistrado del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco. El juez colombiano Eduardo Arturo Velasco argumentó que la Fiscalía no presentó un documento para aplicar la Ley 1809. Esta es una normativa colombiana que permite ampliar los tiempos de los procesos contra personas de grupos armados, porque son investigaciones más complejas. Pero la misma Ley también exige una certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Óliver Sinisterra como un grupo armado organizado. Ese fue el papel que la Fiscalía no presentó y por lo tanto, según el juez, no se podía aplicar esa ley para alias Barbas. La Ley 1809 permite hasta 500 días entre la acusación y el juicio. Bajo el Código de Procedimiento Penal colombiano ese plazo es de 240 días. El juez aplicó esa segunda normativa que favoreció a Barbas y quedó libre. El 5 de agosto del 2020 se realizó la audiencia preparatoria de juicio, pero Barbas no se presentó y hasta el momento su paradero es desconocido. El 26 de octubre se revocó la libertad por vencimiento de términos y se le dictó orden de captura. Está previsto para el 25 de noviembre que inicie su juicio. 
  1. Alias Cherry. Su nombre real es Gustavo Angulo Arboleda. Fue capturado el 18 de julio de 2018 en Colombia. Ese día, el ministro de Defensa de ese entonces, Luis Carlos Villegas, dijo que Cherry interceptó la camioneta en la que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, en el lado ecuatoriano. Cherry también está acusado de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. Pero su proceso ha estado lleno de dilataciones. En el proceso de Cherry hubo cinco intentos fallidos para que se instale la audiencia de formulación de cargos. Las diligencias no se realizaron por problemas técnicos, por inasistencia de la Fiscalía, por incapacidad o permiso solicitado del juez. Esta audiencia se instaló recién el pasado 19 de junio de 2020, a casi dos años de la captura de Cherry. El 17 de julio estuvo programada la audiencia preparatoria de juicio, pero no se instaló por incapacidad del juez. Pero el 4 de agosto pasado, el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco dijo que habían transcurrido más de 500 días entre la acusación y el juicio y concedió la libertad por vencimiento de términos a Cherry, lo mismo que ocurrió con Barbas. Cherry no quedó en libertad efectiva porque tiene otra orden de captura por otro proceso. En su caso, se aprobó un preacuerdo por los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo agravado y está previsto que reciba una pena de 28 años y 2 meses de prisión. Se está a la espera del cumplimiento del acto de reparación a las víctimas y la lectura de la sentencia.
  2. Alias Reinel. Su nombre real es Jesús Vargas Cuajiboy. La legalización de su captura fue el 8 de julio del 2018, mientras que su acusación formal por secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir fue recién el 1 de octubre de 2019. La audiencia preparatoria se realizó entre mayo, junio y julio del 2020. Aunque la audiencia de juicio se instaló de forma oficial el 4 de agosto, fue suspendida porque la abogada de Reinel pidió aplazarla. La jurista dijo estar enferma. El 18 de agosto se intentó reinstalar la diligencia, pero no ocurrió, esta vez porque no se pudo garantizar la presencia de Reinel, por un brote de COVID en la cárcel donde está detenido. El juez, ese día, limitó además el acceso de la prensa porque, según dijo, hay otros dos casos por los mismos hechos que se podrían ver afectados y por el riesgo para el magistrado de la causa. Está pendiente que se apruebe un preacuerdo por los delitos de homicidio agravado y secuestro extorsivo.

En Ecuador 

En el país hay una investigación previa sobre el secuestro del equipo periodístico, pero ningún procesado o detenido por el caso. Solo hay un sospechoso que fue detenido por otro delito: 

  1. Alias Julián. Su nombre real es Lino Julián Ruiz Segura. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, publicó en su cuenta de Twitter, el 1 de junio pasado, que alias Julián había sido capturado. “Era buscado por el secuestro de los periodistas de @elcomerciocom y por el atentado con explosivos en San Lorenzo”, manifestó. Pero en realidad Ruiz Segura es uno de los 28 procesados por delincuencia organizada por el atentado en la estación de Policía de San Lorenzo y otros hechos violentos ocurridos en 2018 en la frontera norte. De ellos, 14 fueron sentenciados el 13 de marzo de 2019. Sin embargo, el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas aún no emite la sentencia escrita. Alias Julian aún no ha sido vinculado a la investigación sobre el secuestro de los periodistas. 

En Ecuador, el caso no tiene avances. Pero sí cambios de fiscales. Primero estuvo Wilson Toainga, luego Belén Corredores y finalmente Nelson Guano, quien asumió las investigaciones en medio de la pandemia. Las familias no registran hasta el momento una nueva diligencia pedida por Guano. Aquello dista de las promesas del presidente Lenín Moreno y hasta de la misma fiscal Diana Salazar, de no dejar ese caso en la impunidad. 

Ante la escasa acción de las autoridades, organizaciones han conformado una veeduría ciudadana para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Está conformada por los familiares del equipo periodístico, el colectivo Nos faltan 3, Fundamedios, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos  (INREDH), la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y la Fundación Periodistas Sin Cadenas. 

El objetivo será ver los avances en temas como la desclasificación de documentos sobre el caso y sobre los operativos militares realizados en ambos países. Asimismo, están pendientes las indagaciones a la información que reposa en las extracciones forenses de equipos de telefonía móvil y computación recuperadas en la fecha del secuestro y durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico de El Comercio, entre otros puntos. 

Uno de los pedidos del ESE también fue la creación de un Comité Institucional para la Protección de Periodistas que incluya la participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas. El Comité empezó a conformarse el año pasado con pocas luces. La ministra Romo, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo del 31 de octubre último, dijo que ese organismo se ha reunido 12 veces desde su conformación, sin contar los avances. Pero anunció cambios en sus miembros. 

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Susana Morán Periodista