Rechazamos el retorno a la tutela estatal del periodismo

27.07.2022

Un nuevo intento por controlar a la prensa en Ecuador se esconde detrás del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 21 de julio de 2022.

La Fundación Periodistas Sin Cadenas lamenta que este cuerpo legal, propuesto por el correísmo, se haya impuesto a varias alternativas que buscaban favorecer la libertad de expresión. Por lo tanto, pedimos no solo una objeción total al proyecto en mención desde el Ejecutivo, sino una discusión seria, responsable e informada a nivel del poder Legislativo, alejada de intereses políticos de coyuntura. 

El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación vuelve a fijar una tutela estatal sobre el periodismo con la figura de los “defensores de audiencias y lectores”, que fue eliminada de la ley con las reformas realizadas en el 2019. Estos defensores serían servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, que “contarán con mecanismos de interactividad con sus audiencias y lectores”. 

La Defensoría del Pueblo, según el texto aprobado, sería el organismo que se active para controlar a los medios de comunicación que incumplan con la rectificación, réplica o respuesta, cuando hagan pública la identidad o imagen de niños, niñas, adolescentes o víctimas de violencia de género o difundan información falsa.

No se habla de sanciones, pero el texto deja la puerta abierta para ellas en los artículos 11 y 12, en los que menciona la responsabilidad ulterior y “acciones civiles o de cualquier otra índole”. Además establece que los medios de comunicación que incumplan las normas deberán participar en talleres desarrollados por el actual Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, que pasará a llamarse Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Estos talleres tratarían temas como verificación, contrastación, precisión y contextualización de la información y asuntos relacionados con posibles vulneraciones de derechos humanos, concernientes a todos los puntos de control de la Defensoría del Pueblo.

Reconocemos que la propuesta de ley contiene puntos que resultan positivos en cuanto al cuidado de la libertad de expresión y el derecho ciudadano a recibir información de calidad, como la adopción de un discurso público que rechace los ataques contra quienes ejercen el periodismo, o como el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios. Pero persiste un lamentable retroceso hacia la tutela estatal del ejercicio del periodismo que contradice todo principio democrático. La prensa no puede ser controlada ni regulada por instituciones que son sujetos de su fiscalización. Cualquier resquicio de ambigüedad en esta relación abre la posibilidad de coartar el trabajo de los medios y de instituir una permisividad peligrosa en las acciones de los órganos estatales y de sus representantes.

Rechazamos que los grupos políticos con mayoría coyuntural en la Asamblea Nacional intenten limitar el ejercicio de la libertad de expresión y se conviertan en una amenaza latente contra este derecho al atender a sus intereses políticos particulares en lugar de servir a los intereses colectivos. La ciudadanía y la democracia necesitan una prensa libre y sin cortapisas, que trascienda los gobiernos y beneficie a las y los ciudadanos más allá de sus afinidades ideológicas.

Publicado el Comunicados