Impedimento de cobertura, una de las agresiones más comunes registradas durante el paro
La estigmatización en contra de medios de comunicación y periodistas durante los 18 días de paro nacional dejan en evidencia que esta problemática no ha cesado. Además de las agresiones físicas contra la prensa, los bloqueos e impedimentos de cobertura fueron los más comunes a lo largo de las movilizaciones.
27.07.2022
El video dura apenas 22 segundos pero deja conocer lo que vivieron los periodistas que se encontraban en los exteriores del Liceo Matovelle, el pasado 27 de junio para cubrir lo que sería el primer día de diálogo entre los sectores indígenas y el Gobierno, durante el paro nacional que se extendió por 18 días en Ecuador.
La corta toma, captada por Sugey Hajjar, periodista de Diario El Universo, y posteada en su cuenta de Twitter cerca de las 17H40 va a acompañada del siguiente texto: “El movimiento indígena condiciona que sólo la prensa internacional puede entrar al diálogo que mantiene en estos momentos el movimiento indígena y los poderes del Estado. Luego, que unos pocos para ver si dicen la verdad”.
Lo que muestra es confuso: gente aglomerada al pie de una puerta de madera custodiada por una persona con una lanza, que intenta ingresar, algunos con cámaras de televisión. Y luego, voces que se superponen: “No somos infiltrados”, “revise, revise”, “solo medios internacionales”, “déjale pasar a CORAPE” (Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador).
Tanto en redes sociales como en entrevistas posteriores, varios de los periodistas de diferentes medios de comunicación locales que se encontraban en los exteriores de ese colegio, ubicado en el centro de Quito, consideraron que este suceso puntual les dificultó de una correcta ejecución de su trabajo periodístico y la cobertura de un momento tan importante para la coyuntura nacional, como era el arranque de los diálogos entre ambos sectores.
Esto, en la categorización de agresiones a la prensa manejadas al interior de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, se constituye como un impedimento de cobertura. Durante los 18 días de paro nacional, que se extendieron desde el 13 hasta el 30 de junio, se registraron 210 agresiones, de las cuales 17 son impedimentos de cobertura, evidenciada sobre todo en desalojos de equipos de prensa, persecuciones con lanzas, prohibición de uso de equipos de trabajo, bloqueo de ingresos a ciertos lugares, retiro temporal de celulares, término obligado de transmisiones en vivo, entre otros.
Una breve reconstrucción de lo que sucedió.
La periodista de diario El Universo que posteó el video en sus redes sociales, por supuesto, no fue la única presente en ese instante. Jonathan Machado, reportero del portal digital Primicias, estaba junto a Hajjar y otros de sus colegas cuando se registró la agresión.
“Estábamos ahí esperando noticias sobre la reunión y en la puerta de ingreso del liceo vi que se pararon algunos representantes indígenas. Los representantes del gobierno entraron hasta el parqueadero del plantel en sus autos con vidrios polarizados, entonces en ese momento no pudimos ver quiénes eran”, rememora.
Cuenta que al inicio todos pensaron que se trataba de una reunión de carácter reservado, es decir, sin acceso a ningún miembro de la prensa; pero luego de una hora aproximadamente, cerca de las 16H00, salieron a la puerta algunos integrantes de agrupaciones indígenas con la indicación de permitir el acceso pasar únicamente a la prensa internacional.
“Un par de ellos, que me imagino deben tener algún cargo, dijeron que iban a dejar pasar a la prensa internacional. Uno de los primeros equipos periodísticos que pude ver que ingresó fue el de DW (Deutsche Welle), pero luego no pude ver más porque eso fue un alboroto total”, dice. Periodistas del canal venezolano Telesur y la agencia de noticias API también lograron entrar al lugar.
Minutos después del ingreso de periodistas extranjeros, Machado explica que volvieron a abrir las puertas, esta vez para permitirle el paso a periodistas de las cadenas Teleamazonas y Ecuavisa “para ver qué es lo que informan y si mienten”, pero él y su equipo jamás pudieron ingresar.
“Nos pusimos en la fila, en una especie de callejón que estaban haciendo los manifestantes, pero no nos fue posible ingresar. Otros colegas de TVC (Televicentro) y diario La Hora pudieron entrar ahí a los empujones, pero nuevamente cerraron el paso y nadie más lo logró”, cuenta Machado.
Belén Merizalde, reportera de Teleamazonas, recuerda que eran aproximadamente las 16H30 cuando pudo entrar al salón del Liceo Matovelle donde se realizaba la reunión entre los movimientos indígenas y el Gobierno.
“Alguien salió a decir que permitan ingresar a medios como TC Televisión, Ecuavisa y Teleamazonas para ver qué sacábamos, qué poníamos. Eso alborotó mucho a la gente y sentí que era con la intención de que nos ataquen, de que identifiquen quiénes éramos los periodistas de esos medios que estábamos allí”, cuenta la periodista.
Merizalde coincide con Machado en que en ese momento todo se desordenó. “Todos empezaron a empujar, todos querían entrar. En medio del grupo que estábamos ahí amontonados, unas 25 personas en un espacio muy reducido, pude ver que los dos camarógrafos con los que estaba trabajando entraron primero que yo. Creí que ya me quedaría afuera”.
Cuando finalmente pudo ingresar, lo hizo entre empujones y amenazas. “Los manifestantes que estaban en el sitio me decían que si no decía la verdad, cuando salga la noticia me iban a linchar, que iban a estar esperando la noticia y ver qué decía. Estaban con lanzas haciendo un cerco para evitar que se acerquen a la puerta”, cuenta.
“Me sentí muy atemorizada. Estaba haciendo mi trabajo, pero no podía hacerlo con tranquilidad, pensando en que me podían agredir o que podía pasar algo”, añade.
El testimonio de Liz Briceño, reportera del portal digital GK, deja ver que además del impedimento de cobertura, otro de los problemas registrados durante ese 27 de junio fue la desorganización. Ella tampoco logró entrar al salón donde se desarrollaba la reunión porque fue malinformada sobre el punto de acceso.
Explica que cuando ella y su equipo llegaron al lugar, aún no había ni tantos medios ni tantos manifestantes presentes. Una persona, que ella identifica como integrante de la comunidad indígena, les indicó que la entrada no sería por donde estaban ubicados inicialmente —y donde estaban los demás medios— sino por una puerta ubicada en una calle más hacia el fondo, en la parte posterior.
“Estuvimos unos 15 o 20 minutos en ese punto. Nos decían que ya pronto nos permitirían el ingreso pero nos dimos cuenta de que no sería así. Volvimos a la puerta donde estuvimos en el inicio y vimos que ya estaban entrando las personas que habían seleccionado. Nosotros nunca pudimos entrar”, relata. Briceño recuerda que el personal que les dijo que se movieran hacia la otra puerta, luego les indicó que finalmente no podrían ingresar por falta de espacio dentro del salón donde se desarrollaba el diálogo.
Merizalde, de Teleamazonas, contó que una vez dentro del salón, todo fluyó de una manera más tranquila. Ella y su equipo fueron ubicados frente a la mesa principal, donde se llevaban a cabo las negociaciones. Allí pudo percatarse de que algunos medios comunitarios ya se encontraban adentro y estuvieron allí desde antes, pues tenían instalados sus equipos para transmisiones en vivo.
Sinchi Gómez, reportera del medio digital comunitario Wambra, cuenta que ellos pudieron ingresar al lugar cerca de las 14H30, pero que tampoco fue sencillo. “Las personas encargadas tenían una lista por cada organización indígena. En un primer momento no estaba contemplado el ingreso de los medios. Cuando empezaron a llegar las dirigencias pidieron que se deje ingresar al menos a los medios comunitarios y finalmente fue permitido”, dice la periodista.
El testimonio de Gomez coincide con el de los demás reporteros entrevistados: había desorden y aglomeración. “Cuando pudimos entrar había una buena cantidad de personas en la sala, por eso es que el compañero que estaba conmigo no logró ingresar, no fue porque no se lo permitieron sino porque en ese momento todo fue un relajo. El fotógrafo llegó unas dos horas después, a eso de las 5. Para ese momento ya habían ingresado otros medios, incluso cámaras”, explica.
Belén Merizalde, de Teleamazonas, contó que se quedó en el lugar haciendo la cobertura hasta aproximadamente las 22H00, cuando el diálogo se levantó sin conclusiones claras por ese día. Al salir, recalca que no sufrió ninguna agresión. Liz Briceño, de GK, cuenta en cambio que ese fue el único día que ella y sus colegas tuvieron un inconveniente de este tipo. Los días posteriores hasta la firma del acuerdo y la finalización de las movilizaciones, otros periodistas de ese y otros medios de comunicación, pudieron ingresar a las instalaciones del Liceo Matovelle para realizar su trabajo de manera normal.
Pero mientras algunos equipos de prensa no pudieron ingresar y debieron regresar a sus oficinas y otros pudieron entrar al lugar un poco más tarde, también se registraron casos como el de la periodista Lucia Clavijo y el camarógrafo Xavier Bravo, del canal RTU, quienes fueron desalojados del sitio, sin siquiera reportar desde los exteriores del lugar de reunión.
Estefanía Lalvay, dirigenta de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fue la responsable del ingreso de los medios a ese primer acercamiento entre las comunidades y el Gobierno Nacional.
Lalvay cuenta, como contexto, que los medios digitales, alternativos, comunitarios y populares que estaban habilitados para ingresar a esa cobertura se encontraban previamente articulados y organizados, desde una reunión que mantuvieron el pasado 21 de mayo, de cara a una posible movilización, que finalmente se concretó y arrancó el 13 de junio. Por eso, reconoce, les dieron preferencia, pese a que momentos después se permitió el acceso también a otros equipos de prensa.
“Nosotros les dimos preferencia a ellos porque ese espacio era como estar desde nuestra presencia. Dimos preferencia a las radios comunitarias, a los dirigentes de comunicación que estaban acá en Quito, medios digitales y radios populares. Los medios internacionales ingresaron al último”, explica.
También deslinda de responsabilidades al movimiento indígena en cuanto a la seguridad de los periodistas, pese a que se trata de un evento organizado por ellos.
-Y, ¿qué pasa con los medios nacionales más grandes? Digamos, los medios masivos como Ecuavisa, Teleamazonas, ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué no dejarlos ingresar desde el comienzo? Porque supe que sí pudieron ingresar, pero después.
-Claro, es que verá… primerito es la reacción de la gente. No está en nuestras manos. Incluso en mi cargo estaba de hacer pasar a todos los medios. (Les preguntaba) ¿De qué medio es? Pase. ¿De qué medio es? Pase. Pero la reacción de la gente es como que un poco más… digamos por esta prensa corrupta, de la prensa que no informa bien, que ha estado ahí con el cerco mediático, que ha estado ahí más más pendiente en otras cosas, en vez de poner la noticia real ponen novelas, ponen dibujos animados ponen como que desinformación al pueblo, desinforman completamente y la reacción de la gente es bastante… que se sale de las manos y nosotros ya no podemos estar ahí.
-¿Se sale de las manos de quién? ¿De ustedes?
-O sea, de nosotros porque es la reacción de la gente. No se puede actuar en contra de la gente de nuestra parte también. (…) Hubo un momento en que la gente dijo bueno, ellos son la prensa corrupta, son gente que desinforma, gente que no ha estado con el pueblo, que ha estado con el gobierno, entonces hay esa reacción de la gente que ya no se podría controlar en ese espacio.
-Es decir, ¿Ustedes como Conaie no tuvieron absoluto control, sino que se guiaron un poco por la reacción de las personas?
-Claro, exactamente.
El papel de las fuentes y los medios en contextos de movilizaciones sociales
María Paula Martínez, subdirectora de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, explica que existe una notoria estigmatización de la protesta social de parte de los medios tradicionales, debido a la narrativa y discurso hegemónico que manejan.
“Se cuentan, por ejemplo, los bloqueos de las calles como una pesadilla, como una situación de orden público desagradable, en lugar de hacerlo desde un ángulo sobre lo que lleva a la gente a esa situación de estar marchando legítimamente en las calles como la Constitución lo permite. Hay una narrativa estigmatizante”, considera. En este punto, recalca el valor de los medios alternativos, que constantemente van hacia el orígen de las demandas sociales, haciéndose preguntas pertinentes y utilizando herramientas como las transmisiones en vivo para dejar ver la realidad de lo que está pasando en esos momentos.
No obstante, es categórica al decir que por más discusiones que existan en torno a la calidad periodística, “es regresivo para la libertad de expresión pensar que las fuentes pueden elegir quién les cubre”, pues estamos hablando de historias de interés público en un momento importante para el país.
“Uno podría caer en la falacia de decir bueno, ellos tienen el derecho a no querer ser cubiertos. Pero no pueden negar acceso a cualquier medio o llevarlo al extremo de decir: es que yo quiero que me cubra este medio o este periodista, este sí, este entonces no”, explica Martínez.
Martínez dice que durante manifestaciones sociales en Colombia, al igual que en Ecuador, se han registrado agresiones a los periodistas de parte de manifestantes, pese a que la fuerza pública tiene un protagonismo superior en este tema. “Ellos tienen una responsabilidad distinta de protección a la libertad de prensa pero por supuesto, también ha pasado que no son los únicos agresores”. Amenazas de agresiones físicas, daños a equipos de trabajo e impedimento de cobertura son algunas de las agresiones que la FLIP ha registrado en esos contextos.
La periodista chilena Mónica González del Consultorio Ético de la Fundación GABO, considera que la polarización política exacerbada que vive la región incrementa también la estigmatización en contra del trabajo de la prensa. “Existen gobernantes que gustan de estilos autoritarios como el de Brasil, Nicaragua, como lo tuvieron ustedes en Ecuador o como el caso de Venezuela, Estados Unidos e incluso México que está viviendo una situación muy delicada.
Esto no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de si esos gobiernos son democráticos o no. Entonces yo tengo la sensación de que son los gobernantes los que identifican al buen periodismo como su enemigo: a aquel que denuncia actos de corrupción, errores y amiguismos”.
Adriana León, directora del área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú, explica que de acuerdo a sus monitoreos regionales y locales, conocen que esa “polarización brutal” es una situación que se da con mayor frecuencia en las sociedades a nivel latinoamericano y mundial. “Eso por un lado acrecienta la violencia y por otro lado conlleva un discurso que estigmatiza a los medios”, dice.
Cuenta el caso de Perú y la protesta social minera en la cual, dice, los manifestantes reclaman a los medios un rol que no es el que los medios deberían tener. “Los tildan de traidores porque informan buscando las dos partes, como se hace el periodismo que conocemos como buen periodismo. En ese sentido es como una especie de exigencia de a los medios y a la prensa de que se “compre” la causa de la manifestación. Nosotros no descartamos que la protesta sea legítima, por supuesto, pero los periodistas no son activistas”, remarca.
Gonzáles, de su parte, destaca el papel de periodistas en los medios tradicionales, que luchan por mover temas y propuestas que van más allá de la agenda del medio y de su línea editorial, pues dice, son esas acciones las que hacen contrapoder al autoritarismo. “Yo me saco el sombrero y le rindo homenaje a todos aquellos colegas míos que hacen buen periodismo, a aquellos que todos los días en sus medios tradicionales luchan denodadamente por correr la línea del horizonte.
Ellos, para mí, son mis héroes, porque es muy fácil decir ah, no, yo soy un periodista de verdad, yo soy un periodista al lado de la gente, yo soy un periodista auténtico. Eso solo ayuda a denostar a los periodistas que se esfuerzan en esos medios tradicionales”.
Marianela Balbi, periodista y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, coincide con González en este tema. “Los periodistas dentro de las redacciones son una fuerza de empuje y de llevar las exigencias del periodismo hacia la senda donde debe de estar, a pesar de que la agenda de los dueños sea otra. Y esa es una lucha que hay que estarla dando a diario, todos los días. Ojalá de verdad los dueños de medios, los propietarios, estén realmente claros en cuál es la labor y la función del periodismo y cuáles son los límites que no se deben cruzar”, dice.
Sin embargo, también es importante la autocrítica que debemos practicar los periodistas y medios de comunicación en torno a nuestro ejercicio profesional. Por esto, la especialista Martínez considera que aunque las agresiones que los periodistas pueden sufrir de parte de manifestantes en el contexto de estallidos sociales son parte de los riesgos de este trabajo, son situaciones que podrían hacernos mirar un poco más allá.
“Eso debería servirnos para alentar debates al interior de los medios, de los gremios de periodistas, para poder hacer un mejor periodismo. Las protestas son violentas, sí, pero entonces uno debería preguntarse por qué un joven trabajador —porque son fundamentalmente jóvenes y fundamentalmente mujeres— deciden salir a la calle, enfrentando la violencia de la Policía. ¿Por qué? Porque viven muchas violencias, porque el crimen organizado es muy violento y el Estado no lo ataca como debería. No está protegiendo a los ciudadanos. Eso es violencia. Hay una violencia de origen y los medios tienen la obligación de mostrarla para por fin poder hacer políticas públicas que permitan enfrentar la miseria”, afirma.
Lo que viene después
Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, explicó que la institución que dirige ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado 37 casos de agresiones a periodistas ocurridas en el marco de las protestas. “A ellos, obviamente de oficio, les corresponde hacer las investigaciones; nosotros hacemos un seguimiento de los casos que les reportamos”, dice.
Indica que ahora cuentan con 1.300 abogados provistos por la Defensoría Pública para sobrellevar demandas relacionadas con el trabajo periodístico de los colegas. “Logramos tener una reunión un día antes de que culminen las protestas con el alto comisionado UNESCO, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también estuvo presente y manifestaron que es realmente preocupante la estigmatización del trabajo de la prensa. Se propuso mantener un trabajo en conjunto para arrancar con una campaña respecto al tema”, contó.
Explica que el Consejo de Comunicación pidió que se pueda articular el plan de acción de la ONU sobre seguridad de periodistas y la sobre la observación general número 37 del Comité de Derechos Humanos. “Vimos con bastante asombro el hecho de que ciertos ciudadanos permitían que cierta prensa ingrese y otra quede aislada de realizar las coberturas de las mesas de diálogo”, dice Cruz en referencia a lo ocurrido el pasado 27 de junio.
La actual Ley Orgánica de Comunicación, establece en su artículo 42.1, la protección a los trabajadores de la comunicación. “El Estado y los medios de comunicación protegerán a los trabajadores de la comunicación, que por sus actividades profesionales su vida esté en riesgo, para lo cual el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, elaborará y coordinará con las instituciones respectivas, políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas”, reza la normativa. No obstante, las responsabilidades en torno a las aplicaciones de este articulado deberán ser revisadas en futuras discusiones de la ley, dice Cruz.
Días antes de que concluyan las protestas en Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) emitieron un comunicado sobre el tema, advirtiendo con preocupación sobre la agudización de las tensiones sociales. “Las personas que ejercen la función pública y quienes lideran las protestas no deben agredir o estigmatizar a periodistas. Es esencial que reconozcan públicamente que el cubrimiento periodístico de protestas sociales, en condiciones de seguridad y libertad, es trascendental para que la ciudadanía acceda a las informaciones y opiniones sobre los reclamos desde perspectivas tan plurales y diversas como la sociedad”, dijeron en el documento.
Publicado el Investigaciones, Amenazas al oficio |
