Periodistas que cubren corrupción y crimen organizado no solo están desprotegidos, sino que reciben ataques del Gobierno
Durante la cadena, que se extendió por 15 minutos, calificó a las investigaciones de La Posta como una «historieta absurda» y tildó a los miembros del equipo periodístico de “mercenarios del entretenimiento noticioso”.
15.02.2023
La Fundación Periodistas Sin Cadenas mira con profunda preocupación la cadena nacional emitida la noche del pasado martes 14 de febrero de 2023 y el comunicado que hizo público más temprano el Gobierno Nacional, como respuesta a la información difundida por el portal digital La Posta, sobre un supuesto caso de corrupción que vincularía al círculo cercano del presidente, Guillermo Lasso, con mafias internacionales de tráfico de drogas.
El caso de corrupción presentado como El Gran Padrino y El Gran Informe, que ha provocado el inicio de un proceso investigativo por parte de la Fiscalía General del Estado bajo el nombre de caso Encuentro, vincula a personas del círculo cercano del Presidente de la República, con influencias directas en la colocación de gerentes de empresas públicas y ministerios, entre otros asuntos que merecen investigaciones urgentes.
Durante la cadena, que se extendió por 15 minutos, calificó a las investigaciones del medio como una «historieta absurda» y tildó a los miembros del equipo periodístico de “mercenarios del entretenimiento noticioso”, dando a entender que La Posta busca monetizar el caso, para buscar pauta y audiencia.
«¿Qué hay detrás de la novela de ficción que pretenden crear?», se preguntó Lasso, al tiempo que cuestionó las facilidades de Andersson Boscán, editor de La Posta, y de su equipo de trabajo para entrar a la Penitenciaría del Litoral y entrevistar a líderes de las bandas criminales, algo que todo Estado debería garantizar que se pueda hacer con seguridad.
En tanto, en el documento, firmado por la Secretaría General de la Presidencia, el Gobierno califica de “falsedades” las revelaciones de La Posta emitidas de manera paulatina a lo largo de las últimas tres semanas.
“No confundan libertad de expresión con libertinaje”, dice el documento de manera enfática, mientras califica como “acólitos sensacionalistas” a quienes se han hecho eco de las publicaciones de La Posta.
Tanto en la cadena como en el documento, hace referencia a la libertad de expresión que, según el Presidente, está garantizada por la nueva Ley de Comunicación, y puntualiza que “rechaza ese abuso de la libertad de expresión”, refiriéndose a la publicación de un informe reservado que fue desestimado por la Fiscalía y archivado por orden judicial.
El pasado lunes 13 de febrero, la comisión ocasional especializada de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro escuchó las comparecencias de varios involucrados, entre ellos Boscán, quien responsabilizó al Gobierno por su seguridad, la de su familia y la de los colaboradores del medio de comunicación, tras entregar 35.000 documentos sobre la supuesta trama de corrupción.
Rechazamos enérgicamente la alocución del presidente Guillermo Lasso y el comunicado escrito a nombre de su Gobierno, pues consideramos que rebasa la mesura que le exige la democracia al determinar lo que, a su juicio, es o debe ser la libertad de expresión. El juzgamiento, el prejuicio, la criminalización y el desprestigio por parte del poder sobre las críticas vertidas acerca de su gestión son rasgos de regímenes autoritarios, antidemocráticos y altamente peligrosos para el ejercicio pleno de los derechos y las libertades ciudadanas.
Recordamos al Gobierno que sus funcionarios -y el primer magistrado del régimen, con mucha más razón- no cuentan con la potestad de calificar o descalificar el ejercicio de la prensa sino que, en su lugar, están en la obligación de rendir cuentas de sus actos u omisiones más allá de que les guste o estén de acuerdo con aquello que se publique o con la forma en que se publique. Más bien, su responsabilidad y su deber democrático se restringen a garantizar el ejercicio libre del periodismo como contrapeso del poder que ellos ejercen.
Con urgencia y frontalidad, exigimos al Gobierno del presidente Guillermo Lasso y a todas las instituciones del Estado garantizar protección y seguridad para el ejercicio del oficio, tanto para los periodistas de La Posta como para todos y todas las periodistas que cubren temas relacionados con crimen organizado, narcotráfico y corrupción en las esferas de la función pública.
La misma Ley de Comunicación a la que hizo alusión el presidente Lasso, en su artículo 42, habla de la protección a los trabajadores de la comunicación, para lo cual el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación elaborará y coordinará con las instituciones respectivas, políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas.
Ese mismo apartado se refiere también a la creación del denominado Mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico como instancia técnica estatal para garantizar la seguridad de los trabajadores de la comunicación.
Instamos a que se habilite este mecanismo y a que se solicite a las autoridades competentes acciones urgentes y eficaces en favor de los periodistas cuyo trabajo y, sobre todo, cuya vida pueden estar expuestos a cualquier riesgo por la naturaleza de su oficio y por las amenazas proferidas desde el poder.
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