Elecciones seccionales, el escenario de más agresiones contra la prensa
Impedimentos de cobertura, intimidaciones de diferente tipo, descalificaciones en redes sociales y casos de racismo han marcado el quehacer de los periodistas antes de la más reciente campaña y durante la jornada electoral en donde se designaron alcaldes, prefectos y otras dignidades seccionales.
14.02.2023
Cuando aún la campaña de cara a las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero no había comenzado, Johnny Guambaña, periodista cuencano, entrevistó en vivo a Cristian Zamora, entonces precandidato a la alcaldía de esa ciudad azuaya y quien finalmente triunfó en las elecciones seccionales.
Luego del diálogo, que se desarrolló sin mayores tropiezos ni problemas a través de la señal de Radio Sensación, el dueño de este medio, Sergio Sarmiento, le notificó al periodista de su despido de manera informal e impersonal, mediante una nota de voz enviada a su WhatsApp.
En la nota de voz, Sarmiento le indica que había recibido llamadas y cuestionamientos de parte de Gustavo Valencia, candidato a concejal y expresentador de noticias de la misma radio, sobre las preguntas que Guambaña le hizo a Zamora durante la entrevista. Según Sarmiento, esto causaría que “les corten el asunto de la publicidad” y ante esto, lo despidió.
En el mensaje, Sarmiento argumenta que la radio está comenzando, que no puede arriesgarse a perder ingresos económicos. “Por esto, me veo en la penosa necesidad de agradecerle por sus servicios para no causar incomodidad ni vernos perjudicados”, dice el dueño de la radio en el mensaje.
Guambaña, reportero con larga trayectoria, creador del podcast Moteradio y becario de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, cuenta que días después fue recontratado para ser parte de la misma radio, pero de una forma menos visible, lejos de la cabina y de las entrevistas en vivo. No obstante, en enero pasado, fue nuevamente separado de Radio Sensación.
Esta es una de las 34 agresiones a la prensa de diferentes partes de Ecuador que se registraron entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, y que están directamente relacionada con las elecciones seccionales, en las que se escogieron 221 alcaldes, 23 prefectos y 23 viceprefectos, cientos de concejales urbanos y rurales, vocales de las juntas parroquiales y los nuevos representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Despido injustificado, descalificación, censura e impedimento de cobertura son algunas de las agresiones que se han registrado a lo largo de los meses previos a la jornada electoral y también el mismo día del sufragio en diferentes juntas receptoras del voto.
Los Ríos, Guayas y Azuay son las provincias en las que hemos registrado más incidentes de este tipo en el marco de unas elecciones controvertidas, con denuncias sobre la existencia de un supuesto lugar paralelo de escrutinio en la provincia del Guayas y que han dejado el riesgo país en 1.415 puntos. Este índice, que muestra a los inversionistas el peligro de que un país no pague su deuda externa, se encuentra ahora en el número más alto en lo que va del 2023.
Incidentes antes de las elecciones
Además del despido de Guambaña, también se registraron otros despidos por motivaciones similares en otras zonas del país, como por ejemplo en Manta. Es el caso del radiodifusor Jorge Chiriboga.
Chiriboga fue desvinculado de Radio Modelo por hacer un cuestionamiento que resultó incómodo al entonces candidato a alcalde de Manta por la Revolución Ciudadana, Jaime Estrada, durante una entrevista en vivo.
Mientras hablaban de los antecedentes y vinculaciones políticas del postulante, el radiodifusor le comentó que no lo conoció antes de ser parte de ese último proceso en ese partido político en la provincia y le cuestionó si verdaderamente era parte de él.
Una semana luego del intercambio, que se difundió ampliamente en redes sociales, el propietario de Radio Modelo le notificó a Chiriboga que quedaba desvinculado de este medio de comunicación. “Fui separado del medio luego de la entrevista que realicé, pero les adelanto que también estoy trabajando en un proyecto comunicacional para seguirnos escuchando, dialogando y, sobre todo, decir la verdad”, escribió en su cuenta de Facebook.
“Los dueños de las radios han convertido en un negocio oscuro la información y se venden, eso es lo que pasa. Vendieron mi cabeza como comunicador, por ser frontal, por ser honesto y transparente; eso no les gusta a los dueños de los medios de comunicación, piensan que todo es dinero y venden todo por dinero”, dijo en declaraciones para este reportaje.
Tal como lo contamos en nuestro informe del proyecto Periferias, con información levantada directamente en esa provincia, los temas relacionados con el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico o con actos de corrupción por parte de la clase política o de la empresa privada, no son generalmente temáticas abordadas por el periodismo, debido a las amenazas y a determinados antecedentes violentos en contra de colegas que intentaron investigar asuntos polémicos.
El informe indica que esa mecánica marca el trabajo de muchos reporteros, pues son funcionarios manabitas quienes pagan pauta en los medios de comunicación y disponen qué publicar y qué ocultar. El análisis concluye que los vacíos informativos, la desinformación y las amenazas contra la vida de los periodistas son comunes en esa provincia del norte del país.
Desde hace algunos meses, la provincia de Manabí ha registrado inusuales episodios de violencia, que involucran directamente a candidatos, como el más reciente caso de Omar Menéndez, quien aspiraba a la alcaldía de Puerto López y que fue asesinado el día anterior a las elecciones.
Esta violencia también afectó a periodistas que pretendían incursionar en la política, como es el caso de Gerardo Delgado, del canal digital Ola Manta, que fue asesinado el pasado 10 de agosto del 2022 en la vía Manta-Montecristi mientras se dirigía a una supuesta cobertura.
Delgado, muy popular entre su audiencia, aceptó una precandidatura a la concejalía de Manta, de la mano del movimiento político Revolución Ciudadana. Aunque al momento hay dos detenidos por este crimen, aún no tienen sentencia, pues la audiencia preparatoria de juicio se ha postergado ya cinco veces. En octubre pasado, una persona más fue vinculada con este hecho, pero el caso, hasta el momento, no tiene una resolución.
Pero estos no son los únicos casos de agresiones en contra de periodistas en contexto electoral.
A inicios de año, la Fundación Periodistas Sin Cadenas entregó siete becas a periodistas de diferentes partes del Ecuador, para la realización de reportajes sobre gasto electoral, patrimonio de los candidatos, pasado judicial, gestión de autoridades que buscan la reelección, entre otros temas. Durante los trabajos de reportería y búsqueda de información, algunos periodistas que participaron de este programa se enfrentaron a diferentes tipos de complicaciones, como bloqueo informativo o comportamientos amenazantes de algunos investigados en sus reportajes.
Astrid Torres es una periodista del cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas. Ella realizó un reportaje sobre la gestión de cuatro de las candidatas a la alcaldía de ese cantón, durante su período como concejalas. Para esto, era fundamental que busque información directamente en el Municipio de El Triunfo, como ordenanzas pasadas, resoluciones y otros documentos relacionados.
Aunque mucha de esta información estaba en la página web del Municipio de El Triunfo, Torres necesitaba datos adicionales para complementar su reportería y esto no siempre se le facilitó en la institución.
Tal como lo explica la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), aprobada el pasado 30 de enero, en su artículo 38, respecto a la información que se encuentra publicada en los enlaces de transparencia institucionales, “los sujetos obligados deberán responder dicha solicitud y entregar la información requerida, indicando de manera complementaria que la misma también puede ser consultada en el portal web correspondiente, a través del enlace correspondiente que deberá ser anexado a la respuesta”.
La normativa agrega que será considerada insuficiente toda respuesta que únicamente contenga la referencia de la dirección del portal al que se hace referencia y en donde esté publicada la información
“Me dijeron que cualquier pedido se tenía que procesar directamente con la firma y visto bueno del alcalde y que si él no aprobaba no me podían decir nada”, cuenta la periodista, que entregó un documento formal de pedido de información en las oficinas municipales y que no se gestionó. Finalmente, logró conversar telefónicamente con el alcalde saliente, José David Martillo, con quien resolvió algunas dudas para su reportaje, luego de 14 días de enviada su solicitud.
La nueva LOTAIP hace un énfasis a las obligaciones específicas de empresas públicas, ministerios y otras instituciones del Estado, como los Gobiernos Autónomos Descentralizados (la denominación de los municipios de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización).
Por eso, en su artículo 24 indica que los organismos seccionales deberán informar públicamente de manera mensual y a través de sus portales web, sobre las resoluciones que adopten, mediante la publicación de las actas de las sesiones realizadas, así como planes de desarrollo local, de uso y gestión de suelo.
Otro de los becarios para la realización de reportajes electorales con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas y que pidió la reserva de su identidad por temas de seguridad, escribió una investigación sobre la campaña del actual prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, quién fue reelegido y que habría regalado computadoras a jóvenes para influir en su decisión y obtener el voto.
Para la realización de este reportaje, el periodista buscó la versión de Terán a través de su comunicador, Daniel Cabrera, por medio de ocho preguntas enviadas a su correo electrónico, que no recibieron respuesta.
Días después de la difusión del reportaje, fue el mismo Cabrera quien pidió una “nueva redacción del reportaje, con nuevo contenido”, argumentando que jamás recibió las preguntas para la realización de este reportaje y que lo que se afirmaba en el mismo era falso.
Sin embargo, en estos casos, lo que corresponde es un pedido de réplica. De acuerdo al artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, “toda persona que haya sido directamente aludida a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tiene derecho a que ese medio publique o brinde acceso para que se realice su réplica o respuesta de forma gratuita, con las mismas características y dimensiones”.
La Convención Americana de Derechos Humanos, también habla del derecho a la réplica en su Artículo 14 e indica que “toda persona afectada por declaraciones falsas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo medio de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.
De acuerdo a este organismo, este derecho está relacionado con el derecho a la libertad de expresión y ofrece un recurso para reparar los daños que puedan ocasionarse a una persona en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sin interferir en el ejercicio del mismo. No obstante, una vez que el comunicador del prefecto electo tuvo la explicación de lo que corresponde hacer en este caso, dejó de insistir.
Las descalificaciones en redes sociales también fueron comunes las semanas y días previos a la jornada electoral. Charly Castillo es el editor de El Ferrodiario, medio hiperlocal del cantón Durán. Castillo ha vivido varias agresiones a lo largo de su gestión como fundador y director de ese medio por lo que decidió que las entrevistas a los candidatos a alcalde de su ciudad, las haría de manera virtual.
Al intentar gestionar una entrevista con el excandidato Stiven Molina, su comunicador Duval Ruiz se mostró reticente, diciendo que esas condiciones (refiriéndose a la virtualidad) solo ocurrían con El Ferrodiario. Finalmente, el comunicador accedió, no sin antes advertirle: “pero hágame un favor, seamos respetuosos y no caigamos en campaña sucia”.
En ese momento, Castillo no entendió a qué se refería, pero momentos después pudo ver en la cuenta de Facebook del comunicador del candidato un mensaje que hacía clara alusión a la conversación que habían tenido hace pocos minutos y a las características de la entrevista.
“Deja el odio, el buen comunicador es imparcial y no cae en la pauta de las campañas sucias. Yo camino en paz por las calles de mi querido cantón, mientras tú solo puedes entrevistar vía online”, posteó Ruiz.
Para Pedro Donoso, analista político y director de la agencia de comunicación Icare, es fundamental que los políticos entiendan a la prensa y a los medios de comunicación como sus aliados y como una forma de fortalecer sus estrategias políticas. “Ellos tienen dos caminos: entenderlos como un enemigo o como un público en el cual deben incidir”, dice.
“No entiendo por ejemplo, por qué qué hay candidatos que no acuden a entrevistas. Mientras más exposición tienen, mejor se posicionan los mensajes, sobre todo en los procesos electorales. Existe además una incomprensión y un mal entendimiento del trabajo de la prensa”, añade.
Este es el caso del excandidato a la Alcaldía de Quito, Jorge Yunda, quien canceló su entrevista con Ecuavisa a pocas horas de su realización. “Si bien había confirmado su presencia en el estudio de Ecuavisa para explicar sus propuestas, el aspirante a la administración municipal de la capital de Ecuador no se presentó”, dijo el periodista y presentador Juan Carlos Aizprúa.
Por otro lado, las semanas previas a la jornada del 5 de febrero una periodista del medio digital y comunitario Wambra fue víctima de un episodio de racismo, por el que incluso, días después, el medio se pronunció de manera pública.
La reportera Mishell Mantuano acudió al debate que se realizó el domingo 15 de enero entre los doce aspirantes a la alcaldía de Quito. “Estaba en la cobertura, frente a la cámara, porque tenía que dar un reporte y de pronto un tipo se me acerca y me empieza a decir tía Paola. No lo miré. Intenté reaccionar y después me acordé de que estaba sola en esa cobertura y pensé que eso podría dar pie a más agresiones”, cuenta Mantuano.
La frase “tía Paola” nace de un video que se viralizó en redes sociales y que fue calificado como racista.
La agresión. cuenta la periodista, vino de parte de un simpatizante de un partido político que ella no logró identificar. Añade que el incidente la puso nerviosa y que por supuesto, le resultó chocante. “Empecé a cuestionarme sobre lo sucedido y a pensar que estaba exagerando hasta que decidí que no. Toda mi vida he soportado todo tipo de comentarios racistas y siempre lo he guardado”, relata ahora.
Impedimentos de cobertura el día de la jornada electoral
Aunque la jornada electoral del pasado 5 de febrero se desarrolló de manera normal en la mayoría de recintos electorales, algunos periodistas sí reportaron haber sido impedidos de realizar sus coberturas mientras recorrían juntas receptoras del voto como parte de su jornada de trabajo de ese día.
El periodista Marlon Ayala, del medio digital Al Día, y otros nueve colegas de diferentes medios locales de la provincia de Los Ríos fueron desalojados de la Unidad Educativa Padre Marcos Benetazzo, uno de los recintos electorales del cantón Babahoyo.
“En ese momento, los militares y policías presentes en el sitio nos dijeron que el coordinador del recinto es quien pedía que nos desalojen y a su vez, él decía que la orden venía de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral. Luego yo hablé con el director de la delegación y me dijo que nunca dio ninguna orden de ese tipo, entonces finalmente no supimos por qué nos sacaron”, cuenta Ayala.
El desalojo, cuenta el periodista, fue pasadas las 18H00, es decir, cuando ya la jornada se había cerrado y los integrantes de las juntas receptoras del voto se encontraban haciendo el conteo. El Código de la Democracia dice, en su artículo 133, que la sesión de escrutinios es pública.
Así también, el artículo 116 dice que en el interior de los recintos electorales todas las personas deberán acatar las disposiciones que impartan las autoridades y funcionarios electorales. No obstante, no existe ninguna parte de esta normativa en donde se mencione prohibición o limitaciones de cobertura periodística durante las jornadas electorales.
Carlos Yaguachi, coordinador nacional de desarrollo de productos y servicios informativos electorales del Consejo Nacional Electoral, sostiene que por temas de seguridad y protocolos policiales, lo que se les pide a los periodistas es que salgan de los recintos apenas termine su cobertura, para que la jornada se dé de manera más fluida. Añade que, aparte de eso, la institución siempre brinda toda la apertura posible para que los periodistas hagan su trabajo.
“Lo que siempre hay que tener presente es que en el caso de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, ellos están receptando la votación y no dan entrevistas precisamente porque están concentrados en esta tarea, pero contamos con coordinadores de recinto que son los que están autorizados para dar detalles y también tenemos a los directores de las delegaciones provinciales”; explica.
Estos no fueron los únicos impedimentos de cobertura registrados el día de las elecciones seccionales.
El reportero de diario Expreso, Juan Daniel Ponce, fue impedido de acceder al centro de mando que el Partido Social Cristiano instaló en el Centro de Convenciones, en el norte de Guayaquil, para esperar los resultados de la jornada en donde Cynthia Viteri buscaba la reelección como alcaldesa de la ciudad.
“El equipo de este Diario ha sido informado de que no se permitirá su ingreso argumentando no haber realizado el proceso de acreditación”, postearon en sus redes sociales. Luego de unos minutos de esta alerta, el medio informó que logró acceder al sitio y conocer la reacciones de la alcaldesa y la prefecta, Susana Gonzáles.
Es conocida la relación tensa existente entre la alcaldesa saliente y este y otros medios de comunicación. De hecho, el canal TC Televisión y diario Expreso han cuestionado la labor de Viteri y ambos han recibido respuestas a través de la ley, y supuestos intentos de censura a través de mecanismos judiciales.
De acuerdo a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en épocas de elecciones, las libertades de expresión, opinión y prensa ocupan un lugar central en el fortalecimiento de la democracia participativa y la formación de un criterio respecto a estos temas en la sociedad.
En uno de sus manuales para cubrimiento electoral, esta organización indica que los medios de comunicación son los espacios donde se difunde información y opiniones sobre asuntos de interés público y permiten, de manera democrática, que todos los ámbitos participen en los debates, análisis, denuncias y deliberaciones que surjan en torno a las propuestas de los candidatos.
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