Cynthia Viteri y sus herramientas judiciales para amedrentar a periodistas
Los medios guayaquileños TC Televisión y diario Expreso han cuestionado la labor de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, desde varios espacios. Ambos han recibido respuestas a través de la ley. ¿Hasta dónde es posible cuestionar a un funcionario público en Ecuador?
11.10.2022
Utilizando herramientas judiciales, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, buscaría censurar la difusión de contenido que cuestiona su labor y su gestión en el Municipio de Guayaquil. Esto cuando faltan menos de tres meses para que arranque la campaña electoral por las elecciones seccionales el próximo 3 de enero y para las que Viteri ya ha anunciado que será candidata.
El pasado 2 de agosto, las oficinas de diario Expreso, en el norte de Guayaquil, recibieron un documento inesperado: se trataba de una notificación judicial, dirigida a la dirección de ese medio de comunicación.
El documento del Consejo de la Judicatura estaba firmado por María Lorena Jaramillo Hidalgo, jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, según informó el medio en una nota de prensa.
De acuerdo a la publicación, “en el documento se informa que su despacho avocó conocimiento de una solicitud de diligencia previa presentada por Delia Calderón, procuradora judicial de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri” por un reportaje publicado el pasado 11 de julio en las páginas de ese periódico.
El texto, titulado “El próspero círculo que rodea a Cynthia Viteri», explica en detalle el fortalecimiento económico de las empresas relacionadas con Juan Carlos Vásconez, publicista y actual esposo de la alcaldesa de Guayaquil.
Según la investigación, entre 2019 y 2020, las empresas de Juan Carlos Vásconez recibieron contratos de servicios por unos 800 mil dólares.
De acuerdo al documento judicial que recibió el medio de comunicación, en dicho reportaje “se efectúan afirmaciones dirigidas a la Alcaldesa de Guayaquil (…) sobre supuestas actuaciones de la administración municipal, que podrían constituir el delito de calumnia previsto en el Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal”.
Pero esta no es la primera vez que la alcaldesa de Guayaquil emite una notificación a través de una Unidad Judicial Penal a un medio de comunicación: TC Televisión pasó por lo mismo a mediados de junio pasado.
El documento indica que “se resuelve ordenar la diligencia preprocesal de prueba, por lo que en consecuencia se dispone a oficiar al director de Canal 10 (…) a fin de que en el término de 72 horas (…) remita copia del video del noticiero de fecha 7 de junio de 2022″.
La carta también pide el nombre del periodista “que efectuó afirmaciones sobre supuestas actuaciones de la Alcaldesa de Guayaquil”.
En el texto se hace referencia a un editorial del periodista Rafael Cuesta, gerente de TC Televisión, emitido durante uno de los noticiarios del pasado 7 de junio del 2022 cuando —vistiendo de cuero, con gafas y sobre una motocicleta— parodió la llegada de Viteri a Quito el 6 de junio, con más de 30 camionetas, casi 100 policías municipales y personal de la Corporación de Seguridad Ciudadana.
En su momento, las acciones de la alcaldesa y la movilización de efectivos y personal, para estar presente en el primer Encuentro Nacional por la Seguridad convocado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió críticas de varios sectores.
“Llevar un contingente vehicular y empleados del Municipio de Guayaquil para montar un show mediático en Quito es distraer y disponer arbitrariamente de un patrimonio de la ciudad y de su fuerza laboral. Eso se llama: peculado”, dijo Cuesta en su editorial.
Al buscar sus reacciones respecto a este tema y sobre el avance del caso, dijo que por el momento prefería no referirse a él.
De su parte, Sara España, editora general de Diario Expreso cuando esto sucedió, sostuvo que el medio no ha recibido ninguna comunicación o notificación adicional desde que el abogado del periódico respondió al pedido judicial.
“Citando la respuesta remitida a la jueza María Lorena Jaramillo Hidalgo, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, seguimos atentos a que —contrario a los precedentes en materia de libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— se inicie el proceso por calumnias anunciado, para, con arreglo al mismo artículo 182 del Código Integral Penal invocado por la peticionaria, hacer en su momento referencia a ‘(…) la veracidad de las imputaciones”, sostuvo España por escrito.
En lo periodístico, la hoy exeditora dijo que el diario sigue trabajando con la misma dedicación, pues es un periódico enfocado en la investigación como eje de su propuesta informativa.
España afirma que las revelaciones realizadas por este medio sobre la gestión de Cynthia Viteri en el Municipio de Guayaquil “han sido contestadas tratando de implantar una narrativa de confrontación, que desvíe la atención y desacredite las publicaciones, pero nunca con respuestas precisas sobre el manejo del dinero público”.
De acuerdo a los datos de agresiones a la prensa de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, en lo que va del 2022 se han registrado otros cuatro casos de diferentes agresiones como descalificaciones en redes sociales de parte de la alcaldesa Viteri en contra de diario Expreso o colaboradores, como es el caso de Roberto Aguilar.
Las reacciones del Municipio de Guayaquil
El pasado miércoles 7 de septiembre, por medio de una carta envíada por correo electrónico a título personal, la alcaldesa respondió a algunos cuestionamientos respecto a este tema a la Fundación Periodistas Sin Cadenas.
El documento empezaba aclarando “que no hay ninguna demanda contra periodista o directivo de algún medio”, al referirse al caso de Diario Expreso.
“Lo que sí se hizo fue solicitar, mediante la vía judicial, quién fue el autor o autores de una nota periodística, derecho que le asiste a todo ciudadano. El pedido por la vía judicial a Expreso para que informe a los responsables de la nota citada no constituye entablar demanda alguna”, indica.
Foto: Twitter de la Alcaldía de Guayaquil.
Y también se refería al caso de TC Televisión. “La postura política de defensa de los guayaquileños también me ha valido críticas del canal de Gobierno. Lo mismo ocurría con mi antecesor en la Alcaldía, Jaime Nebot, quien sufría una cobertura negativa de los medios oficialistas en la administración de Rafael Correa”, añadió.
Pese a todo lo expuesto, asegura que no existe restricción o animadversión contra ningún periodista de ningún medio.
Aunque la entrevista se solicitó para que se realice de manera presencial, telemática o al menos por vía telefónica, nunca pudo realizarse de esa manera. El correo en el que responde estas primeras inquietudes, se contestó con nuevas preguntas que hasta la fecha de publicación de este reportaje no han tenido respuesta.
Entendiendo las herramientas judiciales de Viteri
Tal como lo afirma, lo que Viteri interpuso —primero contra TC Televisión y luego, contra diario Expreso— no se trata de una demanda, pero sí de un procedimiento judicial que el derecho procesal se conoce como diligencia preprocesal de prueba o diligencia previa.
La abogada penalista y máster en derecho procesal, Lorena Grillo, explica que es importante puntualizar que no se trata de un procedimiento penal, sino de uno civil. Por lo tanto, la entrega de estas notificaciones no puede desencadenar un juicio por calumnia, porque esta se considera un delito que se encuentra tipificado en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Pero, ¿Por qué un juez penal está involucrado en una causa civil? Por el Código Orgánico de la Función Judicial que otorga esa competencia a jueces penales.
Las diligencias preparatorias —el procedimiento anunciado en los documentos que se entregaron a TC Televisión y diario Expreso—se encuentran consideradas en el Título II del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), que es el abarca las temáticas en materia civil.
Foto: Twitter de la Alcaldía de Guayaquil.
El Art. 120 del COGEP indica que “todo proceso podrá ser precedido de una diligencia preparatoria con la finalidad de determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso”.
Esa legitimación pasiva, en este caso, se refiere a certificar la autoría y la autenticidad de las piezas periodísticas que menciona Viteri en las notificaciones extendidas a ambos medios de comunicación.
La especialista sostiene que esta diligencia se realiza para recoger pruebas, pero para ella, en este caso es absurdo. De acuerdo a la normativa, una de las aplicaciones de la diligencia preparatoria es “anticipar la práctica de prueba urgente que pudiera perderse”, dice.
“Yo, de juez penal lo hubiese negado. Hubiese dicho, o sea, esto es un periódico, está publicado hasta en Internet. De perderse, no se va a perder”, afirma la especialista.
Sin embargo, al ser ordenada por un juez, la respuesta a los pedidos del documento es imperativa. De no hacerlo, se incurre en incumplimiento de decisiones de autoridad competente —conocido también como desacato— que se encuentra tipificado como delito en el artículo 282 de COIP.
Entonces, ¿Qué es lo que sigue en este procedimiento judicial en contra de ambos medios? Nada, dice la especialista.
“Este procedimiento va así: se le hace la petición al juez penal, el juez penal la califica, oficia, las partes responden, se entrega la respuesta en original, la otra parte se queda la con copia, se archiva la causa y se acabó. Este es todo el procedimiento de esa diligencia preparatoria. No hay nada más”, dice.
“Eso tiene lógica cuando es un anónimo o cuando se trata de un editorial o cuando posteriormente quieres querellar (demandar) y no sabes a quién, pero en este caso no tiene ningún sentido”, explica.
Al respecto, Grillo considera que la alcaldesa, con el reportaje y el video entregados por ambos medios, es decir, las pruebas recabadas, podría buscar iniciar una querella en el futuro. No obstante, considera todo este accionar judicial como un acto intimidatorio, que podría incurrir en autocensura de parte de los periodistas.
“Con esto ella está diciendo «le puedo demandar, asústese», posiblemente para que dejen de publicar o mencionar esos temas en sus reportajes”, indica.
El problema de judicializar la labor periodística en Ecuador
No se trata de un tema nuevo. Y si hablamos de la judicialización de la labor periodística en Ecuador nos encontramos con casos emblemáticos.
Uno de ellos es la demanda por injurias que interpuso el entonces presidente Rafael Correa en contra de Emilio Palacio, exeditor de opinión de diario El Universo, por la publicación de una columna en la que criticaba su actuación durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
Otro, el conocido como “Caso Gran Hermano”, en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, por la investigación realizada sobre los contratos con el Estado de Fabricio Correa, hermano del entonces primer mandatario y por el que fueron condenados a pagar dos millones de dólares por daño moral.
Pero en el presente sigue pasando…
Danilo Villaroel, periodista de la provincia de Chimborazo y presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) tiene cuatro denuncias penales en su contra. Todas están relacionadas con su trabajo en El Diario de Riobamba.
Varios de estos casos son parte de los 21 recogidos por la Fundación Periodistas Sin Cadenas desde junio del 2021 hasta septiembre del 2022.
La primera está relacionada a un reportaje sobre contrataciones para “fortalecimiento de la imagen” de la Prefectura de Chimborazo por casi medio millón de dólares, por concepto de producción de piezas publicitarias y pauta en medios locales y nacionales.
La segunda querella fue por daño moral, luego de la publicación de una investigación sobre el exasambleísta Ludovico Israel Cruz, padre de Juan Pablo Cruz, actual Prefecto de Chimborazo, quien ofició al Municipio del cantón Guano para la obtención del permiso de uso del suelo para la construcción de una gasolinera, en un sitio donde no era factible.
Esta causa fue posteriormente desestimada y archivada, pero presentada nuevamente en otra unidad penal, con una nueva fecha. Finalmente, el director del Patronato Provincial de la Prefectura, Vinicio Chávez, le impuso una nueva denuncia a Villarroel, también por daño moral.
“Es muy complejo porque cada dos semanas hay que presentar escritos, realizar peritajes, abrir plataformas, haciendo lo que el juez disponga previo a las audiencias. Entonces, aparte de la molestia esto nos quita tiempo, dinero para abogados, recursos y la preocupación de terminar en la cárcel, sin mencionar que esto entorpece nuestro trabajo periodístico y genera miedo en el resto de compañeros”, dice el periodista.
Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia y abogada experta en libertad de expresión, explica que la vía penal jamás podría ser un camino admisible para solucionar estos temas.
“Lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que si alguien ha sido difamado, que si siente que su honra ha sido menoscabada, la vía penal siempre va a ser desproporcionada y por tanto anticonstitucional, porque existen vías menos lesivas para resolver eso”, puntualiza.
Añade que cuando se trata de un funcionario público, este puede apelar a otros recursos, sin necesidad de meter preso a un periodista, como pedir réplicas o rectificaciones.
La especialista indica que, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye un agravante la aplicación de tipos penales que tienen una redacción vaga y ambigua donde no se establece claramente cuál sería la conducta a sancionar, como cuando se habla de daño moral, por ejemplo.
Los temas relacionados con la judicialización del trabajo periodístico se revisan a través de los estándares internacionales que indican que una sociedad democráticamente sana es también una sociedad donde la prensa tiene libertad para realizar ejercicios de fiscalización al poder público.
“Un país donde a la prensa no se le permite o se les sanciona por hacer este ejercicio fiscalizador sería un diagnóstico de una pobre o una democracia enferma”, dice Miño y añade que la información difundida sobre los quehaceres del poder son discursos “especialmente protegidos” desde la jurisprudencia de la libertad de expresión.
“En los casos que hemos visto últimamente con respecto a las acciones de la Alcaldía de Guayaquil en contra de algunos medios de comunicación, lo que tenemos es una autoridad pública que está violando su obligación de respetar el derecho de la libertad”, concluye.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, considera preocupante el accionar de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, por su uso del aparato público para descalificar a medios de comunicación y periodistas.
“Se pensaba que con el fin del correísmo se había acabado esa época de esas prácticas que hicieron que el país retrocediera en todos los índices internacionales de libertad de expresión, que fuera constantemente observado por organismos internacionales. Esas prácticas fueron condenadas en el correísmo y tenemos que condenarlas hoy”, dice.
Para él, entonces, más allá de la ideología política o afiliaciones de diferente tipo a uno u otro partido, lo que existen son funcionarios con visiones autoritarias del ejercicio del poder.
“Lamentablemente, no existe una condena firme. En este caso del Partido Social Cristiano más bien, premia este comportamiento apoyando la reelección de la alcaldesa de Guayaquil”, dice Ricaurte.
Para Caroline Ávila, doctora en comunicación y docente de la Universidad del Azuay, la confrontación de la Alcaldesa de Guayaquil con los medios de comunicación que le resultan incómodos para su gestión ha escalado de nivel.
“Existen distintas formas en las que esa confrontación se vuelve manifiesta. Se puede utilizar el humor, la sátira, se puede responder a partir de los espacios oficiales, con una rueda de prensa, cartas al director, en fin. Cuando existe uso de recursos jurídicos, ya estamos escalando el nivel de confrontación”, dice la académica.
Ante esto, Ávila sostiene que es importante que los funcionarios sepan tolerar el nivel de escrutinio de los medios de comunicación, pues su trabajo los convierte en personas públicas, cuya labor se fiscaliza con frecuencia.
En sus palabras, la decisión que se toma desde la Alcaldía, de usar algún recurso jurídico en defensa de su gestión, tiene que ser una decisión que se tome después de ciertos niveles de respetable tolerancia, que le corresponde a todo personaje público y a todo funcionario.
“Viteri como persona, como individuo tiene todo el derecho de preservar su honra, su buen nombre. En cambio, como alcaldesa y personaje público debe reconocer el espacio de poder que tiene, con mayor incidencia en todos los espacios de relacionamiento social, más susceptible de fiscalización, sujeta al escrutinio de su gestión, de sus contratos”, indica Ávila.
Sin embargo, algo que le llama la atención en este análisis es la narrativa de esa confrontación y cómo la misma está atravesada por su género y por su vida personal.
“Si los políticos hablan únicamente sobre su gestión y la conversación gira en torno a lo político, siempre va a existir un nivel extra de dificultad. En cambio, si se conduce el encuadre de esa conversación hacia lo personal es mejor, pues conviene en ese contexto hablar de los ataques como algo personal”, explica.
Ávila cita el concepto de politainment, la fusión entre política, espectáculo y entretenimiento en los medios de comunicación, utilizado muchas veces como una estrategia.
“Al ser mujer el politainment no solamente pasa por el show sino también por las críticas a sus decisiones personales, sus looks, el esposo, la familia. Estos personajes conocen muy bien esa fragilidad en la discusión personal en tiempos de feminismo y pañuelo verde, en los que encuentran un espacio de protección”, explica.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, publicó su Informe anual 2021, titulado “Tendencias sobre el derecho a la libertad de expresión en el hemisferio”.
En el capítulo sobre Ecuador, se indica que la RELE observó un incremento de denuncias sobre ataques contra la prensa, que incluyen atentados a la vida, amenazas, intimidaciones y señalamientos estigmatizantes por parte de autoridades y líderes públicos.
Por esto, el órgano hizo un llamado al Estado ecuatoriano a redoblar sus esfuerzos para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de la prensa en el país, algo que hasta el momento sigue en deuda.
Publicado el Investigaciones, Amenazas al oficio |
