Ecuador y su “manual” para la impunidad de crímenes contra periodistas

Nos Faltan Tres

Cinco años después del secuestro y asesinato del equipo de prensa de diario El Comercio, los periodistas en Ecuador siguen desprotegidos y carecen de los mecanismos idóneos para la atención de su seguridad y de sus necesidades específicas. El Estado aún no responde como debería.

25.03.2023

Desde que supimos que para siempre nos faltarán tres, no hacemos más que llevar la cuenta. Sumamos días sin certezas, contamos errores y omisiones en la investigación, ofrecimientos que no se concretan y pedidos ignorados de que se levante el secreto de cómo operó el gobierno de Lenín Moreno durante el secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra entre marzo y abril de 2018. 

El nombre del caso es, en sí mismo, un ejercicio de reclamo y de temor, porque Nos Faltan Tres —así, sin nombres—, pero en las manos de un aparato estatal que no responde por sus vidas ni por las de quienes están en riesgo, en cualquier momento podrían ser más. La impunidad abrió una cuenta mortal.

Es así que durante ocho días de 2018, las demandas de quienes secuestraron y asesinaron a los integrantes del equipo de diario El Comercio estuvieron dirigidas a funcionarios del Estado ecuatoriano. Ellos, que fueron retenidos en la frontera con Colombia mientras hacían una cobertura periodística, vivían sus últimas horas mientras sus captores pedían la libertad de disidentes detenidos y el cese del acuerdo binacional contra el terrorismo. 

Sin embargo, la investigación fiscal por el secuestro y el asesinato del equipo periodístico está estancada, la información del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) no se ha desclasificado, y no hay mecanismos eficaces de parte del Estado para evitar que el desenlace fatal de esos tres periodistas ecuatorianos se repita con otros más. 

Vigilia de periodistas y familiares por el secuestro de lso periodistas del Diario El Comercio en la Plaza de la Independencia. Foto: Galo Paguay / Ecuador.

Sorprendentemente, este crimen que partió al país sigue siendo considerado un secuestro extorsivo para la justicia ecuatoriana, pese a que claramente, las acciones de los criminales fueron una represalia contra decisiones del Estado ecuatoriano y sus demandas iban dirigidas a sus funcionarios.

Y no solo eso. Cinco años después, el caso Nos Faltan Tres sigue en etapa de investigación previa, la fase preliminar de un proceso penal en Ecuador, sin que existan individuos vinculados ni detenidos en Ecuador. 

Contradicciones en la tipificación del delito

De acuerdo con el informe del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, este delito —que está tipificado en la Fiscalía General del Estado como un secuestro extorsivo— no debe ser considerado como tal. “Bajo ningún parámetro fue un delito extorsivo. Fue un secuestro político”, dice hoy Ricardo Rivas, hermano de Paúl.  

Y aunque en abril de 2018, Polibio Vinueza, en su calidad de Jefe de la Unase, dijo ante los medios que esto no se trataba de un secuestro extorsivo —es decir, un secuestro que tiene como fin obtener algún tipo de beneficio de las víctimas—, cuatro fiscales han pasado por este caso sin cambiar la teoría de cuál fue el delito que se cometió: Wilson Toainga —hoy fiscal subrogante de la nación—, Belén Corredores, Nelson Guano y Johanna Moncayo.

Yadira Aguagallo, quien fue pareja de Paúl Rivas, da cuenta de las omisiones de la Fiscalía. “No hay un esquema de quiénes podrían ser los vinculados, no hay una línea investigativa. El caso está en la Unidad de Fiscalía de la Comisión de la Verdad, pero la única fiscal que quiso mover las cosas, Belén Corredores, fue separada del caso. Esta última fiscal (Moncayo) no ha movido nada”.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, cree que tanta desidia tiene una explicación, pues la ley trata de manera diferente un delito extorsivo y un delito de violación a los Derechos Humanos. Es decir, esta tipificación es conveniente para el Estado. “Hemos pedido que cambien el tipo, pero no lo hacen porque quieren que este caso caduque. Un caso de derechos humanos nunca caduca”, enfatiza.

Considera, además, que la omisión del Estado en el secuestro y asesinato de Paúl, Javier y Efraín no es casual, sino orquestada. Al tratarlo como un secuestro extorsivo, se eluden las acciones y omisiones del Estado antes, durante y después del cautiverio del equipo periodístico.

El Gobierno de Lenin Moreno colocó los nombres de las personas fallecidas en la frontera entre Ecuador y Colombia. Foto: Galo Paguay / Ecuador.

El 10 de noviembre de 2022, y a manera de respuesta a los familiares de Paúl, Javier y Efraín, la Fiscalía ecuatoriana detalló como logros de esa investigación previa más de trescientas pericias y diligencias agregadas al expediente fiscal, de la información generada a través de varias asistencias penales internacionales con Colombia, según consta en un memorando del 2 de septiembre del año anterior, enviado a la Secretaría de Derechos Humanos.

En ese país hay dos sentencias en contra de los miembros del grupo armado irregular Frente Oliver Sinisterra, supuestos responsables del secuestro y asesinato de los periodistas. Los sentenciados son Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias ‘Barbas’, quien se encuentra prófugo y quien habría grabado los videos de los ecuatorianos en cautiverio, y Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’, quien habría interceptado la camioneta del equipo periodístico. 

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado, en Ecuador, esgrime que sus impulsos y su cooperación con Colombia permitieron las dos detenciones, en un intento por demostrar eficacia en sus acciones.

Sin embargo, hay vacíos innegables en el trabajo fiscal, considera el hermano de Paúl Rivas. “No han llamado a declarar a Pablo Aguirre, entonces director de la Dirección General de Inteligencia (DGI); a Mauro Vargas, el segundo al mando; ni al fiscal [Wilson] Toainga. Ni siquiera hubo reconstrucción de los hechos”, reclama. 

Tampoco hubo allanamientos para encontrar qué había detrás de los correos enviados a los allegados de Paúl durante el cautiverio del equipo periodístico. La DGI y la Unase respondieron que no sabían dónde estaban Paúl, Javier y Efraín o que no tienen documentación, cuando incluso se han escrito libros periodísticos como Rehenes, Viaje sin regreso y Periferias, en los que se revela que la inteligencia policial ecuatoriana sí tenía acceso a esa información.  

“En la Fiscalía ecuatoriana a nadie le interesa que este caso pase de la etapa de investigación previa, porque todos los documentos se vuelven públicos. Cualquier periodista podría pedir los más de 80 volúmenes y darse cuenta de que casi el 80% de las diligencias investigativas son pedidas por las familias”, insiste Rivas. 

El equipo jurídico que asesora a las familias de los periodistas no ha hecho diligencias en la Fiscalía ecuatoriana desde el último trimestre de 2022. “No es que me haya cansado. Solo me he permitido evidenciar que si yo no voy, si las familias no vamos, ellos se olvidan. ¿Para qué me desgasto diciéndoles qué hacer? Yo soy la víctima, no el investigador”, recalca Rivas. 

Reunión de familiares de Paul Rivas para conmemorar los 5 años de su muerte e impunidad del Estado Ecuatoriano. Foto: Galo Paguay / Ecuador

No obstante, la investigación previa de este caso aún no se archiva en nuestro país. Las familias de las  víctimas creen que la Fiscalía no dará ese paso para no levantar miradas sobre su inacción en todo este tiempo, pese al material que les ha proporcionado el periodismo de investigación. “Estoy seguro de que la Fiscalía no lo va a hacer (archivar la investigación). Se metería en un gran lío” dice Rivas. 

Tiene claro que para que el caso de Paúl, Javier y Efraín llegue a una corte internacional se tiene que cerrar en Ecuador. “¿Y quién va a pedir eso? ¿Las familias? Nosotros no vamos a pedir que se cierre el caso, la Fiscalía no va a conseguir eso”, advierte. 

Aguagallo asegura, de su parte, que no hay posibilidades de que este sea un caso resuelto por la justicia ecuatoriana, porque no hay intención de hacerlo, ni de tomarse en serio el trabajo.

Cinco años después, las esperanzas de las familias de encontrar verdad y reparación están en las cortes internacionales y es por eso que su equipo jurídico explora alternativas.

La promesa incumplida de la desclasificación

La falta de respuestas de la justicia ecuatoriana frente al caso ignora una súplica constante de las familias del equipo periodístico: la desclasificación de la información de cómo el Estado ecuatoriano manejó la crisis que se activó el 26 de marzo de 2018, cuando se conoció que Paúl, Javier y Efraín habían sido secuestrados. 

Esta información que tiene el Consejo de Seguridad Pública (Cosepe), el máximo organismo sobre situaciones de emergencia en Ecuador, podría revelar acciones bélicas, errores en el proceso de negociación o en el intercambio de mensajes entre el Gobierno y el frente Oliver Sinisterra. Son tres actas que revelarían responsabilidades en la muerte de tres periodistas, pero que el Cosepe mantiene reservadas. 

Han sido varias ofertas. Al menos en siete ocasiones y de parte de varios personajes que han estado en el poder a lo largo de estos años. El expresidente Lenín Moreno dijo públicamente, en al menos siete ocasiones, que desclasificaría la información. En otras tres oportunidades, el Gobierno actual en general, y el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, en particular, prometió lo mismo. Incluso, el asambleísta Fernando Villavicencio les dijo a las familias que tenía información reservada del caso entregada por la Policía Nacional, pero nada de eso constituyó avance alguno.  

Dos gobiernos y cinco años después, los familiares de Paúl, Efraín y Javier no tienen acceso a las actas del Consejo de Seguridad Pública, del cual forman parte el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, instituciones que cumplieron un papel fundamental en el destino final del equipo periodístico de El Comercio. 

“Qué pena lo que les ha sucedido. Déjame sentarme en la Presidencia y a la semana hablamos de esto. Yo mismo te invito para poder avanzar en este tema y conseguir la verdad”. Estas fueron las palabras que el entonces candidato Guillermo Lasso le dijo a Ricardo Rivas durante una reunión de siete minutos, cuando aún no había ganado la segunda vuelta, en 2021. 

Apenas asumió el mando, el hermano de Paúl envió una carta a Lasso para concretar esa reunión, pero el encuentro jamás se dio. Nunca volvió a verlo en privado. “No puede ser que quieran que uno se arrodille para estar suplicando que desclasifiquen la información”, dijo Rivas. 

La Corte Constitucional del Ecuador estipula la desclasificación de la información en el evento de que existan graves presunciones de violaciones a los derechos humanos o cometimiento de actos ilegales, basándose en el último inciso del artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Pero cuando todo el aparataje estatal ve al secuestro y asesinato de tres periodistas como un delito extorsivo, tiene patente para ignorar el pedido de sus familias.

El Equipo de Seguimiento Especial visitó tres veces la Fiscalía ecuatoriana en 2018 y emitió más de 30 recomendaciones que debieron cumplirse desde 2019, pero nada de eso ha ocurrido hasta hoy. Una de ellas reza específicamente que “es indispensable desclasificar la información” sobre operativos y labores de inteligencia realizados durante el secuestro, para que “los familiares puedan hacerse una composición completa de los hechos”. 

En agosto de 2022, representantes de los deudos de los periodistas asesinados viajaron a Ginebra, Suiza, para hablar sobre las vulneraciones de los Derechos Humanos en el ejercicio de la libertad de expresión. Al volver a Ecuador, se reunieron con funcionarios del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero no han tenido respuestas nuevas en torno a su pedido de desclasificación de información.

El equipo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas ha solicitado entrevistas con la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores; con el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y con el secretario general de Comunicación de la Presidencia, Andrés Seminario, para hablar sobre el caso. Pero los tres funcionarios se han excusado de atender nuestra solicitud.

Llegada de los cuerpos de los periodistas a la iglesia del Colegio San Gabriel, el 28 de Junio del 2018 Foto: Galo Paguay / Ecuador

“Me parece que hay un manual del Estado para que todos sigan los mismos pasos en casos de violación de Derechos Humanos. Primero negar, segundo encubrir y después olvidarse. El Estado es responsable por su negligencia, por la omisión, por el encubrimiento de verdad”, asegura Rivas. 

Por esto, su salud mental se encuentra afectada y los ataques de pánico han sido frecuentes entre los familiares del equipo periodístico que se han dejado el alma buscando justicia durante cinco años. A esto, Rivas suma el intento de secuestro de su hijo, pero —pese a todo— conserva la calma. Evidencia, eso sí, la constante revictimización que han sufrido él; Galo Ortega, padre de Javier, y Cristian Segarra, uno de los hijos de Efraín. 

Es claro que, además de las  promesas incumplidas, ha existido silencio. Un silencio cómplice.  

Comités, mecanismos y sistemas que no caminan 

El secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio fue una bofetada de realidad para el Estado ecuatoriano, que se apuró en prometer comités y mecanismos para proteger a los comunicadores. Cinco años después, no hay un solo aparato estatal eficiente de protección, ni un comité al cual acudir para exigir garantías para el trabajo periodístico. Y no existen, básicamente, por falta de acción, de voluntad política, de reglamentos o de presupuesto. 

El primer anuncio fue el del nacimiento del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas. Aunque, efectivamente, fue creado el 29 de abril del 2019, hasta el 2023 no ha terminado de conformarse debido al constante cambio de funcionarios. 

Según el Estado, dicho comité sería el encargado de proteger y promover la libertad de expresión y la integridad de los periodistas a través de políticas públicas y un trabajo articulado entre diversas instituciones estatales y de la sociedad civil. 

Cinco años después, en la práctica, el único organismo con disponibilidad para atender a un periodista en riesgo en Ecuador es el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Comunicación e Información, y este  no está exento de falencias. 

Dentro del mismo Consejo, que debía conformarse con un delegado de Transparencia, un delegado del Consejo de Igualdades, un delegado del Ejecutivo, un delegado permanente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), entre otros, no hubo disposiciones claras sobre cómo se iba a elegir a los representantes de la ciudadanía o de los medios privados, públicos y comunitarios que también debían ser parte de la institución.

Llegada de los cuerpos de los periodistas al velatorio, en medio del dolor de los familiares. Foto: Galo Paguay / Ecuador

Jeannine Cruz, presidenta de ese organismo, explica que si bien la nueva Ley de Comunicación (2022) contempla un mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico como una instancia para garantizar la seguridad en el ejercicio de la profesión, no se estableció cuáles eran las instituciones que tienen que actuar en el mencionado sistema. Tampoco se ha expedido el reglamento que dejaría claros los alcances de este mecanismo. 

Y aunque el Consejo ha seguido funcionando, al mecanismo de protección que está dispuesto en la reforma lo integran instituciones nuevas: la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), el Ministerio del Interior y la Secretaría de Inteligencia. 

“Lo primero que hicimos fue el cambio del estatuto y solicitamos que nos envíen un delegado para hacer la mesa técnica, pero a los delegados los están recién enviando. Falta que dos instituciones los envíen:  la SNGR y la Secretaría de Inteligencia”, dijo Cruz. 

Pero hay algo adicional que preocupa a la funcionaria. Para ella, la Asamblea cometió un error al aprobar una ley que habla de algo tan importante como el sistema de protección de periodistas, pero olvida lo indispensable: el presupuesto para que este sistema pueda funcionar. 

“Toda entidad que asume nuevas competencias requiere incremento de personal. Tenemos 100 personas y un presupuesto de casi 3 millones de dólares. El 90% del dinero se va en salarios y el 10%, en gasto corriente. Entonces no es posible que exista una nueva ley sin la posibilidad económica de responder”, dice la líder del Consejo.  

Y hay más vacíos. Aunque el Consejo de Comunicación planteó centrarse únicamente en el sistema de protección a periodistas, en la nueva ley les agregaron competencias adicionales. Por ejemplo, una de sus tareas será ahora calificar la publicidad de todos los medios de comunicación y autorizarla; o monitorear si los medios cumplen con lo que establece la normativa.

“No sé cómo vamos a cumplir… No avanzamos en la competencia de la protección de periodistas y tenemos ahora estas nuevas. No hay un equilibrio en la partida. Nosotros tenemos la posibilidad de monitorear apenas [la provincia de] Pichincha. Levantamos informes técnicos —refiriéndose a todas las áreas de su trabajo— pero no son vinculantes”, admite Cruz.  

La falta de garantías ante el riesgo 

Ecuador es un lugar hostil para los periodistas. 

Solo en 2022, hubo más de 400 agresiones documentadas por la Fundación Periodistas sin  Cadenas. Entre los casos, se cuentan tres asesinatos a comunicadores, dos atentados con explosivos, 1 atentado contra la integridad y 1 ataque armado. 

El Estado no brinda ninguna seguridad en el ejercicio de la profesión, por cuanto el Consejo de Comunicación apenas da seguimiento a la labor de la Fiscalía —que no avanza en el caso Nos Faltan Tres—  y a la Defensoría del Pueblo. 

Lo que sucedió con el equipo de El Comercio podría repetirse, especialmente en un contexto marcado por la violencia política y por el embate del crimen organizado. 

La presidenta del Consejo de Comunicación informó que en 2021 presentó una propuesta de un mecanismo de protección para trabajadores de la comunicación, enfocado en la prevención, ante la Relatoría de la Libertad de Expresión y la Unesco, aunque la competencia y los responsables de las instituciones del Estado en ese mecanismo no estaban claros en ese entonces. 

Por otro lado, el informe Protección a personas trabajadoras de la Comunicación, de marzo de 2023, detalla que el Sistema de Protección a Trabajadores de la Comunicación (Siptrac), sistematiza la información de agresiones a trabajadores de la comunicación mediante un formulario en línea, para la presentación y registro de quejas o alertas de agresiones a personas trabajadores de la comunicación, con el propósito de articular acciones de prevención, protección y seguimiento de manera interinstitucional. 

Quito Ecuador. 26/03/2023 . Vigilia por las respuestas del Esatdo Ecuatoriano ante el secuestro y asesinato de los periodistas del Diario El Comercio en la Plaza Grande. Foto: Galo Paguay / El Comercio.

Sin embargo, el Siptrac apenas “ha iniciado su implementación”, como se reconoce en un documento enviado por el Consejo, para la redacción de este reportaje.

Cruz dice que, aunque falta el presupuesto, se le ha dado prioridad a la protección de periodistas mediante la articulación de acciones con otras instituciones públicas. Entre los resultados de su gestión en tres años, describe convenios con la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado. 

“Nosotros no tenemos un bufete de abogados, pero el Defensor Público tiene que asignar uno para que canalice la defensa del comunicador. Hay casos en los que los periodistas dicen que no confían en las instituciones y nosotros insistimos para que la Fiscalía actúe de oficio. Tenemos línea directa con la Fiscalía y en los casos en los que no nos pueden dar información porque están en investigación, nos dan esa respuesta”, comenta Cruz. 

Entonces, si un periodista es amenazado, está en peligro o sufre una agresión, lo único que podría hacer el Consejo es insistir a la Fiscalía para que investigue y conseguirle un defensor que lo patrocine. 

Pero esa misma fiscalía, el pasado 22 de marzo, puso en vigencia la denominada “Guía práctica para la actuación fiscal en relación a presuntas vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y sobre la protección a periodistas y trabajadores de la comunicación en el contexto judicial”. Se trata de un documento que ha recibido críticas de gremios y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas. 

Lo polémico de esta guía es que, apelando al artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece una pena privativa de libertad de uno a tres años para quien difunda información que corresponda a investigaciones previas, limitando así el trabajo de la prensa. 

La Fiscalía, a su vez, le ofrecerá al periodista ingresar al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (Spavt), pero no existe un protocolo diferenciado para los trabajadores de la comunicación en el Spavt.  Sin embargo, dentro de este sistema se encuentran ya 11 periodistas que han buscado la protección de la entidad para resguardar su vida, pese a que no es el mecanismo más idóneo. 

No es el caso de Carlos*, un periodista comunitario que hace algunos meses rechazó ser parte del Spavt, incluso después de haber recibido mensajes anónimos con amenazas de muerte, atentados y descalificaciones en redes sociales “Me enviaron correos del Consejo de Comunicación y Fiscalía, pero no me explicaron en qué consistía el Spavt, qué actividades podría y no podría hacer”, cuenta. 

Dentro de las obligaciones de estas víctimas o testigos que entran al sistema buscando protección, constan casi veinte, como no divulgar su ubicación ni su calidad de protegido o protegida, permitir auditorías de seguridad, abstenerse de concurrir a lugares de riesgo, inhibirse de dar declaraciones y no publicar en redes sociales. Todas estas son cosas completamente incompatibles con el ejercicio periodístico, pues implicaría abandonar cualquier investigación y, en suma, dejar de hacer periodismo. 

“Es una situación intimidante. ¿Quién me va a dar seguridad? ¿La Policía? Es notorio cómo está la estructura de la Policía. Eso me hizo desconfiar del sistema. Eso y que yo soy un emprendedor del periodismo, tengo que moverme y no puedo delegar mi trabajo. Básicamente (el sistema) es letra muerta”, se queja Carlos. 

Sin embargo, en un escenario violento para los periodistas y para los ciudadanos, Carlos duda de haber tomado una decisión correcta al desistir de ser parte del sistema, porque sabe que, al menos, si ocurre un atentado en contra de los periodistas que están “adentro” la Policía debería aparecer como responsable.

Carlos considera que debería haber un sistema diferente para proteger a comunicadores que sufren amenazas o agresiones como él, que el desamparo que sienten los comunicadores los limita y, además, coarta la libertad de expresión.

Si hoy algún periodista se siente amenazado o es víctima de extorsión, está en la misma situación que miles de ecuatorianos que esperan respuestas de los operadores de justicia frente a estos delitos. Su denuncia —si se atreve a hacerla— puede quedarse inmóvil por años, mientras las estadísticas revelan que pocos casos obtienen una sentencia. De las más de 13 mil denuncias de extorsión que registra la Fiscalía ecuatoriana en los últimos dos años, solo 66 han obtenido condena. 

La gran mayoría de casos se estanca en investigación previa durante años, como el secuestro y asesinato de Paúl, Javier y Efraín, pese a que la ley determina que en delitos extorsivos, la fase de investigación previa no podrá superar el plazo de los dos años.

Andrea Durán, directora técnica de Protección de los Derechos del Consejo de Comunicación, insiste en que el organismo al que pueden acudir los periodistas que se sienten en riesgo debido a su profesión es el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Comunicación, que tiene un brazo técnico en el que ella labora.

El trabajo allí persigue dos ejes: el registro estadístico sobre agresiones a trabajadores de la comunicación y el seguimiento de la colaboración de otras instituciones en la protección de derechos. 

Durán reporta que durante el 2022 hubo 271 agresiones a periodistas y 55 agresiones a medios de  comunicación. Pero las cifras del Consejo se quedan cortas frente a la realidad documentada por la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que detalla que solo en junio de 2022 hubo 227 agresiones.

En cuanto a las acciones de coordinación interinstitucional para la protección de los  derechos de los periodistas, el Consejo responde que solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre estadísticas registradas de delitos contra la libertad de expresión, a lo cual esta institución respondió que se habían registrado 23 denuncias. Todas están en investigación previa.

Hasta la primera quincena de marzo de 2023, se han identificado 46 alertas, según la Dirección Técnica de Protección de Derechos del Consejo de Comunicación. En esta cifra no se incluye la serie de atentados con explosivos que iban dirigidos a seis periodistas de distintos medios de comunicación del país, y que constituyeron la noticia más importante del pasado 20 de marzo. 

Pero, aunque se conformen comités y se firmen convenios, es muy probable que nunca se sepa quién es el autor de las amenazas ni se sancione a los responsables, porque si un comunicador pierde la vida en el ejercicio de su profesión, sigue dependiendo de los operadores de justicia en Ecuador, que solo resuelven un número marginal de asesinatos: el año anterior, de 4.450 casos, apenas 308 fueron resueltos. 

Los periodistas ecuatorianos corren el mismo riesgo mortal y están igual de solos que hace cinco años, cuando Paúl, Efraín y Javier fueron asesinados por hacer un trabajo que amaban: buscar la verdad. 

Sin ella, cualquier reparación es imposible. Y la impunidad, auspiciada por el Estado ecuatoriano, es la principal amenaza contra la libertad de prensa. 





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Alina Manrique