El Estado ecuatoriano no ofrece garantías para el ejercicio periodístico

11.10.2021

De manera frecuente, con riesgos de mayor o menor dimensión, los periodistas ecuatorianos estamos expuestos y sin garantías de protección específica de parte del Estado ecuatoriano. Muchas de esas vulneraciones ocurren durante el ejercicio de nuestra profesión, en coberturas en las calles, en contra de reporteros, fotógrafos y otros trabajadores de la prensa.

Lo que le pasó a Juan Diego Montenegro, fotoperiodista ecuatoriano que colabora con la Agencia Alemana de Prensa, es una muestra de ello. El joven sufrió una herida leve en el dedo índice de su mano derecha al ser mordido por un perro de la Policía Nacional durante una manifestación en las calles de Quito el pasado 11 de agosto.

La jornada de protesta fue convocada por diferentes organizaciones, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y exigía al gobierno del presidente Guillermo Lasso la aplicación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el congelamiento del precio de los combustibles.

En las fotografías del incidente, que circularon por internet, se puede ver al comunicador rodeado por integrantes de la fuerza pública y también por los perros de la Unidad de Adiestramiento Canino (UNAC) mientras él intenta no caer al suelo. En otra toma se logra ver su mano herida por lo que –explica– es una mordida.

«Ayer durante las manifestaciones fui agredido por un perro de la Policía. En realidad el agente (…) aflojó la correa. Esto, mientras fotografiaba una detención», posteó el joven en su cuenta de Facebook. Luego explicó más profundamente el hecho, indicando que estaba cerca de un perro sin bozal por el tipo de foto que estaba haciendo y que logró quitar la mano a tiempo –que estaba protegiendo su rostro– evitando que la herida sea más grande.

Montenegro considera que, en ese caso, el uso de los perros no era tan necesario porque no se trataba de una protesta masiva y pide que tanto él como sus colegas que hacen trabajo de campo puedan realizar sus labores con mayor seguridad.

El fotoperiodista no puso denuncia de este hecho por miedo, y dice que prefirió  “dejarlo ahí”. “Yo soy freelance y cubro temas coyunturales. Fácilmente me pueden empezar a aislar y no podría trabajar. Si me pongo a pegarme con la Policía en ese sentido voy a perder. Darse con la Policía en temas legales es darse con el gobierno de turno”, argumenta. 

Francis Guevara, jefe de Gestión Operativa del Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC), explicó que ellos son cuidadosos respecto a que los animales no muerdan ni causen daño a las personas que están a su alrededor, pero que “no tenemos la responsabilidad directa en cómo puede reaccionar un perro” y que constituye un riesgo no retirarse cuando los perros están presentes. “Nosotros mismos hemos sido mordidos por ellos. Ellos se alteran, por sus impulsos básicos de protección”, explica. Y añade que los animales no están sueltos, que siempre llevan correa y que mediante su fuerte ladrido actúan como una forma de disuasión para que las personas retrocedan durante las manifestaciones.

Guevara indica además que durante manifestaciones y en general, el trabajo que realiza la Policía Nacional va enfocado a cuidar el orden y no a restringir de ninguna manera el trabajo periodístico.

El caso del fotoperiodista quiteño no es el único. Miguel Laje, corresponsal de TC Televisión y director de ClickTV, un medio digital del cantón Milagro, de la provincia del Guayas, fue agredido también en agosto pasado por un grupo de policías después de cubrir un intento de asesinato en su localidad. Lo acompañaba la periodista Karina Sarabia, del medio Prensa La Verdad, quien evidenció el hecho y recibió empujones cuando intentó mediar para que no maltrataran a Laje.

Ese día, el comunicador relata que hizo la cobertura como siempre, entrevistó a los familiares de la víctima y al jefe de la Dinased de Guayas, quien se encontraba en el sitio. Después de esto, los policías impidieron que el periodista volviera hasta el lugar donde había dejado aparcado su vehículo, al otro extremo de la calle, y fue allí que se produjo un altercado.

Sarabia dice que, en su criterio, uno de los policías quería provocar algún tipo de reacción iracunda de parte de Laje. Periodistas de otros medios que se encontraban en el sitio grabaron el incidente.

En el video se escucha a los policías reprender a los periodistas por estar en el lugar del suceso, pero ellos alegaron que solo querían irse después de realizar su trabajo y que no había banda policial que limitara el acceso y muchos ciudadanos se movilizaban por allí. pic.twitter.com/eTOASFHy6A

— Fundación Periodistas Sin Cadenas (@SinCadenasECU) August 12, 2021

No obstante, el Jefe de Gestión Operativa del CRAC niega enfáticamente que la institución realice alguna vez un procedimiento que impida a los periodistas realizar su trabajo, pues indica que la prensa es una de las principales aliadas de la institución y que ayuda a transparentar la labor de la Policía Nacional.

“Todo el tiempo precautelamos que los periodistas no avancen hacia espacios peligrosos. Eso no es obstaculizar labores, sino impedir que se expongan a riesgos latentes”, dice Guevara.

La utopía del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas

Aunque aquí se mencionan tres incidentes en los que estaría involucrada la Policía Nacional y sus interacciones con varios sectores de la prensa, en distintos escenarios, las vulneraciones, amenazas y peligros a los que se enfrentan los periodistas tienen diferentes protagonistas y muchas veces están relacionados con la complejidad de los temas a los que se les da cobertura.

Desde junio del 2021, la Fundación Periodistas Sin Cadenas empezó a registrar agresiones contra la prensa. Durante los últimos cuatro meses se contabilizan 73 casos entre los que se encuentran bloqueos informativos, impedimentos de coberturas, suplantación de identidad, acoso laboral, desprestigio y censura. 

También hay registros de eventos más graves como agresiones físicas, verbales, intentos de asesinato y amenazas de muerte. Todas las alertas registradas por esta institución provienen de empresas públicas, privadas, funcionarios, miembros de equipos de seguridad y ciudadanos no identificados. Usualmente se vuelven visibles en las redes sociales, la comunidad reacciona con rechazo y en casos como estos es cuando el Estado debería activarse. Pero, ¿cómo hacerlo sin un protocolo claro, articulado y establecido?

El Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas, que debía cuidar la actividad y trabajo de los integrantes de la prensa en Ecuador, es una entidad muerta; existe únicamente en papel.

Creado el 29 de abril del 2019 y luego de 13 sesiones técnicas y con autoridades entre el 2019 y el 2021, lo que ha predominado en este tema es la desorganización y, finalmente, el silencio. 

Se trata de un cuerpo colegiado cuya conformación fue recomendada en el informe final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego del  secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio.

El 26 de marzo de 2018, Ortega, Rivas y Segarra fueron secuestrados por disidentes de las FARC. El hecho ocurrió en Mataje, en la frontera entre Ecuador y Colombia, mientras realizaban una cobertura en la zona.

En el Capítulo 5 de ese documento, correspondiente a las conclusiones y recomendaciones, se habla sobre las medidas de reparación y de no repetición, es decir, garantías para que el Estado ecuatoriano proteja a periodistas y comunicadores que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y no se repita una situación similar a lo ocurrido con el reportero, el fotógrafo y el chofer del diario quiteño.

En el artículo 340 se indica que “el ESE recomienda concretar en el Estado de Ecuador la puesta en marcha de un Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas que incluya la participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas. El ESE considera que el Estado debe establecer una política de protección integral de periodistas en consistencia con los estándares internacionales y proveer recursos materiales y humanos para su funcionamiento”.

Se habla además de la creación de un acuerdo ministerial, el 29 de abril del 2019, para su conformación. “El Estado indicó que la constitución de este comité es un paso histórico en la protección y promoción de la libertad de expresión”. Un “paso histórico” que, dos años después, ha sido más bien un paso hacia la nada.

Según indica el informe del ESE, la conformación de dicho comité y su funcionamiento estaban a cargo del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación (Cordicom). Sin embargo, fueron adheridas otras instituciones: la Secretaría General de Comunicación (llamada “Secom” en ese momento), que lo presidía; la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Derechos Humanos también lo integraban.

El constante cambio de funcionarios en estas instituciones y el traspaso de mando entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso fueron diluyendo los objetivos del comité, que debía adoptar acuerdos, protocolos y mecanismos varios para proteger a los periodistas en el cumplimiento de su trabajo y frente a posibles riesgos contra su vida, integridad personal, libertad y seguridad, según recomienda el documento del ESE.

El vaivén institucional

John Game, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, explicó que la participación activa de esta institución dentro del comité se registró entre el 2019 e inicios del 2021. Es enfático en decir que el cuerpo colegiado jamás estuvo bajo la responsabilidad de este ministerio, pero que la entidad lideró el tema por momentos, como por ejemplo durante las protestas de octubre del 2019.

“Independientemente de la actuación de cualquier comité, es importante que como Ministerio de Gobierno estemos listos para proteger a las personas y proteger sus derechos, también de los periodistas”, explica.

Ese año, además de activarse de forma emergente durante las manifestaciones de octubre y el incidente registrado en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito, en donde 6 policías y 27 periodistas que cubrían la manifestación indígena fueron retenidos, el comité se activó por el aniversario de la muerte de Javier, Paúl y Efraín, para brindar acompañamiento a organizaciones y periodistas que realizaron coberturas en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

“Llegaron varias comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia y de otras áreas diciendo que ellos no deberían participar de este cuerpo colegiado y que al ser de un nivel superior al ministerial no deberían estar en esta instancia y por esto el Ministerio de Gobierno fue tomando este rol de liderazgo”, explica.

El 2020 fue un tiempo de mucha actividad para el comité, relata Game. Cuenta que durante ese año, antes de la pandemia, se realizó una propuesta de protocolo para la activación del comité y un proyecto de reglamento para su funcionamiento. Posteriormente se realizaron encuentros y talleres con periodistas y organizaciones para recoger comentarios y temores de esos sectores en temas de seguridad y prevenciones sanitarias ante el COVID-19.

Pero este año marcó también la salida de la Secom del Comité de Protección de Periodistas, pese a que la entidad era la que presidía la organización interministerial. “Con fecha 6 de febrero de 2020 la Segcom (como se denomina desde que Guillermo Lasso asumió el poder) determinó que no le corresponde participar en el Comité de Cooperación Interinstitucional y se desvincula del mismo”, dice la Secretaría en un documento enviado para la realización de este reportaje.

En el mismo texto, explican que el 22 de febrero de 2020, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación elabora una versión final del Convenio de Cooperación Interinstitucional que subsana la salida de la Segcom e incorpora las observaciones de las instituciones participantes.

El borrador se encontraba listo para ser suscrito por las máximas autoridades de los ministerios involucrados, pero únicamente fue firmado por la Secretaría de Derechos Humanos.

“Antes de la transición gubernamental hubo una última reunión de la que tenemos registro como Ministerio de Gobierno, el 8 de febrero del 2021, y aquí se le explica a las autoridades de la Segcom de ese momento que era importante que formen nuevamente parte del comité y que cumplan las misiones asignadas al presidirlo”, dice Game.

Añade que en esta sesión se les planteó la posibilidad de revisar su desvinculación y el Ministerio de Gobierno se comprometió a revisar y elaborar un nuevo acuerdo de cooperación, cuyo borrador fue enviado el 23 de marzo para la revisión de la coordinación jurídica.

“Los cambios se socializaron, pero no hubo respuesta. Cambiaron las autoridades de la Segcom. Las personas con las que nos reunimos en su momento ya no están y las nuevas autoridades no tienen registro de este tema”, dice el funcionario.

La validación final del nuevo acuerdo se paralizó y no se ha dado hasta ahora. El funcionario explica que tampoco han recibido instrucciones para presentarlo a los nuevos funcionarios de la Secretaría General de Comunicación.

Al momento, el estatus del nuevo acuerdo es un documento en borrador en uno de los archivos del Ministerio de Gobierno, pese a que el acuerdo ministerial firmado en el 2019 sigue vigente. 

Por eso, Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, indica que recientemente envió una carta a la actual ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en la que pide que el acuerdo ministerial del 2019 que crea el comité sea eliminado. “No tiene sentido que exista”, dice.

“El acuerdo para la creación del comité para la protección de periodistas nunca fue efectivo. Ese sistema de protección no existió realmente. Fue un acompañamiento publicitario del Gobierno anterior para poder salir de la premura en las respuestas que se daba frente a la situación (con los periodistas de El Comercio). No hubo continuidad”, añade la presidenta del Cordicom.

Explica que cuando llegó, en junio del 2021, la entidad había estado en acefalía por un año y no halló nada referente al trabajo del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas. “No había un mapeo o alguna información sobre ataques a los colegas periodistas ni registros de reuniones del comité. Desde su creación no se ha determinado la responsabilidad de sus integrantes”, dice Cruz.

El camino hacia un ejercicio periodístico seguro

Ante este panorama, con la inexistencia del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas en Ecuador, ¿qué pueden hacer las autoridades para brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de los trabajadores de la prensa esté enmarcado en prácticas seguras?

“Nos preocupa que mañana atenten contra un periodista y que el Estado no tenga forma de responder”, dice la presidenta del Cordicom. Por eso –asegura el director técnico de Protección de los Derechos del Consejo de Comunicación, Francisco Bustamante–, esa institución trabaja desde varios frentes e intenta articular acciones con otras entidades públicas relacionadas a las leyes y a los derechos.  

Bustamante dice que tanto con la Defensoría Pública como con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado se ha llegado a coordinaciones interinstitucionales en materia de defensa, protección, patrocinios y acompañamientos.

“Se ha firmado un convenio interinstitucional con la Defensoría del Pueblo para que se reconozca a los comunicadores como defensores de derechos humanos y la institución pueda actuar, acompañar a periodistas cuando presenten acciones de protección, soliciten acceso a la información pública y hacer seguimientos. Así también a la Defensoría Pública se ha pedido que capaciten a los funcionarios sobre estándares de protección a periodistas para que se encarguen de patrocinar a aquellos que han sido demandados. Con la Fiscalía queremos llevar estadísticas al respecto, porque no hay”, dice Bustamante y añade que buscan crear un protocolo para que los periodistas puedan pertenecer al sistema de protección de víctimas y testigos y puedan seguir realizando su trabajo.

El Ministerio de Gobierno también trabaja en un protocolo de buenas prácticas para cobertura periodística, que habla de los deberes del Estado, las responsabilidades de los medios de comunicación, los procedimientos de seguridad que los comunicadores deben adoptar, cómo evaluar posibles riesgos, cómo preparar coberturas en zonas de tensión y emergencia, entre otros temas. El documento aún está en fase de elaboración, dijo John Game.

Organizaciones independientes como Reporteros Sin Fronteras también tienen su propio manual de protección a los periodistas. La Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también tienen protocolos generales sobre cuáles deben ser los cuidados, deberes y obligaciones de los periodistas al ejercer sus labores.

Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras, explica que es fundamental, por ejemplo, que los periodistas en la calle estén plenamente identificados como tales. “Es importante que el periodista tenga una credencial, un chaleco de prensa, que quede claro que es un periodista trabajando”.

Así también recomienda hablar previamente con las autoridades si es que la cobertura se trata de una manifestación y que como periodistas hay que estar pendientes de hacia dónde se mueve el gran grupo de gente reunida en el lugar.

Armada indica que los medios de comunicación y las redacciones tienen un protagonismo importante al momento de proteger a sus comunicadores y que son ellos quienes, en primer lugar, deben otorgar las garantías para que el trabajo se realice de manera segura. “Los medios deberían ser más conscientes del riesgo que entrañan estas coberturas y proporcionar cursos de formación, garantías de protección legal, chalecos, cascos, seguros. Muchas empresas contratan personal bajo la figura de freelances y periodistas independientes y se desentienden de sus obligaciones”.

La protección a los periodistas también está contemplada en la Ley Orgánica de Comunicación. El Artículo 42.1 habla específicamente de este punto y dice que el Estado y los medios deberán proteger a los trabajadores que, por sus actividades profesionales, pongan en riesgo su vida, y responsabiliza al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación de elaborar y coordinar políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas con las instituciones respectivas.

El Cordicom busca que instituciones, organizaciones y agrupaciones periodísticas de la sociedad civil también se involucren en estos temas.

Mientras tanto, llega un octubre más, con conmemoraciones de lo que fue la manifestación del mismo mes en el 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, que dejó 138 periodistas agredidos en 12 días de protestas. 

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