Los celulares de los intercambiables de ‘Guacho’

04.10.2021

Por Mayra Prado y Karol Noroña

Los hombres de ‘Guacho’

A las 21h00 del jueves 12 de abril del 2018, las luces se encendieron. En los pabellones del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, la noticia ya corría: en segundos se realizaría una requisa carcelaria. Un equipo de cuatro agentes de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP) ingresó a las celdas del ecuatoriano Patrocinio Cortez Preciado, alias ‘Cuco’, y de los colombianos Diego Fernando Tobón, alias ‘Diego’, y James Cuajiboy, alias ‘James’. Los tres –señalados como miembros del grupo disidente Frente Óliver Sinisterra (FOS)– fueron detenidos por tenencia de armas y explosivos y esperaban su juicio en prisión.

Los decomisos, conocidos como raquetas entre la población penitenciaria, en los recintos de privación de libertad no son actividades aisladas. Una persona excarcelada –caporal de uno de los pabellones del CRS de Latacunga, un preso que manda– dice que, en aquellos años, solían realizarse dos veces por mes. Y la información de las actividades policiales se difuminaba como pólvora a través de las celdas.

Pero la incursión de la UIP no fue improvisada. Ocurrió dos horas antes de que el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, diera un plazo de 12 horas, aquel jueves, al FOS para que entregara una prueba de vida del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, equipo periodístico de diario El Comercio. Ellos, hasta ese día, habían permanecido 18 días secuestrados por el grupo ilegal delictivo en la zona fronteriza norte. Los tres fueron capturados en Mataje el 26 de marzo y luego trasladados a territorio colombiano. Walter Patricio Arízala Vernaza, alias ‘Guacho’, en aquel entonces líder del FOS, antes de ser abatido por el ejército colombiano en diciembre de ese año, había
sido claro: para que Javier, Paúl y Efraín regresaran con vida a casa, Cortez, Tobón y Cuajiboy, tres de sus hombres estratégicos, debían ser liberados.

‘Cuco’, ‘Diego’ y ‘James’ eran, para esos días, los nombres que mantenían en expectativa al país. ¿Quiénes eran?, ¿por qué ‘Guacho’ los reclamaba?

En Mataje, los niños crecen entre el calor, la falta de servicios básicos y la presencia estatal, la ausencia de oportunidades y los futuros marcados por los vínculos con el crimen organizado. Patrocinio Cortez nació el 12 de julio de 1983 en esa comunidad, enclavada en el cantón San Lorenzo, en Esmeraldas. Tenía 34 años cuando fue detenido por la Policía Nacional el 12 de enero de 2018.

‘Cuco’ era un hombre importante para alias ‘Guacho’ y sus muchachos. Con el líder del FOS había coincidido en las filas de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC). Allí, de acuerdo con versiones recabadas por la Fiscalía, trabajaron juntos en el transporte de drogas y armas de lancha. Para el FOS, el hombre se volvió un miembro clave: se encargaba de reclutar gente para que la operatividad del
grupo narcodelictivo funcione, además, coordinaba el abastecimiento de material bélico y armamento. Su alcance iba más allá de garantizar el funcionamiento operativo de la disidencia, también fue el jefe de las milicias en la zona baja del río Mira.

James Cuajiboy tenía 19 años cuando fue detenido. Apenas entrado a la mayoría de edad, ya formaba parte del esquema de seguridad que debía encargarse de proteger a alias ‘Guacho’ y del transporte de explosivos, armas y municiones. Diego Tobón, en cambio, tenía como misión cuidar la logística tanto para emisión como recepción del material, que luego sería utilizado por el FOS para mantener su estructura ilegal ejerciendo violencia.

‘Cuco’, ‘James’ y ‘Diego’ trabajaban en equipo, unidos y escondidos, según fuentes de inteligencia. Sabían que los estaban buscando, ellos eran los principales sospechosos del atentado reportado a las 17h20 del 2 de noviembre de 2017, contra una patrulla del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), donde viajaban cuatro agentes policiales en el sector La Cadena, en San Lorenzo.

La Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones tardó dos meses en localizar a los tres hombres. En un informe de esta misma institución, del 13 de mayo de 2018, se indica, a breves rasgos, sobre una serie de actividades desarrolladas por la unidad especializada para frenar la problemática en la frontera norte con Colombia. Allí se detalla que –como parte de acciones de inteligencia criminal– un equipo de la Unidad de Delitos con Armas, Municiones y Explosivos (UIDAM) ejecutó el operativo Impacto 13, en una vivienda en la que los hombres de ‘Guacho’ permanecían en Mataje. Los tres fueron detenidos y trasladados de la cárcel de Esmeraldas a la de Cotopaxi, el 19 de enero de 2018. Tres años después, ‘Cuco’ apeló ese traslado, pero un juez rechazó su solicitud.

Cuando los aprehendieron, los agentes encontraron en el inmueble lo que comprobó su articulación de trabajos para el FOS: tres armas de fuego, 370 cartuchos de diferentes calibres, seis rollos de mecha lenta, dos granadas, 38 baterías y tres celulares.

Tras la detención de sus hombres, ‘Guacho’ se armó de amenazas y violencia. Su respuesta fue un atentado con coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo, el 27 de enero de 2018. Su exigencia se intensificó después del secuestro de Javier, Paúl y Efraín.

A las 16h06 del 31 de marzo, el canal de comunicación abierto entre el Gobierno y el FOS para supuestamente “negociar” la libertad del equipo periodístico, recibió un mensaje: “Liberen a mis muchachos, que si no los sueltan los matamos hoy mismo”, decía. La respuesta del negociador, el coronel
Carlos Maldonado, fue que “vamos a revisar el tema legal de sus muchachos para buscar una mejor solución”. Recién ese día, seis días después del secuestro, comenzó un acercamiento poco constante con los hombres de ‘Guacho’ en el CRS de Latacunga para enviar videos de su condición al FOS.

Aunque el Gobierno anunció que se coordinaba “con Fiscalía y Consejo de la Judicatura las acciones correspondientes a fin de dar cumplimiento con lo solicitado por alias ‘Guacho’”, incluso, Navas soltó en una rueda de prensa: “Estaban en un proceso judicial sin sentencia, si queríamos un indulto teníamos que tener sentencia y hubo reuniones de coordinación con Fiscalía y Judicatura para llevar a cabo, método abreviado”. Sin embargo, no hay registros de que esa intención se haya hecho efectiva. Ellos fueron sentenciados siete meses después de que se confirmara el asesinato del equipo periodístico.

En la cárcel, los hombres de ‘Guacho’ o vinculados al FOS tenían un estatus especial. La fuente excarcelada que dio su testimonio para esta investigación, con la condición de permanecer en el anonimato, lo recuerda. “Cuando tienes dinero, todo es posible en prisión. Los guías penitenciarios nos
pedían dinero, USD 5 por persona, para no encerrarnos a las 17h30. Entonces, en las celdas había licor y música hasta las 23h00. Ellos (miembros del grupo narcodelictivo) tenían dinero, conseguían esos parlantes. Nos llevábamos bien, porque estaban aparentemente tranquilos. Pero también les gustaba presumir su poder. Lo primero que hicieron fue conseguir celulares para poder comunicarse. Tenían ‘gatitos’ (personas que les servían) que les lavaban la ropa o que cocinaban para ellos, porque a la prisión sí se ingresaba carne cruda”, relata.

El resultado de la raqueta era importante para el proceso de investigación: en diferentes celdas fueron hallados dos celulares que, por fuentes recabadas por la UIP, habrían sido usados por ‘Cuco’ y ‘Tobón’. En esa misma incursión se halló una hoja con siete números telefónicos sobre la cama de ‘James’. Pero otro operativo había sido desplegado ese mismo día en el que se incautó un dispositivo móvil presuntamente
utilizado por ‘James’.

Por esos hallazgos se inició una investigación por ingreso de artículos prohibidos a la cárcel de Latacunga, que no prosperó. Pero, según la Policía, al menos uno de esos celulares tenía información valiosa y, por eso, solicitaba la revisión de su contenido. Sin embargo, según los documentos revisados, han existido demoras para su análisis, versiones contradictorias sobre su manipulación y hasta mensajes borrados
que suman más dudas a las investigaciones por el crimen de los periodistas ecuatorianos.

¿Por qué era importante el contenido de esos celulares? El 11 de diciembre de 2019, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó el informe final sobre el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín. El documento –en el que se desentraña una serie de omisiones y descoordinaciones por parte de Ecuador y Colombia– se construyó como parte
de una asistencia técnica a la investigación y seguimiento a las medidas cautelares que el organismo internacional otorgó el 12 de abril de 2018 a favor de Javier, Paúl y Efraín por solicitud de las familias del equipo periodístico, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP).

El informe contiene tres anexos. El segundo corresponde a un monitoreo detallado de la investigación de la Fiscalía sobre el secuestro. En ese documento reservado, una de las recomendaciones del ESE es que el Estado ecuatoriano debía realizar un análisis de la información obtenida de la extracción forense a los teléfonos incautados y presuntamente utilizados desde la cárcel por Patrocinio Cortez y James Cuajiboy para la época del secuestro, en momentos en que se negociaba con alias ‘Guacho’ su canje. Esta información, consideraba el ESE, era de vital importancia.

La Fundación Periodistas Sin Cadenas logró acceder al reporte de la explotación y extracción de información de los celulares. 3417 hojas componen el documento pericial. Se revisó cada página del documento, dividido en dos archivos por dispositivo. La investigación abrió una puerta para consultar
a diferentes fuentes que dan cuenta no solo de descoordinación fiscal y hermetismo, sino que es también otra historia de impunidad.

Plazos y ofrecimientos inútiles: ¡No hicieron nada!

¡Renuncia, Navas!, ¡Lárgate, corrupto!, ¡Asesinos, son asesinos!, ¡No hicieron nada!, ¡Nos faltan tres!, ¡Nos faltan tres!, ¡Nos faltan tres!, ¡Nos faltan tres!…

Caos, dolor, incertidumbre, ira. El 12 de abril de 2018 fue un día desolador. Eran las 20:00, cuando las gargantas desgarradas retumbaron su grito de impotencia en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, después de que César Navas, exministro de Gobierno, dijera en una rueda de prensa que “no había confirmación” sobre las fotografías de tres cuerpos sin vida que circularon en redes sociales y que anunciaban lo que el país ya sabía: Javier, Paúl y Efraín habían sido asesinados por el FOS.

Pero, además de las fotografías, un día antes, la mañana del 11 de abril, Ecuador amaneció con una filtración que encendió las alertas: un comunicado firmado por el FOS confirmaba su asesinato. “El gobierno de ecuador (sic) y el ministro de Colombia no quisieron salvarles la vida a los tres detenidos. (…) Lamentamos profundamente la muerte de los dos periodistas y el conductor”, anunciaba el texto, difundido por medios de comunicación colombianos. La mirada del país, entonces, no parpadeó hasta saber qué había ocurrido con el equipo periodístico ante la escueta información oficial. 

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl, esperaba afuera de la sala del ECU 911, en medio de los gritos. Ataviado y desbordado por los cuestionamientos en su contra, Navas salió con paso acelerado de la rueda de prensa. “Él le gritó a sus asesores: ‘¡dije que nada de familiares en la sala!, ¿por qué no me hacen caso?’ Nuevamente me paré frente a él y le dije que era la prensa quien le estaba exigiendo respuestas, pero que sí, en el periodismo también nos consideramos familia. Yo también le exigía respuestas: ¿están o no están muertos? Entonces, pasando una hora, indicaba que había el 40% de probabilidad. Luego, el 50%. Después, el 60%, el 70%, el 80%…”, cuestiona.  

Las familias —una vez más— tuvieron que fortalecerse para mantener la calma ante las contradicciones estatales. Con lágrimas en los ojos, decenas de periodistas, amigos y familiares encendieron sus antorchas, levantaron carteles y sus consignas nuevamente frente al Palacio de Carondelet para exigirlos vivos, aún con la esperanza empañada.

A las 22:45, el expresidente Lenín Moreno llegó a Ecuador y en el mismo avión en el que viajaba junto con sus funcionarios, volvían Galo Ortega, padre de Javier, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, y Cristian Segarra, hijo de Efraín. Ellos habían decidido ir un día antes, el 11 de abril, hacia Lima – Perú, a la Cumbre de las Américas, un encuentro que reuniría a Moreno y Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, para reclamar la coordinación binacional y el regreso a sus familiares. Pensaban que aún era posible: durante ese viaje hablaron con Edison Lanza, en ese entonces relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, quien anunció que las medidas cautelares a favor de Javier, Paúl y Efraín serían otorgadas. Además, esperaban una reunión con un equipo que participó en la negociación para el rescate de tres periodistas, secuestrados por un grupo armado en Siria. 

No sucedió. Cuando arribaron al Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, Moreno no tuvo más opción que pronunciarse frente a la difusión de las imágenes y enunció: “Doy un plazo de 12 horas a estos narcos, para que nos entreguen la prueba de existencia de nuestros compatriotas”, mientras aseguraba “sentir” y “acompañar” el pesar de las familias.

El siguiente día, el 13 de abril, pasó a la historia como una marca viva de la impunidad. A la Plaza Grande llegaron los periodistas de la redacción de El Comercio y más compañeros de Javier, Paúl y Efraín que gritaron por ellos desde que comenzó el secuestro. Comunicadores y activistas, acompañados por los gritos de decenas de estudiantes universitarios, recibieron la noticia que confirmó su muerte. Y, entonces, el caos, el reclamo general que denunciaba: ¡No hicieron nada!

En medio de la fallida intervención de Navas y el plazo inútil de Moreno, una operación policial se desarrollaba a 105 kilómetros de Quito, en el interior de los pabellones del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, ubicado en la vía Saquisilí, en Latacunga. En las celdas de la prisión estaban recluidos ‘Cuco’, ‘Diego’ y ‘James’, los tres hombres que debían, según el FOS, regresar a sus filas como requerimiento para que el equipo periodístico fuese liberado. 

¿Por qué no liberaron a los hombres de ‘Guacho’?, ¿qué pasó con el proceso de negociación? Esas eran preguntas que resonaban a escala nacional y la respuesta del Gobierno fue presentar una cronología del caso después del anuncio del asesinato durante la rueda de prensa. El coronel Polivio Vinueza, jefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), mostró un video en el que alias ‘James’, vestido con el overol anaranjado, usado por las personas privadas de libertad, dice: “Como le estoy explicando que el Gobierno nos está ayudando muchísimo con el procedimiento y todo eso y nos van a liberar lo más pronto posible si Dios quiere y sobre todo nos están tratando muy bien. Y más que todo no estoy bajo ninguna presión…”. El exmiembro del FOS movía sus manos incesantemente, parecía nervioso, pese a que su rostro estaba pixelado. 

Vinueza afirmó que hubo acercamientos con los hombres de alias ‘Guacho’ y que se les había hecho comprender la posición del Estado ecuatoriano para cumplir con el requerimiento del FOS, es decir, su liberación. 

El video se envió como respuesta al último mensaje entre el canal de comunicación y el FOS. “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy a las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”, sentenció el mensaje recibido la mañana del 7 de abril.

Para esa fecha, habían pasado 12 días desde el secuestro y las exigencias del FOS eran firmes. ‘Cuco’, ‘Diego’ y ‘James’ esperaban la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por tenencia de armas y explosivos, fijada para las 14:30 del 18 de abril, cinco días después de que el país conociera que Javier, Paúl y Efraín estaban muertos. El fiscal Wilson Toainga estuvo a cargo de esa investigación y para el 3 de abril ya había solicitado el cierre de la instrucción fiscal en el caso, pues desde la detención de los hombres el proceso judicial había avanzado. No hay registros de que Fiscalía haya intentado solicitar un proceso judicial abreviado, pese a que Navas había afirmado que se aplicaría un indulto y que para ello se dieron reuniones entre la Judicatura y la Fiscalía. 

La audiencia preparatoria de juicio se desarrolló casi un mes después, a las 14:00 del 11 de mayo del 2018, debido a que el juez no podía movilizarse a Esmeraldas para cumplir con la diligencia en la fecha inicial. El proceso se dilató un par de meses. El 9 de septiembre de ese año se debió realizar la audiencia de juicio, sin embargo, el abogado de ‘Cuco’ no asistió y se declaró fallida. El 27 de noviembre finalmente llegó su primera sentencia: siete años de prisión. 

‘Cuco’ y ‘James’ fueron llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada y terrorismo junto a 12 miembros más del FOS. Alias ‘Diego’ -según consta en el sistema del Consejo de la Judicatura- solo fue procesado por el caso de tráfico ilícito de armas. El juez Juan José Villamar los sentenció a 10 y 7 años de cárcel, respectivamente, el 12 de marzo de 2019. Actualmente, según informó el jurista Iván Nicola, quien fue defensor legal de los exmiembros del FOS, están en proceso de apelación de segunda instancia ante la Corte Provincial Judicial de Esmeraldas. 

La pista de los celulares tras las rejas

El cartel enlista 17 artículos. Cada persona que ingresa al filtro 2 de la cárcel de Latacunga lo observa, antes de ser registrada para entrar como visitante al recinto. Es la alerta que detalla la serie de objetos prohibidos en prisión; están ordenados por jerarquía. Primero, están las armas de cualquier tipo, luego le siguen los artículos cortopunzantes. Los teléfonos móviles están en tercer lugar. En la pancarta también se especifican otros elementos como cámaras de fotografía y video, grabadoras, lentes, gorras, paraguas, drogas, joyas, dinero, pornografía… 

En la cárcel, el acceso a esos artículos es un delito tanto para quien los ingresa como para la persona privada de la libertad que los recibe y se sanciona con una pena que puede extenderse hasta tres años de prisión. Pero, en la cotidianidad de la convivencia tras las rejas, tiene un doble significado: quienes logran tener un celular todos los días tienen un nivel de poder mayor, en contraste con quienes deben alquilarlos o pagar cuotas para usarlos algunos minutos. No es un secreto la tenencia de dispositivos móviles en el interior de las celdas, lo que varía son los motivos. Algunos los usan para mantener el contacto familiar, otros, para continuar con sus actividades ilícitas. Todo cuenta, incluso el modelo de un celular. 

En el momento de la mayor crisis con los periodistas, ‘Cuco’, ‘Diego’ y ‘James’ tuvieron acceso a teléfonos celulares en la cárcel de Latacunga. “Fuentes humanas” de ese centro avisaron a los policías de la existencia de estos dispositivos en sus celdas. Aunque fueron procesados por el mismo crimen, no estaban en el mismo lugar. Habían sido distribuidos entre los pabellones de mediana y mínima seguridad. Hasta allí ingresaron Julio Larco Pachacama, Oscar Acosta, Wilson Guarochico y Joselyn Cando, agentes de la UIP.

Los policías entraron primero al edificio de mediana seguridad, al ala 2 de la sección y subieron hasta el piso tres para hacer un barrido en cinco celdas: 51, 52, 53, 54 y 55. En la celda 53, de acuerdo con el informe policial, estaba recluido ‘Cuco’. El equipo de la UIP dio su siguiente paso en el área de mínima seguridad, atravesaron el ala 2 para llegar al piso 2, a la celda 40, en donde permanecía ‘Diego’. Después, los agentes de la UIP entraron al piso 3 del mismo edificio e irrumpieron en la celda 21. Allí estaba ‘James’. Los tres detenidos aún guardaban prisión preventiva y esperaban la audiencia preparatoria de juicio, que finalmente se desarrolló el 18 de abril, seis días después del operativo. 

En el parte policial —generado a las 14:59 del viernes 13 de abril— que detalla los resultados de la requisa se confirma el hallazgo de tres celulares y otros artículos prohibidos. El agente Larco Pachacama lo describe en su informe.

En la celda 52, ubicada en el pabellón de mediana seguridad, se encontró un celular de gama media, color blanco, una batería, chip de la operadora Claro. Según la versión de una fuente humana, citada por la Policía en su informe, el teléfono era usado presuntamente por ‘Cuco’, aunque él dormía en la celda contigua, la 53. Se hallaron, además, seis cargadores, un tomacorriente, dos cargadores artesanales, cuatro armas blancas, tres pipas, dos baterías de celular, un ‘display’, una placa de teléfono móvil, una placa con carcasa y 12 placas de cargadores en mal estado (ver imagen).

En la celda 55 del edificio de mediana seguridad, en cambio, se halló un celular de gama media, color azul, aunque sin chip, que presumiblemente era usado por ‘Diego’. 

Durante ese mismo operativo, el equipo de la UIP encontró cinco recortes de hoja de papel sobre la cama de ‘James’. Aunque apenas son visibles, son siete números de celular, seis ecuatorianos y uno colombiano.

Luego de ser decomisados, los celulares y los objetos incautados fueron ingresados en cadena de custodia a la bodega de la Policía Judicial de Cotopaxi.

En el parte policial también hay un detalle no menor: el agente Larco Pachacama explica que, de acuerdo con el testimonio de fuentes no identificadas, se conoció que ese mismo jueves, otro equipo de la UIP desplegó un segundo operativo de requisa en la cárcel de Latacunga. Durante esa actividad se incautó un celular en la celda 24 del pabellón de mínima seguridad y que habría sido usado por ‘James’.

“En ese teléfono estaría almacenada información valiosa, por tal razón se recomienda que se solicite a la autoridad competente la autorización judicial para la apertura y explotación de información de los teléfonos celulares”, escribió el policía. Sin embargo, el parte policial de esa operación no fue incluido en el expediente de los celulares. Así inició la investigación previa por delito de ingreso de artículos prohibidos, tipificado en el artículo 275 de Código Orgánico Integral Penal (COIP), y que es sancionado con 1 a 3 años de prisión.

Pero la sugerencia del agente quedó en eso: palabras. Son 84 las páginas que componen el expediente del caso de los celulares, investigado por el fiscal Rafael Quishpe, en la Fiscalía de Soluciones Rápidas de Cotopaxi. Pese a que el operativo de requisa se realizó el 12 de abril, un día antes de que se confirme el asesinato de Javier, Paúl y Efraín, solo se dispusieron pericias básicas: el reconocimiento del lugar de los hechos y de las evidencias como fotografías y el listado de personas privadas de la libertad que se encontraban en la celda 53 junto con ‘Cuco’. No hay registro de toma de versiones, datos detallados sobre los otros presos a quienes se les atribuía el uso de los celulares y tampoco consta el informe de extracción y explotación de información de los dispositivos. 

¿El fiscal podría haber hecho una conexión entre el caso de los teléfonos móviles y el de Javier, Paúl y Efraín? El abogado Milton Castillo explica que los fiscales tienen, por sus propias atribuciones, independencia para la investigación dirigida específicamente al presunto delito por el cual se ha iniciado la indagación. En el derecho penal, dice, es aplicable la conexidad, un principio que se refiere a la vinculación entre diversas acciones ilícitas. “Si estaban relacionadas, el juez que conoció la causa era quien debía hallar esa existencia y disponer que se investigue o, por otro lado, hacerlo el fiscal que lleva la causa principal”, indica.  

Sin embargo, el cuerpo del expediente de la requisa es tan escueto y débil, que incluso demuestra la falta de precisión en los elementos decomisados durante el operativo. Un mes después de haber comenzado la investigación, el sargento primero de la Policía, Pablo Calderón Paladines, perito de Criminalística designado para realizar la pericia de reconocimiento de las evidencias, indicó en un informe, entregado el 14 de mayo de 2018, que también se halló un teléfono celular color negro y plomo, sin marca, modelo ni batería, además de una batería color blanco y una placa electrónica de teléfono móvil, modelo GT-I8190L.

Sin embargo, nada se dice sobre en qué celda fue encontrado y mucho menos se precisa una conexión de a quién presumiblemente pertenecía. De hecho, las diligencias y pericias en este caso culminan con ese informe. Un año después, el 22 de mayo de 2019, el fiscal Quishpe solicitó el archivo de la causa y el 15 de agosto de ese año, el juez Iván Fabara aceptó el pedido.

Ninguna de las investigaciones prosperó pese a que ‘Cuco’, ‘Diego’ y ‘James’ eran, en ese momento, los tres hombres en discordia, cuya libertad habría significado la de Javier, Paúl y Efraín. ¿Cómo fueron ingresados esos celulares?, ¿por qué no se dispuso la inmediata extracción de información de los celulares si el caso generó conmoción a escala nacional?

La Fundación Periodistas Sin Cadenas solicitó una entrevista con el fiscal Quishpe, pero fue negada. La Fiscalía indicó que “no es factible” el diálogo debido al estado del caso y a que, además, Quishpe no es titular de la Unidad que desarrolló la investigación en 2018. Actualmente cumple funciones en la Fiscalía Cantonal de Salcedo.

El hermetismo de las fuentes y el intento de ocultamiento 

En la oficina de una fuente judicial cercana al manejo del caso de los celulares hay decenas de documentos por revisar; otros, en cambio, se mantienen represados. Al consultar sobre el expediente y el contenido extraído de los dispositivos, hay silencio. Pasan algunos segundos sin respuesta. Está nerviosa, dice no recordar. De a poco, en una conversación, hace memoria y afirma que, pese a que el expediente es público al haberse archivado, la información no consta. “Es de carácter reservado”, argumenta, aunque en el expediente no hay un documento oficial que ratifique su afirmación. Esa, sin embargo, es la primera de una serie de contradicciones en su testimonio que evidencia el débil manejo de la investigación en el sistema de justicia nacional.

—¿Por qué es de carácter reservado si el caso está archivado?

El Estado le sacó a ese celular la información que tenía, pero no está en el expediente por una cuestión de seguridad. La Fiscalía suele hacer una serie de diligencias y pericias, como el reconocimiento del lugar de los hechos, la toma de versiones, el reconocimiento de los celulares, a veces, se reserva por situaciones de seguridad nacional.

—Pero, ¿no era una pericia esencial?, incluso el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH recomendó al Estado que se sistematice la información de los celulares. 

Lo que pasa es que no se hizo una experticia así, solo se hizo el reconocimiento de las evidencias. Una cosa es que se realice el reconocimiento de evidencia, en la que se toman fotografías de lo que se ha encontrado, otra que se saque la información. No está dentro del expediente, porque no se ordenó la explotación de ese celular y la extracción de los mensajes de texto.

—En el parte policial se presumía que uno de los celulares era usado por alias ‘Cuco’, aún así Fiscalía no dispuso la pericia, ¿por qué?

Mire, él (alias ‘Cuco’) estaba procesado por otras causas y esto realmente no era algo que repercutía o que le iba a representar más años de prisión, por eso es que se cortó por esa vía. La Policía tiene equipos de inteligencia, a veces se ‘pinchan’ teléfonos para obtener información. Podría decirse que esa fuente no es tan jurídica, pero es válida para precautelar los derechos de las demás personas. Lo que le digo es que no se dispuso la explotación, lo que se hizo fue solo el reconocimiento.

—¿Por qué?

No como justificativo, pero posiblemente hubo desconocimiento de que un aparato telefónico de esa naturaleza tenía alguna relación para otra investigación, por eso se realiza de manera general. De esos teléfonos sí deben haber sacado información, porque es un barrido que generalmente se hace, pero no está dentro del expediente. En esta clase de casos solo se va por el tipo penal, que era el ingreso de un artículo prohibido. Lo que había que determinar es a quién le pertenecía y pedir tantos años para el culpable. Ustedes (como periodistas) van mucho más allá, porque hacen estas conexiones.

—¿Por qué se archivó?

Se dejó transcurrir un período, porque se tienen cuatro causales para archivar un caso: el paso del tiempo, que no sea delito, que exista un obstáculo legal insubsanable y las otras disposiciones de la ley. En este caso se debió enviar a archivo por el transcurso del tiempo y porque no se encontraron elementos legales para procesar a esta persona.

—¿El fiscal que llevaba el caso de Javier, Paúl y Efraín no sabía sobre este expediente?

No, si lo hubiese sabido, seguramente hubiese pedido que lo incluyan.

—Pero el caso del equipo periodístico se conocía a nivel nacional y a escala internacional, también se supo sobre el decomiso de los celulares…

En este caso particular nadie propició, nadie impulsó una investigación a fondo. La Fiscalía dispuso las diligencias de cajón, pasó el tiempo, no se encontraron elementos y se mandó a archivar, pero la evidencia aún existe. 

El testimonio de la fuente judicial es clave, pero contradictorio y da luz sobre la descoordinación en las investigaciones, sobre todo, porque los celulares que presuntamente eran utilizados por ‘Cuco’ y ‘Diego’ sí fueron incluidos en el expediente del secuestro de Javier, Paúl y Efraín, que estuvo a cargo del fiscal Wilson Toainga durante el 2018. El traslado desde las bodegas de la Policía Judicial de Latacunga y el ingreso de las evidencias al centro de acopio del Departamento de Criminalística de Pichincha, se realizó el 14 de abril de 2018, según consta en el expediente fiscal.

En su informe, la CIDH reveló que fue el 30 de julio de ese año el día en el que se realizó la diligencia de extracción de información de los dispositivos móviles, luego de obtener una autorización judicial para ejecutar la pericia. En el documento, los investigadores escribieron que en los celulares habría datos relevantes para el caso. Pero la fecha de la pericia sorprende: se hizo tres meses después de que la Policía ejecutara el operativo en la cárcel de Latacunga.

Las familias del equipo periodístico no conocían el contenido de los celulares más allá de la recomendación del ESE de la CIDH. Siguiendo esta pista se encontró el informe de aquella extracción, que tampoco fue incluida ni analizada en el expediente que se lleva en Colombia. Esto se confirmó luego de revisar los cuerpos del caso por secuestro extorsivo y concierto para delinquir que se maneja en ese país.

Luz Adriana Camargo, desde Colombia, quien trabajó como consultora para la CIDH y es coautora del informe del ESE, cuenta su experiencia documentando y revisando los pasos dados por Ecuador en la investigación. La asistencia técnica del organismo internacional intentó aportar con su seguimiento a esclarecer lo que ocurrió durante el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín. En el documento se afirma que no se “halló constancia de que la información derivada de labores operativas y técnicas fuera procesada y analizada (…) Resulta altamente probable que esos teléfonos contengan contactos de interés para la investigación e información derivada del historial de chats y mensajería que pueden orientar las investigaciones, más si sus usuarios eran las personas solicitadas en canje por el FOS”.

Luz Adriana señala que los datos sobre los celulares eran escuetos, pero la investigación estableció que el análisis de la información era imprescindible. “No tuvimos acceso a la información de esos dos celulares, uno incluso tenía una cadena de custodia complicada. Además, no se sabía si en realidad pertenecía a uno de los detenidos o no, pero en lo que sí insistimos es que esos dispositivos eran sumamente importantes, porque del FOS se habían comunicado con uno de los detenidos durante el secuestro para avisarle de todas las gestiones”, explica. Para ella, el proceso de seguimiento de investigación en Ecuador fue complejo, sobre todo, cuando se publicó el informe. “Ecuador formuló un reparo al primer borrador porque señalaba que contaba la investigación y que eso entorpecería el proceso”. Esa fue la razón para que el anexo que contiene como una de las recomendaciones claves, el análisis del peritaje de los dispositivos, fuese reservado y entregado exclusivamente a las familias. Ahora se conoce que desde esos dispositivos se realizaron 999 llamadas, entre el 26 de marzo y el 12 de abril de 2018.

La audiencia privada para la extracción de la información de los celulares se desarrolló a las 09:00 del 30 de julio de 2018, en el Departamento de Criminalística de la Policía Judicial en Pichincha. Giovanny Freire Coloma, juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial de Iñaquito, la autorizó el martes 12 de junio. Pero en la diligencia no estuvo Toainga, quien delegó al fiscal Gustavo Benítez para ejecutarla.

Fueron los peritos Diego Guerra y David Merlo quienes hicieron el trabajo de extracción. La funda plástica que contenía las evidencias, ingresadas en cadena de custodia, fue abierta: allí estaba el celular Samsung color blanco con chip claro que habría usado ‘Cuco’. 

Asimismo, se extrajo el celular azul que habría utilizado su compañero ‘Diego’. En el cúmulo de indicios también reposaban las 12 placas de cargadores, 6 cargadores, 2 placas artesanales, la hoja con recortes hallada en la cama de ‘James’ y 4 armas blancas envueltas en papel.

El primer celular en custodia fue encendido. Estaba desbloqueado, en modo avión y registraba llamadas con dos grupos de whatsapp, citados en el informe de la CIDH: “fugas” y “holas”. Tenía, además, 22 conversaciones en mensajes de texto, pero no contaba con memoria externa. El segundo dispositivo, en cambio, tenía diálogos en messenger y whatsapp.

La diligencia culminó con la disposición de que los resultados sean entregados al día siguiente. Y así fue. El informe de los peritos llegó el 31 de julio de 2018. 

Los informes, en su conjunto, suman 3.417 páginas, compactadas en un CD. Al revisar cada página del documento, dividido en dos archivos por dispositivo, los resultados fueron poco alentadores: no hay ningún dato conector, pero existen cientos de contactos, llamadas y conversaciones eliminadas.

En el primero que se le atribuía a ‘Cuco’, pero que nunca logró comprobarse por la falta de pericias en el expediente de investigación de los celulares, existen 721 contactos, 454 de ellos borrados. Lo mismo sucede con los mensajes de textos: son 234, 64 eliminados. En el reporte de extracción se registran 860 llamadas, 378 borradas. Entre el 27 de marzo y el 12 de abril hubo 476 llamadas. Ese último día fueron 21, entre las 18:12 y las 20:46, mientras que el 7 de abril fueron 42 durante todo el día. Asimismo, el documento de la pericia muestra 74 conversaciones, 1 borrada.

Además, el 55% del archivo son imágenes en miniatura que poco pueden distinguirse, pero se observan personas privadas de la libertad y decenas de adolescentes. En el documento se detalla que el grupo “fugas” fue creado el 21 de septiembre de 2017 y hay registro de llamadas y mensajes en cadena, sin embargo, el contenido es escueto. Con el grupo “holas” ocurre lo mismo, no existe secuencia de datos o conversaciones reveladoras. Como suele ocurrir en los centros carcelarios, hay diálogos que evidencian que el celular no fue usado exclusivamente por una persona.

Por otro lado, el segundo teléfono, presuntamente usado por ‘Diego’, tiene registro de 352 contactos, 166 borrados. En la página 280 del informe de extracción, una conversación de whatsapp evidencia que el 3 de marzo de 2018 los guías revisaron la celda, pero los reclusos lograron esconder el celular. Así mismo existe el rastro de 443 mensajes de texto y 183 borrados, además de 529 llamadas, 10 que fueron eliminadas y se evidencian mensajes borrados por el remitente, los días 4, 7 y 12 de abril. El 26 de marzo, día del secuestro, se realizaron 8 llamadas, entre las 10:05 y las 16:00, y desde ese día hasta el 12 de abril fueron 523. También el día de la requisa en Latacunga, cuando se difundieron las fotos de los periodistas asesinados, y mientras Ecuador y Colombia negaron haber realizado operaciones militares en la zona donde estaban secuestrados, se registraron 198 llamadas, entre las 06:37 y las 20:32. Como sucede con el primer celular, más del 50% de contenido de imágenes son pornografía, mujeres, alcohol, niños y niñas.

La pericia, aunque cuenta con miles de hojas, no es profunda. Si bien se enlista el número de llamadas, solo se enfoca en poner hora y duración, nada dice sobre el contenido que debía ser el objetivo principal para determinar si existieron comunicaciones entre los detenidos y el FOS durante el proceso de negociaciones para liberar a Javier, Paúl y Efraín.

En la Fiscalía de Soluciones Rápidas de Cotopaxi trabaja ahora la fiscal Germania Chicaiza. Ella explica que el caso de los dos celulares podría reabrirse, si la familia decide interponer un acto urgente, y se debe a que el juez Iván Fabara declaró el archivo del expediente, pero en un tribunal de primera instancia.

La investigación no prosperó por la falta de impulsos fiscales, sin embargo, aún hay una pregunta que resuena: ¿qué pasó con el celular que presuntamente era usado por ‘James’ y que fue decomisado durante otro operativo ese mismo 12 de abril? El policía Larco Pachacama reportó que por fuentes humanas conocía que podría tener información valiosa y recomendó que se solicite autorización judicial para la apertura y explotación de la información.

Una solicitud del fiscal Toainga, a cargo del caso del equipo periodístico, permitió obtener la autorización judicial para la exhibición, extracción y transcripción de la información contenida en el dispositivo de ‘James’. Se trataba de un celular de gama media color negro con filos plateados. El impulso fiscal, de 25 de julio de 2018, consta en el expediente que se maneja en Colombia y fue anexado debido a la cooperación binacional con Ecuador. En el documento se detalla que fue el cabo Edgar Serafín Paca, quien escribió el parte elevado de la operación carcelaria que dio como resultado la incautación del celular. El 13 de agosto de 2018, el fiscal dispuso que se agregue el informe elaborado por los peritos de Criminalística al expediente de Ecuador. Sin embargo, el informe del análisis no se adjuntó en el expediente de Colombia. Ángela Caro Montenegro, abogada de la FLIP y representante legal de las familias de Javier, Paúl y Efraín, en ese país, lo confirma y recuerda que la Fiscalía de la Nación no quiso tomar en cuenta los datos de esa pericia. No se conoce si los resultados de la pericia están en el expediente de Ecuador porque son reservados y no se tuvo acceso a ellos.     

El historial de ‘Cuco’ en la Fiscalía establece que fue sospechoso del ingreso de celulares en más de una ocasión. A las 11:30 del 23 de agosto, un nuevo equipo de la UIP realizó un operativo de requisa en la celda 53, donde estaba el detenido junto con sus compañeros Ausiello P., Milton O. y Noe V. Ese día, los agentes policiales encontraron un celular Samsung, color negro, con chip de operadora CNT, con tarjeta de memoria y tapa posterior negra. En septiembre de ese año se inició una nueva investigación por presunto delito de ingreso de artículos prohibidos, también a cargo del fiscal Rafael Quishpe. 

La investigación también fue débil. Los impulsos fiscales son escasos: Quishpe solamente pidió la versión del policía que estuvo en el operativo y el reconocimiento del lugar de los hechos. No se realizaron entrevistas, tampoco se tomaron versiones.

Cuando Quishpe dejó la Fiscalía de Soluciones Rápidas, la fiscal Chicaiza tomó el caso y el 25 de octubre de 2019 solicitó el archivo y la destrucción del celular. El 19 de mayo de 2020, el juez Luciano López lo aceptó, pero aún sigue en custodia de la Policía Judicial de Latacunga.

Las familias claman por la desclasificación de la información

Cierra sus ojos para nombrarlos. Su voz retumba y crece en un micrófono colectivo que vuelve a Javier, Paúl y Efraín cada día más vivos, más amados, más presentes, frente a los palacios de la indolencia, como llaman las familias de los tres a las entidades de gobierno. Es el reclamo de Galo Ortega, padre de Javier, que se unió al grito de las personas que buscan a sus desaparecidos en Ecuador. ‘Don Galito’, así le dicen sus compañeros de la Asociación de Familiares y Personas Desaparecidas (Asfadec), se convirtió en un símbolo de lucha que se niega a aceptar la impavidez del Estado. Él  decidió plantarse todos los miércoles en plazas, fiscalías y actos públicos, con el carné de prensa de su hijo en el pecho, para recordarle al Gobierno que la justicia es una deuda que aún está lejos de saldar.

Tres años y seis meses han pasado desde que Rangazu, Pistacho y Segarrita, como los recuerdan familias y amigos, fueron asesinados. Galo, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, Yadira Aguagallo, pareja de Paúl, y Cristian Segarra, hijo de Efraín, confirman que los años han sido solo alimento para la impunidad. 

El caso continúa en indagación previa en la Fiscalía de la Comisión de la Verdad 2. El plazo de la primera etapa procesal venció el 26 de marzo de 2020, al cumplirse dos años de iniciarse la investigación, según lo estipula el Código Orgánico Integral Penal. Pero se solicitó una ampliación y la Fiscalía la aprobó el 21 de agosto de 2020. Son 23 cuerpos, de 100 hojas cada uno, los que componen el expediente: 2.300 páginas y los avances son nulos.

Julio es el mes en el que se recuerda la repatriación de los cadáveres de Javier, Paúl y Efraín desde Colombia. Tres años después del hallazgo de los cuerpos, la cuarta fiscal que asumió el caso en junio de 2021, Johanna Moncayo Falconí, llamó a rendir versión a Ricardo Rivas, quien también el 12 de julio de 2021 junto a Galo Ortega, en representación de las familias, interpusieron una demanda de desclasificación de información ante la Corte Constitucional de Ecuador.

El requerimiento planteado es que se levante la reserva de las actas 18, 19 y 20 de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), realizadas entre abril y mayo de 2018. La misma solicitud que en su momento hizo el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, pues la información que se dio fue general y lo que se espera es la desclasificación de todo lo relativo al manejo del secuestro. “Las actas, los audios y la lista de quiénes participaron en las reuniones del Cosepe”, remarcó el abogado Hugo Cahueñas, parte del equipo de defensa de las familias.

Las negativas a este pedido han sido constantes. La última fue el 24 de febrero de 2021 y la recibió el entonces fiscal del caso, Nelson Guano, de parte del Cosepe, esto pese a que el expresidente Lenín Moreno ofreció en siete ocasiones entregar la información. Esa es la motivación de la demanda, insiste Cahueñas, “estamos frente a graves violaciones de los Derechos Humanos y el gobierno no ha tomado acciones ni asumido su deber de respetar y garantizar que no haya violación de derechos”.

La posibilidad que ocurra lo mismo que en otros casos de violación de derechos humanos donde los familiares de las víctimas deben esperar años para que cortes internacionales obliguen al Estado a una reparación, genera desazón en Ricardo Rivas, para quien este es el último recurso que interpondrán en el país, por lo que esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional antes de acudir a instancias internacionales. “La Fiscalía General ha caminado de la mano con un gobierno que nos negó todo acceso a la información, recién tuvimos un llamamiento a declarar a los tres años del caso”.

El tiempo sigue corriendo y el sentir de los familiares es el mismo: desinformación, improvisación y descoordinación en la etapa más crítica de los hechos y durante la investigación, asegura Yadira Aguagallo. “Tienes cuatro fiscales generales (Carlos Baca Mancheno, Paúl Pérez Reina, Ruth Palacios y Diana Salazar) que utilizan al caso para decir que no habrá más impunidad, y cuatro fiscales del caso que no registran mayores avances en la investigación. La única que decide hacerlo es separada en el momento en el que más comprometida está con la investigación. Entonces, en ese proceso de la Fiscalía puedes advertir que no hay una voluntad para investigar”.

Se refiere a María Belén Corredores Ledesma, quien asumió la Fiscalía de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos 2, el 21 de mayo de 2019 y recibió del fiscal Toainga los expedientes de la investigación previa. Ella impulsó el requerimiento de desclasificación de la información argumentando que los hechos ocurridos con Javier, Paúl y Efraín se relacionan directamente con la escalada de atentados que sacudieron la frontera norte. Estos atentados fueron atribuidos al FOS al existir pruebas comunes, luego de los hechos registrados desde la explosión del Cuartel de Policía de San Lorenzo, el 27 de enero de 2018. Desde esa fecha hasta mayo de ese año hubo atentados con explosivos en Borbón, Alto Tambo, Viche y El Pan (donde fallecieron los infantes de marina: Luis Mosquera, Jairon Sandoval, Sergio Elaje y Wilmer Álvarez). También el secuestro y asesinato del equipo periodístico, de la pareja: Óscar Villacís y Katty Velasco, en Esmeraldas, y del soldado Wilson Ilaquiche, en Tobar Donoso, Carchi.

Bajo esta figura, la fiscal solicitó “(…) la desclasificación de toda la información, documentos, actas, alertas, informes, videos, audios, que se generó en las diversas instituciones que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado (Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Consejo de Seguridad Pública, Centro de Inteligencia Estratégica y sus subsistemas) que contengan información relativa y pertinente al secuestro y muertes(…)”. Este detalle consta en impulso fiscal número 24, de 27 de septiembre de 2019, ubicado en el expediente por el secuestro y asesinato de Óscar Villacís y Katty Velasco.  La respuesta que recibió del Ministerio de Defensa fue negativa y consta en el oficio de 10 de octubre de 2019 que señala: “(…) será puesto en conocimiento del Cosepe, en la próxima sesión (…)”. Los pedidos fueron reiterativos durante la gestión de Corredores y el 29 de octubre de 2019, dispuso se remita oficio al Ministerio de Defensa Nacional solicitando la desclasificación de la información y concedió un plazo de 10 días para que se cumpla el requerimiento.

La respuesta tiene fecha 18 de noviembre de 2019 y su texto hace referencia a la reserva de la sesión 20 del Cosepe y menciona una vez más que el pedido será puesto en conocimiento en la próxima reunión. Ante la reiterada negativa de las instituciones, la fiscal Corredores envió otro pedido el 19 de marzo de 2020, y señala que luego de presentar los impulsos de 27 de septiembre y de 29 de octubre de 2019 insiste en la desclasificación de la información. Después vuelve a oficiar al Ministerio de Defensa y a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

La insistencia motivó la respuesta de la Dinased, el 7 de agosto de 2020. En el Informe firmado por Franklin Daniel Cruz, jefe de Dinased Zona 3, no se dan mayores detalles de las acciones del Comité de Crisis, pero se menciona las reuniones del 15 y 17 de abril, y 2 de mayo de 2018, en donde a más de las entidades de gobierno, del Ejército y de la Policía, también participaba el fiscal Toainga, quien estuvo a cargo de los casos hasta mediados de mayo de 2019.

Desde la perspectiva de Luz Adriana Camargo, la actuación del fiscal en el Cosepe y en la Fiscalía más que aportar a la investigación fortaleció la actuación institucional del gobierno frente al caso. “Toainga hizo parte del Comité de Crisis, fue citado el día en que el gobierno se enteró del secuestro. Cuando hicimos la visita al Ecuador la delegación era muy monolítica, porque estaban el jefe de Inteligencia de la Policía, el del Mando Único y Toainga, los tres tenían la misma versión de los hechos. Él era uno más del equipo de gobierno, con una tendencia a justificar su actuación, que no está mal si yo soy gobierno, pero que no está tan bien si yo soy fiscal”.

Esa sensación de falta de imparcialidad también la percibieron los familiares y en esa misma línea apuntó Xavier Andrade, uno de los abogados, para solicitar su salida del caso. “El fiscal Toainga es muy eficiente, muy capaz, pero nosotros pedimos que él salga porque sentimos de alguna forma que había un conflicto de intereses, ¿por qué? Porque la Policía que estaba vinculada a esto era muy cercana al fiscal y sentimos que había conflicto de intereses porque difícilmente iba a investigar si había una relación previa”.

Tras el cambio de gobierno, el 24 de mayo de 2021, nuevamente se activaron los pedidos de desclasificación de la información. La Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Público de la Asamblea Nacional solicitó, con fecha 15 de junio, al Ministerio de Gobierno información detallada en 16 numerales. Una de las preguntas solicitaba que se remitan hallazgos “en torno a descoordinaciones y evidentes fallas en la crisis de seguridad de la frontera norte a cargo de la Policía Nacional del Ecuador, en especial de los servicios de inteligencia”. La respuesta de Saúl Zúñiga, responsable del Archivo Central, indica que se buscó esa información en el Ministerio de Gobierno y en su Archivo Central, pero “no se ha localizado documentación referente al tema solicitado”.

Los documentos enviados a la Comisión evidencian también la descoordinación dentro de la Policía Nacional durante la crisis en la frontera en 2018. Mientras una certificación de esa institución, del 23 de junio de ese año, señala que no existe documentación alguna que haga referencia a informes de advertencia de un posible ataque con explosivos, un informe previo -del 13 de mayo- de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones menciona que, el 25 de enero de 2018, la Unidad de Gestión y Seguridad Interna informó telefónicamente sobre un presunto atentado fallido con explosivos. El atentado se concretó dos días después en San Lorenzo.

Frente al pedido de información de la Asamblea, como ya ocurrió antes, la Policía intenta dar respuestas que terminan siendo información a medias y fantasma, lo cual deja más dudas sobre su accionar, afirma Luz Adriana Camargo para quien esta actuación no es nueva. 

La Comisión además solicitó las evaluaciones de confianza de los oficiales Edwin Cando y William Martínez Medrano, comandantes de Policía en San Lorenzo, y Pablo Zaldumbide Navia, jefe de la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana de San Lorenzo. La evaluación de control de confianza tiene por objeto identificar la idoneidad de los policías para ejercer su cargo y sus resultados son confidenciales. El jefe de Control y Confianza de la Policía Nacional, Jairo Burbano Villarreal, contestó que estas evaluaciones se remitieron al Honorable Consejo de Generales de la Policía Nacional y que los resultados son “de carácter confidencial, orientativo-administrativo”.

     La situación de Zaldumbide en la institución policial fue otra inquietud de la Comisión. El policía fue el primer canal de comunicación con ‘Guacho’, antes y varios días después del secuestro de los periodistas. Antes de ese hecho, la Dirección de Talento Humano de la Policía había dispuesto su pase a Tulcán, desde el 07 de marzo de 2018, “para precautelar su integridad física”. Pero Zaldumbide se quedó en San Lorenzo hasta el 27 de marzo, en el mayor momento de incertidumbre con el paradero de los comunicadores, y luego pasó a la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana. Por no cumplir con el pase se le abrió un proceso de sanción disciplinaria. Pero este prescribió porque se presentó de forma tardía, el 16 de agosto de 2018, más de 120 días después del supuesto desacato, por lo que se consideró no procedente.

Una comunicación de la Fundación Periodistas sin Cadenas dirigida a la Comandante General de la Policía, Tannya Varela, buscaba abordar temas de seguridad en la frontera norte, resultados de la gestión policial sobre derechos humanos y sobre la actuación del personal policial involucrado en el caso de los periodistas. El pedido fue ingresado el 20 de mayo de 2021 y pese a la insistencia no hubo respuesta. Asimismo, vía correo electrónico, la Fundación envió una solicitud de entrevista con la fiscal General, Diana Salazar, el 17 de mayo, y el mismo día se recibió la negativa bajo el argumento de “la complicada agenda de la doctora…”.

Los requerimientos de desclasificación de la información no solo han llegado desde la Asamblea Nacional, también del Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo o los parlamentarios andinos, pero la sensación que dejan estos intentos es más de debilidad en la gestión y de una utilización política del caso. Esta es una denuncia permanente de Aguagallo, quien le recuerda al presidente Guillermo Lasso, que también se comprometió a desclasificar la información, y que espera vigilante que pase de las palabras al hecho.

La falta de celeridad en la investigación y de respuesta no solo es síntoma del reflejo de la justicia en Ecuador, sino también de la estructura judicial de Colombia, país en el que sí existen detenidos y condenados por el crimen contra el equipo periodístico. Sin embargo, varios de ellos han recuperado su libertad por vencimiento del término de la prisión preventiva. Es el caso de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias ‘Barbas’, quien está en libertad, mientras enfrenta el juicio oral. 

Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’, está recluido por concierto para delinquir y secuestro agravado, también por un atentado con carro bomba en el que murieron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, de Colombia y fue condenado a 28 años y 2 meses de prisión, el 10 de junio de 2021. Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reinel’, fue sentenciado a 28 años y 8 meses por los delitos de secuestro, homicidio y concierto para delinquir agravado, el 25 de marzo de 2021. Estos dos últimos se acogieron a la cooperación y se comprometieron a realizar un acto de perdón. En el caso de Reinel la diligencia se cumplió, en abril, y fue aceptada, pues su testimonio aportó con información que confirmó que sí existió un plan para la liberación de los periodistas. No así el acto de perdón desarrollado el 20 de mayo de 2021, por alias ‘Cherry’, donde se revictimizó a las familias, no hubo buena señal de comunicación con el detenido y no se evidenció una actitud de transparencia, pues su testimonio no fue el mismo que rindió en la Fiscalía colombiana.

Impunidad es la palabra acuñada por los familiares de Javier, Paúl y Efraín durante este tiempo. En torno a ella se formulan la pregunta: ¿por qué no existe responsabilidad política, de los gobiernos o de los estados?  Las tres familias cuestionan la vulneración de sus derechos al no tener acceso a la verdad y a la justicia. Todo esto se traduce en su desconfianza en la institucionalidad, por ejemplo, de la Procuraduría General del Estado que aceptó el mecanismo de la CIDH, y como garante de derechos no ha dispuesto que la Fiscalía cumpla el procedimiento.

El 25 de septiembre de 2020, se conformó la Veeduría Ciudadana del caso Nos Faltan 3 para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial, ESE-CIDH. Luego de acudir a siete instituciones estatales, la veeduría reconoce secretismo, falta de transparencia y ausencia de voluntad para entregar los documentos que permitan desbloquear la investigación. Observó la falta de cooperación del gobierno y desde la Fiscalía que no se ha desempeñado en el marco de sus facultades en este caso. Además constató que el Comité para la Protección de Periodistas solo se activó dos veces y no logró prevenir vulneraciones contra los periodistas en los hechos de octubre de 2019 ni durante la pandemia, y nada ha hecho sobre el caso de Javier, Paúl y Efraín.

Desde la visión de la FLIP existen motivaciones para esto. “Lo que percibimos fue que desde el lado ecuatoriano no hubo una transparencia con las familias de lo que estaba ocurriendo. Tampoco con el procedimiento de cooperación internacional. Lo más lamentable de este caso es que ninguna autoridad ni en Colombia ni en Ecuador ha dado respuesta clara a tantas preguntas que tres años después siguen vigentes”, asegura Ángela Caro.

Entre los puntos claves del informe realizado por el ESE, Luz Adriana Camargo destaca que la investigación abordó sólo las acciones del grupo armado y no las omisiones del Estado frente al deber de garantizar la vida de los periodistas que transitaban por la región de Mataje. “Hubo unas medidas que sí impidieron paso a un grupo de periodistas. Creo que fue una irresponsabilidad haberlos dejado pasar a ellos porque era un momento de mucha tensión. Nosotros en el ESE pudimos constatar que esta grave situación de orden público no era desconocida por las autoridades. Estaba documentada en la bitácora del retén militar, ahí se decía de las explosiones y del fuego cruzado que se escuchaban en Mataje”.

***

“De parte de Paúl Rivas (Rangazu):

Difundir este video a la mayor cantidad posible de medios de comunicación para

presionar al gobierno el cese de fuego y al acuerdo que tienen con Colombia,

quieren el intercambio de detenidos, sigan presionando a las autoridades”.

Esas letras, escritas por Paúl, mientras estaba cautivo, llegaron al correo de Yadira. Ella las guarda y las tiene siempre presentes. Lo mismo hacen Ricardo, Galo y Cristian. Aunque a veces se han distanciado, su lucha por la justicia vuelve a unirlos. Aquella pequeña carta les recuerda, cada día, que él, Javier y Efraín sabían que estaban gritando por ellos, conocían sobre los plantones que convocaban a quienes los amaban.

En la memoria han encontrado la fortaleza, un ejercicio diario que no termina, porque su reclamo, como víctimas indirectas, es por la impunidad, pero, sobre todo, por el amor.

—¿Qué significa buscar justicia en este país?

Galo responde, esta tragedia me ha convertido en un resentido social. Nuestras vidas han cambiado tanto. A veces pienso en si hubiese podido solucionarlo desde el primer momento, quería hacer una huelga de hambre… hoy todavía nos vemos perdidos. Por eso salgo a manifestarme denunciando la cobardía de las autoridades. Nos han pisoteado, nos han torturado. Son corruptos, se solapan entre ellos. Pero, yo tengo todavía esperanza y seguiré hasta las últimas consecuencias.

A Yadira, a veces, le cuesta creer que Paúl ya no está. Hace memoria y recuerda el machismo de las autoridades que intentaban silenciarla, porque “no era una familiar”, como si la convivencia y el amor estuvieran en el aire. En su búsqueda de justicia se ha reencontrado con los feminismos y desde allí se eleva su voz. Es una mujer fortalecida, que intenta siempre visibilizar los casos de personas desaparecidas en sus redes sociales.

—¿Qué le dirías a Paúl?

Yadira lo piensa unos cuantos segundos y, con una sonrisa, dice:

—Cuando me reencontré con él, con su cuerpo, en Cali, le dije que no sabía qué iba a hacer con mi vida, pero lo que sí te voy a prometer es que la voy a vivir de la manera en la que tú estés orgulloso de esa vida. Te prometo de nuevo que no voy a dejar que nadie me quiera menos de lo que tú me quisiste. Te prometo no claudicar en evidenciar lo que te pasó, en cómo tu vida no significaba nada para esa gente. Todos tienen que acordarse de que en este país había un fotógrafo que se llamaba Paúl Rivas, un periodista que se llamaba Javier Ortega y un conductor que se llamaba Efraín Segarra y que el Estado les negó la posibilidad de volver con sus familias.

Cristian ya no trabaja en el diario donde compartía jornada con su padre Efraín, pero no ha dejado de hacer periodismo. ‘Segarrita’, como lo llamaban con cariño en la redacción, estaba orgulloso de él y lo compartía con los reporteros en cada viaje. En el periódico también conoció a Paúl y a Javier, quienes, con el tiempo, se convirtieron en grandes amigos de oficio y camino. No solo se trataba de escribir, sino de compartir, conocer, querer, acompañar… Cristian ahora quiere emprender y explorar nuevos caminos. 

—¿Qué le dirías a tu padre?

—No sabría qué decirles. Les pienso, les recuerdo, quiero abrazarles. Con Javier me unía gran amistad, laboral y personal, de alegrías y penas. Con mi papi era una relación más profunda, única…

Cristian aún se siente frustrado, porque “no se avanza en la investigación, hay desinterés, no hay acceso a la justicia, no se respetan los derechos humanos…, la CIDH elaboró un informe, en el que se invirtió dinero de los ecuatorianos, que lamentablemente no es vinculante y los dos estados lo omitieron, es indignante”. Pero la esencia de su lucha ha sido la construcción de memoria, el acceso a la verdad y la justicia. A través de Javier, Paúl y Efraín, dice, “dejamos un mensaje al país y a la región”.

Ricardo escribe y reclama, como lo hizo con la carta que dirigió al expresidente Lenín Moreno, quien dejó su administración sin respuestas, con ofrecimientos vacíos e impunidad. Organiza reuniones, teje ideas para que el caso no se olvide. Siempre está activo, pensando en cómo impulsar la investigación. En la alegría también encuentra el sostén. Sin quererlo, Ricardo es ahora un activista por los derechos humanos.

Y, entonces, la pregunta se repite: ¿Qué le dirías a tu hermano?

A Ricardo se le quiebra la voz y recuerda la carta que llegó al correo de Yadira:

—Creo que es la pregunta más difícil y compleja que he tenido que responder. Recuerdo cuando, en Cali, llegué y me reencontré con él en un ataúd. Yo lo despedí cuando salió a esa cobertura, lo abracé, le dije que se cuide, ¿saben lo que es reencontrarse con un féretro? En esa carta nos pedía que sigamos presionando al gobierno. Y solo quisiera decirle que sí, que lo estoy cumpliendo, sigo luchando…

No hicieron nada. Galo, Ricardo, Yadira y Cristian continúan responsabilizando al Estado por la serie de negligencias que mantuvo cautivo al equipo periodístico. Una negociación que no solo fracasó en su objetivo, sino que alimentó la ira del Frente Oliver Sinisterra. Mientras tanto, ‘Cuco’, ‘Diego’ y ‘James’ —las piezas más importantes para rescatar a los periodistas con vida— tuvieron privilegios en la cárcel durante los días más críticos del secuestro. En sus celdas, bajo la tutela estatal, los hombres fuertes de ‘Guacho’ se mantuvieron comunicados con sus aliados. Sin embargo, no hay registros de interceptación de llamadas durante los días del secuestro ni investigaciones decididas posteriores al asesinato de los periodistas. Solo quedaron  los intentos de acercamiento del Gobierno con el grupo disidente  que únicamente sirvieron para salvar su imagen ante la opinión pública. Ese Estado —que le falló a Javier, Paúl y Efraín— solo le ha quedado una respuesta: el silencio. 

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