El Cosepe blindó las tres actas clave del caso Nos Faltan 3 por cinco años más
Cinco años después no hay indicios sobre la responsabilidad que tuvo el gobierno de Lenín Moreno en el desenlace del secuestro de Javier, Paúl y Efraín. El Consejo de Seguridad Pública del Estado ha impedido que se desclasifiquen las tres actas que contienen toda la información del caso, reforzando así el escenario de impunidad.
10.07.2023
La maquinaria de la impunidad
Cinco años transcurrieron desde el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico de diario El Comercio. Sus familiares han solicitado todo ese tiempo la desclasificación de tres actas del Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) y, por primera vez, se conoce que esa información estará bajo llave, al menos, durante cinco años más. ¿Por qué es importante la desclasificación de esas actas?
Hasta hoy no existen certezas sobre la actuación de ninguna de las autoridades ecuatorianas durante el secuestro del equipo a manos del Frente Oliver Sinisterra, una de las disidencias de las FARC. Todos los funcionarios de esa época dejaron el cargo sin respuestas.
Pero, no se trata solamente de la falta de claridad en las acciones gubernamentales sino también de cómo se ha configurado el escenario de impunidad alrededor del caso.
Durante los últimos cinco años, dos gobiernos han incumplido sus promesas de levantar la reserva de la información. También en la Corte Constitucional (CC) está estancada una demanda para acceder a las actas y en la Fiscalía General, el caso no ha pasado de la indagación previa.
Galo Ortega, padre de Javier, considera que esa información permitirá establecer la responsabilidad que tuvo cada entidad y cada autoridad en el tratamiento del secuestro, para recurrir a organismos internacionales en busca de justicia. Ricardo Rivas, hermano de Paúl, insiste en que uno de los argumentos de la Fiscalía para no avanzar es que no se ha entregado la información considerada sensible para el Estado.
Para las tres familias, las acciones, errores u omisiones en el caso podrían configurar violaciones a derechos humanos. Por eso, recurrieron a la Corte Constitucional, entidad que tiene la facultad de avalar que el caso merezca un tratamiento especial y prioritario debido a esa particularidad. Pero la demanda de desclasificación no ha avanzado desde que recayó en un nuevo juez constitucional.
Al cumplirse cinco años desde que ocurrieron los hechos, se allanaba el camino para que, en caso de que se tratara de información reservada, como suponían los familiares, las actas fuesen desclasificadas, tal como lo prevé la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Pero eso no ocurrirá. Por primera vez, un documento revela la categoría que los miembros del más alto estamento de la seguridad del Estado asignaron a esos documentos.
En una respuesta enviada por el actual secretario de Seguridad, Wagner Bravo, al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom), se especifica que la información es secreta y, además, se revelan las causas por las que se la considera de esa manera. El oficio señala que las actas contienen “estrategias de defensa nacional, protocolos y demás, ante posibles amenazas contra el Estado”. Esto significa que, bajo esta categoría, el candado se mantiene por, al menos, 10 años.
La información pasó de la reserva al secreto
El 27 de marzo del 2018 se confirmó el secuestro del equipo periodístico. Al siguiente día, el expresidente Lenín Moreno convocó por primera vez al Cosepe a propósito de este tema. Un tuit del Mandatario, publicado en esa fecha, prueba que él presidió esa reunión.
“No permitiremos que se vulnere la seguridad. No descansaremos hasta liberar a los compañeros periodistas y solucionar el problema de raíz”, escribió Moreno a las 15:46 de ese día.
La Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que los organismos de seguridad, entre ellos el Cosepe, pueden clasificar la información que generan bajo tres categorías: reservada, secreta y secretísima.
En caso de reserva, la desclasificación puede ocurrir luego de cinco años. Para la información secreta, mientras tanto, hay que esperar 10 años, mientras que para la tercera categoría es necesario dejar pasar 15 años para hacer pública la información.
El exdirector de Inteligencia y experto en temas de seguridad Mario Pazmiño explica que, en el caso del Cosepe, las reuniones son reservadas. Pero la información que se genera en su seno se cataloga como secreta por considerarse sensible para la seguridad del Estado.
Paco Moncayo, ahora exconsejero de Seguridad de Guillermo Lasso, también resalta el carácter reservado de las reuniones del Cosepe y añade que esa reserva se levanta cuando hay resoluciones que debe conocer la ciudadanía. También dice que no es común que un tema permanezca como secreto o secretísimo. “Lo que se debate en esa instancia se usa para tomar políticas de Estado que hay que hacerlas conocer para su aplicación”, añade.
Tan sui generis es que algo se mantenga bajo la categoría de secreto o de secretísimo que el único documento cuya desclasificación el Cosepe había bloqueado es un acta de su vigésima sexta sesión ordinaria, que tuvo lugar el 9 de febrero del 2021, a poco más de tres meses de que terminara el período presidencial de Moreno. Nadie consideraba por entonces que hubiera más información bajo esa condición.
Ocho días después, el 17 de febrero de ese mismo año, la Fiscalía solicitó al Cosepe la desclasificación de las actas concernientes al caso Nos Faltan 3 con el propósito de avanzar en las investigaciones, y el Cosepe remitió un oficio firmado por Holguer Fernando Cevallos Borja, entonces secretario del organismo, en el que se explica que aceptaron un informe elaborado por la Secretaría del Cosepe y que no se desclasificarán las tres actas. El argumento que se usó en ese momento fue “la afectación a la seguridad del Estado”.
Pero esa respuesta no ofrecía ninguna luz sobre la categoría bajo la cual se guardó la información de las tres actas.
Ricardo Rivas aclara que no solo se trata de documentos sino también de los registros de asistencia y de los audios de las reuniones, cuya desclasificación podría revelar no solo las acciones que tomaron los miembros del Cosepe sino también la posición de cada asistente.
Pero no solo los familiares de las víctimas del secuestro y asesinato desconocían de la categoría bajo la que se había archivado esa información. Autoridades de entidades del mismo Estado, como el Cordicom, creían que las tres actas eran reservadas, no secretas. Jeannine Cruz, presidenta de esa institución, dice que también solicitó la difusión de las tres actas porque con el tiempo ya transcurrido, “sería importante la desclasificación”. En uno de sus párrafos, el documento señala: “La información declarada en reserva sobre el secuestro y asesinato de los tres trabajadores de la comunicación pertenecientes al diario El Comercio está relacionada con la vulneración de los derechos humanos a la vida, personalidad jurídica, integridad personal y libertad de expresión”.
La importancia de las actas del Cosepe
Hay tres momentos que determinan la importancia de lo tratado en las reuniones reservadas que tuvieron lugar entre marzo y abril de 2018. El 28 de marzo se reunió por primera vez el Cosepe y se conoció sobre la posible liberación del equipo periodístico. El segundo momento, el 13 de abril, tiene que ver con la confirmación de la muerte, y el tercero, el 17 de abril, con un nuevo secuestro de ciudadanos ecuatorianos en la frontera.
Con relación al acta del 28 de marzo, Rivas dice que el acceso a esa información permitiría conocer la hoja de ruta que se planteó el gobierno de Moreno, los operativos que se acordaron y, sobre todo, la posición de cada una de las autoridades que eran parte del Comité de Crisis y del Cosepe.
Ese día también se confirmó que el responsable del secuestro era el Frente Oliver Sinisterra. Y, en horas de la tarde y noche, se difundió desde Colombia la noticia de una supuesta liberación de los tres secuestrados. El periódico El Tiempo aseguró que el equipo sería liberado. Como fuente citó a altos mandos militares colombianos. Ese hecho no ha sido aclarado por las autoridades de Colombia ni por las de Ecuador.
En la investigación del libro Rehenes, escrito por Arturo Torres y Belén Arroyo, el exministro del Interior César Navas se refiere al tema. Dice que Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia de entonces, se comunicó con quien era ministro de Defensa de Ecuador, Patricio Zambrano, para afinar los preparativos de la liberación.
La pregunta era si el ejército colombiano emprendió acciones militares en la zona en donde se mantenía al equipo periodístico. Esa misma interrogante se planteó en sus conclusiones el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿Por qué es importante ese dato? El 11 de abril del 2018 circuló un panfleto en el que se aseguraba que Paúl, Javier y Efraín habían sido asesinados. Se señalaba que el detonante fue la incursión militar del ejército colombiano.
Ese cuestionamiento tuvo respuesta, pero desde el lado colombiano. Fue necesaria una acción legal para obtener la información. La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP) comprobó que el ejército de ese país sí ejecutó acciones militares en la zona en donde estaban los secuestrados.
El acta del 13 de abril tiene relación directa con el desenlace del secuestro. Ese día, en cadena nacional, Moreno confirmó el asesinato de Paúl, Javier y Efraín. Acto seguido, ofreció por primera vez el levantamiento de la reserva de la información.
Finalmente, el acta del 17 de abril tiene que ver con el secuestro de Óscar Villacís y Katty Velasco. El hecho se confirmó el 18 de abril del 2018. Igual que con el equipo de El Comercio, los secuestradores divulgaron un video en el que la pareja hablaba de su retención. Pedían la liberación de gente del Frente Oliver Sinisterra detenida en Mataje.
Hay que recordar que, antes del secuestro, ya existieron alertas sobre lo que podría ocurrir. Por ejemplo, el coche bomba que explotó el 27 de enero del 2018 en el cuartel de Policía en San Lorenzo (Esmeraldas). Durante el secuestro también hubo negociaciones y las consecuencias de ese manejo del caso en su desenlace aún no están claras. Por eso, para los familiares es importante conocer la posición de cada autoridad en las sesiones del Cosepe. Eso permitiría establecer responsabilidades en caso de mal manejo de la situación, aseguran.
Para Pazmiño hay dos razones que pueden pesar para no entregar la información: una es que el gobierno de Lenín Moreno esté involucrado en una mala decisión, y la otra puede relacionarse con que altos funcionarios de esa administración no quieran que determinadas conversaciones o negociaciones salgan a la luz.
Moncayo dice que no conoce a profundidad el tratamiento que se le dio al caso en el Cosepe y la información que se generó. Pero, según el exconsejero de Gobierno, una información sobre hechos de dominio público generalmente no es catalogada como secreta. Para él, algo que haya pasado entre los dos gobiernos o en la forma en cómo se negoció, puede ser considerado de esa manera.
Por su parte, Pazmiño recuerda que, en caso de que existan responsabilidades en malos manejos de la crisis, los familiares podrían emprender acciones en contra de los funcionarios y del mismo Estado.
Cosepe, el organismo que puso el candado a las actas
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) funciona desde el 2009. Fue creado durante el gobierno del expresidente Rafael Correa en reemplazo del antiguo Consejo Nacional de Seguridad. Su objetivo y alcance están establecidos en la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
Tiene dos funciones. La primera es asesorar y recomendar al Presidente de la República sobre las políticas, planes y estrategias de Estado, y sobre sus procedimientos, en seguridad pública.
La segunda es recomendar al Presidente la adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y del Estado.
El Consejo está presidido por el Primer Mandatario. Además de él tiene otros nueve miembros:
– Vicepresidente o Vicepresidenta Constitucional de la República;
– Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional;
– Presidente o Presidenta de la Corte Nacional de Justicia;
– Ministro o Ministra de Coordinación de Seguridad;
– Ministro o Ministra de Defensa Nacional;
– Ministro o Ministra de Gobierno, Policía y Cultos;
– Ministro o Ministra de Relaciones Exteriores;
– Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y
– Comandante General de la Policía.
La secretaría del Cosepe la asume el Ministro Coordinador de Seguridad. Pero, durante el Gobierno del expresidente Moreno hubo un cambio en su estructura que eliminó los ministerios coordinadores. Actualmente, ese rol lo cumple la Secretaría de Seguridad, creada en el gobierno de Guillermo Lasso.
Al instalarse cada sesión, como comenta Mario Pazmiño, el secretario del Cosepe establece que la reunión es reservada y determina la categoría de la información que se generará. En la práctica, eso garantiza la confidencialidad de lo tratado por cada uno de los asistentes.
Prueba de ello es la respuesta que dio en la Fiscalía el exsecretario de Gabinete de Lenín Moreno Juan Sebastián Roldán. Él fue uno de los funcionarios convocados para rendir su versión en el 2021. Respondió que juró mantener la confidencialidad en el Cosepe.
El mismo Roldán, en una entrevista para Notimundo, en 2019, anunció que la Fiscalía abrió una investigación sobre la filtración de un audio de Moreno en el Cosepe. En esa grabación, el ex Primer Mandatario, entre otras cosas, dijo: “Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado”.
Ante esa filtración, el Gobierno de ese entonces aclaró que esa reunión correspondía al 17 de abril, días después de la confirmación del asesinato. El Ejecutivo dijo que las declaraciones se sacaron de contexto y Moreno pidió que se desclasificara su intervención completa. El acta de ese día es una de las tres que los familiares del equipo periodístico han solicitado que se hiciera pública, pero eso no ha ocurrido.
Lenín Moreno y Guillermo Lasso han evitado la desclasificación
El Reglamento de la Ley de Seguridad habla sobre la desclasificación del Cosepe. El encargado de disponer el acceso a información es el Ministro Coordinador de Seguridad. Actualmente, esa responsabilidad recaería en la Secretaría de Seguridad.
Para que eso sea viable es necesaria la presentación de una petición “legalmente formulada y debidamente fundamentada en la cual se justifique la razón de la petición y el uso futuro de la información”.
Durante cinco años, los familiares de Paúl, Javier y Efraín han solicitado la desclasificación de las actas y audios de las tres sesiones por considerar el caso como un hecho que compromete el respeto a los derechos humanos. Y lo han hecho no solo por iniciativa propia sino también motivados por las promesas de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
El primer ofrecimiento de revelar la información sobre el manejo de la crisis lo hizo el mismo presidente Moreno. El 13 de abril, fecha en la que se confirmó el asesinato, el expresidente ofreció levantar la reserva del caso.
Su gobierno hizo el mismo ofrecimiento al menos en otras seis oportunidades. Incluso se entregó información a los familiares de manos de Roldán, en un acto público. Pero los mismos familiares revelaron que lo entregado no tenía que ver con la información realmente importante del caso. Moreno dejó el cargo en mayo del 2021 sin cumplir su ofrecimiento.
El rol de César Navas, Mauro Toscanini y María Paula Romo
Las sesiones del Cosepe el 28 de marzo, 13 y 17 de abril de 2018 las presidió Moreno. Pero, un personaje clave fue César Navas. Él lideró las gestiones gubernamentales durante el secuestro. También fue quien informó que se manejaban cuatro escenarios ante la retención del equipo. Esa hoja de ruta tampoco ha sido aclarada hasta el momento y las actas que se mantienen bajo estado de secreto podrían contener información útil.
Navas también desmintió la liberación anunciada por medios colombianos aunque en la investigación Frontera Cautiva, publicada el 26 de julio de 2019 por una veintena de periodistas entre los que figura el equipo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, se reveló que el plan para trasladar a los periodistas hasta el aeropuerto de Tachina, en Esmeraldas, sí existió.
Navas salió del cargo en abril del 2018. Su reemplazo fue Mauro Toscanini, quien tuvo un breve paso por el Ministerio del Interior, entre el 27 de abril y el 3 de septiembre de 2018. Ofreció también entregar información si existía la petición, tal como lo reportó diario El Comercio el 1° de julio del 2018. Sin embargo, durante su gestión tampoco se desclasificaron las actas.
Después, María Paula Romo asumió el cargo. Ella, junto a Roldán, fueron las figuras más determinantes durante el régimen de Moreno. De hecho, Romo fue la primera opción del expresidente para asumir la Vicepresidencia, cerca del final de ese Gobierno.
En abril del 2019, Romo dijo que el gobierno estaba dispuesto a desclasificar la información referente al secuestro. Ese anuncio lo hizo cuando la Asamblea entregó al entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner su acuerdo por la Gobernabilidad. En esa oportunidad, el Legislativo solicitó la desclasificación de la información.
En ese momento ya existían indicios sobre la voluntad del Gobierno para poner bajo llave las actas. El 17 de abril del 2019, Diario Expreso registró las declaraciones de la ex funcionaria: “Nosotros vamos a revisar el sentido del pedido que ha hecho la Asamblea Nacional, pero también debo decir que una buena parte de la información ya se ha entregado, hay una parte de la información que hace parte de la investigación penal y es reservada, y algo en que nosotros hemos puesto reparos es en la información, que siendo parte del Cosepe no hace relación directa a los temas del secuestro”.
Pero en esa oportunidad señaló algo que es clave: “Si hay más temas que tenga relación en el asunto particular del secuestro se va a entregar, si hay asuntos conexos que tienen otro tipo de vinculaciones y otro tipo de implicaciones eso no es lo que se ha decidido desclasificar”.
Romo no solo ocupó el Ministerio del Interior. Cuando se eliminó esa entidad para fusionarse con el Ministerio de Gobierno, Romo fue la titular. En noviembre del 2019 ya existía el informe del ESE de la CIDH y una de sus recomendaciones era la desclasificación de la información.
En noviembre del 2020, Romo fue censurada y destituida por la Asamblea Nacional después de un juicio político iniciado debido a su responsabilidad en la utilización de gases lacrimógenos caducados en las protestas convocadas por el movimiento indígena en octubre del 2019. Dejó el cargo sin que se desclasificaran las actas solicitadas por los familiares de las víctimas.
El bloqueo de la información se configuró con Moreno
En el 2021, la Fiscalía recibió la respuesta del Cosepe sobre el pedido de las actas. La firmó Holguer Borja Cevallos como secretario del Cosepe. En ese momento, Borja era asesor 2 del despacho del Ministerio de Defensa. El ministro era Oswaldo Jarrín.
La negativa sobre entregar las actas se relata en un documento elaborado por la Fiscalía con el asunto: “Resolución para solicitar diligencias”, enviado el lunes 22 de febrero del 2021. Allí se pide incorporar al expediente el oficio remitido por el Cosepe. Se detalla que la decisión de negar la información se basa en los fundamentos de hecho y derecho que estableció el informe de la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública.
La razón de esa entidad para su decisión fue “la afectación a la Seguridad del Estado”. Es decir, desde hace dos años se conoce que el Cosepe, al menos por voluntad propia, no permitirá el acceso a las actas.
En campaña, durante la segunda vuelta, Guillermo Lasso hizo el primer ofrecimiento de desclasificación. A Ricardo Rivas le aseguró: “Déjame sentarme en la Presidencia y a la semana hablamos de esto. Yo mismo te invito para poder avanzar en este tema y conseguir la verdad”. Una vez en el poder dijo que era partidario de revelar la información. En noviembre próximo entregará el poder y, hasta el momento, no ha cumplido con su ofrecimiento.
El último funcionario que habló públicamente sobre el tema fue su exsecretario de Seguridad Diego Ordóñez. Su versión fue que hacía falta la fundamentación para levantar la confidencialidad. Eso se trataría en una reunión del Cosepe. Sin embargo, este año Ordóñez dejó el cargo sin que se conociera el contenido de las actas.
Después de Ordóñez solamente existe la respuesta firmada por Wagner Bravo, actual secretario de Seguridad, dirigida al Cordicom, en la que señala que las actas son secretas y, por lo tanto, no ha transcurrido el tiempo que la Ley exige para que sean de conocimiento público.
Tras el paso de todas estas autoridades y sus negativas, la opción de obtener la información por vía gubernamental está bloqueada. La respuesta de Bravo dilata el acceso a las actas, al menos, por cinco años más.
La Fundación Periodistas Sin Cadenas consultó a la Secretaría de Seguridad sobre la última vez que se trató el caso en el Cosepe. También preguntamos por qué no se ha cumplido hasta la fecha con la recomendación de organismos como la CIDH y por qué continúa la información bajo la etiqueta de secreta.
Pese a que fueron los encargados de responder al último pedido de desclasificación, esta vez la Secretaría de Seguridad prefirió redirigir la solicitud. El argumento fue que el nuevo encargado de responder esos cuestionamientos es el Presidente de la República al ser quien preside el Cosepe.
La Corte Constitucional, otra instancia que no avanza
Ante la negativa de los gobiernos, Ricardo Rivas, Christian Segarra (hijo de Efraín Segarra) y el padre de Javier, Galo Ortega, presentaron una demanda para la desclasificación ante la Corte Constitucional (CC), el 12 de julio de 2021.
La base de la petición es que se presume vulneración de derechos humanos en el tratamiento del secuestro. Por eso solicitan que se levante la reserva. Uno de los argumentos es que “el Estado, en el caso de violaciones a los derechos humanos, aparte de investigar, procesar y sancionar a los responsables, tiene la obligación de revelar a las víctimas y a la sociedad todo lo relacionado con los hechos, circunstancias y gestiones realizadas”.
La misma Ley de Seguridad Pública señala que los ciudadanos podrán demandar ante la Corte Constitucional la desclasificación de la información “en el evento de que existan graves presunciones de violaciones a los derechos humanos o cometimiento de actos ilegales”.
Para Pazmiño, la pregunta clave es por qué los documentos de un acto delincuencial se mantienen bajo la categoría de secreto. Cuenta que tuvo la oportunidad de hablar con los familiares del equipo y su sugerencia para ellos fue, precisamente, recurrir a un hábeas data en la Corte Constitucional.
En el mismo sentido, Jeannine Cruz asegura que hay un antecedente sobre la revelación de este tipo de información, por ejemplo, con la sentencia de la Corte en el caso del asesinato del exgeneral Jorge Gabela. “Por la naturaleza de la pretensión en la causa in examine, se evidencia el vínculo entre la transgresión del derecho de acceso a la información pública y el derecho a la verdad, por lo que, como medida de reparación por la vulneración de los referidos derechos, se desprende la obligación del Estado de reconstruir la información”, dice el párrafo 100 de dicha sentencia.
Para la abogada experta en Derecho Constitucional y Derechos Humanos María Dolores Miño, el informe emitido por el ESE de la CIDH es vinculante; es decir, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de cumplir las recomendaciones hechas por esa entidad internacional. Precisamente, una de ellas es desclasificar la información de las tres actas.
Actualmente, Miño acompaña a los familiares de las víctimas en este proceso. La experta dice que eventualmente existiría un incumplimiento del Estado y una responsabilidad internacional por la no entrega de la información.
La constitucionalista Ximena Ron explica que, después de que los familiares de las víctimas presentaron la demanda en la Corte Constitucional, la causa seguirá los mismos pasos que una acción extraordinaria de protección. Esto porque no existe un trámite específico para este tipo de causas.
Entonces, una vez que la Corte admitió la causa, el juez a cargo puede pedir información a las partes involucradas para tener una idea más clara del proceso. Eso incluye la posibilidad de llamar a una audiencia si lo cree conveniente.
Después de eso, la Corte emitirá una sentencia. En ella tendrá que analizar si existe una vulneración a derechos constitucionales y, como consecuencia, disponer la desclasificación de las actas “para quien tenga el interés legítimo de conocer”, según Ron.
El 12 de julio de 2023 se cumplen dos años del pedido a la Corte Constitucional. No hay una señal de que la solicitud se resuelva en el corto plazo. El caso pasó de manos del expresidente de la Corte Hernán Salgado al juez constitucional Richard Ortiz.
Ese cambio fue necesario después de que en el 2021 se renovara el Pleno de la Corte. Uno de los jueces que salió fue, precisamente, Salgado.
El peso de la impunidad
Para los familiares, la búsqueda de respuestas continuará. Sin embargo, el peso del silencio de las autoridades ha incidido en la escasa confianza que tienen de que esto se resuelva. Rivas cuenta que hace más de un año desistió de sus pedidos de acciones a la Fiscalía.
Estas son las autoridades y los funcionarios que aseguraron que harían todo lo posible para esclarecer el caso. Pero no lo hicieron.
Lo mismo pasa con Ortega, quien declara su indignación ante el accionar de ambos gobiernos. “Todo está paralizado. Esa es la indignación que nosotros tenemos. He sufrido durante estos cinco años ante la impunidad. No hay esperanzas y la única forma de salir adelante es el deporte y representar a los tres por ese medio”.
Los familiares creen que hay otras aristas que la Fiscalía puede observar para continuar con la investigación. Por ejemplo, el abordar de manera conjunta hechos como el atentado explosivo en el cuartel de San Lorenzo o la violencia desatada en la frontera norte. Pero la Fiscalía tampoco ha mostrado intenciones de avanzar en sus pesquisas usando esas u otras líneas de investigación.
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Publicado el Nos Faltan Tres |
