La impunidad en Nos Faltan 3 alimenta el contexto de nuevas amenazas y ataques a periodistas

29.03.2023

Impunidad. En eso se resumen los cinco años que han transcurrido desde el secuestro y posterior asesinato de nuestros colegas y amigos de diario El Comercio: Javier, Paúl y Efraín.

La justicia no ha llegado a las víctimas ni a sus familias, mientras las autoridades de DOS gobiernos han hecho un esfuerzo sistemático por sepultar el caso, ahogándolo en la indiferencia y el silencio. Pero esos intentos solo han servido para que alcemos más la voz.

La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) nació en 2020 como una respuesta al vil asesinato de nuestros colegas, pero también a los virulentos ataques que recaen permanentemente sobre la prensa y los reporteros únicamente por cumplir con su labor: informar. 

Hoy somos testigos de un caso más: la periodista Karol Noroña ha tenido que dejar el país por serias amenazas contra su vida. Ella fue colaboradora de la Fundación y en 2021 investigó junto con Mayra Prado los privilegios que tuvieron los tres hombres que alias ‘Guacho’ pidió a cambio del equipo periodístico de El Comercio. Ese texto reveló únicamente más impunidad en el caso. 

Y aunque en estos años el trabajo de FPSC se ha enfocado en fortalecer el ejercicio periodístico en las zonas de frontera y en las periferias del país, no olvidamos nuestra génesis, es más, la impunidad que se cierne sobre el caso de Paúl, Javier y Efraín nos mantiene en vigilia permanente, y por eso, al cumplirse cinco años de su secuestro y asesinato y con las recientes amenazas contra medios y periodistas, nosotros:

• Condenamos la impunidad en el caso Nos Faltan 3 y en casi la totalidad de amenazas y ataques recientes contra medios y periodistas, que solo alimentan el contexto de permanente amenaza y violencia contra el periodismo. 
• Exigimos la desclasificación inmediata de la información del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) ofrecida por el gobierno de Lenín Moreno y también de Guillermo Lasso.
• Demandamos que los Estados de Ecuador y Colombia asuman su responsabilidad de reparación integral en el caso de los colegas de El Comercio, cuyas familias siguen sin recibir justicia. En ese sentido, observamos con sorpresa que el caso siga siendo considerado un secuestro extorsivo para la justicia ecuatoriana, pese a que las acciones de los criminales fueron una represalia contra decisiones del Estado ecuatoriano y sus demandas iban dirigidas a sus funcionarios.
• Rechazamos que las entidades y autoridades competentes solo reaccionen cuando existen amenazas de alto perfil y convocan a ruedas de prensa para simular acciones, sin atacar los problemas de fondo. 
• Exigimos políticas de prevención, cuya matriz siempre deberá ser la investigación y condena de los agresores. Necesitamos un mecanismo de protección coherente, sintonizado con instrumentos internacionales y dotado de presupuesto suficiente para su implementación.
• Rechazamos los discursos estigmatizantes por parte del poder hacia la prensa y que no han cesado a pesar del cambio de autoridades.
• Hacemos un llamado de atención a los medios y a la academia para que la seguridad sea parte del debate permanente, de prácticas cotidianas y no únicamente un tema ocasional que recobra interés ante una amenaza o ataque.
• Condenamos el abandono estatal en zonas periféricas como Esmeraldas, donde fueron secuestrados nuestros colegas.

Hay que entender que el contexto ecuatoriano ha cambiado aceleradamente en los últimos años con la consolidación de actores y economías ilegales que han permeado el Estado en su conjunto, lo cual nos enfrenta a mayores retos y nos exige mayor solidaridad entre colegas y generosidad para compartir experiencias y buenas prácticas.

Sin embargo, y aunque duela reconocerlo, somos conscientes de que los periodistas ecuatorianos corremos el mismo riesgo mortal y estamos igual de solos que hace cinco años, cuando Paúl, Efraín y Javier fueron asesinados por hacer un trabajo que amaban: buscar la verdad. 

Periodistas Sin Cadenas