Más de 40 agresiones contra periodistas: ¡Basta!
Hasta este 20 de junio, se han registrado 39 agresiones contra periodistas y medios. A esa cifra corresponden 7 periodistas mujeres, 29 hombres y 3 medios. La cifra va en aumento y la violencia no ha cesado.
21.06.2022
La Fundación Periodistas Sin Cadenas expresa su preocupación ante el hecho de que, durante las jornadas de protesta iniciadas el 13 de junio, las y los periodistas en Ecuador continúen siendo blanco de ataques por parte de manifestantes, organizaciones políticas, actores políticos específicos y agentes policiales.
El equipo de investigación de nuestra organización ha registrado 39 agresiones contra periodistas y medios desde el inicio de las protestas hasta este 20 de junio. De esa cifra, siete fueron mujeres y 29 hombres. También registramos la vulneración a las páginas web de dos medios de comunicación y la descalificación a otro medio por una exautoridad. Este 21 de junio se han registrado nuevas situaciones de violencia con la prensa, con las cuales se supera las 40 agresiones.
Los agravios contra la prensa se han concentrado en Pichincha, con un total de 18 agresiones, seguida de Guayas, Cotopaxi y Bolívar, con cinco cada una.
Los periodistas de medios digitales han sido los más atacados (22 en total). Luego constan los comunicadores de medios televisivos (14) y los de radios (3). Del total de agresiones registradas hasta este momento, cinco han ocurrido contra periodistas y medios comunitarios.
Documentamos también el origen de estas agresiones y develamos que nueve de ellas provinieron de funcionarios, fuerzas policiales y militares. Los periodistas reportaron disparos de bombas lacrimógenas en su contra, impedimentos de grabación, desalojos de coberturas, empujones, detenciones arbitrarias y toletazos por parte de agentes policiales.
La gran mayoría de agresiones (28) fueron ocasionadas por ciudadanos que participaban en las manifestaciones. Los periodistas dijeron haber recibido puñetazos, golpes con palos, con lanzas, latigazos, piedrazos e intimidaciones grupales. No se pudo determinar el origen de dos de esas agresiones.
Las agresiones contra periodistas en medio de situaciones de convulsión social requieren de políticas de Estado claras y contundentes, tendientes a garantizar la seguridad de los comunicadores. Llamamos la atención a las autoridades por la falta de mecanismos efectivos para la protección de los periodistas. Recordamos que hubo el intento de poner en marcha un comité para esa labor, pero que en la práctica no cumplió ese propósito. Justamente en las circunstancias que enfrenta hoy el país, ese vacío se vuelve notorio y por esa razón llamamos al Estado a cumplir con su obligación de velar por la seguridad de quienes ejercemos este oficio.
En un Estado democrático, la labor informativa debe ser respetada y protegida, pues constituye un trabajo esencial para el mantenimiento de la vida en comunidad, mucho más en situaciones en las que la proliferación de la desinformación se incrementa. Es deber de las autoridades estatales garantizar la seguridad del trabajo periodístico en todo momento, mucho más en situaciones de riesgo como la que enfrenta el país durante estos días. Además, recordamos que es deber del Estado investigar los hechos que dificultan o restringen la labor de informar y ponen en riesgo su integridad y sus derechos, y es su obligación sancionar con contundencia a las personas, instituciones o colectivos responsables de tales violaciones a la libertad de prensa.
Como organización que defiende, vigila y protege el trabajo de las y los periodistas y que alienta la construcción de una democracia sana, rechazamos el intento por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso de limitar la libertad de información mediante el Decreto Ejecutivo número 455. La primera versión de ese documento, firmada por el Primer Mandatario, contenía un artículo en el que se pretendía restringir el derecho a la información y controlar los contenidos en redes sociales así como distorsionar o “degradar” la calidad de las comunicaciones a través de Internet.
Aunque el artículo polémico fue omitido horas más tarde, tan solo la consideración de haberlo propuesto preocupa profundamente a esta organización. Dicho artículo señalaba, entre otras cosas, que el gobierno “podrá requerir a los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones la suspensión, degradación de calidad o limitación temporal de los servicios de telecomunicaciones”.
Nos preocupa que un régimen democrático recurra o haya considerado recurrir a la censura informativa para ejercer su responsabilidad de gobernar en situaciones de crisis en lugar de diseñar condiciones adecuadas para superarla por las vías que ofrece el sistema democrático. Ninguna circunstancia, por más extrema que resulte, puede interferir con el derecho de los ciudadanos a recibir información de primera mano, sin filtros de ninguna clase, y mucho menos provenientes de intromisiones desde el poder político.
Finalmente, nos sumamos a las organizaciones y actores de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y que han reportado hasta la fecha más de 70 casos de agresiones por parte de policías y agentes de seguridad privada en el contexto del paro nacional.
Hacemos un llamado a la calma, a detener la violencia y a respetar irrestrictamente los derechos ciudadanos, tanto al gobierno como a las organizaciones que protagonizan los actos de protesta en todo el territorio nacional. Invocamos a un verdadero diálogo nacional que involucre, en igualdad de condiciones, a todos los actores sociales. Llamamos a un verdadero encuentro que siente las bases para la construcción real y duradera de una sociedad que erradique la violencia, una sociedad justa y respetuosa de la vida en comunidad, libre de demagogia y comprometida con resolver los problemas sociales y económicos estructurales que enfrenta la población ecuatoriana.
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