Diario El Comercio debe más de cuatro millones de dólares a exempleados y jubilados

Investigaciones periodísticas

111 personas despedidas y más de 200 jubilados del rotativo sufren la falta del pago oportuno y justo de sus liquidaciones, indemnizaciones y pensiones. A dos años del inicio de la pandemia por el COVID-19, la crisis para los extrabajadores del diario quiteño se agrava mientras el Ministerio de Trabajo evade sus responsabilidades.

24.05.2022

“Estimado J.*: qué pena tener malas noticias para ti, pero al momento no disponemos de fondos para cancelar…”

Este es el mensaje que, con regularidad y como en un formato preestablecido, reciben los 111 desvinculados de diario El Comercio cuando preguntan por el constante retraso del pago de sus liquidaciones e indemnizaciones. 

J.* recibió esa comunicación hace poco, cuando buscaba noticias sobre el pago de la cuota que negoció un año atrás y que hasta inicios de mayo, no había llegado. “Pagan un mes, se atrasan tres meses, luego vuelven a pagar, se retrasan nuevamente y así estamos”, cuenta. Esta historia se repite con todos los empleados separados de la empresa: se trata de pagos que, además de atrasados, llegan divididos en mensualidades, que se extienden en varios casos hasta 36 meses o más. 

Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 hasta enero del 2022 —mes en el que realizaron una especie de censo propio— se han producido un total de 111 desvinculaciones a empleados de diferentes áreas del diario El Comercio, el rotativo más importante de la capital ecuatoriana hasta hace pocos años. Muchos de ellos son periodistas, editores o fotógrafos, lo que vulnera además la libertad de prensa en Ecuador y pone en evidencia la precariedad con la que se ejerce el oficio. 

De acuerdo con cálculos de los mismos perjudicados, la cifra que adeuda la empresa de propiedad del magnate mexicano Ángel González, conocido en todo el continente como ‘El Fantasma’, superaría los 4 millones de dólares. Más de 2 millones corresponderían a los exempleados que fueron separados por despido intempestivo y otros 2 millones -como un aproximado muy general- serían para los jubilados. Esta última es una cifra mucho más complicada de calcular. La suma total incluye montos por liquidaciones e indemnizaciones a los trabajadores desvinculados y pensiones de los excolaboradores jubilados. 

Cobertura de medios de comunicación en una marcha del Día del Trabajo por las calles de la ciudad de Quito.
Foto: Galo Paguay / FOTOGENIA / Ecuador.

Diario El Comercio fue fundado en 1906 por los hermanos César y Carlos Mantilla Jácome. En 2014 el periódico fue vendido a González. La negociación, a criterio de varios exempleados, trajo más problemas que ventajas. Para ellos, la crisis del medio es dolorosa y su situación personal es indignante en más de un sentido, pues se trata de un periodico con 116 años de vida y una larga tradición periodística, al que entregaron décadas de servicio y largas jornadas de trabajo.

Una mediación de fantasía en el Ministerio de Trabajo

*G., exreportera de la redacción de El Comercio, fue despedida a mediados del 2021, durante una de las desvinculaciones masivas que se han realizado en varios medios de comunicación desde el inicio de la pandemia. En El Comercio, recuerda, ocurrieron al menos tres. 

La periodista cuenta que su despido le tomó por sorpresa, porque la tarde anterior había tenido una conversación con uno de sus jefes sobre la posibilidad de encargarse de nuevos proyectos en la empresa. Luego del anuncio , empezó lo que los actuales directivos de El Comercio llaman “escenario de liquidación”: un documento con un supuesto análisis de los valores que les corresponden como indemnización. 

“Se demoraron más de un mes en hacer mi ‘escenario de liquidación’ y cuando lo revisé tenía errores porque me estaban cobrando cosas que yo ya había saldado. Entonces se volvieron a demorar, con lo que ellos ganaron un mes sin pagarme”, cuenta hoy.

G. agrega que, como no fue despedida en los primeros grupos de desvinculaciones, ya sabía lo que estaba pasando: en primer lugar, se estaban retrasando con los pagos y luego, lo que temía que también pasara con ella, que su liquidación llegara en cuotas. 

“Cuando vas a firmar la salida en las oficinas del diario, te dicen que el pago será en cuotas, que lo sienten pero que no pueden pagar de otra manera. Como yo ya sabía que esto iba a suceder, no fui y acudí directamente al Ministerio de Trabajo, para buscar una alternativa de pago más eficiente”, dice. 

Aunque lo hizo por sentar un precedente y por firmar un documento que tuviera más peso legal y no un documento apócrifo —como ocurría si firmaba su salida directamente en el departamento de Talento Humano— optó por la mediación laboral, pero eso tampoco sirvió de mucho pues fue, en sus palabras, un desastre. 

Buscan, según dice en su página web, implementar una cultura del diálogo para hallar soluciones eficaces en materia laboral. Pero en la práctica, la experiencia de G. y de otro de sus compañeros dista mucho de ser satisfactoria y eficaz.

En enero, tres meses después de su despido y luego de dos intentos, logró obtener la cita para realizar la mediación, aunque el Sistema Único del Ministerio de Trabajo indica que el mediador se asignará 48 horas después de haber ingresado una solicitud. “Para la primera cita nunca me llamaron, así que tuve que hacer el proceso nuevamente y eso volvió a retrasar todo”, explica G. 

Finalmente, una vez convocada, G. acudió a la reunión confiando en que esto le brindaría la posibilidad de llegar a algún tipo de contrapropuesta frente a lo que El Comercio le ofreció inicialmente en el “escenario de liquidación”. Le habían ofrecido pagarle su indemnización por 10 años de trabajo en un lapso de 15 cuotas mensuales: más de un año sin recibir la totalidad de un fondo al que tiene derecho por ley.

Pero la mediación es una fantasía, dice G. Es una instancia en donde el extrabajador se encuentra en desventaja y no le queda más que ceder, porque no existe otra posibilidad. En el caso de G. no hubo ningún tipo de negociación. “El mediador me dijo que la empresa estaba dispuesta a pagar, pero en 15 cuotas, porque no podía hacerlo de ninguna otra manera. Entonces eso no era negociar, era imponer. Yo propuse que sea al menos en la mitad del tiempo, pero no hubo forma de llegar a ese acuerdo”.

Hoy considera que habría dado lo mismo firmar en ese momento que firmar tres meses atrás. Quizá si firmaba tres meses antes, habría tenido, al menos, una cuota del total de su dinero. “Es superclaro que los mediadores están del lado del empleador, porque sólo transmiten lo que la empresa ya nos había dicho o ya sabíamos con antelación”. 

Aunque G. firmó porque sintió que no tenía alternativa, su compañero del diario, W*, también despedido junto con ella, no firmó. Por lo tanto, debía asistir a una segunda reunión de mediación, donde los resultados fueron los mismos. 

“Les dije que si tenían problemas de dinero, yo podía recibir el 60% ahora y el 40% en cuotas mensuales, pero me dijeron que no, que la autorización del representante del diario indicaba el pago mensualizado, así que no existió ninguna mediación”, cuenta en cambio J*. Él, al igual que W*, no firmó en la primera reunión de mediación, pero sí en la segunda. “Te das cuenta de que en el proceso no ves ni un solo dólar, así que firmé un poco condicionado porque veía que no existían otras opciones. “Obligados”, dice, y destaca las comillas durante la conversación. 

La situación de los más de 200 jubilados afectados es dramática. K* fue despedido luego de casi 40 años de trabajo en El Comercio. Ahora, el pago de su pensión está retrasado y no sabe cómo pagará los estudios superiores de sus hijos, pues contaba con su mensualidad patronal para solventar ese gasto. 

Fue despedido en el 2018 y cuenta que durante dos años, no tuvo problema con la entrega mensual de su jubilación, hasta que llegó la pandemia. “Unas tres veces me pagaron luego de tres meses, unas dos veces luego de dos meses y así. Se siguen retrasando constantemente y sentimos que esto ya es un modus operandi de su parte”, explica K*. 

Además de tener problemas con el pago de la educación de sus hijos, ha decidido vender un auto que compró recientemente y por el que ya no puede pagar. “Nunca sabemos cuándo o cómo nos va a llegar el dinero, si solo el pago de un mes o quizás acumulado. Esto ha complicado mucho nuestras vidas”, agrega.

Para Byron Rodríguez Vásconez, exeditor de la sección Cultura de diario El Comercio, este problema ha representado un desgaste total.  “Cada fin de mes o quincena es la misma angustia. Tenemos que hacer bulla en los medios o llamar la atención de alguna forma, porque solo se ponen al día cuando hay alguna presión”,  dice. 

Guillermo Lasso en una de sus primeras actividades como presidente electo, en abril del 2021
Foto: Galo Paguay / FOTOGENIA / Ecuador.

Rodríguez trabajó por décadas en el periódico y se jubiló en el 2015. Al igual que K, hasta el 2020 no tuvo mayores problemas con el pago mensual de los valores que le corresponden, pero todo se agravó con la crisis por COVID-19. “Sé que algunos compañeros están muy deprimidos, otros tienen que mantener su hogar, tienen hijos e incluso han tenido que hacer préstamos para arriendos con intereses muy altos”, cuenta. 

La reunión con Guillermo Lasso y el abandono estatal

Debido a la gravedad de la situación de los extrabajadores y jubilados de El Comercio, el pasado 3 de enero del 2022, el presidente Guillermo Lasso mantuvo una reunión con un grupo de portavoces de los empleados desvinculados y de colaboradores que aún son parte del períodico. Lasso estuvo acompañado de miembros de su equipo de gobierno, entre ellos, el Ministro de Trabajo, Patricio Donoso. 

Uno de los excolaboradores de El Comercio que estuvo presente en esa reunión —que se realizó a puerta cerrada y sin acceso de la prensa— fue Dimitri Barreto, macroeditor del periódico, quien trabajó por cerca de 24 años en la empresa y fue despedido el 3 de septiembre del 2021 de manera intempestiva. 

“El Presidente compartió parte de sus conversaciones telefónicas -previas al Año Nuevo- con una persona a la que identificó como muy cercana al principal accionista de El Comercio. En ellas, Lasso le habría pedido que le transmitiera un mensaje: si no se ponía al día con sus obligaciones laborales, no dudaría en revisar la asignación de frecuencias a radios y estaciones de televisión vinculadas al grupo corporativo”, relató Barreto. 

Además de Grupo El Comercio y de los canales RTS y Televicentro, González está vinculado a  las empresas que son dueñas de las radios Galaxia Stereo, Joya Stereo, Metro Stereo, Tropicálida FM, Alfa Stereo, Fabu Stereo, Platinum FM y HN Radio y Radio Quito, de acuerdo con una investigación del portal Plan V, que habla de las inversiones de ‘El Fantasma’ en Ecuador y en otros 14 países de Latinoamérica.

Durante la reunión con el presidente Lasso, hablaron también sobre cómo se dieron los acuerdos de mediación y que estos no fueron respetados. Esto fue cuestionado por Lasso, por lo que se comprometió a revisarlo. “Lasso criticó duramente la mediación, dijo que los empleados fueron presionados y prácticamente condicionados a aceptar esas reglas del juego, por lo que le pidió a Donoso que revise, que tome acciones en las mediaciones y que tenía que hacer algo para deshacer esa medida”, nos dijo una fuente que pidió su reserva.

Barreto explica que dos días después de la reunión, el ministro Donoso recibió a los portavoces de trabajadores, extrabajadores y jubilados en la sala de reuniones de su despacho y allí delegó a Eduardo Pazmiño, viceministro de Trabajo, para que continuara con las conversaciones, con la finalidad de que el tema se resolviera. 

Después de ese encuentro, el 7 enero, los extrabajadores entregaron al Ministerio, a través de Pazmiño, la cifra total de los valores adeudados a los extrabajadores de El Comercio, levantada por ellos mismos. El mismo presidente Lasso lo había solicitado en la reunión que mantuvieron en Carondelet. 2,5 millones de dólares correspondientes a 111 trabajadores desvinculados y más de 2 millones de dólares para cerca de 200 jubilados de la empresa. “Desconocemos si el Presidente recibió la información. Lo cierto es que él no volvió a tocar el tema y el contacto con el Ministerio de Trabajo se diluyó”, reconoce el exeditor del periódico. 

Así luce la redacción de diario El Comercio, cuyas oficinas se encuentran en el sur de Quito.
Foto: Archivo

José Hernandez, periodista del portal 4Pelagatos, también se refirió a esa reunión en una columna de opinión publicada en este sitio el pasado 10 de enero. “El viceministro de Trabajo, Eduardo Germán Pazmiño, se encargó, en una reunión con los delegados de jubilados y extrabajadores de ‘El Fantasma’, de apagar las esperanzas que surgieron tras la charla con el presidente. Los límites de su acción, como les dijo, no lucen enmarcados en las directivas dadas por Guillermo Lasso”, publicó el periodista. 

“Era un pedido político, judicialmente complicado de hacer. Lasso les botó ahí una papa caliente. ¿Cómo se desarman mediaciones que las personas mismo firmaron?”, añade la fuente que pidió la reserva. 

Para la realización de este reportaje, la Fundación Periodistas Sin Cadenas intentó insistentemente contactarse con el Ministro de Trabajo, Patricio Donoso, tanto de manera directa como a través del director de Comunicación del Ministerio, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Así también, intentamos contactarnos por medio de correos electrónicos y por vía telefónica con Paola Montenegro, quien figura como la actual Gerente General de Grupo El Comercio, pero tampoco tuvimos éxito. 

Andrea Borja, una de las abogadas del diario, dijo que no existe una mala voluntad para cumplir con sus obligaciones, sino serios problemas económicos por los que atraviesa la empresa. “El diario tiene problemas de flujo en virtud de la importación del papel y para una empresa que depende de la impresión es un tema muy duro. Estamos en un momento de crisis. Jamás habíamos  tenido retrasos con los trabajadores, sueldos, liquidaciones, pero este tema se agravó con la pandemia”, dijo. La misma explicación que han recibido los exempleados y que, claramente, no alcanza. 

¿Es legal el pago de liquidaciones en cuotas?

Aunque no es lo ideal —por las complicaciones económicas que acarrea— la entrega de valores por indemnización y liquidaciones en cuotas mensuales no está explícitamente prohibida en el Código de Trabajo. Este detalle tampoco está contemplado en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, expedida en junio del 2020, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, que recogía -entre otros asuntos- acuerdos laborales para, supuestamente, aliviar las consecuencias de la pandemia.

Pero todo esto tiene matices. La abogada Patricia Borja, experta en temas laborales y relacionados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sostiene que el artículo 188 del Código del Trabajo contiene un detalle que es importante considerar. “En caso de que exista una constancia escrita del despido, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de intervenir y disponer del pago”, explica la especialista. 

“Por medio de la presente, damos a conocer que, a partir de la fecha Grupo El Comercio C.A., da por terminado el contrato que mantenía con usted, particular que informo para los fines pertinentes” (sic), dice la carta que llegó a la mayoría de los buzones de correo electrónico de los desvinculados, con la firma de la gerente general. 

El artículo del reglamento laboral ecuatoriano indica que “cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total que le corresponda percibir al trabajador despedido por concepto de indemnizaciones” (sic). Es decir, fija un plazo para este caso puntual, que es coincidencialmente el caso de los trabajadores de El Comercio. 

Además, hay que tomar en cuenta que el Acuerdo Ministerial No. 135 expedido en el 2018, habla del registro de actas de finiquito en su capítulo 3. El artículo 6 dice que el  empleador tiene la obligación de elaborar y registrar el acta de finiquito, así como la constancia de su pago, dentro de 30 días contados desde la terminación de la relación laboral. 

El mismo acuerdo ministerial indica que para el registro del acta de finiquito, el empleador deberá cargar al Sistema Único de Trabajo el documento firmado junto con el comprobante de pago de los valores, sea en cheque, transferencia bancaria o algún documento de constancia en caso de haberse realizado en efectivo. Se trata de un comprobante de pago que los extrabajadores no tienen, pues la totalidad de sus valores no ha sido cancelada. La multa, en caso del incumplimiento en el registro o en el pago de los valores establecidos en el acta de finiquito dentro del plazo establecido es de 200 dólares por cada documento no registrado. 

A esto se suma el incumplimiento de la empresa a las mediaciones acordadas en el Ministerio de Trabajo. En el caso de G y W., ambas mediaciones se encuentran en medio de un trámite judicial para que se ejecuten y se respeten, al menos en los términos que El Comercio impuso, y reciban el pago mensual de una liquidación que debieron recibir sin cuotas y en su totalidad. 

La Defensoría Pública ofrece patrocinio gratuito en los casos de G., W. y dos excolaboradores más. Todos tienen acuerdos firmados para pagos mensuales y las demandas han sido ingresadas pero aún no están calificadas por el Consejo de la Judicatura. 

Andrea Borja, abogada de El Comercio, dice que el diario tiene tres demandas por despido intempestivo que les han sido notificadas. Pero en el sistema de la función judicial, el RUC de Grupo El Comercio registra un total de doce procesos entre los que constan ejecución de acta de mediación, indemnización por despido intempestivo, pago de haberes laborales, entre otros. 

Los extrabajadores de la empresa se han organizado para llamar la atención de la comunidad y de las autoridades, para levantar su voz y para tratar de hallar una salida conjunta ante este dilema que -según cuentan sus representantes- les causa impotencia y decepción. Piden lo mínimo: que se cumpla con las condiciones que ellos mismos han puesto y que ahora no se están respetando. Buscando esa visibilidad, han emprendido campañas como #PagaTioComercio, a través de memes o videos, con los que cuentan las historias de los trabajadores desvinculados y la precariedad que atraviesan a causa de la falta de dinero. Un dinero que les pertenece porque representa su trabajo de muchos años y constituye su derecho irrenunciable, un derecho que el Estado ecuatoriano -en este y en todos los casos- debería proteger. 

En una investigación anterior, contamos que desde marzo del 2020 hasta noviembre del 2021, el Ministerio de Trabajo reportaba la desvinculación de 22 948 trabajadores de la información y la comunicación. La cifra actualizada, desde marzo del 2020 hasta abril del 2022, es de 28 193 actas de finiquito registradas, lo que evidencia que los periodistas seguimos perdiendo espacios laborales y que, al parecer, la crisis de los medios de comunicación está lejos de terminar. 

*Las identidades y datos de algunos afectados por Diario El Comercio han sido cambiados por pedido de los mismos entrevistados. 





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Diana Romero Periodista