Casi 23 mil trabajadores de la comunicación despedidos en Ecuador durante la pandemia

Investigaciones

Desde marzo del 2020 hasta noviembre del 2021 el Ministerio de Trabajo reporta una desvinculación de 22.948 trabajadores de la información y la comunicación. Entre despidos, tensas situaciones, demandas y el reclamo de sus derechos, el panorama para el ejercicio de los periodistas profesionales es incierto en cuanto a lo laboral.

07.12.2021

Los efectos de la pandemia por el COVID-19 han dejado secuelas en el ejercicio periodístico ecuatoriano. Peleas legales en búsqueda de indemnizaciones justas, la espera a cuentagotas del pago de sus liquidaciones frente a la incompetencia del Ministerio de Trabajo para mediar, así como despidos con tintes de represalia política son algunos de los problemas con los que excolaboradores de diario La Hora, El Comercio, El Universo y los medios públicos han tenido que lidiar. 

Esta realidad trae consecuencias para la vida de los periodistas pero también constituye un deterioro de la información que reciben las audiencias. En primer lugar, complican aún más el panorama laboral de los comunicadores, arrojados al subempleo y a la precariedad por falta de nuevos trabajos y oportunidades en medios de comunicación. Y luego, atentan contra la calidad del periodismo pues dejan redacciones con menos personal y sobrecargan de trabajo a quienes reemplazan a los colaboradores despedidos. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) asegura que existen mejoras en el empleo adecuado y menos desempleo en el país, de acuerdo con sus últimas mediciones, realizadas entre octubre del 2020 y octubre del 2021, pero no contempla cifras correspondientes al periodismo.

De acuerdo con el INEC, 344.833 personas ahora tienen un trabajo que paga al menos el salario básico y representa 40 horas de ocupación a la semana. Sin embargo, es imposible determinar cuántas de estas personas son periodistas o pertenecen al sector de la comunicación, ya que no existen estadísticas enfocadas al ejercicio de manera específica. 

En este reportaje se recogen algunos de los casos que contradicen la estadística oficial y dirigen la mirada hacia un sector que debe batallar día a día con más de una dificultad. 

Demandas y  peleas legales: el caso de diario La Hora

Con un archivo adjunto en su correo electrónico y de manera impersonal, Rubén* se enteró de que había sido despedido de diario La Hora, el 28 de abril del 2020. La carta hablaba de la severa crisis a la que la pandemia del COVID-19 empujó al medio, motivo por el que daban por terminado el contrato laboral. «Agradecemos enormemente su tiempo y los servicios brindados a esta empresa», finalizaba el texto del documento. Así, más de 10 años de trabajo llegaron a su fin, bajo la figura de término de contrato laboral por fuerza mayor. 

A raíz de la pandemia, diario La Hora dejó de imprimir las ediciones que circulaban en sus nueve oficinas regionales y empezó a operar como medio digital, con un PDF de lo que sería el diario impreso, pero que únicamente se cuelga en su página web. 

La necesidad de suspender la circulación de sus ediciones impidió a la empresa continuar con sus actividades con normalidad. «Lamentablemente nos obliga a suspender de manera definitiva nuestras operaciones comerciales», dijeron en la carta que les hicieron llegar a los trabajadores desvinculados. No obstante, fuentes consultadas para este reportaje indicaron que la edición regional que circula para Santo Domingo de los Tsáchilas se continúa imprimiendo en las oficinas de Quito. Y este es solo el principio…

Juan*, quien fue compañero de Rubén de la redacción, conoció de los despidos que empezaban a darse en el medio de comunicación en el que llevaba trabajando más de 15 años y temió por su futuro. «Renuncié para poder negociar mejor mi liquidación porque si salía por fuerza mayor habría recibido poquísimo dinero», cuenta ahora. La empresa se acogió a despidos por fuerza mayor en al menos 20 casos. Posteriormente, en mayo del 2020, se realizaron 35 despidos más, bajo las mismas condiciones

El Código de Trabajo vigente en Ecuador detalla las causas para la terminación del contrato individual en su artículo 169. En su numeral 6 hace referencia a los casos fortuitos o de fuerza mayor «que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar». La pandemia por el COVID-19 entra en esta categoría: como una situación que nadie pudo prever o evitar. 

Diario La Hora cerró su edición impresa durante la pandemia. En la foto aparece parte de su redacción en Quito, en 2017.

De acuerdo con cifras obtenidas de los datos abiertos del Ministerio de Trabajo, entre abril del 2020 y noviembre del 2021, en referencia a las actas de finiquito en el Sistema Único de Trabajo (SUT), 348 personas fueron desvinculadas de empresas en el país amparándose en ese artículo y en ese numeral, es decir, por fuerza mayor. 

Los periodistas que fueron desvinculados bajo esa figura y no mediante despido intempestivo no recibieron todo el dinero que les correspondía como liquidación por sus años de trabajo. Este fue el caso de Rubén, quien se negó a firmar el acta de finiquito e interpuso acciones legales para reclamar lo que, asegura, le corresponde luego de todo el tiempo entregado a ese medio de comunicación.

La abogada especialista en derecho laboral Carolina Díaz explica que hay marcadas diferencias entre los valores que reciben al finalizar la relación laboral bajo la figura de fuerza mayor, renuncia voluntaria, acuerdo de las partes o despido intempestivo. «Cuando un contrato termina por fuerza mayor únicamente se entregan al empleado los valores proporcionales de decimotercero y decimocuarto sueldos, así como el pago correspondiente a las vacaciones, sin ninguna otra indemnización», indica. 

Díaz añade que cuando los contratos laborales terminan por renuncia voluntaria o acuerdo de las partes, se entrega —además de los valores proporcionales de decimotercero, decimocuarto sueldos y vacaciones— un monto adicional por desahucio, tal como está contemplado en la ley. 

El desahucio es el aviso por escrito del empleado al empleador de finalizar voluntariamente el contrato de trabajo. Este valor representa el 25% del sueldo mensual del empleado, por año trabajado. 

Finalmente, la causa de terminación de contrato por despido representa el pago de los proporcionales de los décimos sueldos, vacaciones, el monto correspondiente al desahucio, además de una indemnización adicional al trabajador que representa un sueldo por año, incluyéndose la fracción del año en el cual se realiza el despido. 

Rubén es uno de los 22.948 trabajadores de la información y comunicación que fueron despedidos desde marzo del 2020 hasta noviembre del 2021, según datos abiertos en el portal del Ministerio de Trabajo. 

De acuerdo con el gráfico que se presenta en este portal, el pico de actas de finiquito —es decir, la mayor cantidad de despidos— se registró en junio del 2020, tres meses luego de que el gobierno de Ecuador decretó la emergencia sanitaria por la pandemia, con 1.504 actas legalizadas durante ese mes.  

En contraste, la información de los contratos en el rubro de información y comunicación refleja cifras más bajas. Desde marzo del 2020 hasta noviembre del 2021, el Ministerio de Trabajo registra 13.483 contrataciones, siendo abril del 2020 —un mes luego del arranque de la pandemia— cuando menos contratos hubo, con apenas 80.  

Octubre del 2021 es, en cambio, el mes en el que más contratos se registran, de acuerdo con la fecha de inicio de relación laboral, con una cifra de 1.301. Es decir, en el mismo período hubo 9.465 despidos más que contratos. 

Además de la estadística que muestra el Ministerio de Trabajo, la Fundación Periodistas Sin Cadenas realizó un diagnóstico de los riesgos y la situación de los periodistas en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Carchi, Chimborazo y Loja desde octubre del 2020 hasta la fecha. En estos informes se cuenta cómo se ejerce el periodismo en estas zonas, las amenazas a las que deben enfrentarse y también las condiciones laborales de los colegas, mostrando la cantidad de despidos a raíz de la pandemia, factores que se suman a la precarización de las y los periodistas. 

De acuerdo con la información recolectada de un total de 180 periodistas encuestados en las nueve provincias donde se realizó este estudio, 49 fueron desvinculados durante la pandemia. De este análisis, se concluye que Santo Domingo de los Tsáchilas es la provincia con mayor cantidad de despidos durante la crisis sanitaria. 

Desde abril del 2020, Rubén junto a otros 19 extrabajadores de diario La Hora de Quito han interpuesto demandas individuales en busca de indemnizaciones que consideran más justas, más satisfactorias y más respetuosas de sus derechos laborales. Hasta el cierre de esta publicación, ha pasado un año y siete meses  en un proceso legal que se ha alargado más de lo debido a causa de la pandemia. 

«Había la opción de firmar la renuncia y cobrar menos, pero nosotros no queríamos eso. A algunos les dieron equipos de oficina para ser descontados luego de la liquidación. No me arrepiento de haber tomado este camino. Estamos hablando de un tiempo que no se puede recuperar. Como profesional tú das todo y luego ves que hay empresarios que hacen este tipo de cosas con la gente. Creo que estoy peleando por lo justo», dice el periodista. 

Pero estos no son los únicos tropiezos legales que enfrenta diario La Hora a causa de las desvinculaciones de su personal durante la pandemia. Consuelo Moreta estuvo 25 años en el medio capitalino, ocupó diferentes puestos: como coordinadora y periodista, cubriendo diversas fuentes como salud y medioambiente. Ella se acogió a la renuncia voluntaria y aceptó las condiciones de la empresa, en abril del 2020. Ese mismo mes podía acceder a su jubilación patronal. 

«Ya estaba desgastada emocionalmente. La situación no era buena. Había sueldos atrasados y mora con el IESS. Además, por mi edad me relegaban de capacitaciones y aumentos salariales, entonces no quise entrar en conflictos y solamente me fui», relata la mujer de 59 años. 

Desde agosto del 2020 comenzó a recibir el valor de su liquidación, que es entregado en cuotas mensuales, pero respecto de la jubilación patronal que le corresponde de acuerdo con el artículo 216 del Código de Trabajo, le han dicho que «después». «Lo que quiero es que me paguen y dejar cerrado ese capítulo. He hecho presión, he llamado, he enviado mensajes. Me dicen que aún no hay dinero». Añade que si hasta el 2022 este tema no se ha resuelto, se verá obligada a tomar medidas legales. 

Diario El Comercio pierde periodistas que ahora ven vulnerados sus derechos

Durante los primeros meses de la pandemia e incluso tiempo después, ya en el 2021, diario El Comercio ha desvinculado a decenas de periodistas de sus redacciones. Este periódico con 115 años de antigüedad y de circulación nacional ha justificado los despidos diciendo que se encuentra en un «proceso de optimización», según anunció en un comunicado. En el documento decía que el despido de 21 periodistas en ese momento se debía a una estrategia empresarial para mejorar sus operaciones, bajo las nuevas dinámicas del mercado, afectado por la pandemia del COVID-19. 

Una de las periodistas que salió del diario en ese ciclo de despidos fue Estefanía*, quien llevaba casi 10 años trabajando en esa empresa. Cuenta que los problemas vinieron desde antes de que se concretara el despido, con sueldos atrasados por dos y hasta tres meses, salarios entregados a medias y moras patronales. 

Luego de que se le comunicara la decisión por teléfono, recibió un correo con una propuesta de pago: una cuota a finales de cada mes de su liquidación hasta el año 2023. «Me dijeron que no podían darme toda la liquidación en un solo pago y que debido a la pandemia existía esa posibilidad de que la empresa me acredite en partes. Lo tomé porque igual tenía miedo a que luego suceda algo y no me puedan dar nada». 

Aunque no es lo ideal, la entrega de liquidaciones por despidos intempestivos en cuotas a lo largo de meses o años, en algunos casos, no se encuentra prohibida por la ley. De hecho, es un tema que el Código de Trabajo ni siquiera contempla. «De preferencia es mejor que todos los términos de esos pagos queden establecidos en el acta de finiquito o en un adéndum. Al final, como es algo que le interesa a ambas partes, se puede negociar o llegar a soluciones a través de la mediación», explica la abogada Díaz. 

Este detalle tampoco se encuentra contemplado en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, expedida en junio del 2020, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, y que recogía aspectos como acuerdos laborales, cobro de pensiones en escuelas y colegios, costo de servicios básicos, entre otras reducciones, para supuestamente alivianar a los ciudadanos de las consecuencias de la pandemia. 

La exdueña de Diario El Comercio, Guadalupe Mantilla, en una marcha por la Libertad de Expresión en 2011.

Patricia González, exreportera de diario El Comercio, está en completo desacuerdo con esta medida, pues la considera injusta. Ella trabajó en el diario durante 5 años y, aunque el acta de finiquito le muestra un valor que sí corresponde a la cantidad que debe recibir por su indemnización, la empresa le propone entregarla en once cuotas, a lo que Patricia se negó. 

«Yo fui comprensiva con la situación de El Comercio mientras estuve trabajando allí. Ellos se atrasaban en los sueldos y por eso me endeudé haciendo préstamos y con mis tarjetas de crédito. El valor de la liquidación podría servirme para ponerme al día con eso. Entonces les propuse que se disminuyeran las cuotas, pero me dijeron que no», cuenta Patricia. 

Ante esta negativa, la periodista solicitó una mediación entre El Comercio y el Ministerio de Trabajo, con la esperanza de que ella y el diario lleguen a un acuerdo sobre su pago, pero eso tampoco resultó a su favor, Más bien, sintió presión de parte de la entidad para que se acogiera a la propuesta del medio de comunicación. «Me dijeron que un juicio iba a demorar demasiado, que mejor tomara lo que me estaban ofreciendo porque esa negociación nos ahorraba tiempo a ambas partes. Pero tampoco firmé en aquella vez. Tengo claro que ese instrumento de la mediación laboral no sirve. El inspector que me fue asignado no hizo ningún esfuerzo para que lleguemos a un acuerdo y que se respete mi pedido, que está justificado», explica. 

El capítulo 3 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario —que hasta la fecha se encuentra vigente— habla sobre las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. En su artículo 16 hace referencia a los acuerdos de preservación de las fuentes de trabajo. «Los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores», dice la norma. 

Pero antes de la existencia de esa norma, en marzo del 2020, el Ministerio de Trabajo expidió el acuerdo No. MDT-2020-077, en el que se establecen las directrices para la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria. 

González también vivió la reducción de jornada —y por ende, de sueldo— desde abril del 2020 hasta su despido, en septiembre del 2021.  «Ellos se acogieron a las normas que les permitieron acortar la jornada laboral, pero eso nunca se cumplió. Como periodista eso de trabajar ocho horas no existe, peor trabajar menos horas. Pero nos empezaron a pagar 25% menos de sueldo mensual y para variar, atrasado», cuenta González. 

Patricia sabe, por sus colegas que aún trabajan en ese periódico, que la reducción de sueldo se mantiene. Mientras tanto, está a la espera de una segunda audiencia de mediación que le permita tener su liquidación completa en menos tiempo que el propuesto por la empresa. 

El Universo, su nueva imagen y la desvinculación de más periodistas

Diario El Universo, rotativo guayaquileño con 100 años de antigüedad, también ha desvinculado de su nómina a decenas de periodistas.

Este periódico presentó, en mayo del 2020, un nuevo formato de su edición impresa, con un tamaño más pequeño y un solo cuerpo. Es decir, menos contenido en relación con el formato anterior, que era de mayor tamaño y contaba con tres cuerpos. Los despidos se dieron en las fechas alrededor de este cambio y a raíz de la pandemia.

Vanessa* es una de las periodistas que fue despedida de ese medio en abril del 2020 junto con aproximadamente 100 empleados más. Esta es la cifra que ella conoce y a la que también hacen referencia otros exempleados del medio. 

El caso de Vanessa es particular porque aunque ya no pertenece legalmente a la empresa, sigue vinculada a ella. Sus exjefes la contactaron para que les dé apoyo y volvió a trabajar al periódico, ahora prestando sus servicios de manera independiente y cobrando su sueldo mediante facturación mensual. 

Aunque para ella este cambio ha resultado positivo, pues recibió su indemnización completa y tiene un ingreso mensual de nuevo, este tipo de contrataciones bordean un área gris de la ley que exime al empleador de responsabilidades laborales para con el empleado. «Lo que ocurre aquí es una especie de simulación de contrato laboral y con esto las empresas no deben pagar décimos ni vacaciones, el empleado pierde estabilidad, antigüedad, ahora tiene obligaciones y no tiene ningún derecho. No es ilegal, pero es algo que se está usando a beneficio de las empresas», explica la especialista Carolina Díaz. 

La estrategia de romper la dependencia laboral para pasar a un formato más libre, mediante facturación, es utilizada no solo por diario El Universo, sino también por diario La Hora, por otros medios que han desvinculado periodistas durante la pandemia y también por aquellos que requieren los servicios de nuevos comunicadores en la época postpandemia. 

En la actualidad es común que las nuevas relaciones laborales que se crean entre medios y periodistas sean más de carácter civil que laboral, sin vínculos como afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sin pago de beneficios de ley. Y es común escuchar también dentro del gremio cómo esta es una práctica que está cada vez más normalizada. 

Discriminación y persecuciones políticas: otra cara de los despidos en los medios públicos

Los despidos en los medios públicos empezaron en el 2017, durante el gobierno de Moreno, cuando estas empresas de comunicación —que antes habían sido medios al servicio de los intereses del gobierno de Rafael Correa— llegaron a su punto de quiebre y de debacle económica.  

Desde 2017 hasta la fecha han sido comunes otros despidos, reestructuraciones, protestas de empleados por sueldos atrasados y valores pendientes de pago y, finalmente, amenazas de liquidación. En mayo del 2020, el expresidente Lenín Moreno firmó el decreto 1059, en el que disponía la extinción de los medios públicos. 

En septiembre del 2020 se constituyó la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador. Dos meses antes de dejar el gobierno, el 25 de marzo de 2021, Moreno decidió extender el plazo para liquidar los medios públicos y poco tiempo después de posesionado, en julio del 2021, el presidente Guillermo Lasso anunció otra extensión de plazo, ahora para la liquidación de once instituciones públicas y por un año, entre esas la empresa que contiene a los medios públicos. 

El expresidente Lenín Moreno inició el cierre de los medios públicos. Los despidos y reestructuraciones empezaron en 2017.

Es decir, los medios públicos tienen, al menos hasta el momento, un año más de existencia hasta su posible liquidación total. Entre periodistas y personal administrativo, este proceso ha dejado como saldo un total de 500 despidos. 

*Leila, una expresentadora de un programa de variedades de Ecuador TV, fue despedida del canal en esa última ola de despidos en julio del 2020. A ella le ocurrió cuando tenía seis semanas de embarazo. Quedó embarazada durante la pandemia y desconocía su estado cuando fue notificada. El mismo día, siguiendo una corazonada, se hizo una prueba y lo  confirmó.

Con la evidencia y con un certificado médico fue a las oficinas de Talento Humano de los medios públicos para informar de su situación y saber si de alguna manera podía cambiar el rumbo del despido, pues embarazada de pocos meses y sin trabajo se vería en una situación de mayor vulnerabilidad. 

«Ellos se portaron muy déspotas y me indicaron que lastimosamente no había informado a tiempo de mi embarazo, por lo tanto la liquidación se haría sin considerar mi estado, con lo que me hubiese correspondido una indemnización mayor. ¿Cómo iba a contarles si yo tampoco lo sabía?», reclama. 

Los artículos 153 y 154 del Código de Trabajo hacen referencia a la protección a la mujer embarazada y los impedimentos para que sea despedida. La ley dice que en caso de despido o desahucio, «el inspector del trabajo ordenará al empleador pagar una indemnización equivalente al valor de un año de remuneración a la trabajadora». 

No obstante, la abogada laboral Carolina Díaz, quien ha llevado algunos casos similares al de Leila, afirma que en estas situaciones no procede notificar a los empleadores del embarazo una vez que el despido se ha ejecutado. Para ella, cuando la ley dice que se debe justificar el embarazo con la presentación de un certificado médico, está implícito que la empleada debe contarle al empleador de su estado.  

Aunque le sugirieron interponer una acción de protección —una garantía jurisdiccional consagrada en la Constitución para la protección de los derechos humanos y que se presenta ante un juez de primera instancia— y pelear por una indemnización más justa, Leila decidió no emprender acciones legales por este tema y concentrarse en su embarazo. 

Elisa*, redactora del mismo canal, fue despedida en su etapa de  lactancia y aunque la empresa le dio una indemnización completa, asegura que hubo una especie de ensañamiento contra las mujeres embarazadas o en lactancia, pues fueron las primeras en ser desvinculadas. «Yo quería demostrar que la maternidad no es limitante para ninguna mujer, porque ser madres o estar cuidando a nuestros hijos no nos impide ser productivas», sostiene. 

Expertos consultados opinan que la reducción de las empresas periodísticas y de los medios de comunicación tiene implicaciones directas en la calidad de la información que reciben las audiencias.

Pero esto no fue lo único que vivieron. A esto se le suma lo que Elisa llama una persecución política injustificada. Ella, al igual que muchos otros empleados y periodistas que formaban parte de los medios públicos del Ecuador, entraron a trabajar en el 2011, cuando el expresidente de la República Rafael Correa estaba en el poder. «A partir de ese hecho existió una manía por encasillarnos y decirnos que éramos correístas«. 

Se convirtió en una persecución sistemática, dice Elisa. «Hay que reconocer que los medios públicos siempre han tenido censura. Existió con (Rafael) Correa y con Lenín (Moreno) fue terrible. Había vigilancia de parte de la Secretaría de Comunicación, un ambiente de hostilidad y momentos muy complejos», cuenta. El episodio no se quedó allí. Incluso fuera de la empresa y luego de su despido,  cuando empezó a buscar trabajo en otros medios, el membrete de «correísta» le cerró muchas puertas. 

Alonso* vivió una situación similar, pues comenzó a trabajar en Radio Pública del Ecuador durante el régimen de Rafael Correa. Cuenta que los meses previos a su despido, en junio del 2020, se convirtieron en un camino tortuoso. «Yo estuve en reuniones en donde vi que tomaban ese tipo de decisiones: de sacar a uno u otro empleado por ser supuestamente correísta. Había una fijación desmedida con ese tema. Nosotros no tenemos nada que ver en la política. Yo no soy partidista, solo quería trabajar en paz».

Cuenta que antes de su salida definitiva hubo muchos problemas: amenazas mensuales de despidos, sueldos atrasados, tretas para que las personas renuncien voluntariamente, provocación de vistos buenos para no pagar indemnizaciones y riesgos de insolvencia y de que no les paguen todo lo adeudado. Todo esto repercutió en su salud mental. «Pasé mucho tiempo  pensando que el fin de mes que venía sería el último», recuerda. Ahora tiene un año tratando de recuperar su estabilidad emocional, sus ciclos de sueño, y espera que disminuyan los ataques de ansiedad que se desarrollaron a partir de todo lo vivido durante esos tiempos difíciles. 

Los efectos de la reducción de las redacciones

El informe Redacciones cambiantes: abordar la diversidad y fomentar el talento en tiempos de transformaciones sin precedentes, realizado por el Instituto Reuters para el estudio del periodismo y la Universidad de Oxford, decía en el 2020 que el COVID-19 aumentó la incertidumbre económica después de la caída en los ingresos publicitarios de los medios de comunicación  y que esto derivó en despidos masivos, poniendo más presión en un sector que ya se encontraba golpeado y que ahora debe  enfrentar nuevos desafíos. 

Estos desafíos están relacionados con los escenarios postpandémicos con los que los medios deben lidiar, como el trabajo remoto, la necesidad de innovar hacia lo digital y la consecuencia directa del alto número de despidos.

Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), afirma que la reducción de las empresas periodísticas y de los medios de comunicación tiene implicaciones directas en la calidad de la información que reciben las audiencias. Sin embargo, el problema va más allá, al ser un tema que pasa desapercibido y que no recibe la atención que amerita de parte de las autoridades. 

«En varios países de América Latina, incluso antes de la pandemia, ya hubo recortes en los medios, pero los ministerios de Trabajo no toman mayores acciones sobre lo que está ocurriendo en esas empresas, no existe realmente un mejor registro para conocer cuál es el impacto que todo esto tiene en el periodismo». explica. Para él, la pandemia logró que la crisis por la que ya atravesaban los medios se acelerara y ahora, de cara al 2022, la situación es dramática, con menos personal, menos periodistas y redacciones considerablemente reducidas. 

La comunicadora y máster en estudios de la cultura Ana Acosta, editora general del medio digital Wambra, añade que «a los periodistas de estos medios que sufrieron recorte de personal les duplicaron las actividades y ahora no solo tienen que hacer más, sino también hacer adaptaciones para otros formatos como televisoras (en el caso de diario El Comercio, que tiene el canal Televicentro) o para las páginas web». 

Audiencia en la Superintendencia de Comunicación contra el caricaturista del diario El Universo, en 2015.

Antes de 2020, diario El Telégrafo ya había atravesado por varias tandas de despidos. Jessica Zambrano, la última editora de la sección de cultura del periódico, experimentó directamente las consecuencias de estas desvinculaciones. En 2019 se le dio por encargo la edición de la revista cultural Cartónpiedra. «Me dijeron que si luego de más de un año la vacante no se cubría, el cargo sería mío, pero eso nunca pasó. Más bien luego me quitaron el encargo y seguí siendo responsable de la revista con el mismo sueldo de periodista». Finalmente, Jéssica salió de El Telégrafo en 2020 durante la crisis sanitaria. 

Según los anexos de estructuras ocupacionales y salarios mínimos sectoriales del Ministerio de Trabajo, un asistente de comunicación tiene una remuneración mínima de $644.01, mientras que un egresado de periodismo o comunicación social gana $800.13. En cuanto a periodistas profesionales (con título), tienen un sueldo de $963.84 y el personal con un cargo mayor, como los directores y editores, perciben un salario mínimo de $1062.87

Al igual que Bock, Acosta considera que este incremento de tareas y responsabilidades no solo repercute en la salud física y mental de los periodistas, sino también en la generación de contenidos periodísticos y en su calidad. «Ahora no hay tiempo para todo lo que hay que hacer», dice. 

Es lo que le sucede a Paola*, periodista de Guayaquil. La revista para la que trabaja despidió a decenas de sus colegas sin realizar nuevas contrataciones y ahora debe asumir parte del trabajo que nadie más hace. No solo debe realizar reportajes, también debe levantar textos para las páginas web de su empresa y hacer producciones fotográficas, siempre ante la demanda de rendir más y en medio de un inminente estado de estrés. 

Héctor Bujanda, director de la Maestría en Periodismo Digital de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, sostiene que además del recurso humano, la calidad periodística está relacionada con la capacidad de los medios de crear agendas propias y el modelo de negocio al que apuntan.  «Es importante que los medios no olviden hacer énfasis en la investigación y en la reportería de temas profundos como línea de trabajo. Hoy, con todos los cambios, se ve la peor producción de los medios, se apela a notas más sencillas o a contenido clickbait». 

La financiación de las empresas mediáticas es un reto en Latinoamérica, según los expertos consultados. Eso se traducirá en la calidad de la prensa.

En esto coincide con Acosta, quien hace énfasis en que los medios de comunicación reproducen modelos de negocios más alineados a lo empresarial, que favorecen el tráfico y los clics, en lugar de implementar nuevos lenguajes y narrativas digitales para generar información. 

Bujanda sostiene que la reducción de las redacciones y la pérdida de editores de trayectoria —como ocurrió en el caso del diario El Comercio— trae consigo otro problema: se pierde ese gran laboratorio de aprendizaje que solían ser los medios de comunicación para las nuevas generaciones. 

«Hay algo muy valioso en esa parte del oficio, en aprender del de al lado que tiene más experiencia, del consejo del compañero, la compañía de otros periodistas, del intercambio de datos, fuentes. Si rompes esa cadena y llenas la redacción de jóvenes sin experiencia rompes también ese proceso  necesario de maduración del periodismo. Ahora más bien se busca un perfil de redactor multitasking que hace mucho y gana poco», acota. 

Bock dice que el fenómeno de los recortes en Ecuador es similar a lo ocurrido en Colombia, entre el 2017 y el 2019, cuando la FLIP identificó que se perdieron más de 1.200 puestos de trabajo. En ese momento, los medios no quisieron hablar al respecto para analizar estos sucesos y conocer qué medidas futuras se debían tomar para que las labores de esas redacciones no decaigan ante la falta de personal. Y algo similar ocurrió para la realización de este reportaje: ninguno de los gerentes, editores o responsables de los medios mencionados en este trabajo accedió a entrevistas con la Fundación Periodistas Sin Cadenas.

Gabriela Vivanco, directora nacional de diario La Hora, en un inicio agradeció el acercamiento, pero negó la entrevista. Posteriormente, en un nuevo intento para conversar con ella, dijo que su empresa no ha desvinculado a un solo empleado. «Hace un año y medio que he invertido todo lo que tengo, en tiempo, dinero y recursos, en sacar este gran medio de comunicación adelante, luego de que la empresa que editaba los periódicos cerró sus operaciones a inicios de la pandemia», dijo en un mensaje de texto. 

No obstante, la Superintendencia de Compañías indica que Ediciones Minotauro —responsable del diario La Hora— es una empresa que se encuentra activa y que su gerente general es Francisco Vivanco Riofrío, con quien también tratamos de comunicarnos, sin obtener una respuesta. 

Gabriela Vivanco, en cambio, aparece en el sistema de esa entidad como gerente general de Quipus Media, una empresa constituida en julio del 2020, cuya operación principal está relacionada a lo mismo que Editorial Minotauro: actividades de publicación y edición de periódicos. 

El actual director de diario El Comercio, Marcos Vaca, también declinó la entrevista y el gerente de la Empresa de Comunicación del Ecuador, Galo Roldós, sostuvo que no sería posible mantener ninguna conversación pues al momento la entidad se encuentra en medio de «una situación administrativa compleja», explicó. 

Nila Velázquez, editora general de diario El Universo, dijo no creer ser la persona indicada para tratar este tema y redirigió la consulta al director, Carlos Pérez, con quien —luego de pedir entrevista por correo electrónico y esperar algunos días por esta confirmación— tampoco pudimos comunicarnos. 

Pero, ¿qué pasará con el periodismo el año que viene? El director de la FLIP asegura que estamos atravesando por un período agónico. «Luego de los despidos de personal desafortunadamente llega un desenlace que es el cierre del medio, la digitalización o la transformación del medio en otra cosa diferente a lo que estaba concebido. No hay un punto de retorno. No se trata solamente de una crisis económica o que se esté dejando de comprar o que la publicidad esté retirando su pauta, es la suma de muchos de esos factores que hacen que la gente consuma más información por redes sociales», explica. 

Luego de estos despidos, muchos periodistas talentosos y con trayectoria quedan en un complicado limbo laboral. Algunos de los entrevistados para este reportaje, ante la falta de empleo en medios, buscan oportunidades en otras áreas de la comunicación como relaciones públicas, comunicación organizacional y corporativa o community management. Otros, en cambio, tratan de llevar adelante sus carreras mediante el trabajo independiente o emprenden sus propios proyectos. 

Es aquí donde, en palabras de Bock, surgen iniciativas interesantes, de menor tamaño y operación que un medio tradicional, que deben ser financiadas pese al panorama difícil en el que nos encontramos. La pregunta es ¿cómo? «No sé si los países de América Latina estamos lo suficientemente maduros para que haya una financiación estatal sin que eso signifique una injerencia en la línea editorial de estos nuevos medios. En general, no hay un mercado que esté acostumbrado a invertir en este tipo de apuestas», dice, y concluye que la financiación del periodismo futuro es el más grande desafío para el sector en el 2022. 

*Algunos entrevistados y entrevistadas que dieron su voz para este reportaje pidieron que se proteja sus datos e identidades, por lo que han sido cambiados. 





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Diana Romero Periodista