Los riesgos de informar sobre el crimen organizado en Ecuador

Investigaciones periodísticas

Amenazas en videos virales, llamadas telefónicas y mensajes agresivos son algunos de los peligros a los que se exponen los periodistas que cubren fuentes de seguridad, judiciales y policiales en Ecuador. ¿Qué estrategias se pueden articular para que este trabajo se realice con mayores garantías?

08.11.2021

«Ustedes, La Posta, no se anden metiendo en cosas de bandidos, porque ustedes no saben cómo son». Con esta advertencia cierra un video que se viralizó por las redes sociales el pasado 14 de octubre, grabado por una agrupación delictiva que se hace llamar ‘Los Fantasmas’, en donde se los ve vestidos de negro, con sus rostros cubiertos y portando armas frente a lo que parece ser un camino en medio de un bosque. 

El video se hizo público luego de que ese medio digital estrenó, el pasado 4 de octubre, una serie de cuatro reportajes especiales llamados «Paz o plomo», donde se habla de las falencias del sistema carcelario en el Guayas, el abandono estatal al que estas instituciones están sometidas y la supuesta distribución de los pabellones a diferentes grupos criminales dentro de la Penitenciaría del Litoral. Los audiovisuales muestran, además, la inmersión periodística de Monica Velásquez y Andersson Boscan en el retrato de algunas de estas organizaciones. 

Aunque el periodista de La Posta indica que es es complicado determinar qué fue exactamente lo que incomodó de sus reportajes a ese grupo delictivo —del que no tenían conocimiento hasta la difusión del video— el especial hace énfasis en la operación de bandas como Tiguerones, Lobos, Lagartos y Chonekillers dentro y fuera de las cárceles de Guayaquil, además de contener entrevistas con los algunos de los «comandantes» de las mismas como José Adolfo Macías Villamar alias ‘Fito’, Junior Roldán Paredes alias ‘Junior’ y  Antonio Benjamín Camacho alias ‘Ben 10’ y asegurar que el control del recinto penitenciario de Guayaquil está por completo en las manos del crimen organizado y no de las autoridades. 

‘Los Fantasmas’ amenazan con hacer una «limpieza» de bandas delictivas y se refieren a algunas de las mencionadas en el reportaje de La Posta, pues sostienen que sus conflictos al interior de las prisiones son los que están causando estragos también fuera de la cárcel, en momentos en los que Guayaquil registra 469 crímenes violentos en el 2021, además de los reportes diarios de robos, asaltos y secuestros express en las redes sociales. «Si no paran la mano, van a ser ejecutados por nuestro grupo de limpieza», dicen con énfasis. 

Cuenta que Tannya Varela, comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, se puso en contacto con ellos apenas se supo de la difusión del video y que les ha brindado acompañamiento en el tema desde ese momento. La institución policial los visitó para hacerles preguntas que servirán para elaborar un perfil de riesgo de la situación para determinar si, a futuro, el equipo periodístico necesita custodia o seguridad personal. El documento de este análisis debería estar listo en las próximas semanas, pero es de carácter reservado. De momento, les han pedido manejar el tema con poca exposición pública. 

No obstante, Andersson Boscán explica que más allá de los evidentes temores que existen en todo el equipo periodístico que participó en estas coberturas, esta amenaza no influirá en el trabajo que realizan. 

Este no ha sido el único caso registrado por la Fundación Periodistas Sin Cadenas durante octubre relacionado con la situación carcelaria en Ecuador. El periodista Jonathan Carrera, quien ha trabajado en diferentes medios de comunicación del país y actualmente es parte del noticiero en Radio América Estereo, colgó un parte policial en su cuenta de Twitter que evidencia una supuesta complicidad entre jefes de bandas y autoridades en esta cárcel. 

En los documentos posteados se relata que una mujer se hizo pasar por guía penitenciaria, burló los controles y permaneció seis días en la celda de alias ‘Fito’. El documento indica que altos mandos de la Policía estaban al tanto de este suceso y permitieron que suceda.  

Horas después de esta publicación, Carrera recibió tres llamadas telefónicas en las que fue amenazado de muerte. «Me han llamado a decir que por decir lo que digo estoy de más. (…) Me van a matar por decir lo que pasa en cárceles con amarres entre jefes de bandas y generales», publicó también en esa red social. 

Pero nada de esto es nuevo para él. Explica que a lo largo de su vida profesional ha recibido 24 amenazas de diferente tipo desde diferentes sectores y por experiencia sabe que son muy difíciles de rastrear. Una sola vez puso denuncia: hace 20 años, por llamadas telefónicas intimidantes, persecución en su domicilio y amenazas de muerte. En aquel tiempo la investigación fiscal y todo el proceso que siguió no tuvo resultados y ese ha sido el motivo principal por el que dejó de denunciar formalmente estos hechos.  «Por más que se haga interceptación de llamadas y triangulaciones es imposible determinar de dónde sale la amenaza», le dijo a la Fundación Periodistas Sin Cadenas. 

Al igual que el equipo periodístico de La Posta, no se plantea poner una denuncia formal por esos acontecimientos, pero siente desamparo. «Al periodista, ¿quién lo protege por el mero hecho de informar? Mi vida siempre ha estado vinculada a esto y ahora esta situación que se ha desbordado a uno lo pone a pensar ciertas cosas, en lo que hago y por qué lo hago»,  afirma el periodista. 

Pese a estas amenazas, no se registra ni de parte del Consejo de Comunicación ni de parte del Ministerio de Gobierno, la activación del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas, que se creó el 29 de abril del 2019.  Tal como se cuenta en una investigación anterior, este cuerpo colegiado tiene como misión cuidar el quehacer de la prensa en situaciones de riesgo en Ecuador, pero su accionar ha sido inexistente durante los 104 ataques de diferente tipo a periodistas, registrados desde junio  hasta octubre por la Fundación Periodistas Sin Cadenas. 

Los comunicadores responsables de cubrir fuentes judiciales, policiales y de seguridad hacen un trabajo que implica alto riesgo, sobre todo, luego de la masacre del  pasado 28 de septiembre en la Penitenciaría del Litoral que dejó 119 fallecidos. «Cuando hay algún tipo de estallido de violencia dentro de las cárceles no tenemos ninguna garantía. Nadie garantiza nuestra vida en una cobertura», dice Carlos Sacoto, periodista de Teleamazonas, quien ha cubierto el tema con cierta frecuencia y conversó brevemente con la Fundación Periodistas Sin Cadenas. 

Cuenta que por este motivo, colegas de medios de comunicación como Ecuavisa han optado por ir hasta los centros de detención con chalecos antibalas y cascos, aunque solamente vayan a reportear  en los exteriores, porque en medio de una revuelta -que según lo registrado en las últimas semanas puede desatarse en cualquier momento– una bala perdida puede ser mortal. Las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) lo saben bien, por eso atienden a la prensa portando chalecos todo el tiempo. 

«Tenemos nuestro cuerpo de agentes de seguridad penitenciaria y un grupo especial. Cuando vienen periodistas y se les autoriza el ingreso, son ellos los que mantienen la custodia todo el tiempo. Nosotros tenemos que hacer un análisis para ver si la seguridad permite que ingresen o no. Luego, no podemos hacer más. Si luego son amenazados ya no podemos hacer mucho. Son riesgos que los periodistas deben correr», dijo el director del SNAI, Bolívar Garzón, quien reconoció además que el sistema penitenciario está colapsado y que retomar el control total de la cárcel les tomará «un buen tiempo». 

Garzón explicó además que no pueden tener certeza de la veracidad de videos y amenazas de grupos delictivos dirigidos a periodistas porque de estos temas se encarga puntualmente la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía Nacional. «Tenemos conocimiento de muchos videos. Si usted viera mi celular… Hace 15 días decían que iban a entrar integrantes de bandas disfrazados de policías para atentar contra los cabecillas y nunca pasó. Por eso estamos en coordinación con la DGI, en alerta todo el tiempo», asegura. 

Desde la Fundación Periodistas Sin Cadenas tratamos de conseguir una versión de la Policía Nacional respecto a estos temas por diferentes medios, pero no obtuvimos una respuesta. 

Familiares esperan noticias a las afueras del recinto en una de las crisis carcelaria en la penitenciaria de Guayaquil.
Foto: Cortesía

La dificultad de contar estas realidades

La situación de inseguridad que se vive actualmente en Ecuador y la matanza desatada dentro de la Penitenciaría del Litoral decantó en la declaración de un estado de excepción en los centros de detención del país el pasado 29 de septiembre debido a una grave conmoción interna. «Es lamentable que a las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales», enfatizó el presidente de la República, Guillermo Lasso, según publicó la agencia de noticias EFE. 

El gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, comparó la situación actual que se vive en la provincia con lo que experimentó Colombia en las décadas del 80 y del 90 por el impacto del narcotráfico en la sociedad, publica diario El País. Y, según dijo Lasso durante la declaratoria del estado de excepción en todo el territorio nacional, más del 70% de las muertes violentas que ocurren en Guayas están relacionadas con el tráfico de drogas. En adición, el exdirector del SNAI, Fausto Cobo, afirmó en el pasado que las bandas que causan problemas dentro de las cárceles podrían tener nexos con cárteles mexicanos de la droga, pues se disputan territorio de expendio y rutas de transporte de estupefacientes. 

Carlos, un periodista radial del norte del país que pidió la reserva de su identidad por precaución, cubre fuentes judiciales desde hace casi un año y cuenta que ha dado seguimiento a denuncias que ha recibido sobre disputas de territorio de parte de varias organizaciones delictivas en su ciudad, las mismas que supuestamente operan desde la cárcel de su localidad donde hay mucha presencia de integrantes de la banda conocida como ‘Lobos’. Sin embargo, durante su reportería, un grupo de abogados a quienes entrevistó e hizo una consulta particular le recomendó que manejara esos temas con cautela porque había mucho poder involucrado y riesgos para su seguridad personal. 

Considera preocupante que ni el gremio periodístico ecuatoriano ni las autoridades locales vean la magnitud de la importancia y la gravedad de lo que acaba de pasar con las amenazas a comunicadores de parte de grupos del crímen organizado en el país. Él no ha recibido amenazas, pero que no ve muy lejana la posibilidad de que lo que se está viviendo en Guayaquil se replique también en otras regiones del Ecuador. “Contar estas historias es muy arriesgado, pero como periodistas hay que informar de lo que está pasando”, dice. 

Catalina García, reportera de Teleamazonas, tiene más de 11 años de experiencia cubriendo fuentes judiciales y de seguridad y ella, contrario a Carlos, ha recibido claras amenazas y hostigamientos a su seguridad personal, que van desde mensajes de texto, llamadas telefónicas y visitas inesperadas. Hoy incluso maneja con cierta prudencia sus redes sociales. “Hace algunos años uno de ellos me preguntó por qué había posteado algo en Twitter. Ellos están muy comunicados y atentos, y cuando se lanza algo por redes sociales están al tanto de absolutamente todo”.

Relata que al menos tiene cuatro años desde que empezó a reportear sobre organizaciones delictivas locales como los ‘Chone Killers’, la supuesta escuela de sicarios, entre otros temas. «En ese tiempo, el tema no resonaba tanto. Cuando se hablaba de un grupo delictivo se pensaba que era una pandilla más, pero con el contexto carcelario actual la percepción ha cambiado por completo», explica. 

Su criterio sobre este tipo de coberturas dio un vuelco luego de un incidente ocurrido a inicios de este año, cuando un grupo de integrantes de una organización delictiva le pidió una rectificación sobre un reportaje en el que Catalina decía que las personas mencionadas en la nota presuntamente formaban parte de esa banda, mientras ellos afirmaban ser cantantes de música urbana. «Yo no me daba cuenta de los riesgos, pensé que no se iban a ir en mi contra pero cuando ya vi estos comportamientos pensé que esto no era un juego. Antes tú señalabas al delincuente y él retrocedía, ahora ya no les importa. Y cuando tú estás tan apasionada por el tema no lo notas, sino hasta después», remarca. 

Video de la BBC NEWS que se hace eco de los conflictos en las cárceles en Ecuador y la relación con el narcotráfico.

Catalina explica que, de acuerdo con  su experiencia, cuando se entra en contacto con líderes de bandas en barrios conflictivos, ellos sienten que el periodista está de su lado. «Entendí que el hecho de que quieran salir en televisión obedece a esa mística: mientras más popular y mediático sea, más respetado por su gente es. La calle me ha hecho entender eso, que a ellos les gusta ser nombrados», agrega.

Por eso, Bessy Granja, reportera de Ecuavisa que sigue de cerca todos los temas relacionados con la crisis carcelaria en Ecuador, cree que el eje de estas noticias debería girar en torno al fracturado sistema de rehabilitación social. «Creo que es importante poner el foco en que el sistema no es capaz de lograr la rehabilitación, en que es un sistema fallido, y determinar qué pasa en las cárceles que no hay espacio para una mejoría», dice. 

No obstante, los periodistas se arriesgan, sin protección de ninguna entidad de control o protocolos claros de seguridad, más allá de las propias precauciones que puedan tomar los mismos equipos de prensa. Granja reconoce que en este momento acercarse a las prisiones representa un peligro latente, sobre todo a cárceles como la Penitenciaría del Litoral que está constantemente amenazada. «Yo no he podido ingresar a los pabellones ni conversar con las personas privadas de la libertad desde hace mucho tiempo. Las cárceles tienen una naturaleza distinta dependiendo de la ciudad en donde están ubicadas y las de Guayaquil claramente son las más convulsas con una situación de seguridad muy compleja», relata. 

Karol Noroña, reportera del medio digital GK, ha cubierto la situación carcelaria en Ecuador desde la primera masacre registrada en febrero del 2021 hasta la fecha, enfocándose en diferentes temáticas sobre la vida en las prisiones. «Cuando conversas con ellos te das cuenta de que son personas que tienen proyectos de vida, que están sobreviviendo en esas condiciones infrahumanas pese a que existe un supuesto modelo de gestión penitenciaria. Se los ha deshumanizado mucho», dice. 

Por ese abordaje, Noroña sintió que estaba blindada de cualquier riesgo, pues estaba contando el lado humano de esa información tan susceptible, pero todo se complicó cuando comenzó a tener mucha cercanía con las personas privadas de la libertad (PPL) dentro de la cárcel. «Cuando ya comienzas a tener un contacto frecuente con las fuentes y con los PPL, hay un riesgo ahí que yo no estaba calculando». 

Cuenta que en su más reciente cobertura en la Penitenciaría del Litoral luego de la masacre de septiembre se encontró con la madre de un detenido a la que le estaban entregando el cuerpo de su hijo luego de largas horas de espera y sin darle mayores datos sobre lo que había ocurrido. Los hermanos del reo fallecido se acercaron a Karol y le dijeron que no le podían dar más información ni entrevistas pues ellos también eran parte de una organización delictiva. 

Sin embargo, el mayor pantano al momento de realizar este tipo de reportajes también viene desde las autoridades, pese a que estamos amparados por Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, a la que varias instituciones y empresas públicas no se acogen. Así le sucedió al acudir a las oficinas de Criminalística durante aquella cobertura. «Tuve que explicar que venía desde Quito y que necesitaba que me atiendan, pero no solo no querían darme información sino que me encontré con una actitud prepotente, le tomaron fotos a mi carnet y finalmente me preguntaron cuántos años tenía. Les dije que eso no era importante y que yo tenía derecho a acceder la información que estaba buscando». 

¿Qué hacer para cubrir estos temas con mayor seguridad?

Informar adecuadamente de lo que está sucediendo con estos temas sin jugarse la vida en el ejercicio profesional parecería ser la meta final y para eso plantean varios métodos. La reportera de Ecuavisa dice que su estrategia al momento de hacer una cobertura dentro o fuera de cualquier cárcel del Ecuador es ir muy enfocada a lo que tiene que hacer y quedarse en el lugar el menor tiempo posible. “Siempre estamos vulnerables y hay cosas que no se pueden prever, pero trato de no demorarme para estar en menor riesgo. Quizá sí nos exponemos, quizá pecamos de confiados pero es el trabajo que hacemos”, explica. 

Pero si trabajando en un medio de comunicación cubrir seguridad es una actividad peligrosa, lo es más aún si se hace periodismo de manera freelance. Durante más de un año, la periodista Karol Noroña ha sido independiente. Considera que en ese caso investigar historias de crimen organizado y grupos delictivos es aún más complejo porque no existe apoyo directo de nadie y los periodistas se exponen a un riesgo aún mayor. «Si yo me pongo a investigar este tipo de temas muy sensibles por mi cuenta es absurdo, porque para acercarme se necesita acompañamiento y crear una cadena de contactos dentro de esas organizaciones que garanticen alguna seguridad y apertura», dice. 

Por eso para ella es importante que se establezcan redes de periodismo colaborativo, para que los periodistas freelance que trabajan estos temas puedan hacerlo en equipo y cuenten con respaldo interdisciplinario, por los riesgos intrínsecos que conlleva. «No hay cómo asegurar que no va a pasar nada porque son bandas delictivas impredecibles». Coincide con Catalina García en que a veces es necesario acercarse mucho a esas fuentes y que eso puede resultar problemático. “…entonces ellos creen que vas a escribir lo que ellos quieren”, dice Noroña.

Carlos, el periodista del norte del país que pidió proteger su identidad, coincide con Karol en cuanto a los nexos entre los freelancers como una red de apoyo y cooperación. “Los directivos de los medios nos dicen que saquemos el tema sea como sea y efectivamente muchos lo hacemos por amor a la profesión, pero no medimos las consecuencias de lo que estamos por reportear y dónde nos vamos a meter”. 

El hacinamiento en las cárceles de Ecuador es uno de los mayores problemas que tiene el sistema penitenciario. Foto: Periodistas Sin Cadenas

La Unesco registra cuatro periodistas asesinados en Ecuador, entre los que se encuentran el presentador de televisión Fausto Valdiviezo. Adicionalmente, también se registran los tres integrantes del equipo de prensa de Diario El Comercio asesinados en la frontera norte por el Frente Oliver Sinisterra. El caso de Valdiviezo y el de los periodistas del diario capitalino se encuentran en la impunidad. 

En el manual de seguridad para periodistas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) existe todo un capítulo en el que se habla de la cobertura a casos de crimen organizado y corrupción, además de otros aspectos a considerar como evaluación y respuesta al riesgo, cómo manejar riesgos sostenidos y las reacciones frente a situaciones de estrés. 

Según el documento, el crimen y la corrupción son temas extremadamente peligrosos y 35% de los periodistas asesinados en el mundo realizan este tipo de coberturas. “Las líneas que dividen a los grupos políticos de los grupos criminales no son claras en muchos países, lo cual eleva el riesgo para los periodistas”, explica el manual que abarca aspectos como la preparación para la cobertura, la planificación de la investigación, lo que se debe considerar al acercarse a sujetos hostiles, así como observar con atención todos los signos de advertencia durante la realización del trabajo. 

La Fundación Periodistas Sin Cadenas tiene también un manual sobre coberturas y seguridad móvil en donde se hace énfasis en cómo actuar cuando al periodista se le quita su material recolectado, cuando se sufren amenazas tras una cobertura o cuando tenemos la sospecha de estar siendo seguidos o vigilados.

El panorama en otros países

México, un país atravesado por la violencia, es uno de los más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo. La última clasificación mundial de la libertad de prensa, que realiza anualmente la organización Reporteros Sin Fronteras, lo coloca en la posición número 143, de un total de 180 naciones. Este año registra un total de  7 periodistas asesinados. 

Verónica Basurto es una periodista mexicana que vive en el Distrito Federal y que se vio obligada a exiliarse durante un año en Europa, pese a la existencia de la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en ese país donde realiza investigaciones policiales y cuenta historias del crimen organizado, una de las temáticas más arriesgadas para cubrir en México. 

Actualmente, trabaja como periodista freelance y es considerada una heroína de la información por Reporteros Sin Fronteras, quien le dio respaldo logístico durante el tiempo en que debió vivir en siete casas diferentes antes de irse de su país para salvaguardar su vida luego de descubrir nexos entre poderosos políticos del gobierno de Felipe Calderón y los carteles de la droga. 

Seguimientos, intervenciones a sus dispositivos, llamadas y luego mensajes de una violencia explícita y detallada la obligaron a buscar la manera de velar por su vida y la de su familia. «No podía dormir, estaba en un estado de pánico y ansiedad constante, sentía que me seguían, me sentía insegura, observada todo el tiempo y tenía pesadillas recurrentes de que me iban a cortar la cabeza. Ahora sé lo que es vivir con miedo», cuenta a la Fundación Periodistas Sin Cadenas. 

En uno de los mensajes que recibió de uno de sus agresores le preguntaban si estaba segura de que su carro era capaz de soportar balas. Y no era en sentido figurado: a uno de sus colegas le hicieron eso y durante la persecución un proyectil alcanzó a su hijo y lo mató. A otro de sus colegas, en cambio, los cárteles le incendiaron su casa. 

Por eso, Verónica aconseja a los periodistas que cubren temáticas investigativas judiciales que es trascendental preguntarse si es posible vivir con las consecuencias de lo que la investigación va a causar, es decir, ser conscientes del riesgo que se está tomando. “Y si no se puede hacer, pues no se puede. Ya tendremos otro trabajo, ganaremos otro dinero, haremos otro reportaje, pero no vamos a arriesgar nuestra vida”, dice de manera categórica. 

Hace énfasis en que no existen grupos delictivos menores o inofensivos y que por eso al meterse en ese terreno es importante considerar todas las aristas de la investigación. «Hoy volvería a hacerlo, pero tomando muchas otras precauciones, valiéndome de herramientas tecnológicas y de seguridad informática». Entre sus estrategias personales de protección está una similar a la que explica Bessy Granja: lograr todas sus entrevistas el mismo día, estudiar el sitio y las rutinas del lugar con mucha anterioridad para saber cuándo es más provechoso ir y proyectar todos los posibles escenarios de todo lo que puede ocurrir. 

Policía custodia la cárcel de Guayaquil durante una de las crisis carcelarias en la penitenciaria de Guayaquil .
Foto: Cortesia

Hoy, cuando han pasado siete años de su regreso a México, afirma que no se arrepiente de haber dejado la investigación que casi le cuesta la vida. “Es cierto que no somos héroes, pero somos un eslabón importante, nuestro trabajo es importante y hay que hacerlo con seguridad”. 

El Salvador es otro país latinoamericano en el que informar sobre convulsiones sociales como la existencia de las pandillas se convierte en una actividad de riesgo y se presta para la autocensura por miedo a las agresiones violentas de la Mara Salvatrucha o de sus rivales: Barrio 18.  También les toca enfrentarse a los grandes poderes. 

Es conocido el caso del fotoperiodista y cineasta Christian Poveda, que murió asesinado de dos disparos por pandilleros luego de filmar el documental La vida loca, que retrata la vida de estos grupos en uno de los barrios más conflictivos de San Salvador. Al parecer, Poveda violó -sin saberlo- cierto acuerdo que indicaba que el documental no debía exhibirse en el país y aunque fue estrenado en Europa, la piratería hizo lo suyo y al poco tiempo se estaba vendiendo en las calles de la capital  centroamericana. La pandilla lo resolvió como lo resuelve todo: con muerte. 

Jéssica Ávalos tiene una carrera de más de diez años como periodista y editora judicial en diferentes medios de El Salvador. “Se establecen ciertos códigos. Por ejemplo, al hablar de las pandillas, si alguien vive en una zona controlada por el Barrio 18, no se reportea ni se investiga sobre esta pandilla, porque eso es exponerse, y si ellos saben que el periodista vive en el sector, el riesgo es más alto”, cuenta Jéssica. 

Para evitar que sus periodistas se expongan, Revista Factum, donde Jéssica trabaja como coordinadora, maneja ciertos protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de los miembros de la redacción. “Por ejemplo, si el reportero va a una zona de pandillas, se le da seguimiento, se monitorea cada movimiento de lo que va a hacer, revisamos su ubicación en tiempo real. Luego, muchos de nuestros temas pasan por el filtro legal, porque nos cuidamos de no hacer apología del delito y, finalmente, si es un tema demasiado comprometedor, omitimos la firma de estos textos si así lo desean. Al final, es la vida de cada reportero la que está en juego”, explica. 

Jéssica dice que cuando se reporta temas de tanta sensibilidad también tienen cuidado con miembros de las comunidades que prestan sus testimonios o participan como fuentes, porque ellos también pueden llegar a estar en peligro. “Una comunidad denunció que la Mara había tomado el control del agua potable y nosotros publicamos esa historia. Luego de publicada, la comunidad pedía que la diéramos de baja, que quitáramos sus nombres porque tenían miedo de ser asesinados. En esos casos debemos ser doblemente responsables al reiterarles a las personas el riesgo que corren contándonos y el riesgo que corren cuando lo que nos cuentan se publica”, dice la periodista. 

En Ecuador, el control de las cárceles al parecer sigue siendo algo lejano de conseguir. El domingo 31 de octubre, en medio del feriado nacional, el SNAI informó que un nuevo incidente se registró en el Centro de Privación de Libertad Guayas, al escucharse disparos al aire en uno de los pabellones. Extrañamente, dicen que estas balas no corresponden a un conflicto de grupos de delincuencia organizada. El lunes 1 de noviembre un intercambio de balas dentro de la Penitenciaría del Litoral dejó tres internos fallecidos. 





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Diana Romero Periodista