Bloqueos informativos se mantienen en el Gobierno de Guillermo Lasso

31.08.2021

Para algunos periodistas, embarcarse en la búsqueda de información de parte de instituciones y empresas públicas para tener las versiones oficiales de estas fuentes y elaborar notas de prensa, reportajes y diferentes piezas es sinónimo de espera. Una espera que, a veces, se extiende durante meses y que en algunos casos no sirve de nada porque esas declaraciones, informes, cifras o datos que se requieren nunca llegan. 

Un peregrinaje de visitas, correos electrónicos, llamadas y mensajes que quedan colgados sin respuesta y la presión de sentir que no se logrará completar la reportería a tiempo describe algunos episodios de la labor periodística en Quito y  Guayaquil, y también en zonas más distantes de las grandes ciudades. Cada pedido de información es como una batalla contra un sistema de comunicación que se especializa en dilatar o no entregar las respuestas que los periodistas buscan. 

En el todavía nuevo gobierno de Guillermo Lasso, quien cumplió 100 días en el poder este martes 31 de agosto del 2021, el cerrojo oficial sigue siendo el mismo que hubo con Lenín Moreno: no existe una facilidad integral de acceso a la información, fuentes, entrevistas con funcionarios o datos abiertos para que los periodistas puedan hacer eficientemente su trabajo. 

El período de transición no ha erradicado ciertos hábitos que se contraponen al correcto ejercicio periodístico o al sentido propio de una entrevista -sincrónica y simultánea- pretendiendo evacuar los pedidos por medio del correo electrónico, sin conceder entrevistas presenciales, por medios telemáticos y, en algunos casos, evadiendo el cumplimiento de los plazos que establecen las leyes que rigen la oportuna entrega de la información. 

“Nuestro Gobierno es de puertas abiertas y la gestión informativa es un tema central, porque forma parte de la rendición de cuentas que cada autoridad pueda realizar. (…) La disposición de parte de la Secretaría General de Comunicación ha sido clara para todas las entidades del Estado, sobre la entrega oportuna de información que se solicita en los tiempos en los que establece la ley”. 

Eso es lo que respondió la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (SEGCOM) a los cuestionamientos sobre las alertas, comentarios y quejas de colegas que indican que han pedido información a diferentes entidades públicas y ministerios, sin lograr obtener respuestas a sus pedidos, tras largos períodos de espera. “El presidente Guillermo Lasso ha sido claro en un tema de transparencia, y un claro ejemplo es el Código de Ética que nos rige a todos los funcionarios para la entrega de información y transparencia en sus acciones”, agrega el documento. 

Para la realización de este reportaje, la Fundación Periodistas Sin Cadenas realizó un pedido de entrevista telefónica al secretario Eduardo Bonilla, pero se nos indicó que sería imposible hacerlo por problemas de agenda del funcionario. El departamento de Relaciones Públicas informó que si el tema era muy urgente, lo mejor era manejarlo mediante un cuestionario vía correo electrónico. Se envió un cuestionario de cinco preguntas cuyas respuestas llegaron cinco días más tarde.

Una de las preguntas planteadas fue: ¿Por qué en muchas ocasiones se prioriza la entrevista por mail cuando por correo electrónico no se pueden sostener diálogos que fomenten la interacción? “Todos los medios son válidos para responder a las interrogantes de los periodistas. Las solicitudes de entrevista son atendidas de acuerdo a su orden de pedido, y es necesario entender que el tiempo resulta corto para atender todas las solicitudes”, dice parte de la respuesta. 

Añade que se valen de la tecnología para cumplir con todos los periodistas y que “si bien es cierto que por mail no se puede interactuar, el periodista es libre de preguntar las veces que considere necesarias”.

Mediante otro correo electrónico, por supuesto. 

Una ley poco efectiva 

Tener una ley de transparencia no garantiza nada. En Ecuador, desde 2004 rige la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip), una norma que según reza el documento que consta en el Registro Oficial: “Garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado, y demás entidades obligadas por esta Ley”. 

El director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, institución comprometida por la transparencia del Estado ecuatoriano, explica que todos los años evalúan todos los literales contenidos en el artículo 7 de la Lotaip, que dispone que las instituciones públicas deben difundir en sus repositorios digitales toda la información referente a su gestión.

Para la elaboración del más reciente informe, publicado en 2020, el equipo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) revisó el apartado de transparencia disponible en los portales de las entidades adscritas a la Función Ejecutiva, es decir, Presidencia y Vicepresidencia, y 23 ministerios y secretarías nacionales. 

“El puntaje promedio obtenido por las instituciones es de 17,29/20; mejor que el 16,87 de 2019; pero por debajo del 17,4 de 2018”, dice el informe. 

El documento indica que la puntuación más baja corresponde a la Secretaría del Deporte, con 5.5/20 y que únicamente cuatro instituciones alcanzan el 20/20: la Vicepresidencia, y los ministerios de Gobierno, Turismo, y  Transporte y Obras Públicas. 

Los malabares de los periodistas para conseguir información

Hace pocas semanas, Gabriela Ruiz Agila, periodista independiente que cubre fuentes medioambientales para medios locales y extranjeros, experimentó dificultades para completar una de sus coberturas. 

Solicitó información a Petroecuador sobre los convenios de compensación que la entidad maneja con las comunidades amazónicas ecuatorianas. “Traté de colocar mi solicitud a través del portal ciudadano de la entidad. Hice esto en varias ocasiones, durante varios días y el trámite se desviaba extrañamente desde Petroecuador hacia el Ministerio de Trabajo, en donde tenía que registrarme para solicitar la información. Al ver que nada funcionaba, puse la solicitud en el departamento de archivo de la entidad”, relata ahora Ruiz. 

También, a través del área de Comunicación de la empresa pública, envió un cuestionario de dieciocho preguntas para que fueran resueltas. Con un mes de tardanza, Vladimir Cabezas, jefe de comunicación de Petroecuador, le respondió que, como era una solicitud extensa y profunda, no había podido recolectar todo lo que ella había pedido en el cuestionario previamente emitido. 

Sesenta días, aproximadamente, le tomó a esta periodista recabar parte de la información necesaria para levantar su pieza periodística. Ruiz manifiesta que, amparados en la Lotaip, ningún periodista debería atravesar por tantos obstáculos durante la búsqueda de datos para un reportaje. “Para eso existe la ley, para no tener que hacer ningún lobbying, ni someternos a prácticas institucionales, ritos, ni tener la obligación de mostrarnos cooperativos a sus prácticas”. 

El jefe de comunicación de Petroecuador, consultado por Periodistas Sin Cadenas, argumentó que trata de evacuar los cuatro o cinco requerimientos semanales de información que recibe, pero que a veces la solución no está en sus manos, pese a que es la persona que maneja los nexos entre la entidad y los medios. “Me llegan pedidos por mail, por mensajes de whatsapp o llamadas telefónicas y atiendo todos los que puedo, pero a veces no logro resolverlo porque las áreas técnicas, que son las que me proveen la información, están en trabajo de campo, en territorio, fuera de la oficina y no me pueden responder a la brevedad posible o no leen los correos”, explica. 

La mencionada ley tiene 23 artículos, una disposición general, seis disposiciones generales y una disposición final y en uno -el número 4- de ellos hace énfasis en que la información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas y que el Estado y las instituciones están obligados a garantizar el acceso a esa información. Esto aplica para todos e incluye a los periodistas. En el artículo 9, en cambio, habla sobre la responsabilidad de la entrega de esa información y sobre el plazo máximo que tienen las entidades para contestar esas solicitudes: diez días hábiles, que pueden prorrogarse por cinco días más, por causas justificadas que deberán ser comunicadas al solicitante. 

Diego Cazar, periodista, editor y fundador del medio digital La Barra Espaciadora, considera que esos plazos establecidos en la Lotaip no se cumplen al momento de solicitar información a ministerios, secretarías y otras instituciones del Estado, y que esto representa una violación directa a lo dispuesto por la Lotaip. No se cumplieron en el gobierno de Lenín Moreno y tampoco se están cumpliendo en el gobierno de Guillermo Lasso. Esa es su experiencia con el Ministerio del Ambiente, entidad en la que han ingresado varios pedidos de información relacionada con otorgamiento de licencias ambientales y extractivismo en Amazonía y siguen sin tener  respuestas. 

Para él, los constantes cambios en los equipos de los departamentos de comunicación y la falta de estrategias en el seguimiento de los pedidos que antes eran llevados por otros funcionarios inciden directamente en este tipo de retrasos. “La comunicadora con la que tratamos ahora no es la misma de hace tres semanas y así mismo ocurrió con la anterior. Los empleados cambian, no se da seguimiento a los procesos que ya estaban ingresados y siempre nos dan respuestas que más bien parecen pretextos”, cuenta Cazar.

El editor de la Barra Espaciadora añade que cuando se posesionó el nuevo ministro del Ambiente, Gustavo Manrique, hizo una solicitud de entrevista, se concedió una fecha que luego se canceló y no ha sido posible volver a agendarla por falta de tiempo del secretario de Estado. En el caso de Gabriela Ruiz, ella tampoco pudo acceder a una entrevista con el Gerente de Petroecuador, Pablo Luna, porque según indica el jefe de comunicación de esa entidad, desde que se posesionó en julio pasado, no ha concedido citas para reuniones con la prensa. 

¿Qué queda por hacer en estos casos? Johanna Ramos, reportera de Teleamazonas, explica que en muchas ocasiones deben tener estrategias para lograr “levantar” el tema pese a las dificultades y ser muy recursivos. “He aprendido a manejar mejor las páginas web de las entidades para saber dónde puede estar la información que estoy buscando, que tampoco está totalmente actualizada como lo manda la misma Lotaip, y a encontrar otros entrevistados y caminos para realizar mis reportajes, siempre dentro de las buenas prácticas y la ética”,  explica. 

Ramos califica como un acierto la existencia de chats grupales entre departamentos de comunicación y periodistas, siempre y cuando las opciones para interactuar se encuentren habilitadas y funcionen únicamente como un grupo de difusión. Para ella y para otros periodistas de medios audiovisuales la falta de acceso directo a las fuentes representa un problema mucho más complicado porque usualmente realizan notas para las ediciones de la tarde o de la noche, por lo tanto, todo es urgente. Por eso a veces, ante la falta de la información que necesita, debe cambiar de tema sobre la marcha. Es lo que le pasó hace algunas semanas con un reportaje relacionado a la vacunación contra el covid en Ecuador. 

“Hace tres semanas pedí el dato exacto de cuántos menores de 12 a 15 años se habían vacunado al Ministerio de Salud Pública. Es una cifra que únicamente me pueden entregar ellos, sin la que no puedo hacer el tema porque es un número fundamental para el reportaje. Han pasado más de los 15 días que da la ley para la entrega de información y sigo esperándola. Así que me tocó dejarlo en pausa hasta que me respondan y avanzar con otras cosas de momento”, explica. 

¿Qué otras cosas suceden en la entrega de información?

Algunos de los colegas entrevistados también denuncian cierto favoritismo, lo que ocasiona que la información no llegue equitativamente para todos los periodistas. “Para una nota estaba buscando saber cuántas personas habían vacunado en el extranjero y es un dato que nunca pude tener, porque el Ministerio de Salud Pública debía generar un vocero que hable específicamente de ese tema y nunca ocurrió. Es un pedido de estadística sencillo de cuántos vacunados hay en el exterior, con una cifra que sí la pudieron obtener otros medios”, explica Bessy Granja, reportera de Ecuavisa. 

Diego Cazar, quien también ha sentido ese favoritismo al que Granja hace referencia, considera que en este Gobierno se está “escogiendo” a quién darle información, a quien conceder entrevistas y a quienes ignorar, lo cual amenaza la posibilidad de informar y de acceder oportunamente a información necesaria para la realización del ejercicio periodístico. “Percibo que hay entidades que reaccionan a ciertos periodistas, perfeccionan modos de respuesta de acuerdo a si el periodista se molesta, cómo reacciona, si es conocido, popular y de acuerdo a eso categorizan la información que entregan”, explica el editor digital.

El pasado 10 de agosto, el presidente Guillermo Lasso dio una entrevista exclusiva al portal digital de corte derechista 4Pelagatos, que fue transmitida desde Carondelet y a la que se enlazaron otros medios radiales, canales de televisión y plataformas virtuales, siendo esta la primera y única entrevista que Lasso ha concedido a un medio local. Se trata de un portal cuya inclinación siempre ha sido afín al ahora primer mandatario. 

La SEGCOM, por su parte, asegura que mantiene control y evaluación permanente de los directores de comunicación de todas las instituciones para que la información llegue a todos por igual. “Hemos brindado capacitaciones, lineamientos y protocolos, así como la directriz de atender a todas las entrevistas según orden de pedido”, afirman en el documento emitido para la realización de este reportaje. 

La pandemia también afectó a la información pública 

Aunque durante el gobierno de Rafael Correa hubo persecución a quienes no reprodujeran los discursos oficiales, de acuerdo a un informe sobre la libertad de expresión en Ecuador emitido en 2017 por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el expresidente Lenín Moreno llegó al poder con la intención de revertir esa lógica. Pero lo que en un inicio parecían buenas intenciones, devino en un silenciamiento paulatino de las entidades estatales que quedó escandalosamente evidenciado durante el pico de la pandemia por el Coronavirus a partir de marzo del 2020. 

La Fundación Periodistas Sin Cadenas realizó un informe sobre cómo la pandemia empeoró la situación laboral de los periodistas en la provincia del Guayas, una de las más golpeadas por el COVID-19 y cuyas imágenes de cadáveres en las calles dieron la vuelta al mundo, y determinó que en Ecuador el 56% de periodistas tuvo dificultades para acceder a información pública durante la pandemia a causa del cerco de comunicación oficial y la falta de transparencia durante ese tiempo. 

“La dificultad para encontrar información provocó que muchos medios, especialmente los pequeños, vieran limitada su maniobra informativa, pues las autoridades locales y nacionales se convirtieron en los custodios de los datos, que no siempre eran compartidos con transparencia o a tiempo”, dice parte del informe. 

Debido a esto, la Defensoría del Pueblo emitió un exhorto para que se garantice el acceso a información veraz, verificada, oportuna y contextualizada sobre la pandemia y la emergencia sanitaria que vivió el país y de la que aún no se recupera del todo. 

Periodistas como Diego Cazar, Bessy Granja y Johanna Ramos, entrevistados para este reportaje, coinciden en que si bien es cierto que el ritmo de la pandemia ha decrecido, los bloqueos informativos y dificultades para acceder a ciertas fuentes persisten.

Una nueva normativa en transparencia para el futuro

El director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, explica que a causa de todo lo anteriormente expuesto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública actual es obsoleta, por lo que propone su derogación y la redacción de una nueva ley que reemplace a la rige en Ecuador desde hace más de una década. 

“Planteamos una nueva ley porque no creemos que un derecho humano se puede trabajar sobre reformas parche. Esta ley nunca ha sido reformada y tiene serios problemas que jamás fueron subsanados”, dice Alarcón. 

La propuesta de ley de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la Defensoría del Pueblo contiene 47 artículos, 7 disposiciones generales, 5 disposiciones transitorias, 2 disposiciones reformatorias y una disposición derogatoria. Es, en términos generales, más completa que la Lotaip  vigente al momento. 

Genny Vélez, coordinadora General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo, coincide con Alarcón en la necesidad de actualizar la ley. “Ya no está acorde al marco constitucional actual ni a la dinámica de la gestión pública. Es una ley que ya cumplió su vigencia”, dice la funcionaria. 

Pero, ¿cuáles serán las diferencias entre la antigua y la nueva Lotaip? Alarcón explica que la normativa que buscan está más alineada con los estándares internacionales de transparencia. “La nueva ley incentivará a que exista más información a través de los portales web, por ejemplo, la Presidencia de la República debería tener el listado de los visitantes, la agenda completa de los funcionarios de manera permanente. Todo esto, enmarcado en temas de gobierno abierto, es decir, datos en Excel, que permitan procesar esa información si así se lo desea”, explica Alarcón. 

El proyecto de borrador fue propuesto a la Asamblea Nacional desde hace varios meses, durante el periodo legislativo anterior y se encuentra a la espera de ser analizado y tratado en el interior del organismo. 

Ferdinan Álvarez, de la bancada correista UNES y presidente de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, explica que hasta el momento el Legislativo ha recibido unos siete proyectos respecto al mismo tema de parte del exdefensor del pueblo, Freddy Carrión y de los exasambleístas Juan José Cárdenas, César Litardo, Jorge Corozo, Rubén Bustamante y Francisco Azán. 

Esperan poder trabajar próximamente en una sola versión unificada, que reunirá los puntos más importantes y comenzará a ser tramitada en todas las instancias necesarias y que están solicitando a la unidad técnica administrativa de la Asamblea para que se autorice la unificación de los proyectos. 

“Una vez realizada esta compilación en un solo documento definitivo se avocará conocimiento del proyecto de ley en el pleno de la comisión, para luego armar los equipos de trabajo y que pueda ser socializado con la ciudadanía, academia, jóvenes para que se hagan todos los aportes necesarios y el proyecto avance”, indica Álvarez.  

El asambleísta explicó que la diferencia entre la vieja y la nueva Lotaip radica también en el rol que tendrá la Defensoría del Pueblo para garantizar el acceso a la información pública y añade que trabajan en identificar lo que en la práctica ayudaría a asegurar que se cumplan todos los principios de transparencia. 

Álvarez explica que es fundamental que este nuevo documento establezca sanciones específicas, administrativas y civiles, a las autoridades públicas que se nieguen a dar información. Estas penalidades no están contempladas en la Lotaip vigente al momento. 

En el artículo 23 de la ley actual se indica que los funcionarios que incurran en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública podrán ser multados con la remuneración de un mes de sueldo, con la suspensión de sus funciones durante 30 días o con la destitución del cargo si la negativa a la entrega de la información persiste. No se contemplan, por ejemplo, sanciones en referencia a los plazos de 10 a 15 días para la entrega oportuna de información. 

De acuerdo a información entregada por la Defensoría del Pueblo, durante el 2020 funcionarios de cinco Gobiernos Autónomos Descentralizados de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha fueron sancionados de acuerdo al artículo 23 de la Lotaip. Apenas uno de ellos -del cantón Mira, en Carchi- fue sancionado con la destitución de su cargo. 

“La nueva Lotaip determinará qué organismo que debe aplicar las sanciones y la responsabilidad de las entidades para presentar informes de manera anual ante la Defensoría del Pueblo. Esto estaría incluido como un artículo dentro de la nueva ley que se propondrá”, complementa el asambleísta Álvarez. 

Explica que aunque la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina un plazo máximo de 90 días para que la ley empiece a ser tratada en el pleno de la Asamblea Nacional en un primer debate, podrían estar listos dentro de los próximos 80 días para empezar a discutir todos los articulados. 

Fernando Cabascango, asambleísta por Pachakutik y presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad, también considera que es importante que en cualquier reforma o modificación que se haga en la Lotaip se consideren las sanciones. 

“En el caso de los asambleístas, si no nos sentimos satisfechos con la información solicitada a cualquier secretaría o ministerio, es posible llamar a un juicio político. Considero que la sociedad civil debería poder acceder a estos mecanismos también para que se dé el cumplimiento del artículo 11 que habla de la vigilancia y promoción de esta ley y no quede ese vacío respecto a las sanciones”, indica. 

El proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación -presentado por Guillermo Lasso- en su Artículo 3, numeral 6 también hace referencia a la obligación del Estado y sus funcionarios de “dar acceso a la información relativa al ejercicio de sus competencias, en forma equitativa y oportuna”. 

Hasta el momento, la Comisión de Relaciones Internacionales, que analiza el proyecto de ley, ha recibido comparecencias de académicos, periodistas y expertos y se espera que el próximo 25 de octubre se presente al Pleno de la Asamblea Nacional el informe para el primer debate de esta nueva normativa.

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