Sin respuestas y sin relacionistas públicos: así es el acceso a la información en dos ciudades fronterizas de Ecuador

11.04.2024

Lucy Jiménez, una periodista del semanario La Prensa de Tulcán, en la provincia de Carchi, cuenta que al menos una decena de instituciones a las que ha hecho pedidos de información desde 2017 hasta la fecha,  siguen sin darle respuesta a sus solicitudes. O a veces ocurre lo que pasó hace pocas semanas, que algunas sí le dan respuesta, pero de lo que ellos consideran.

“No me responden ninguna de las preguntas específicas que les pedí”, dice Lucy, con una evidente frustración, al recibir el correo del Ministerio de Gobierno en el que no hay una sola línea que responda al pedido que había hecho un par de semanas atrás, que hacía referencia a la designación de nuevas autoridades en la provincia luego de la posesión del presidente Daniel Noboa, como intendente, comisario, jefes y tenientes políticos. 

Además solicitaba conocer qué dependencia todavía no contaba con las autoridades designadas y el motivo de eventuales retrasos para la designación de autoridades. 

La respuesta llegó el 3 de abril de 2024. Ninguna de las preguntas fue respondida. Lo que recibió como respuesta fue un párrafo con la copia textual de lo que dice el Estatuto de Régimen Administrativo de la Función Jurídica y una explicación que no respondía a su inquietud.

En nuestro país existe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) que garantiza que los periodistas y otros ciudadanos accedan a información de interés sobre políticas públicas, estadísticas, presupuestos, entre otros temas. Con esta ley, que fue aprobada en el 2022 y que reemplazó a la anterior normativa del 2004, pero que no había tenido ninguna modificación en 18 años, la idea es impulsar la transparencia en la acción de funcionarios y entidades que reciben fondos estatales. Esta información debe ser solicitada a las instituciones mediante un oficio y estas tienen quince días para responder. 

Y aunque esto está garantizado en la normativa, en la práctica no ocurre de esa manera. 

Pero el Ministerio de Gobierno no es la única institución que evade su obligación de entregar información pública. 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), la Fiscalía General del Estado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) son algunas otras entidades a las que varios periodistas de Tulcán y Machala, dos ciudades fronterizas, alejadas del centro político del país, han hecho pedidos de información sin obtener respuesta. 

Una de las instituciones más herméticas es la Fiscalía Provincial de Carchi. 

Tres periodistas de Radio Católica de Tulcán hicieron solicitudes verbales a esa institución sobre el femicidio de Vanessa Villarreal, ocurrido en octubre de 2023. “Nos responden que solo Diana Salazar —la Fiscal General del Estado— es la vocera”, dice Jenny Proaño, una de las periodistas que pidió la información. 

“He realizado cuatro pedidos a la fiscalía de Tulcán. De ellos, solo tuve respuesta del último. Tengo también pedidos del 2023 que realicé a la Policía Nacional y nunca me respondieron”, agrega Jiménez. 

Con ellas coincide Paola Andrade, corresponsal de Ecuavisa en esa provincia. “Están totalmente negadas las entrevistas. Nos envían un documento de 10 páginas que explica que únicamente la Fiscal General puede dar declaraciones. Me imagino que no ven noticias, que se hacen los ciegos, sordos y mudos para reconocer que los periodistas tenemos derecho por Ley al acceso a la información. Para  la fiscalía del Carchi, la prensa es su enemiga”, dice Andrade. 

“Los funcionarios públicos desconocen la norma, creen que pueden actuar con enorme discrecionalidad al momento de entregar información, ni siquiera entienden que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental”, dice Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que trabaja para fortalecer la transparencia a nivel nacional. 

Alarcón aclara que el hecho de que los funcionarios desconozcan la normativa no les exime de su cumplimiento. Además, recuerda que también existen estándares internacionales para velar por el acceso a la información. En varias ocasiones, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha señalado que este derecho es un pilar fundamental para la democracia, así como para garantizar la transparencia y buena gestión pública de los gobiernos y de las autoridades estatales.

Pero las instituciones parecen pasar todo esto por alto en la mayoría de las dependencias, dicen periodistas del Carchi.

También pasa en otras partes del país

Algo similar pasa en Machala, capital de la provincia de El Oro. La respuesta a pedidos de entrevistas o información es que no tienen autorización para dar declaraciones y que desde los ministerios “se ha prohibido” que se pronuncien. Insisten en que “el único que puede dar información es el ministro”, dice Daniela Alemán, periodista en esa ciudad.

Entre el 2022 y el 2023, la Fundación Periodistas sin Cadenas analizó la transparencia de cinco  instituciones públicas del gobierno central y de los gobiernos locales, en doce provincias del territorio nacional: Santo Domingo, Sucumbíos, Chimborazo, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Cotopaxi, Imbabura, Loja y Guayas. También se analizaron las provincias de El Oro y Carchi, que están consideradas en este reportaje.

Una de las conclusiones del estudio fue que la mayoría de los doce municipios considerados para este ejercicio no cumplen con la LOTAIP cumplen de manera parcial con las solicitudes de información. Fueron pocos los que sí entregaron todo el pedido completo, en el plazo correspondiente y en formatos abiertos —como documentos de word o excel— que permitan su manipulación.

Y eso es corroborado por la experiencia de los periodistas consultados para esta nota. 

Pueden pasar meses antes de que llegue una respuesta e incluso puede no llegar nunca. Victoria Bodero, periodista de El Oro, hizo un pedido de información al Consejo de la Judicatura en septiembre de 2023. Siete meses y dos presidentes de la entidad han pasado desde entonces y la respuesta no ha llegado.

La dificultad de acceder a la información pública no es un problema exclusivo de estas ciudades. Pasa incluso con periodistas que piden información en Quito, en donde operan todas las instituciones del Estado. Sin embargo, al ser un país centralizado, en las ciudades fuera de la centralidad esto se agudiza, dice Mauricio Alarcón.  

“Incluso un aspecto vinculado a la incapacidad institucional porque fuera de Quito tienes a una persona que es la responsable de hacer secretariado, actas, controlar asistencia general, llevarle el archivo y atender pedidos de información que desbordan su capacidad, es ya una incapacidad física de hacerlo”, explica el especialista. 

Maritza Castillo del portal web Noticias 24/7 dijo que la queja sobre la falta de información en las instituciones públicas en El Oro es reiterada.  Otro de sus colegas, Hugo Chuico, también periodista de Machala, insiste en que una de las organizaciones más reacias a dar información es el Consejo de la Judicatura de El Oro. 

Chuico hizo un pedido específico sobre el déficit de jueces en la provincia;  en qué unidades hacen falta y el déficit de otros servidores y funcionarios judiciales en El Oro, los procesos disciplinarios de funcionarios y necesidades de infraestructura, pero no tuvo respuesta. “Nunca entregan información de nada, nos acercamos, solicitamos información, y responden que es información reservada” dice.

Instituciones sin relacionistas públicos

El argumento de las instituciones públicas antes los pedidos de entrevista o de información suele ser que estas se soliciten directamente a la matriz debido a la falta de departamentos de comunicación en las provincias. 

En Tulcán, de acuerdo a los periodistas consultados para este reportaje, hay por lo menos una decena de instituciones públicas que no cuentan con un relacionador público, entre ellas están los ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Transporte, Vivienda, Relaciones Exteriores, Turismo, Ambiente; además del Registro Civil, el IESS, la Fiscalía, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales, entre otras. En esos casos les dicen a los periodistas que deben pedir información a Quito o Guayaquil. 

Pasa igual en Machala: no hay comunicadores en los ministerios Agricultura, Transporte y Educación, ni en la SENAE, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, por citar algunas.

Por eso, cuando se hacen pedidos a la SENAE, como el que hizo Fabricio Lapo, corresponsal de Ecuavisa en Machala, sobre los escáneres dañados en el distrito de Chacras, en Arenillas; además del monto de la compra y el tiempo en que han estado inactivos, simplemente no se les tramita. La respuesta que recibió —y que suele ser reiterada— fue que “realice el pedido a la Dirección Nacional”. 

Lo mismo ocurrió con un pedido hecho al Consejo de la Judicatura y otro a la Fiscalía de El Oro. En las direcciones provinciales de estas instituciones en El Oro no hay relacionadores públicos, dice Lapo, y al requerir información para noticieros de cada día, no puede enviar pedidos formales hasta Quito y esperar dos semanas para la respuesta. Su necesidad de información suele ser siempre urgente. 

De acuerdo a cifras recogidas por la Fundación Periodistas Sin Cadenas, durante todo el 2023 y el primer trimestre del 2024, se han dado 15 casos de bloqueos informativos, una agresión que está relacionada con las obstrucciones que sufren los periodistas al momento de buscar información, pedir entrevistas o intentar acceder a ciertas fuentes. 

Lo que pasa en ambas provincias demuestra que todavía, a pesar de que existe legislación, muchas instituciones del estado son reacias a entregar información a los periodistas. Por eso, dice Mauricio Alarcón, es necesario capacitar y fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones públicas. 

“No siempre los incumplimientos provienen de la mala fe del funcionario, creo que mucho es por desconocimiento y ahí cuando uno puede entregar más herramientas, más insumos, más información para que el derecho esté en mejor garantizado ya que los ciudadanos son beneficiarios finales”, dice. 

También es importante hacer adecuadamente los pedidos de información y para ellos, los periodistas también deben conocer cómo hacerlo y los mecanismos disponibles para acceder a ellos. Los beneficiarios de un estado transparente y un periodismo riguroso son los ciudadanos y el acceso a la información es un derecho que debe ser garantizado, en palabras de Alarcón.

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