Autocensura y miedo: el día a día de los periodistas en Manabí
Los periodistas de esa provincia se encuentran limitados, evitan ahondar en los temas, peor aún si están relacionados de alguna forma al narcotráfico.
03.01.2024
En octubre de 2023, a varios chats de periodistas de la provincia llegó un mensaje amenazante. La foto compartida era de un documento impreso en el que se les advertía que dejaran de hacer transmisiones en vivo de hechos violentos o “se les empezará a ubicar uno por uno”. La imagen muestra, sobre el documento, unas balas repartidas.
La advertencia final decía “no se metan con la mafia” y estaba firmada por unas siglas de un grupo de delincuencia organizada.
El pasquín iba dirigido a los periodistas, en general pero se hacían dos menciones particulares: “el escuálido hijo del orejas” y “el de La Marea que usa lentes”.
La Marea es un diario que circula en Manabí desde 2007.
“Ahora estamos temerosos porque las amenazas surgen desde llamadas telefónicas, mensajes y ahora último el pasquín. Vivimos en una sociedad donde no hay solamente una banda, sino que se habla de dos o tres organizaciones con una Policía bastante limitada en personal y equipamiento logístico”, dijo Victor*, un editor del medio.
A lo largo del 2023, en Manabí —una de las provincias con mayores índices de violencia en Ecuador— se registraron 19 agresiones a periodistas, cuatro más de las contabilizadas en 2022, de acuerdo a cifras de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.
Las agresiones incluyen un atentado armado, agresiones físicas y policiales, intimidaciones y hackeo de redes sociales. En agosto del año pasado fue asesinado el periodista Gerardo Delgado, fundador del medio digital Ola Manta TV, apenas unas semanas después de que su colega Kelvin Mike Cabrera, del portal Canal Digital fuera asesinado en Portoviejo.
Esta es, además, una de las 10 provincias ecuatorianas que concentran el 90% de los crímenes violentos que ocurrieron en el país en 2023, se ha convertido en una de las provincias más peligrosas para los periodistas.
Las amenazas se direccionan, en gran medida, hacia la cobertura de la violencia a través de transmisiones en vivo en portales digitales.
Todo esto ocurre en medio de una investigación de la Fiscalía —el llamado caso Metástasis—, que pretende probar presuntos vínculos entre funcionarios públicos, judiciales, policías y abogados y Leandro Norero, supuesto cabecilla de una organización criminal, asesinado en octubre de 2022.
Durante la audiencia de formulación de cargos a una treintena de personas, ocurrida el 15 de diciembre pasado, la fiscal General, Diana Salazar, leyó varias conversaciones que demostrarían que los procesados eran parte de una organización delincuencial que buscaba que en diferentes instancias públicas para obtener seguridad, beneficios penitenciarios y fallos judiciales favorables a Norero y su familia.
Entre la información revelada por Salazar se menciona el asesinato de Delgado habría sido ejecutado por operadores de Norero al ser confundido por otro periodista que supuestamente tenía una grabación que comprometía al líder criminal.
La Fiscalía también sostiene que Agustín Intriago, alcalde de Manta asesinado en julio de 2023, habría tenido vínculos con Norero. “Bajo ese panorama y más los rumores de que existe una lista para atentar contra los periodistas, se vive con temor”, dice el editor de La Marea.
Y la consecuencia parece lógica: detener cierto tipo de coberturas que pueden poner en riesgo la vida de los periodistas. Una de ellas —y la que, explícitamente, se pedía detener en el pasquín amenazante enviado en octubre pasado— es la de crímenes violentos que eran recogidos por la prensa y, en muchos casos, transmitidos a través de sus páginas de Facebook, prácticamente al mismo tiempo en que sucedían.
En octubre pasado, pocas horas después de que la amenaza fue difundida, Fundamedios reportó que tras el hecho “ todos los medios de comunicación digitales que transmiten crónica roja en Manta —cerca de 14— han parado sus transmisiones en vivo, como medida de autoprotección, lo que implica una autocensura de su libertad de expresión y prensa”.
Un editor de La Marea, el medio en el que trabaja uno de los periodistas amenazados, confirmó esa suspensión de coberturas en vivo. “El periodista que cubría los crímenes en Manta ya no cubre ese tipo de noticias. Es una decisión a largo plazo”, dice.
Juan*, otro periodista que fue amenazado por el mismo tipo de cobertura cuenta que no ha tenido calma desde entonces. “Mi madre llora y no duerme. Ella le pide de rodillas a Dios por mi vida. Mi familia se siente incómoda, mis hermanos me piden salir del país y que deje el periodismo, pero desde que decidí ingresar al mundo de la comunicación no hay marcha atrás” dice.
Los efectos no se ven solamente en los periodistas directamente amenazados si no en quienes pretenden ejercer ese oficio en la provincia costera, como Susana*, una periodista recién graduada que lleva menos de un año trabajando en un portal digital manabita.
“Todos estos hechos de violencia que marcan a los periodistas cambiaron mi perspectiva por completo del trabajo en los medios de comunicación. Tanto como ciudadana y como comunicadora no pensé ver tanta muerte” dice.
Cuenta, además, cómo ella se autoimpone los límites: evita ahondar en los temas que cubre, peor aún si están relacionados a hallazgos de droga. “Tenemos que ser muy cautos y limitarnos a contar el hecho con declaraciones de la Policía o Fiscalía, que son fuentes oficiales”, dice.
Ana*, otra periodista, también cuenta que desde que la violencia ha incrementado y hay amenazas directas a los comunicadores, se han empezado a tomar ciertas medidas de seguridad como no firmar con su nombre las notas relacionadas a los hallazgos de droga.
Ella tampoco hace seguimientos a profundidad de los temas políticos, corrupción o inseguridad. “Aunque no he recibido amenazas, muchas veces las autoridades se acercan a mí para hacerme advertencias de temas delicados vinculados a los puertos, obras públicas, salud y aeropuerto”, dice Ana.
Estas son sugerencias sutiles o amenazas veladas que pretenden censurar el trabajo periodístico y con el contexto de violencia en la provincia. Las advertencias son tomadas en serio por los periodistas que, en muchas ocasiones, optan por hacer coberturas superficiales o no hacerlas.
“Los funcionarios públicos me suelen decir: ten cuidado, no te metas en este tema, no deberías publicar esta obra, no debería tocar a profundidad tal caso”, cuenta.
Ante esta censura y autocensura, el Estado está ausente. Cuando hay denuncias, estas avanzan con lentitud y, en Manabí, como en muchas otras provincias de Ecuador, los periodistas desconfían del sistema de justicia por lo que muchos ni siquiera presentan denuncias.
En el caso de los dos periodistas amenazados directamente por el pasquín presentaron la denuncia ante la Fiscalía, cada uno, a título personal, por lo que son dos investigaciones separadas, llevadas adelante por dos fiscales distintos: Pedro Pihuave y Roger Pachay.
Pihuave dice que ya se han ordenado algunas “diligencias”, aunque confirma que aún no se conoce el origen del pasquín. También dijo que está esperando que uno de los denunciantes se presente a rendir su versión pues, aunque ha sido llamado, aún no lo ha hecho.
“Hay temor y yo les entiendo, pero también les invito a perder el miedo y a presentar la denuncia que nosotros tratamos de hacer bien la investigación” dijo el fiscal.
Ambos procesos aún están en etapa de indagación previa y sus detalles son, por tanto, reservados.
Los escasos protocolos de seguridad
La mayoría de las redacciones en Manabí, como en muchas otras provincias del país, no tienen protocolos de seguridad para reducir los riesgos que enfrentan los periodistas que cubren temas relacionados al crimen organizado y la violencia.
Hay un equipo de redacción de un medio manabita que recibió capacitación de periodistas mexicanos que viven en la frontera norte de su país.
“Ellos nos contaron cómo vivieron el auge del crimen organizado por las bandas involucradas con el narcotráfico y nos dieron algunas sugerencias que hemos aprendido porque nosotros no estábamos realmente preparados para vivir esto”, dice uno de los periodistas que asistió a la capacitación.
Otra periodista, en cambio, fue invitada a Quito, para una capacitación también sobre seguridad y cobertura del crimen organizado a la que asistieron colegas de varias provincias del país. En noviembre pasado, la Fundación Periodistas Sin Cadenas realizó una capacitación en seguridad digital en Manta, a la que asistieron aproximadamente 70 periodistas.
La Policía tampoco tiene o aplica protocolos específicos en casos de periodistas. Las recomendaciones, tras una denuncia de amenazas suelen ser muy similares en cualquier caso: cuidar la información que se difunde en redes sociales, diversificar las rutas para dirigirse a la casa o a la oficina, evitar zonas muy concurridas o rutas solitarias.
Algunas de esas recomendaciones se las dio el teniente coronel Emerson Luna Gonzáles —Jefe Policial de Manta desde octubre pasado— a varios periodistas con los que se reunió en esa ciudad.
Luna les dijo que hay un área de protección para que los periodistas cubran las noticias de hechos violentos con resguardo de un policía en las escenas de los crímenes y posteriormente puedan obtener declaraciones de un agente.
“Los periodistas deben estar fuera de la escena de un hecho violento, pero surgen los problemas porque algunos comunicadores buscan acercarse con la intención de tomar una fotografía o hacer las transmisiones cerca de los cuerpos”, dijo Luna.
Más allá de las medidas que la Policía pueda considerar necesarias para precautelar la escena de un hecho violento es importante que los periodistas puedan hacer cobertura de lo que consideren importante en sus comunidades.
Si en Manabí se ha agudizado la violencia, es inevitable que cubrirla sea parte del trabajo de muchos periodistas, pero es precisamente este tipo de cobertura la que les valió una grave amenaza que hoy provoca que muchos periodistas —y sus salas de redacción— decidan no hacerla.
En un informe de la Fundación Periodistas sin Cadenas sobre la situación del periodismo en Manabí, una de las recomendaciones del organismo al Estado fue precisamente que cumpla con su rol de garantizar la seguridad a los periodistas. Esta deuda que persiste se hace aún más evidente cuando la prensa tiene que trabajar bajo amenaza.
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*Las identidades de estos periodistas se mantienen en reserva por razones de seguridad.
Publicado el Reportajes
