Medios cerrados, periodistas abandonados y un Estado que menosprecia la libertad de prensa
Trabajadores y extrabajadores de diario El Comercio despiden el 2023 sin respuestas sobre el pago de sus liquidaciones, sueldos y pensiones. Pero este caso evoca a otros: más de 150 excolaboradores de diario Hoy esperan sus liquidaciones a una década del cierre del rotativo quiteño. En Machala, Milagro, Loja, Manta y Ambato, cientos de trabajadores de la comunicación viven situaciones similares.
26.12.2023
El cierre de un medio de comunicación en Ecuador se presenta como una moneda: una de sus caras se exhibe ante la opinión pública como un doloroso quiebre de la libertad de expresión, la pérdida de un canal de información y el vacío dejado en sus audiencias. La otra cara revela el rostro de periodistas y trabajadores de la comunicación que corren el riesgo de ser silenciados mientras reclaman meses o incluso años de sueldos impagos, liquidaciones y deudas patronales. Las instituciones estatales encargadas de velar por el respeto a los derechos laborales de miles de trabajadores de la comunicación en Ecuador tienen una deuda que no es nueva.
Uno de muchos casos -el más visible en los últimos años- es el de Grupo El Comercio, un emporio mediático de propiedad del magnate mexicano Remigio Ángel González González, conocido como ‘El Fantasma’. En 2015, este magnate mexicano adquirió el 94,4% de las acciones del grupo mediático, a través de la empresa Telecomunicaciones Globales de Entretenimiento Televisivo-Telglovisión S. A.
Cinco años después, el emporio comenzó a tambalear. Empezaron los retrasos en el pago de sueldos y el 3 de septiembre de 2021, varios trabajadores -algunos de ellos periodistas reconocidos con más de 20 años de trabajo en la redacción de diario El Comercio- fueron despedidos. La situación no cambió en los años siguientes hasta que el periódico dejó de circular.
A diciembre de 2023, 497 extrabajadores de Grupo El Comercio todavía esperan el pago de sus liquidaciones y de siete meses de sueldo que nunca llegaron a la mesa de sus familias, pese a sus continuos reclamos, protestas públicas y acciones legales ante el Ministerio del Trabajo y las autoridades competentes. Se trata de trabajadores de diferentes ciudades, editores, periodistas, fotógrafos, personal administrativo y corresponsales de El Comercio y otros rotativos que son propiedad del mismo grupo empresarial, como El Ambateño, en Ambato, el diario quiteño Últimas Noticias, la revista Líderes y la dominical revista Familia.
En El Ambateño fueron despedidas 20 personas. Este diario local, considerado el más importante de la capital tungurahuense, dejó de circular el 31 de mayo de 2023, luego de 10 años de trayectoria. “Nunca se pusieron al día con el pago de sueldos, mucho menos con las liquidaciones”, contó Jorge Alencastro, exgerente de Distribución de ese medio. “Ante esa situación, algunos compañeros prefirieron buscar el visto bueno para cerrar ese capítulo. En mi caso, aún me deben la liquidación y seis meses de jubilación patronal”.
De acuerdo con el artículo 173 del Código de Trabajo, el visto bueno es un mecanismo que el trabajador puede activar en contra de su empleador para terminar con el contrato de trabajo. Aplica en casos de injurias inferidas por el empleador, por el no pago, por el pago impuntual de los salarios o por exigir al empleado que realice labores no consideradas en su contrato de trabajo.
«La opción del visto bueno fue una alternativa de emergencia, porque, así como dejaron de pagar los sueldos de repente y sin una explicación, tampoco se nos dijo nada sobre si estábamos o no despedidos. Quedamos, literalmente, en el aire, sin saber qué hacer», dijo un corresponsal de la redacción de El Comercio que prefirió mantener su identidad en reserva.
Este periodista explicó que como corresponsal, su trabajo era enviar sus reportes desde el sur del país. Por su distancia con la capital, poco se enteraba de la situación de la empresa. “Mi único contacto era con los editores, pero ellos sabían casi lo mismo que yo. Viajé a Quito, fui al diario, al Ministerio de Trabajo, pero tampoco sirvió de mucho. Pasaron meses sin respuesta hasta que opté por el visto bueno para poder irme en paz”.
“Es un problema que te afecta psicológicamente. (…) Como no te han despedido, legalmente tienes trabajo. Entonces, te levantas todos los días, madrugas porque se supone que tienes que cumplir, pero luego caes en cuenta de que todo está paralizado”, agregó.
A diciembre de 2023, pese a que El Comercio dejó de circular, existe todavía una nómina de 95 trabajadores de la comunicación que no fueron despedidos, que no han renunciado a sus cargos y que tampoco han recibido una respuesta por parte de sus empleadores. De esa lista, ninguno ha cobrado su sueldo desde hace siete meses; y, en algunos casos, llevan un año sin cobrar ni un centavo.
Hasta la fecha no existe ninguna certeza respecto de su situación laboral ni una posible fecha para el pago de liquidaciones y pensiones.
Pero existen otros casos de medios de comunicación que cerraron, dejando en el limbo a sus excolaboradores. La inacción del Estado y de al menos tres gobiernos frente a la vulneración de los derechos de los trabajadores de la comunicación de Grupo El Comercio, El Nacional, de Machala, o el del diario Hoy -cuyos extrabajadores llevan una década esperando una respuestas- es evidente.
“¿Qué pasa con el Ministerio del Trabajo? ¿Dónde está la Superintendencia de Compañías, el IESS, el Servicio de Rentas Internas? Cuando una empresa pequeña incumple pagos de impuestos o comete una falta, ellos actúan de inmediato. ¿Por qué no intervienen en este asunto?”, protesta Alencastro.
Despidos intempestivos y esperas eternas
Casos como el de El Ambateño y el rotativo nacional El Comercio -ambos de propiedad del mismo grupo empresarial- comenzaron con un proceso de desfinanciamiento que se hizo evidente en el incumplimiento de las obligaciones de la empresa con sus trabajadores, por falta de liquidez. Grupo El Comercio comenzó a retrasarse en el pago de salarios entre 2020 y 2021, durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19.
Algo similar sucedió con diario La Hora, en 2020, cuando todavía era propiedad de la Editorial Minotauro y contaba con una administración diferente a la actual. Para entonces, los retrasos en el pago de sueldos se habían convertido en una constante que arrastraron durante varios años, hasta que un 29 de abril, al inicio de la pandemia, despidieron a 32 colaboradores justificando una situación de “fuerza mayor”. Con ese mismo argumento, entre abril y diciembre de 2020, otros 105 trabajadores de la comunicación fueron despedidos únicamente en Quito. Pero otros 895 fueron despedidos de forma intempestiva en el mismo período y en la misma ciudad, según los registros del Ministerio del Trabajo.
La Hora resolvió buena parte de sus demandas de mutuo acuerdo, pero en sus centrales regionales la situación fue más compleja. La Hora en Loja, por ejemplo, fue administrada por una firma diferente, conformada con los mismos accionistas de Minotauro. Su nombre era EDIHORA CIA. LTDA. y entró en liquidación en noviembre de 2020.
“El 29 de abril de 2020, entre las 10:00 y las 11:00, recibimos un comunicado por mail y por WhatsApp. Nos indicaron que el periódico cerraba sus operaciones en Loja. Nos quedamos fríos -contó el extrabajador Omar González Sandoya-; estábamos en teletrabajo, pero algunos compañeros fueron a retirar sus pertenencias de las oficinas y se encontraron con que se había cambiado las cerraduras”.
José Padilla Puchaicela, exeditor del diario en Loja, trabajó 18 años en esa redacción y aseguró que, hasta la fecha, tres años después, todavía espera el pago de su liquidación y que la justicia atienda sus demandas. “La empresa continúa en proceso de disolución y mientras eso se concreta se seguirá dilatando el pago de las liquidaciones que la Justicia, vía sentencia, ha mandado a cancelar”, manifestó.
En la ciudad de Loja, entre abril y diciembre de 2020, el Ministerio del Trabajo registró apenas dos casos de trabajadores de la comunicación despedidos por caso fortuito o fuerza mayor, mientras que otros siete registraron sus salidas por despido intempestivo en el mismo período.
Pero Loja está lejos de ser la ciudad con más casos de despidos intempestivos en medios de comunicación de Ecuador. En los primeros lugares están Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta; y, en quinto lugar, Ambato, aunque entre 2020 y 2023, las desvinculaciones forzosas disminuyeron progresivamente en las mismas ciudades y en todo el país.
Un nuevo caso en El Oro
El último nuevo caso de despidos masivos en medios de comunicación se registró en Machala, en este 2023. Diario El Nacional, fundado en 1964 y considerado el primer diario de la capital orense, cerró sus puertas en agosto de 2023. Similar a los casos anteriores, la empresa dejó de pagar su nómina y las obligaciones patronales durante varios meses y, en algunos casos, incluso años.
Son cerca de 30 trabajadores, informó el abogado Harry Álvarez García, en representación de los afectados. “Los propietarios de la empresa Gráficos Orenses Compañía Anónima se han excusado varias veces de [asistir a] las reuniones para intentar llegar a un acuerdo. Eso demuestra el escaso interés que tienen en llegar a una solución para cancelarles sueldos, despido intempestivo y jubilaciones a quienes trabajaban en El Nacional”, contó.
Alega que la deuda con los extrabajadores y jubilados del periódico suma cerca de medio millón de dólares; por ello, luego del cierre, los afectados se tomaron el edificio en donde funcionaba El Nacional como una forma de presión a sus exempleadores.
“Aquí permanecemos -dijo Franco René Guajala, un extrabajador-, contemplamos la posibilidad de ir al Ministerio de Trabajo en Quito, en donde existe un caso similar con El Comercio. Nosotros lo único que queremos es que se nos pague”.
Guajala lleva casi tres años presionando por el pago de su jubilación patronal. Lo mismo le sucede a Augusto Rambay. “Yo me jubilé hace dos años, pero no me quieren pagar mi patronal. Llamo, insisto, pero ya no me contestan”, dijo Rambay.
En medio de los plantones y la preocupación por las deudas pendientes, la falta de respuestas de las autoridades parece ser nuevamente un factor común: “Llevo esperando un buen tiempo para que un inspector del IESS visite el lugar donde laboraba; según ellos, para comprobar que ya no trabajo y así obtener el derecho a la jubilación”, manifestó Fernando Valdivieso, exdirector del periódico.
“Aquí estamos afectados extrabajadores de El Nacional, en Machala, y también en Milagro. No nos han pagado los sueldos, las liquidaciones, la seguridad social ni las jubilaciones. Las autoridades del Ministerio del Trabajo y del IESS tienen pies de plomo”, protestó Valdivieso.
Liquidaciones en medios incautados, la doble deuda del Estado
Desde 2017, centenares de trabajadores de los medios incautados El Telégrafo, Cablevisión, Uminasa del Ecuador, Radios Super K 800, Carrussel y La Prensa Sport fueron despedidos. Cinco años más tarde, unos 180 exempleados de la Empresa de Medios Públicos todavía esperan el pago de sus liquidaciones.
“Llevo cerca de cuatro años demandando pago de liquidación por despido intempestivo”, escribió Rodolfo Enríquez en la red social X.
Los mencionados medios de comunicación eran propiedad del Grupo Isaías, un conglomerado empresarial que tenía acciones en el desaparecido Filanbanco, que quebró durante la crisis bancaria de finales de los años 90, dejando deudas millonarias que el Gobierno intentó saldar en 2009, incautándose de cerca de 200 empresas de propiedad de ese grupo empresarial, incluyendo el emporio mediático que pasó a manos del Estado. El entonces presidente Rafael Correa prometió vender estos medios, pero en su lugar los utilizó para la difusión de su propaganda política, al igual que sus sucesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
Otros medios incautados fueron las revistas La Otra, La Onda, América Visión, Valle y Costa, El Agro, y radios como Radio Difusora del Pacífico y Radio Bolívar. Todas quedaron bajo la administración del Estado. El 24 de octubre de 2017, el entonces gerente de Medios Públicos, Andrés Michelena, develó que esos medios acumulaban pérdidas y una alarmante situación financiera. El mismo Gobierno que administró esos medios los llevó a la quiebra.
Desde entonces comenzaron los ajustes administrativos y los recortes del personal. Margarita Constante, vocera de los exempleados de los medios públicos, cuenta que han utilizado cuanto recurso legal les permite la norma ecuatoriana para cobrar las liquidaciones de decenas de extrabajadores de la comunicación, pero los funcionarios de los gobiernos de Moreno y de Lasso tampoco solucionaron el problema que heredaron.
“Tenemos juicios ganados, pero aún así no se cumple el pago -comentó Constante-, algunos compañeros se fueron del país sin ninguna esperanza de cobrar ese dinero. Algunos de los afectados son adultos mayores y deberían estar jubilados”.
Diario Hoy: una década sin respuestas
El caso más emblemático de violación de los derechos de los trabajadores de la comunicación en Ecuador es el de diario Hoy, un periódico fundado en 1982 por la empresa Edimpres, que fue gerenciado por Jaime Mantilla Anderson. Diario Hoy cerró sus puertas en 2014, en medio de un ambiente de hostilidad propiciado por el gobierno de turno en contra de la prensa.
Los retrasos en el pago de salarios se volvieron bastante frecuentes desde 2008. Para cuando la Superintendencia de Compañías dispuso la liquidación de la empresa, ya se registraban pérdidas equivalentes al 90% de su capital. A su cierre, las pérdidas de diario Hoy fueron de USD 4,2 millones, frente a los USD 4,6 millones de capital suscrito.
A las puertas del 2024, casi una década después, un grupo de 153 personas todavía espera el pago de sus liquidaciones y de los sueldos que nunca se cobraron.
Sobre las jubilaciones la historia es diferente: algunos de los extrabajadores buscaron la forma de saldar por cuenta propia las deudas de su expatrono para así jubilarse.
Así lo recuerda María Elena Verdesoto, exeditora del periódico: “No podían jubilarse por la deuda patronal y algunos compañeros ya murieron sin recibir un trato justo ni los beneficios de su jubilación”.
La deuda de diario Hoy con los afectados sumó USD 3,2 millones por el pago de liquidaciones. Pero de esa cifra no se saldó ni el 5%. De hecho, a Verdesoto le quedaron debiendo de cuatro años y 11 meses de trabajo. “Una parte cobré, otra pude saldar con algunas cosas que nos dijeron que podíamos tomar al cambio. Me debían más de USD 30.000, pero nunca saldaron la deuda completa”, explicó y agregó que, aunque muchos de sus excompañeros ya han perdido la esperanza, ella y un pequeño grupo todavía insisten para recuperar al menos la memoria histórica del periódico. “Se hicieron las gestiones para recuperar la hemeroteca y también el archivo digital. Son documentos, entrevistas, fotografías, reportajes… es la historia escrita del país”, comentó.
La experiencia compartida por extrabajadores de medios como El Comercio, El Nacional, El Ambateño y diario Hoy revela una problemática que va más allá de casos aislados de vulneración recurrente de derechos laborales. La falta de pago de salarios y liquidaciones, así como la inacción estatal durante más de una década constituyen un patrón preocupante que profundiza la precariedad laboral y mina la libertad de prensa.
Estos casos plantean interrogantes sobre la función de instituciones como el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Compañías, el IESS, el Servicio de Rentas Internas y el sistema de Justicia en su conjunto. Las entidades encargadas de salvaguardar los derechos de los trabajadores no cumplen su papel.
El 6 de noviembre pasado, un grupo de trabajadores de diario El Comercio asistió a una reunión con la ministra de Trabajo del gobierno de Daniel Noboa, la exjueza de la sala de lo laboral de Guayas Ivonne Núñez. El encuentro tuvo como propósito el registrar y aprobar el estatuto de un sindicato. Tras una reunión, la MInistra aseguró que dará prioridad al caso.
No obstante, debido a la inacción de los gobiernos anteriores, los trabajadores se muestran poco confiados. “El Ministerio de Trabajo se ha portado como cómplice con la empresa y ha relajado sus posiciones con los controles. ¿Cómo es posible que el Ministerio no haga una inspección focalizada y global donde establezca las multas y sanciones para los directivos?”, se pregunta el abogado de los empleados, Washington Andrade.
Una apuesta por la supervivencia del periodismo impreso
Como una alternativa para enfrentar el desempleo y generar ingresos, un grupo de excolaboradores de las redacciones de El Ambateño y El Comercio, entre ellos Alencastro, el periodista Rubén Darío Buitrón, entre otros, decidieron fundar dos periódicos. Uno es El Ambateñito, un periódico de cobertura local que fue presentado a sus lectores el 5 de junio de 2023, con una circulación de 5.000 ejemplares, a un costo de USD 0,40 por ejemplar. Otro es el NotiMercio, en Quito, que nació como un semanario. Su primera edición circuló el 8 de octubre, con un tiraje de 10.000 ejemplares que cuestan un dólar. Ambos medios se financian de la venta de los periódicos y de la pauta publicitaria.
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