La difícil tarea de cubrir seguridad y crónica roja siendo mujer

08.03.2024

Ecuador ha vivido unos picos de violencia sin precedentes. Según Insight Crime, entre 2021 y 2022, los homicidios en Ecuador aumentaron en 82%, lo que ubicó al país como el décimo más violento de Latinoamérica y el Caribe. En 2023, Ecuador se situó entre los tres primeros, por encima de países como Honduras, Venezuela y Colombia.

En ese contexto, la cobertura periodística relacionada a esos hechos también se ha visto impactada por el aumento del riesgo hacia los comunicadores que cubren esa fuente y también para las periodistas mujeres, para quienes los riesgos que enfrentan sus colegas hombres son diferentes. 

Algunos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identifican prácticas discriminatorias que aún las excluyen del debate público y ponen en duda su credibilidad profesional, especialmente, cuando revelan casos de corrupción que involucran a funcionarios y políticos.

Julieta* es una periodista de la provincia de Sucumbíos que lleva 14 años cubriendo la fuente de seguridad. Recuerda que apenas empezaba su carrera, hace unos 12 años, fue asignada para hacer una cobertura sobre un grupo de hombres heridos que llegaron a la ciudad, y que presumiblemente tenían vínculos con una guerrilla colombiana, quienes la amenazaron y agredieron verbalmente a ella y a su familia. 

Aunque en un comienzo sentía miedo, con los años ha ganado la experiencia que la ha ayudado a confrontar esa emoción. Cuenta que llegó un momento en el que, gracias a las fuentes que había construido, se enteraba de un sicariato con tal velocidad que llegaba al sitio del crimen antes que la Policía. 

Esto también la ha expuesto a riesgos. En una ocasión, el familiar de una persona asesinada se enojó con la prensa. “Nos empezó a dar puñetes a varios periodistas. Fue horrible. Mi compañero estaba transmitiendo por Facebook cuando el hombre le lanzó el puño. Primero vi que el teléfono voló. Pegó otro puñete y volaron mis micrófonos. Y aunque alcancé a meter la mano, sí me llegaron golpes al brazo y la espalda”. 

Y ese no es un hecho aislado: es usual que los periodistas que van a cubrir un asesinato  reciban insultos, amenazas e incluso golpes por parte de los familiares o personas cercanas a quien falleció. “Nos agreden verbalmente, familiares o personas que están cerca de los hechos”, cuenta Susana*, quien trabaja desde hace ocho años como periodista en General Villamil (Playas), en la provincia del Guayas.

En 2023 recibió una amenaza de muerte tras hacer un reportaje que recogía las denuncias de un juez que alertaba de supuestos casos de corrupción del Consejo de la Judicatura con relación a narcotráfico a gran escala. 

Con la informalidad que suelen llevarse esos casos en las ciudades pequeñas, unos policías conocidos le dijeron que, de acuerdo a lo que ella describía, las amenazas “sí eran un poco riesgosas”. Tuvo custodia policial por unas semanas, al cabo de las cuales, los mismos policías consideraron que el peligro ya había pasado y que ella podía volver a su vida “normal”. 

Un país que convive con el crimen organizado ve también cómo las cifras de atentados y amenazas en contra de los periodistas aumenta. Entre 2022 y 2023, las amenazas de muerte en contra de periodistas casi se cuadruplicaron: pasaron de 8 amenazas de muerte en el 2022, a 30 en el 2023. Es decir, tan solo en un año.

La Fundación Periodistas Sin Cadenas, además, registró 289 agresiones a periodistas el año pasado. De ese total, 70 fueron en contra de mujeres, 143 contra hombres y 76 contra medios de comunicación en general.

El informe Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión de la  Relatoría Especial para la Libertad de Expresión especifica que las periodistas están más expuestas a la violencia física, verbal y sexual por patrones y estereotipos socioculturales y discriminatorios que son estructurales y que inciden también en la falta de acceso a una educación igualitaria y en la posibilidad de acceso cargos directivos en los medios de comunicación.

A Susana*, periodista en Playas, provincia del Guayas, un supuesto grupo de delincuencia organizada le pidió que elimine un contenido del medio en el que trabaja. “Tuve mensajes de extorsión y amenaza por publicar notas que no eran ni siquiera mías. Simplemente las compartí de la página de las Fuerzas Armadas, de los operativos que realizan. Decían que había un detenido en Playas”, dice la periodista.

Recuerda que recibió la llamada de un conocido y que esta persona le dijo: “Usted ha publicado algo y yo escuché una conversación. Creo que son unos manes de una banda. Estaban hablando del medio de comunicación que publicó eso. Pensaban que era un hombre. Yo la estoy llamando para avisarle y que no se meta en problemas, mejor bórrela, sáquela”, cuenta la reportera.

Ella eliminó la publicación pero enseguida recibió unos mensajes de WhatsApp “No sé quiénes serían pero en la imagen tenía un tigre, un león, ahí con unas armas, cosas así. Me estaban insultando y yo solo les dije que había eliminado el posteo”, recuerda. 

Aunque no lo dice de forma directa, infiere que se salvó por ser mujer porque la persona que le advirtió le dijo que “creían que un hombre” era quien había publicado la nota. En diciembre del año pasado, el conocido que la alertó fue detenido por estar presuntamente vinculado con la muerte violenta de cuatro personas en Guayaquil y en enero de 2024, fue asesinado. 

Pamela Morante, reportera de Canal 9, en el cantón Daule, también tuvo que dejar de hacer este tipo de cobertura por un tiempo, luego de que el medio en el que trabaja recibiera amenazas. Estas no iban dirigidas a una persona en específico sino más bien a la cobertura que el medio estaba haciendo, porque una banda consideraba que se le había dado más espacio a las muertes de una banda rival que a las que ocurrían en sus filas.

“Los que nos amenazaron sabían todo el manejo, quién fue a la reportería, todo, todo. Incluso nos mandaron videos de cómo ellos matan a las personas y decían que así nos iban a matar si sacábamos la información”, cuenta Morante.

Dice también que muchas veces cuando están haciendo las coberturas,  en el mismo sitio de los asesinatos, estas personas se acercan y les dicen: “o te largas o te mando a botar”.

Cuando se trata de coberturas, las mujeres también están doblemente expuestas a sufrir agresiones. El paro nacional de junio de 2022 sumó 35 mujeres agredidas físicamente, amenazadas y hasta asaltadas por manifestantes, miembros de la Policía Nacional y desconocidos. También hay otros agresores como políticos, funcionarios y actores no estatales como fuentes, entrevistados, empleadores y periodistas masculinos con los que las mujeres se ven obligadas a trabajar. Los datos corresponden al levantamiento de información de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.

Además, muchas de las mujeres periodistas se enfrentan a dificultades por su condición de género al interior de las redacciones.

Entre junio de 2020 y noviembre de 2022, esta organización encuestó a 50 mujeres periodistas sobre su situación laboral en las provincias de Santo Domingo, Loja, Chimborazo, Esmeraldas, Sucumbíos, El Oro e Imbabura. De ellas, 16 comunicadoras (32%) sufrieron acoso laboral; 6 (12%) acoso sexual, y una de ellas (3,45%) fue víctima de agresión física. En el 37% de los ataques se identificó al editor o jefe como el agresor directo. 

Eso significa que, además de los peligros a los que se enfrentan en las coberturas, son víctimas de una vulnerabilidad al interior de sus redacciones y no siempre pueden acudir a buscar protección ahí.

Precarización del oficio, también para las mujeres

Otro de los problemas que enfrentan las mujeres que cubren seguridad es la precarización laboral. Muchas de ellas, sobre todo en ciudades fuera de Quito y Guayaquil, no tienen un sueldo fijo y cobran un porcentaje de la pauta que logra vender el medio de comunicación.

Otras tienen varios trabajos a la vez para obtener mayores ingresos. Julieta*, por ejemplo, trabaja como presentadora en un espacio radial y también  como directora en un medio local de televisión de Sucumbíos. Entre los dos trabajos, no llega a los mil dólares de remuneración.

Esto, considerando que actualmente el sueldo para un director periodista/comunicador social, director nacional y provincial es de $ 1.222,30 y que el salario de un profesional periodista/comunicador social asciende a $ 1.108,42, de acuerdo al Ministerio de Trabajo. 

Julieta* y Susana* no cuentan con seguro social y, en muchos casos, ganan al día o por nota, por lo que tienen que hacer cobertura a enfermas, embarazadas o en medio de problemas familiares.

 “Me ha tocado muchas veces salir a cubrir hasta con fiebre, me llaman y me dicen ‘no sea malita, licenciada’ y bueno, por no dejar en completo abandono a la ciudadanía, me toca ir a hacer y regresar a mi casa y volverme a acostar”, dice Susana*. Una nota o una cobertura puede costar alrededor de 20 dólares y sin un trabajo fijo, cualquier ingreso puede ser bienvenido, sin importar las condiciones. 

Cuando las mujeres periodistas tienen hijos, las dificultades aumentan, sobre todo si no tienen cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pues tienen que trabajar embarazadas y no tienen la posibilidad de tomarse los meses de lactancia, una vez que nace el bebé. 

“Yo estaba con la barriga grande, como seis o siete meses de embarazo e igual me decían ‘vaya, corra, suba en su moto, coja su trípode de la cámara y vuele’”, cuenta Julieta*. Ella lo hacía sin mayor conciencia sobre los riesgos que podría enfrentar o la vulnerabilidad de ser una mujer embarazada.

Nunca dejó de trabajar durante sus dos embarazos y seguía cubriendo asesinatos, accidentes de tránsito, levantamiento de cadáveres y casos de violencia, incluso con su hijo recién nacido cargado a la espalda.

Sin salud mental y con grandes desafíos como mujeres periodistas

Las periodistas mujeres se enfrentan a distintos tipos de violencias en sus trabajos: acoso sexual, discriminación, y violencia digital, por citar algunas. 

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) encuestó, en 2017, a casi 400 mujeres de 50 países sobre sus condiciones laborales. Las cifras hablan por sí solas: el 48% sufrió violencia y acoso sexual en el trabajo, y dos tercios de ellas, el 66%, no presentó una queja formal.

Sin embargo, aún hay poca conciencia sobre los riesgos a los que se enfrentan por su condición de mujeres.

“Personalmente no puedo decir que haya tenido un mayor riesgo por ser mujer cubriendo crónica roja. Yo creo que más bien que todo el ejercicio periodístico tiene riesgos, seas hombre o seas mujer”, dice Daniela Moina, periodista de diario Extra, en Quito.

Carolina Mella es periodista desde hace 18 años. Ha sido reportera en varios canales de televisión y ahora colabora para el diario El País, de España. Este medio no tiene una oficina en Ecuador, por lo que ella hace sus protocolos de seguridad sola, respaldándose en amigos y conocidos para informarles sobre dónde está o cómo se mueve cuando hace coberturas que implican un riesgo. 

Ella sí considera que existe un riesgo distinto cuando eres mujer. “Podrían abusar sexualmente de una periodista mujer, ver nuestro cuerpo como objeto, eso a los hombres no les va a pasar”, dice. 

En un contexto de violencia llama la atención, en general, que esa no sea una preocupación de las periodistas que cubren seguridad o crónica roja. La mayor preocupación, en realidad, está en el bienestar de sus familias o, cuando son madres, en la posibilidad de que sus hijos se queden sin madre.

Por eso, la inquietud de Mella tiene asidero. En países que han pasado por situaciones de conflicto interno similares a las que hoy vive Ecuador, existen casos de periodistas mujeres que cubren crimen organizado que han sido violentadas sexualmente. Uno de ellos es el de Jineth Bedoya, la periodista colombiana que fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares, en 2000, mientras hacía una investigación en una cárcel colombiana.

Tuvieron que pasar 20 años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara por esto a Colombia, pues encontró al país “responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión” de Bedoya, y advirtió sobre “indicios graves, precisos y concordantes” de la participación estatal en las terribles agresiones que sufrió.

De ese peligro parecen aún no estar conscientes la mayoría de periodistas que cubren estos temas. 

Daniela Moina cree que, en ciertas coberturas de violencia contra las mujeres, preferían enviarle a ella justamente por ser mujer. “Me decían que yo tenía la sensibilidad para manejar ese tipo de temas y no revictimizar”, dice. 

Julieta* dice que, en su caso, ha recibido el mismo trato que los hombres por parte de la Policía. “No les importa. De hecho, son groseros. Yo discutí con un policía y le dije “suavícese, que al fin y al cabo soy mujer” porque me empezó a empujar”, cuenta. 

Susana*, periodista en Playas, discrepa. Ella considera que sí hay una discriminación en el trato que da la Policía a los hombres y a las mujeres. Cuenta que muchas veces, cuando llega una mujer a la escena de un crimen, la Policía hace esfuerzos para evitar que haga su cobertura pero cuando llega un hombre, la reacción es otra. “A ellos les dan información quizás porque son amigos o porque se tomaron un par de cervezas, yo que sé, mientras que con las mujeres no son así”, dice. Y aunque no lo nombra como “acoso”, dice que sí se ha enfrentado a “situaciones de coqueteo” no deseado. 

De su parte, Carolina Mella también tiene una percepción muy puntual sobre su relación con las fuentes.  “Las fuentes, muchas veces son policías, si sonríes creen que les estás coqueteando. En una cobertura hace años, un militar que estuvo ahí luego me buscó en redes sociales, me escribía a preguntarme cómo estaba y cosas así. Es una línea muy permeable en la que pueden creer que quieres algo más que la relación entre fuente y periodista”, dice Mella. 

Nadia* es periodista en Tulcán —provincia fronteriza con Colombia— desde hace quince años. Ha sido corresponsal para medios nacionales y ahora dirige su propio medio digital. “Existe un menosprecio a las mujeres de prensa escrita, como que no somos visibles. Prefieren a quienes están en medios televisivos. A veces también creen que una no es capaz de hacer las preguntas correctas. O esperan que una sea servil. A unas compañeras les habían comentado que yo era muy seria. Yo pido información y ellos deben darme, porque es su trabajo”, dice. 

Además de todo lo mencionado, existe un desgaste emocional por el tipo de cobertura que hacen y su salud mental suele estar desatendida.

Angelita Baeyens, vicepresidenta de Defensa y Litigio Internacional de Robert F. Kennedy Derechos Humanos, quien ha tenido amplia experiencia en el trabajo con mujeres periodistas, aseguró que la salud mental ha sido subestimada, sobre todo en esta etapa post-pandemia. A su criterio este tipo de ataques podrían generar condiciones adversas como ansiedad y depresión, recoge el manual para mujeres periodistas de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.

Daniela Moina, de diario Extra en Quito, sintió que la cobertura de violencia contra las mujeres y femicidios empezó a tener un efecto en su salud mental, cuando una joven violada contó su testimonio con mucho detalle.  “Yo no podía dejar de pensar que era algo que me estaban haciendo a mí, era como si yo estuviera en el lugar de esta niña y pues yo salí ahí como con ataque de ansiedad y salí llorando. No pude sostener toda esa información. Es inevitable pensar en que sí te puede pasar a ti”, dice. 

Pamela Morante, de Canal 9 en Daule, aún le teme a los muertos, aunque lleva varios años cubriendo la fuente. “No los miro, ahí solo le pido al camarógrafo que él los vea y que me cuente que ve. Uno saca fuerzas pero es duro emocionalmente”, dice. 

Periodistas sin protocolos y sin respaldo

En las condiciones en las que se ejerce el periodismo, es casi imposible contar con protocolos de protección para los periodistas. Mucho peor con el Estado que ni siquiera en su legislación contempla el enfoque de género en la protección a periodistas. 

El Reglamento a la Ley de Comunicación expedido en septiembre de 2023 incluye la creación de un mecanismo de prevención y protección a periodistas que no contempla los riesgos específicos para las mujeres. 

Ninguna de las periodistas amenazadas que dio su testimonio para este reportaje ha puesto una denuncia en la fiscalía. La razón es generalizada: ellas no confían ni en la institución ni en su capacidad de protegerlas.  “El problema es que aquí la propia Fiscalía, los jueces, tienen mucho que ver con el narcotráfico”, dice Julieta*.

Pamela Morante, periodista de Canal 9 en Daule, fue agredida en vivo por un grupo de policías, durante las protestas en Salitre, en octubre de 2021. Puso la denuncia por las agresiones pero desistió, porque “ya se veía que el Fiscal estaba a favor de la Policía”, cuenta ahora. 

Además las propias instituciones carecen de protocolos para cierto tipos de cobertura. Carolina Mella cree que los códigos que manejan los militares y policías son diferentes cuando tratan con periodistas mujeres. “El acercamiento físico excesivo, por ejemplo. Yo no veo que se acercan a intimidarlos a los colegas hombres, con las mujeres usan unos gestos de intimidación que no tienen con los hombres de un “te puedo someter”

Cuando van a cubrir cárceles, por ejemplo, el trato es más paritario entre hombres: militares y periodistas hombres generan unos vínculos distintos a los que generan con las periodistas mujeres. 

Tampoco existen protocolos específicos que se sigan en caso de amenazas. La protección personal y las medidas que se toman responden, en general, a cuidados individuales.

“Yo tengo algunos insumos de unos talleres de seguridad que seguí en la Embajada de Estados Unidos y he intentado aplicar en el canal de televisión en el que soy directora, pero, en general, no hay un protocolo escrito. Como aquí somos de provincia, las cosas salen muchas veces de manera improvisada”, dice Julieta*. 

Y si no hay protocolos básicos para protección de periodistas, menos hay para prevención de violencia para mujeres periodistas al interior de las redacciones o en el proceso de cobertura. 

Casos como el de Jineth Bedoya en Colombia, evidencian la necesidad de tener protocolos con enfoque de género por los riesgos que son específicos a las mujeres. 

En ese ámbito los conocimientos de las periodistas para protegerse son más bien intuitivos. Por ejemplo, evitan recorrer las mismas rutas todos los días. Así también, si alguien les pide que se vayan de una cobertura, suelen retirarse. O si en sus redacciones se decide, se detiene la cobertura de muertes violentas por un tiempo, pero no hay ni una hoja de ruta clara ni un respaldo estatal.

El contexto de violencia también ha provocado una desconfianza en otras instituciones, como en la Policía Nacional o en las autoridades locales. “No puedes confiar. Por ejemplo, tienes una emergencia, tienes algo y antes no dudabas en decirle al jefe de la policía. Ahora lo piensas diez veces.”, dice Pamela Morante.

A pesar de esas dificultades, las periodistas no abandonan ni su trabajo ni sus fuentes. “Creo que nos hacemos de caucho, y necias que seguimos metidas en eso, porque es nuestro oficio”, expresa Julieta*. 

Es eso, o las pocas oportunidades que hay para que los periodistas ejerzan su oficio, las empujan hacia un trabajo precarizado y riesgoso, porque no hay otra alternativa más que enfrentarse a un trabajo que no reconoce los derechos laborales ni las condiciones de vulnerabilidad que pueden enfrentar las periodistas por ser mujeres. 

*Algunos nombres de las periodistas entrevistadas han sido protegidos por razones de seguridad

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