La minería silencia a la prensa de Zamora Chinchipe

Investigaciones

Las redes narcocriminales que utilizan a la minería para nutrir su economía se han tomado territorios de Zamora Chinchipe. La prensa en la provincia está sometida a la ilegalidad y el Estado ha sido desplazado.

06.12.2023

Zamora Chinchipe es una de las provincias más golpeadas por los efectos de la minería ilegal en Ecuador. Como consecuencia, la prensa que cubre esta provincia ha sido sometida a dinámicas de extorsión, amenazas y violencia por parte de grupos criminales vinculados a redes de narcotráfico y otros delitos conexos.

Catorce periodistas residentes en los cantones de Palanda, Zamora y Yanzatza fueron encuestados para la realización de este informe. El proceso presentó dificultades particulares relacionadas con el bajo número de personas periodistas que ejercen su oficio dentro de la provincia, pero también con el temor que se ha apoderado de quienes deben reportar hechos derivados del clima de inseguridad y violencia que reina en este territorio fronterizo.

Si bien la precariedad laboral, la dependencia publicitaria y la injerencia de las autoridades son rasgos que atraviesan la labor periodística en Zamora Chinchipe, un análisis más profundo determina que estos factores tan solo operan como consecuencias de un problema mayor que nace con la llegada de grandes proyectos mineros a la región. La falta de acciones por parte de agentes estatales para detener la ola de minería ilegal ha tomado bajo su ley amplios territorios. Incluso la fuerza pública ha perdido la capacidad de control en varias zonas de la provincia. Territorios mineros como San Luis, ubicado en el cantón Yacuambi, o Chinapintza, ubicado en el cantón Paquisha, han sido tomados por grupos criminales dedicados a la minería ilegal.

Ante la ausencia de funcionarios de sectores como el de la salud, la educación y la seguridad, el incremento del microtráfico de drogas y la extorsión o ‘vacunas’ es alarmante. Los medios y periodistas que intentan reportar esta realidad son víctimas de amenazas y, como resultado del temor sembrado, acuden a la autocensura o son resas de la censura por parte de los actores que encarnan esas mismas amenazas.

Sin lugar a dudas, la precariedad laboral opera como caldo de cultivo de cualquier agresor contra la prensa. En esta localidad amazónica, la mayoría de los periodistas gana menos de USD 450, es decir, menos que el Salario Básico Unificado. Muchas personas periodistas intercambian su trabajo por ropa, calzado o comida y estas circunstancias elevan el nivel de dependencia de los profesionales a quienes ofrecen dinero a cambio de silencio, de protección o de información complaciente.

Pero los actores ilegales no son los únicos que representan amenazas en contra de la prensa local. Funcionarios estatales son también protagonistas de prácticas de silenciamiento e intmidación en contra de periodistas. Interfieren en los contenidos de los medios de comunicación y, en muchos casos, han provocado la autocensura, sobre todo en temas políticos o casos de corrupción. El alcalde de Zamora aparece en los resultados de esta investigación como uno de los principales agresores.

En Zamora Chinchipe, la Fundación Periodistas Sin Cadenas encuestó a 14 participantes y entrevistó a profundidad a siete de ellos. En el presente informe ofrecemos detalles de sus testimonios y una interpretación profunda de los datos obtenidos.

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