Guillermo Lasso abanderó la libertad de expresión pero deja el peor escenario para el periodismo
Durante el mandato de Lasso, 9 periodistas han tenido que exiliarse en menos de 9 meses por amenazas en contra de su vida. En los últimos tres años, se han registrado siete muertes de periodistas, dos secuestros de gente vinculada al ejercicio de la comunicación y en 2023, al menos 115 alertas de amenazas contra la prensa vinieron de agentes estatales.
23.11.2023
El Gobierno de Guillermo Lasso llegó a su fin. Un Gobierno que, en su inicio, ofreció una especial atención a la libertad de expresión pero que, tras 900 días de gestión, se marchó con el número más alto de amenazas a comunicadores, periodistas exiliados y sin la instalación del Mecanismo de Protección que incluyó en su Reglamento de la Reforma a la Ley de Comunicación.
Lasso intentó sostener su discurso sobre la libertad de expresión y prensa desde su primer día en Carondelet. En campaña ya había ofrecido deshacerse de la denominada ‘Ley Mordaza’ del correísmo. Y lo cumplió.
El 24 de mayo del 2021, día de su posesión, emitió el Decreto Ejecutivo 32 con el que derogó el anterior Reglamento a la Ley de Comunicación que entró en vigencia en el 2014, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Un día después, envió a la Asamblea su proyecto de Ley de Comunicación con el que buscó la derogación de la normativa. La denominó Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación.
En su exposición de motivos, por ejemplo, señaló que la libertad de expresión tiene una relación estructural con la democracia. “Es hora de aprender la lección que la mejor solución al problema del abuso a la libertad de expresión es siempre más expresión, nunca el silencio forzado”, consignó en el documento enviado al Parlamento.
Fue un largo trayecto. No solo tuvo que sortear a la Asamblea sino también recurrir a la Corte Constitucional para echar abajo las pretensiones, sobre todo, del correísmo. Esto porque el proyecto que envió al Parlamento fue modificado.
Como lo detalla el director de Fundamedios, César Ricaurte, la intención del gobierno de Lasso se centró en un cambio normativo. Sin embargo, no pudo concretarlo, al menos no como lo tenía planeado.
Su escasa capacidad de maniobra política en la Asamblea resultó en un proyecto que evocó la Ley vigente con el correísmo. Como él lo recuerda, fue la Corte Constitucional la que tuvo que modular la normativa para que, entre otras cosas, no se eliminara la opinión como parte del ejercicio en los medios de comunicación.
Pero, lejos quedó la imagen del expresidente arrojando la Ley Mordaza a un tacho de basura. El pasado 6 de noviembre, un grupo de periodistas, junto a representantes de la sociedad civil y Fundamedios, expusieron la situación del oficio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La intervención de Karol Noroña, periodista exiliada desde el pasado 24 de marzo, probablemente sea el retrato de lo que fue el Gobierno de Lasso en esta materia. No solo relató cómo se vio obligada a salir del país. En una parte de su exposición dijo: “Ni mi caso ni el de mis colegas ha merecido siquiera un pronunciamiento del Gobierno de Guillermo Lasso. Tampoco hubo apoyo para precautelar nuestras vidas. Solo silencio”.
Ese panorama de lo que ha sido la difícil situación del periodismo durante los últimos dos años se constata en las cifras que maneja el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. La entidad no tiene datos sobre las amenazas a periodistas antes de julio del 2021. Pero la situación en los últimos tres años es reveladora. Ese año, la entidad reportó 62 amenazas en contra de periodistas. Pero, para el 2022, la cifra subió a 256.
¿Cómo se explica ese aumento? Jeannine Cruz, presidenta del Consejo, dice que ese año hubo más alertas debido al paro del movimiento indígena en contra del gobierno de Lasso. Ese escenario contribuyó a que existieran más amenazas respecto de la seguridad de los periodistas en las coberturas de la paralización, que duró 18 días.
En lo que va del 2023, esa cifra alcanza las 217 alertas. Según la misma Cruz, este escenario está relacionado con la inseguridad que vive el país por el crimen organizado. En los tres años de los cuales hay un registro, la mayoría de alertas tiene que ver con periodistas. Existen 476 expedientes abiertos. Solamente 101 fueron amenazas directas a medios de comunicación.
Una radiografía de las amenazas
En el 2021 hubo 24 personas amenazadas. La cifra se elevó en el 2022 a 71 y en lo que va del 2023, 59 personas sufrieron algún tipo de intimidación.
Sin embargo, un dato interesante es que existieron 134 alertas por obstrucción al trabajo periodístico. El Consejo no detalla en qué consiste dicha obstrucción. Pero, esa categoría ocupa el segundo lugar en el listado de alertas.
Lo más lamentable es que en los últimos tres años se han registrado siete muertes de periodistas. En el 2021 hubo una; mientras que en el 2022 y 2023, tres cada año. También se reportaron dos secuestros de gente vinculada al ejercicio de la comunicación.
El Consejo también reportó 34 casos vinculados al hostigamiento mediante la justicia. También 51 procesos relacionados con la estigmatización. Este último dato es importante porque las estadísticas muestran que la mayor cantidad de alertas vienen de acciones atribuidas a la ciudadanía. Del total de alertas en sus diferentes tipos, 226 son perpetradas por ciudadanos.
Un hecho que llama la atención es que otras 115 alertas señalaron a agentes estatales. El resto tiene que ver con los mismos medios de comunicación, la Fuerza Pública y 113 de agentes desconocidos.
La mayoría de alertas son en contra de los medios digitales. El otro sector que también ha experimentado este fenómeno tiene es el de la televisión; mientras que en tercer lugar están los medios impresos.
Guillermo Lasso: el primer gobernante que deja periodistas exiliados
Karol Noroña dejó el país el 24 de marzo del 2023. En su intervención ante la CIDH reveló las circunstancias en las que decidió su propio exilio. “Supe que una organización narcocriminal, que sirve logísticamente a carteles internacionales presentes en Ecuador, planeaba un atentado en mi contra”.
Ella era periodista del medio digital GK. Su trabajo se centró en investigaciones sobre el crimen organizado, la situación de las cárceles y la inseguridad en el país.
Ella misma tuvo acceso a chats y audios en los que se hablaba de dicho atentado. También conoció que la banda que la amenazaba contaba con información sobre su barrio y el medio en el que trabajaba; además de fotografías como evidencia de que seguían su rastro.
La situación se evidenció tan grave cuando la misma periodista accedió al plan que tenían para atentar contra su vida de la misma voz de los líderes de las bandas narcodelictivas. Eso lo consiguió mediante dos fuentes que había logrado por su mismo trabajo. Desde entonces han transcurrido ocho meses.
En la CIDH se habló del exilio de nueve periodistas en menos de nueve meses, en medio del recrudecimiento de la violencia en Ecuador. Los registros de estos casos constan en los archivos de la Fundación Periodistas Sin Cadenas y de la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), que nació en septiembre, en respuesta a la ausencia de acciones eficaces por parte del Estado. Pero, el Consejo tiene el reporte de seis personas que salieron del país por amenazas. Esa entidad no ha podido corroborar que sean más o que, quienes ya salieron, hayan cambiado de ubicación.
La violencia en el Ecuador
Hasta marzo pasado había el registro de 419 muertes en cárceles del país. Esto fue producto de masacres perpetradas al interior de los centros de reclusión, sobre todo de Guayas. La versión de las autoridades ha sido que las muertes tienen que ver con una disputa entre bandas criminales o, como los llama el Ejecutivo, grupos de delincuencia organizada (GDO).
La última matanza al interior de una cárcel se reportó el 25 de julio pasado en la Penitenciaría del Litoral. Como lo informó el medio digital Primicias, ese día se reportó la muerte de 31 presos. Días antes también hubo reportes de guías penitenciarios retenidos.
Pero esa violencia no se quedó en los centros de privación de libertad. También se trasladó a las calles y, aunque no todas las víctimas responden a los GDO, el ministro del Interior de Lasso, Juan Zapata, sostuvo que las muertes ocurren, en su mayoría, por conflictos entre las bandas.
El mismo medio Primicias reportó el 23 de octubre pasado que las cifras de muertes violentas en Ecuador posicionan al país como el más violento de Latinoamérica. Solamente entre el 1° de enero y el 18 de octubre de este año hubo 6 044 personas asesinadas.
Esa realidad es la que han intentado narrar periodistas como Noroña y Anderson Boscan. Este último también salió del país por amenazas a su vida y a la de su esposa, la también periodista Mónica Velásquez. Aunque ellos sí lograron regresar al Ecuador.
“No he podido retomar mi trabajo ni volver a publicar nuevas investigaciones debido a que el medio digital en el que trabajaba decidió dejar la cobertura del crimen organizado y de las cárceles. Porque tanto mi familia como mi equipo de trabajo siguen en Ecuador y podrían atentar en su contra”, dijo Noroña ante la CIDH.
En la audiencia del organismo internacional también estuvieron representantes del Gobierno de Lasso; entre ellos el que fue su ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Dijo que la administración de la cual fue parte se caracterizó por ser un promotor y defensor de la libertad de expresión. Allí también mencionó, entre otras cosas, que se reforzaron los mecanismos de protección para los periodistas.
El Mecanismo de Protección, una oferta al viento
En el inicio de su mandato, Guillermo Lasso abanderó la libertad de expresión. Le puso fin a la denominada ‘Ley Mordaza’ y logró emitir el Reglamento para la nueva Ley de Comunicación.
Cuando se emitió ese Reglamento, el 23 de agosto pasado, Lasso dijo: «Blindamos el derecho a la libertad de expresión para que en el futuro a ningún poder se le ocurra limitar y perseguir a ciudadanos y periodistas por sus ideas”.
Una parte central de ese Reglamento alude a la protección de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación. La norma contempla la instalación del Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico.
Se trata de un apartado que tiene 16 artículos en los que hay lineamientos para la seguridad y protección de los periodistas. Por ejemplo, categoriza las amenazas e incluso determina responsabilidades para cada entidad que es parte de esta nueva instancia burocrática.
El 29 de abril del 2019, María Paula Romo, entonces minstra del Interior, anunció la creación del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación y la implementación de mecanismos de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de los profesionales que se encuentren en situación de riesgo a consecuencia de su labor. El cometido nunca se cumplió. Foto: Eduardo Santillán/Presidencia de la República.
El objetivo es “adoptar medidas de prevención y protección que garanticen el trabajo periodístico”, según se lee en la normativa. Para eso se plantea la instauración de políticas de seguridad que serán implementadas a partir de una evaluación de riesgo de los trabajadores de la comunicación.
El Mecanismo está a cargo del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Los insumos que genere serán aprobados con carácter de vinculante por esa entidad. Pero, lo que rescata Jeannine Cruz es que ahora ya no es discrecional la asistencia del resto de entidades del Estado como, por ejemplo, la Fiscalía General. Con la normativa, su presencia es obligatoria.
Dicha obligatoriedad implica que hay la participación de todas las instancias del Estado que tienen a su cargo determinados aspectos de la seguridad de los trabajadores. Entre otras entidades, en el Mecanismo actúan o deberían actuar los ministerios de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, de la Mujer, Fiscalía, representantes de los medios de comunicación y de la sociedad civil.
La transición política infunde incertidumbre
El principal obstáculo para que se instale el Mecanismo es el cambio de autoridades. Este 23 de noviembre, Lasso entregó el poder al nuevo presidente, Daniel Noboa. ¿Cuál es el inconveniente? En lo que respecta a las autoridades del Ejecutivo, los delegados ya enviados al Consejo podrían cambiarse.
Jeannine Cruz dice que eso no ocurre con todos los ministerios. Por ejemplo, por parte de Defensa se designó a un funcionario de carrera que espera no cambie al asumir el nuevo mandatario. Pero, por parte de otros ministerios sí se delegaron, por ejemplo, a viceministros. Estos últimos no permanecerán en los puestos que ocuparon durante el régimen de Lasso.
El pasado 16 de noviembre, en sesión del Consejo de Comunicación, se presentó a los delegados de los trabajadores de los medios de comunicación y de la sociedad civil para la conformación del Mecanismo. También se conocieron las designaciones hechas por las distintas entidades estatales
Por parte de los medios de comunicación, se designó a Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, uno de los integrantes del equipo periodístico de El Comercio que fue secuestrado y asesinado por una de las disidencias de las FARC en Colombia.
Además, como representante de la sociedad civil se designó a María Amelia Espinosa, una abogada con experiencia en los distintos ámbitos de los Sistemas Universal e Interamericano de Protección de Derechos.
A criterio de las representaciones de la sociedad civil, esto resulta positivo porque el Reglamento establece en una de sus disposiciones que habrá un plazo de 90 días para que los gremios y los medios de comunicación designen a sus representantes. En teoría, ese plazo terminaría este mismo mes, ya que la normativa entró en vigencia el 23 de agosto pasado.
Uno de los puntos que se trató fue el cómo enrumbar todas las acciones para garantizar la asignación de recursos, antes de la instalación de esta instancia. Ricaurte confiesa que esta es una preocupación teniendo en cuenta la situación fiscal que dejó el gobierno de Lasso. Dijo que no hay seguridad sobre los recursos porque, incluso los servidores públicos, tienen problemas para cobrar sus sueldos.
“Sobre el financiamiento del Mecanismo, la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, se refirió a que el Reglamento a la Ley de Comunicación prevé la asignación presupuestaria necesaria, pero dijo que hasta la fecha las respuestas del ente rector de las finanzas públicas no han sido definitivas, lo que es preocupante”, publicó Fundamedios tras la reunión.
Consejo de Comunicación no inspira confianza
El acceso a la información también es otra arista de la libertad de expresión y garantizarlo fue otra oferta incumplida del mismo Lasso. Sin embargo, no es un aspecto fácil de medir, ya que no hay suficientes datos generados por el mismo Consejo de Comunicación.
En el tiempo que lleva en funciones ha llegado tan solo un reporte sobre un caso en el que se hizo un pedido formal para acceder a información pública que no fue atendido. Solamente existe una respuesta al medio Voz de América, sobre una solicitud que hizo en agosto del 2022 a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC). La información solicitada no fue entregada por la empresa pública con el argumento de que el pedido tiene que ver con un proceso de mediación y arbitraje que no puede ser difundido.
El 6 de agosto del año pasado, Fabiola Denisse Chávez respondió con ese argumento al pedido ya hecho mediante el Consejo de Comunicación. En esa respuesta se lee que “la empresa reitera su ofrecimiento de proporcionar información que no esté limitada por la normativa legal antes indicada y aclara que está comprometida con la transparencia en el manejo de la información pública”.
Es el único caso que remitió el Consejo ante el pedido de Periodistas Sin Cadenas sobre eventos en los que se haya negado información por parte de entidades públicas. . Sin embargo, en el desagregado sobre los tipos de amenazas recibidas por los trabajadores y medios de comunicación, el Consejo contabiliza 14 casos relacionados con rechazo a los pedidos de información entre julio del 2021 y lo que va del 2023.
La misma Jeannine Cruz reconoce que esto se debe a que no hay la suficiente confianza por parte de los trabajadores de la comunicación en la entidad que preside. Para ella, el fenómeno tiene que ver con que al Consejo aún se lo ve como una entidad muy cercana al Gobierno.
En su inicio y como parte del aparataje creado durante el correísmo, se lo ubicaba como una extensión más de la Superintendencia de la Comunicación (Supercom). Dice que eso cambió desde la reforma a la Ley de Comunicación, ya que la integración del Consejo hoy tiene más que ver con los medios y gremios. No obstante, la entidad ha sido incapaz de deshacerse del estigma.
El Comercio, síntesis de las promesas incumplidas de Guillermo Lasso
Guillermo Lasso hizo dos ofrecimientos relacionados con el diario quiteño El Comercio que nunca cumplió. Desde la época de campaña, el ahora expresidente prometió a las familias de Javier Ortega, Paúl Segarra y Efraín Segarra la desclasificación de tres actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), que reúnen la información sobre el caso conocido como Nos Faltan 3.
La importancia de esas actas radica en que podrían esclarecer el rol del Estado en el manejo del secuestro y posterior asesinato. Los tres documentos son la clave de tres momentos importantes del hecho ocurrido en 2018.
El 28 de marzo se reunió por primera vez el Cosepe y se conoció sobre la posible liberación del equipo periodístico. El segundo momento tiene que ver con la confirmación de la muerte, el 13 de abril. Mientras que el tercero, ocurrido el 17 de abril, recoge información sobre un nuevo secuestro de ciudadanos ecuatorianos en la frontera norte.
En esos tres momentos se reunió el Cosepe. Y, para los familiares, no solo se trata de conocer quiénes asistieron a la reunión, sino de evidenciar cuál fue la posición de cada integrante frente al manejo de las vidas de los miembros del grupo periodístico cuyo secuestro se confirmó el 27 de marzo del 2018 en Mataje, Esmeraldas.
El hecho que enlutó al periodismo de este país ocurrió durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Él mismo fue uno de los que ofreció en siete ocasiones la desclasificación de las actas. Pero dejó el poder en el 2021 sin cumplir esa promesa.
Una vez en el poder (2021), Lasso se reunió con Ricardo Rivas y volvió a comprometerse a desclasificar esa información. Pero ese ofrecimiento tampoco se cumplió. El mismo Rivas ha explicado que la no entrega de esa información es uno de los elementos en los que se escuda la Fiscalía para no avanzar en la investigación que permita establecer responsables.
Como lo reveló una investigación de Periodistas Sin Cadenas, las actas fueron puestas bajo llave por al menos 10 años. Esto porque se las categorizó como secretas y, según la Ley de Seguridad Pública, eso significa que no pueden ser desclasificadas durante ese tiempo.
Una respuesta del secretario de Seguridad de Guillermo Lasso, Wagner Bravo, al Consejo de Desarrollo de la Comunicación lo confirmó, cuando dijo que los documentos contienen las “estrategias de defensa nacional, protocolos y demás, ante posibles amenazas contra el Estado”. Eso impide su desclasificación, aunque la misma Ley establece que el Presidente tiene la facultad de ordenar la publicación.
Jeannine Cruz reconoce que esta es una de las deudas del actual Gobierno. También señala que ha hecho otras solicitudes para intentar desclasificar esas actas. Pero, hasta el momento, no hay una respuesta. El último pedido lo hizo un mes atrás.
Lasso tampoco cumplió con su ofrecimiento de que Ángel González, dueño de diario El Comercio, cumpliera con los pagos a los trabajadores, extrabajadores y jubilados del medio de comunicación. En enero del 2022 dijo que la inversión extranjera era bienvenida siempre y cuando cumpliera con la Ley.
Pero en dos años, la situación del rotativo quiteño solamente empeoró. Actualmente no está activo. Su página web muestra que la última actualización se realizó el pasado 9 de agosto cuando asesinaron al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, en Quito.
Los trabajadores enviaron en agosto pasado una carta a Lasso en la que le recordaron que no ha cumplido su ofrecimiento de “exigir el pago de salarios a los trabajadores y las liquidaciones a los excolaboradores».
Un grupo de personas que aún pertenecen a diario El Comercio optaron por la conformación de un sindicato. Cuentan con un abogado que los patrocina y esperan que con este mecanismo se ejerza presión para que se cumpla con los salarios atrasados.
En su cuenta de la red social X, Washington Andrade, abogado del sindicato naciente, publicó un pliego de peticiones de los trabajadores. Exigen el pago de los sueldos pendientes, que esas obligaciones se cumplan puntualmente de aquí en adelante y que el dueño y directivos se abstengan de la venta de activos a menos que sea para cumplir con las obligaciones pendientes, entre otros puntos.
Para César Ricaurte, el incumplimiento de la promesa de intervenir dejó a la capital sin un diario impreso. Para él, eso significa que la capital sería una de las pocas ciudades del mundo sin un rotativo. Esto sin contar con la vulneración de los derechos de los trabajadores.
El fortalecimiento de la sociedad civil
Para Fundamedios, la situación a la que orilló el saldo negativo del Gobierno en comunicación y libertad de expresión abonó para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
Por ejemplo, uno de los organismos que se constituyó fue la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas, de la que es parte la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Su finalidad es desarrollar mecanismos para precautelar la vida y la libertad de prensa cuando se suscita una amenaza en contra de la vida de un o una periodista.
Ricaurte señaló que desde esa entidad se monitorea y acompaña a los comunicadores que experimenten amenazas. También hay un contacto directo con aquellos que han salido del país por intimidaciones relacionadas con su oficio.
La situación para la libertad de expresión y el periodismo no está clara en Ecuador. El nuevo presidente, Daniel Noboa, no ha ubicado entre sus prioridades el tratamiento de este tipo de temas. Según Ricaurte, lo único que ha dicho hasta el momento es que respetará la libertad de expresión. Sin embargo, en temas como el mismo Mecanismo o la desclasificación de las actas del Cosepe en el caso Nos Faltan 3, la situación es incierta.
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