En zonas periféricas, la prensa recurre a la autoprotección
Periodistas de zonas periféricas de Ecuador diseñan coberturas grupales y se silencian para sortear las amenazas contra sus vidas por cubrir temas sobre crimen organizado y corrupción. La respuesta del Estado es tardía, descoordinada e ineficaz.
31.05.2023
Por Thalíe Ponce
Cubrir temas relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, corrupción, asesinatos y crónica roja en Ecuador significa un riesgo para la seguridad y la vida de algunos periodistas. Desde hace un par de años, el aumento de la violencia pone en riesgo la libertad de prensa y es un caldo de cultivo del silenciamiento y la impunidad.
Hasta la fecha de publicación de esta entrega, dos periodistas ecuatorianos han sido exiliados forzosamente. El viernes 24 de marzo de 2023, el medio digital GK activó un protocolo de seguridad y puso en marcha un operativo de emergencia para sacar del país a una de sus reporteras, quien hasta ese momento estaba encargada del cubrimiento de temas relacionados con la crisis carcelaria y la violencia.
Menos de un mes después, una persona periodista que eligió proteger su identidad salió del país ante repetidas amenazas contra su vida y frente a la falta de acciones coordinadas y eficaces por parte de las autoridades para garantizar su seguridad al ejercer su oficio y para proteger el trabajo de la prensa en su conjunto.
Pero más allá de lo que pasa en grandes ciudades como Guayaquil y Quito, el trabajo periodístico en localidades más pequeñas, en comunidades o en las zonas rurales tiene complejidades atadas a las características geográficas, políticas y sociales de cada sitio. En estas zonas periféricas, el peligro en el que se encuentran los periodistas se ha agudizado desde el 2022.
En las urbes de seis provincias que —junto con Guayas— hacen parte del corredor de tráfico de droga: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, El Oro y Santa Elena, las muertes violentas se han triplicado desde inicios de 2022. Casi el 90% de los crímenes cometidos en Ecuador han tenido lugar en estas provincias. Esos datos se correlacionan con las condiciones de trabajo de la prensa de esos sitios.
En 2022 se registraron tres asesinatos a periodistas en dos de estas provincias: en julio, en Portoviejo, ciudad capital de la provincia de Manabí, Mike Cabrera fue asesinado; en agosto, Gerardo Delgado fue asesinado a tiros en Manta, la segunda ciudad más importante de esa provincia; y en noviembre, en la provincia de El Oro, Henry Vivanco fue encontrado muerto con signos de tortura en el cantón Huaquillas.
En 2023, las cifras de agresiones a periodistas —incluidas las amenazas de muerte— se han duplicado en el mismo periodo. Estas estadísticas incluyen seis ataques con artefactos explosivos colocados en dispositivos USB, que fueron enviados a través de correo postal y dirigidos a comunicadores de radio y canales de televisión.
Entre las víctimas estuvo el periodista Lenin Artieda, presentador de noticias de la cadena de televisión Ecuavisa. Esto determinó no solo un incremento cuantitativo de las amenazas sino también una diversificación en el tipo de intimidaciones. En esa ocasión, la Fiscalía General del Estado informó sobre la apertura de la investigación de esos casos “por terrorismo”.
Ante este panorama, los periodistas se han visto obligados a adoptar ciertas estrategias que, en muchos casos, ponen en serio riesgo a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a recibir información sobre lo que acontece en sus comunidades.
La autoprotección como único salvavidas para la prensa
Poco antes de ser asesinado, Gerardo Delgado recibió una llamada telefónica. De otro lado del teléfono, la voz le alertaba de un supuesto suicidio y le conminaba a cubrir el suceso. Sin embargo, “se trató de una emboscada”, dice Alfredo*, un periodista manteño.
Alfredo trabaja en un medio local de gran audiencia en Manta. Para él, el asesinato de Delgado significó un antes y un después: desde entonces, él y otros colegas suyos que cubren crónica roja en la ciudad han tenido que diseñar estrategias para cuidarse.
Aunque él no ha recibido amenazas directas, sí ha sido “aconsejado” por miembros de la Policía o incluso por jueces para dejar de investigar ciertos temas. Cuando eso pasa —cuenta— lo conversa con su editor y juntos acuerdan no insistir en aquellas investigaciones, pues están convencidos de que estas advertencias suelen estar relacionadas, de alguna manera, con el crimen organizado.
Alfredo asegura que en el último año ha habido un repunte de amenazas de familiares y amigos de narcotraficantes en contra de los periodistas, sobre todo cuando se trata de coberturas sobre asesinatos de personas que estarían implicadas en delitos. Les dicen, por ejemplo, que no publiquen detalles sobre la víctima, como nombres o características físicas, y que de hacerlo, habrá “consecuencias”. Él asegura haber recibido algunas intimidaciones y advertencias de este tipo.
Por eso, y ante el aumento del riesgo para el trabajo de los periodistas, hay otros protocolos que se han implementado en esa ciudad. Por ejemplo, entre colegas se organizan para realizar coberturas de alto riesgo formando grupos, intercambian información previamente y durante las coberturas, y arman equipos de trabajo. La comunicación entre ellos es clave.
No es casual que este tipo de iniciativas aparezcan en una ciudad como Manta. Por su ubicación, este puerto del Pacífico es un lugar estratégico para el narcotráfico: es un punto de partida y de tránsito de cargamentos de droga que van hacia Norteamérica y Europa. Manta cuenta con un puerto marítimo de gran importancia, con una infraestructura adecuada para el manejo de carga y es un punto atractivo para narcotraficantes que usan contenedores y buques cargueros para ocultar drogas.
La cobertura periodística se ha volcado a contar esta realidad e inevitablemente los comunicadores han quedado expuestos a la misma violencia que registran en sus notas periodísticas. La profundización y el seguimiento de ciertos temas de interés público que deberían ser expuestos en los medios se convierte así en un desafío casi infranqueable. Como lo hemos documentado en informes anteriores, Ecuador enfrenta uno de los peores momentos para la libertad de prensa.
En la provincia de Los Ríos, donde las muertes violentas aumentaron un 133% en el primer trimestre de 2023, la situación es similar a lo que ocurre en Manabí. Luis*, quien ejerce el oficio desde hace más de dos décadas, explica que allí operan cinco bandas criminales, pero asegura que son dos las principales: Los Choneros y Los Lobos. Entre ellas se ha desatado una pugna territorial por apropiarse de las rutas del mercado de las drogas. En ciudades como Babahoyo y Quevedo, “la violencia ha escalado tanto que la comunicación no se puede hacer con libertad”, asegura.
Luis confiesa que tiene miedo. Además de haber sido secuestrado, él y sus colegas que trabajan en prensa reciben amenazas constantemente. Les han dicho, por ejemplo, que pondrían granadas o bombas en las oficinas del medio de comunicación en el que trabaja. Luis cree que eso no se ha cumplido porque el equipo de prensa decidió bajar su tono informativo y se adaptó, según reconoce.
Siente miedo porque, hace algunos meses, un grupo delictivo les pidió una “vacuna” a cambio de “proteger” al medio, y cree que lograron evitarlo gracias a que la banda fue desarticulada. Siente miedo porque a veces recibe llamadas y mensajes de WhatsApp de forma anónima en los que le dicen que lo tienen identificado.
Pero Luis dice haber aprendido a vivir con ese miedo. Incluso ha consultado varias veces con miembros de la Policía y ha recibido pautas sobre qué hacer y cómo actuar. Los agentes le han aconsejado no contestar las llamadas de números desconocidos y, en caso de hacerlo y de que una llamada incluyera una amenaza, la instrucción es colgar inmediatamente y bloquear el número. Y así lo ha hecho.
En 2022, recibió una llamada desde una cárcel. Una persona desde adentro le reclamó por una publicación. “No hubo otra opción que eliminar el contenido de la página web”, reconoce Luis.
Añade que muchos periodistas en Los Ríos han recibido amenazas y en otros casos, represalias. Uno de los pedidos para los profesionales de la comunicación es “no mencionar a bandas criminales”. “Si matan a policías, abogados, fiscales y políticos, ¿qué seguridad tenemos nosotros? Nos estamos exponiendo cada día con nuestro trabajo y nos toca movernos con sutileza y firmeza a la vez”.
Luis fue secuestrado hace unos meses y, aunque cree que ese episodio no estaba vinculado con su trabajo periodístico, sino con la delincuencia común, con el objetivo de robarle, recuerda que los secuestradores le advirtieron: “Ten cuidado con lo que publicas”.
Al igual que Alfredo, una de las formas de cuidarse para Luis y sus compañeros de trabajo ha sido “limitarse”, es decir, dar la menor cantidad de detalles posibles en las publicaciones que tienen que ver con crimen organizado y la delincuencia en general.
Por ejemplo, el pasado 26 de abril de 2023, cinco hombres fueron encontrados descuartizados en el cantón Buena Fe y, aunque los sospechosos estaban identificados, el medio donde él labora no pudo dar información detallada sobre el suceso. “Nos limitamos a contar el hecho y ya”, dice.
Incluso, asegura que han dejado de publicar si los asesinados tenían o no antecedentes penales, porque al igual que lo que dice Alfredo que sucede en Manabí, en Los Ríos los familiares de las víctimas “llegan armados y nos piden que borremos u obviemos esa información. ¡Nos sentimos intimidados!”, exclama. Así, la autocensura se instaura en las zonas periféricas del país como una práctica común, tal como ya lo advertimos desde la Fundación Periodistas Sin Cadenas en un informe publicado en 2021.
Algo similar ocurre en la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte, que colinda con el departamento de Nariño, en Colombia. “Hacer periodismo nunca ha sido más difícil que ahora”, se lamenta Juan*, periodista que trabaja en la capital de la provincia del mismo nombre, una urbe con una población de aproximadamente 216.000 habitantes.
Juan explica que hasta 2018, el crimen organizado se concentraba en San Lorenzo, un cantón limítrofe con gran actividad comercial. “Estaban allá a tres horas, en zona montañosa, y se sentía distante”, dice, a través de una llamada telefónica. Pero durante el último año y medio, en la ciudad de Esmeraldas, los grupos delictivos que antes eran pequeños crecieron y ganaron poder. Y muchos de ellos están vinculados al narcotráfico.
Para Juan, uno de los desafíos más grandes para la prensa en medio de ese contexto es que en ciudades como Esmeraldas “todos nos conocemos; cuando estos grupos aumentaron, el que era mi amigo del barrio dejó de ser mi amigo porque ahora responde a un grupo delictivo. La persona que hoy estás investigando era el hijo de mi vecina y cuando éramos niños jugábamos pelota y ahora anda con una granada o un fusil. Esa es la realidad y eso hace de Esmeraldas un lugar de alto riesgo”, asegura.
Su estrategia, al verse acorralado, ha sido más radical: cubrir otro tipo de historias. “Ya no estoy dispuesto a arriesgar nada, ni mi salud mental ni la seguridad de mi familia ni mi vida por informar”.
La historia pareciera repetirse de provincia en provincia. Desde Santo Domingo de los Tsáchilas, Pedro* —quien lleva más de dos décadas trabajando en esta profesión y actualmente tiene una plataforma digital— narra una amenaza que vivió su esposa a inicios de mayo de 2023.
El día de la amenaza hubo un operativo en su cantón en el que la Policía capturó a cuatro delincuentes. Su medio lo cubrió y realizó un video en vivo que circuló al final de la tarde y había alcanzado más de 3.000 visualizaciones. Unas horas después, su pareja le llamó llorando, asustada, para decirle que había recibido en su celular, a través de WhatsApp, mensajes intimidantes con insultos y amenazas contra su vida. La exigencia era que ese video dejara de circular en internet.
“Tuve que darle de baja”, cuenta Pedro, vía telefónica. Algunos colegas notaron que la publicación ya no estaba y le preguntaron sorprendidos por el motivo. “No acostumbro a hacer eso porque coartan la libertad de trabajar, pero cuando este tipo de amenazas llega a la familia, se vuelve más sensible”.
Aunque es la primera vez que él experimenta algo así en los últimos años, apunta que los periodistas en Santo Domingo también realizan su trabajo atravesados por el temor. “Lo que hacemos es no salir de noche a coberturas; en otros casos, los colegas se organizan para ir juntos”. Sin embargo, considera que también existen limitaciones para trabajar de manera conjunta pues, en algunos casos, hay “egos por tener la primicia”.
En la provincia de El Oro, la situación no es muy distinta. El 19 de marzo de 2023, el medio Vinces TV, del cantón Huaquillas, realizó un anuncio inesperado. A través de su página de Facebook, detalló que cambiaría su línea editorial —que se enfocaba en crónica roja— para dedicarse a difundir contenido comunitario, social, de emprendimiento y entretenimiento. “En un país donde no se garantiza la seguridad del periodista, no se puede informar con total libertad”, agregó el post a través del cual comunicaron la decisión a su audiencia.
Durante la semana previa, Vinces TV recibió intimidaciones y amenazas por sus publicaciones a través de la página de Facebook y el número de WhatsApp. “Recibimos amenazas contra la vida, no solo mía sino también de mi familia”, dice José Vinces, propietario del medio, a través de una llamada telefónica. Sin embargo, luego de 15 días, volvieron a su línea editorial anterior. “Recibimos el apoyo de la gente, que nos preguntaba por qué dejamos de publicar crónica roja. Ese es nuestro trabajo, nuestra esencia, contar los hechos y las muertes violentas, además nosotros no nos metemos con las bandas”, dice.
Desde entonces, asegura que no ha vuelto a recibir mensajes de ese tipo, pero reconoce que en un contexto de altos índices de violencia la labor periodística se ha vuelto más compleja para todos sus colegas. Un periodista de Arenillas, otro cantón de la provincia de El Oro, le contó que también había recibido amenazas por publicar contenido sobre bandas.
En otras localidades más alejadas de los centros urbanos grandes, como en Lago Agrio —un cantón de menos de 100.000 habitantes, en la provincia amazónica de Sucumbíos, que colinda con el departamento del Putumayo, en Colombia—, la prensa también enfrenta situaciones que complican o impiden su trabajo. De allí es Estela*, quien trabaja como reportera en un medio local de amplio alcance. Aunque ella y Alfredo nunca han hablado en persona y viven en dos provincias totalmente diferentes, comparten el mismo sentimiento: el miedo de salir a cubrir una noticia y no volver a casa con vida.
A través de una entrevista virtual, Estela recuerda que en la provincia de Sucumbíos, el 19 de enero de 2021, la periodista Marilú Capa sufrió un intento de asesinato.
Al momento del atentado, Capa trabajaba en Radio Sucumbíos, donde conducía el programa Mañanas Interactivas. De acuerdo con la versión recogida en medios locales, la mujer se encontraba en un restaurante de su propiedad, sentada en una mesa, cuando un hombre llegó, saludó en voz alta y le disparó ocho balazos, de los cuales seis la impactaron.
Hoy, la periodista se encuentra recuperada, pero dejó de ejercer el periodismo, tal como lo confesó en un post en Facebook el 4 de mayo pasado: “Es verdad, no puedo ejercer mi profesión, es verdad que siento miedo todavía… He sido una prisionera sin haber cometido delito alguno. Me duele no hacer lo que me apasiona: la comunicación, pero ahora estoy aprendiendo de otra carrera para sanarme y ayudar a sanar”.
Han pasado más de dos años de aquel evento y el miedo de Estela ha aumentado desde entonces. Ella recuerda que en 2022, “del lado colombiano” llegaron amenazas a periodistas. Solo un río, el San Miguel, separa a Lago Agrio de Colombia. Para Estela, el mensaje que llegó del otro lado del río fue paralizante. “Nos dijeron que iban a ‘dar de baja’ a dos periodistas. Así, sin nombres… ni siquiera sabíamos si eran hombres o mujeres —cuenta—; cuando voy a una cobertura, sé que salgo, pero no sé si regreso”.
Es ese temor el que la ha motivado a desarrollar —al igual que los otros periodistas en las otras localidades— algunas estrategias para estar tranquila. Por ejemplo, a veces se moviliza sin el chaleco que identifica a su medio, para no llamar la atención. También ha optado por cambiar de ruta constantemente, así como por variar sus horarios y sus rutinas. Sin embargo, identifica un desafío adicional: a diferencia de lo que relata su colega en Manta, Estela asegura que el ambiente entre periodistas en Lago Agrio es un poco más hostil: “No puedo decir que nos cuidamos unos a otros, pues la rivalidad entre los compañeros se nota. Muchas veces ni siquiera compartimos información”.
El Estado tropieza en garantizar el trabajo periodístico
En Ecuador, la protección de los periodistas es responsabilidad del Estado y se rige por la Constitución, que reconoce y garantiza el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación, incluyendo la protección de los periodistas en el ejercicio de su labor. El Gobierno ecuatoriano, a través de sus instituciones, tiene el deber de ser el garante de la seguridad y de la protección de los periodistas frente a posibles amenazas, intimidaciones o violencia. Esto implica la creación de mecanismos y políticas que promuevan un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y la labor periodística.
Además, existen marcos legales específicos que protegen a los periodistas, como la Ley Orgánica de Comunicación y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contemplan sanciones para quienes atenten contra la libertad de expresión o el ejercicio periodístico. En su artículo 183, el COIP establece sanciones para aquellos que, mediante violencia o amenazas, intenten restringir el ejercicio de la libertad de expresión.
Sin embargo, los casos relacionados con la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación del país se han caracterizado por la falta de celeridad y urgencia por parte de las autoridades. Cuando GK comunicó la salida del país de su reportera ya apuntaba a este problema en su comunicado: “Es también un testamento a la incapacidad manifiesta de los poderes del Estado de garantizar generar soluciones contra la inseguridad y permitir, así, una convivencia pacífica”, dijeron.
Si el Estado falla en prevención ante ataques contra la prensa, también demuestra una falta de acción para esclarecer aquellos casos en los que han asesinado a periodistas. Lo demuestra la impunidad en la que permanece el caso del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, confirmado por el expresidente Lenín Moreno, el 13 de abril de 2018. El caso de los tres periodistas de diario El Comercio representa un punto de inflexión para el periodismo del país, pues dio paso al inicio de un proceso sistemático de impunidad, del que se derivan otros. Por ejemplo, aún no se conoce la verdad sobre lo sucedido con Fernando León, director y propietario del semanario El Pueblo, de Gualaceo, en la provincia del Azuay, cuyo auto fue encontrado en el fondo de un barranco el 8 de agosto de 2022, pero su cuerpo no ha sido localizado.
La muerte de León se trató inicialmente como si se tratara del resultado de un accidente, pero tras ocho días de búsqueda del cuerpo por tierra y agua, esa hipótesis se debilitó. Al momento de su desaparición, el periodista realizaba una cobertura sobre el mal estado de la vía que conecta Azuay con la provincia de Morona Santiago, en la Amazonía sur del país.
Tampoco hubo acciones por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de la persona periodista que tuvo que exiliarse fuera del país en abril de 2023, cuyo caso también reportamos desde Periodistas Sin Cadenas. Las amenazas que recibió fueron denunciadas ante la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y el Consejo de Comunicación. Sin embargo, ninguna de esas instituciones ni sus distintas autoridades han demostrado acciones conjuntas oportunas y eficaces, ni tampoco han dispuesto la activación práctica del mecanismo de protección de periodistas, que dispone la Ley Orgánica de Comunicación vigente, en su artículo 42, numeral 1, tal como indicamos en el comunicado emitido por la Fundación.
Para obtener declaraciones sobre estos casos y el rol de la Fiscalía en la protección del trabajo periodístico y la atención a casos de amenazas, la Fundación Periodistas Sin Cadenas solicitó una entrevista con la titular de la institución, Diana Salazar. También solicitamos respuestas por parte de las instituciones citadas en el párrafo precedente. El Consejo de Comunicación y la Fiscalía aceptaron una reunión, de manera separada, que se hizo bajo reserva en las primeras semanas de este mes de mayo. Sus máximas autoridades se comprometieron a tomar acciones para mejorar la atención de estos casos.
El Consejo de Comunicación, creado en junio de 2013, tiene como misión la protección de quienes trabajamos directamente con la libertad de expresión y el acceso a la información. En lo que va de 2023, esta entidad registra aproximadamente 100 agresiones a trabajadores de la comunicación, que incluyen agresiones físicas, verbales, atentados, amenazas, censura, ciberacoso, ciberataques, secuestro, acoso sexual, violencia de género, abuso de poder estatal, detención ilegal, ilegítima o arbitraria, estigmatización, hostigamiento a través de la justicia, hostigamiento laboral, obstrucción al trabajo periodístico, robo o eliminación de material periodístico, daño a la propiedad privada y rechazo a pedidos de información.
Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, aseguró que, hasta la fecha, 18 periodistas han acudido a la Fiscalía a formalizar sus denuncias y tres de ellos se encuentran bajo el sistema de protección de víctimas y testigos protegidos.
El Consejo cuenta con el Protocolo de Actuación ante agresiones a Personas Trabajadoras de la Comunicación. En el documento de 65 páginas, publicado en marzo de 2022, se señala que el objetivo general es “determinar los procesos y responsabilidades en las acciones estatales para la protección de la vida, integridad y libertad de expresión de los trabajadores de la comunicación”. Además, se indica que se han suscrito convenios de articulación y cooperación interinstitucional para atender y brindar respuestas a dichos casos con entidades como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado.
Cuando el Consejo de Comunicación recibe alertas de amenazas de muerte o agresiones a periodistas, dispone a su Dirección Técnica de Protección de Derechos levantar un informe técnico y trasladarlo a la Fiscalía General de Estado, institución encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes. “Es importante destacar que, para poder recibir la protección correspondiente, es necesario que el periodista denuncie la situación y acepte ser colocado en el sistema de víctimas y testigos, bajo su propia voluntad”, dice Cruz.
Sin embargo, que menos del 18% de los periodistas que han registrado agresiones en el Consejo hayan denunciado sus casos ante Fiscalía muestra la poca eficiencia de esta ruta, su poca socialización con los medios y trabajadores de la comunicación y una falta de confianza en el sistema judicial de Ecuador por parte de los profesionales del periodismo. La misma funcionaria admite que existe una barrera: el debilitamiento de la credibilidad en las instituciones del Estado. Por eso, muchos “no dan otro paso y sus casos no llegan a convertirse en denuncias en la Fiscalía”.
El Consejo de Comunicación —asegura Cruz— ha llevado a cabo una serie de encuentros y diálogos, como la Mesa Técnica de Evaluación de Agresiones a Trabajadores de la Comunicación, para abordar las agresiones y amenazas que sufren los periodistas en el país y lograr un compromiso por parte de las instituciones del Estado para brindar protección.
Aunque en dichas mesas han participado representantes de entidades como el Ministerio del Interior y de organizaciones como Unesco, la articulación entre las instituciones estatales para atender las amenazas y atentados a periodistas es una deuda. Los dos periodistas exiliados forzosamente dan cuenta de esto.
De acuerdo con Cruz, durante estas reuniones se ha planteado, entre otras cosas, la necesidad de que el Ministerio de Gobierno actúe en cada una de las provincias, utilizando las jefaturas políticas e intendencias políticas como herramientas para interponer acciones de protección en casos de amenazas a la integridad física de periodistas. Esta propuesta se basa en la idea de utilizar un mecanismo similar al utilizado en casos de víctimas de violencia de género, donde existe la boleta de auxilio para brindar acompañamiento y protección a las personas en situación de vulnerabilidad. Pero nada de eso ha sido ejecutado hasta el momento y, por lo tanto, hay muchos casos que no han recibido atención, algunos de ellos se han expuestos en este reportaje.
Mientras tanto, el denominador común es la falta de voluntad política por parte de las autoridades, lo que se traduce en protocolos, rutas y planes escritos pero ineficaces o inaplicables. No hay acciones coordinadas e interinstitucionales que garanticen rapidez y eficiencia. Esto deriva en la desconfianza en los órganos estatales como la Policía Nacional, que muchas veces ha sido protagonista de las amenazas contra la prensa, y la Fiscalía, que ha sido autora de graves omisiones en casos simbólicos como el asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
Las estrategias autónomas de la prensa se han convertido en los únicos mecanismos que existen para sobrevivir, sobre todo en las zonas periféricas del país atravesadas por la violencia y el crimen organizado. Mientras tanto, el miedo, la impunidad y la falta de respuestas coordinadas amenazan con silenciar a la prensa en Ecuador.
*Identidad protegida bajo pedido de los entrevistados.
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